viernes, octubre 21, 2005

Tal para cual

El gobierno le ha encontrado una virtud a Enrique Olivera: dicen que tiene un par de cuentas en el exterior; igual que el presidente, aunque en el caso del candidato a diputado del ARI parece que están llenas con plata propia (nadie ha dicho lo contrario) y no de fondos de una provincia. En esta gran asamblea de la FUA en que se ha convertido la política en la Argentina el tener cuentas afuera del país es motivo de escándalo, tanto que hasta el interesado lo ha desmentido. El esfuerzo de la señora del ARI fue aún mayor por diluir la "acusación". Después de todo en su poco seria "comisión antilavado" del menos serio aún Congreso había convertido en delito, y sobre todo en pecado, el hecho de tener fondos fuera del país y había hecho de los anónimos una fuente legítima para difamación de mucha gente. Nadie como ella ha contribuido a rebajar el debate hasta esta estudiantina.

El fin de semana no se va a hablar de las acusaciones cruzadas por la "veda electoral", asumiendo todos los denunciantes y denunciados que esto es parte de la campaña.

El señor K se dio el lujo de dar un par de entrevistas como cierre de campaña (aunque jamás accede a conferencias de prensa), en las que se atrevió a desafiar a Olivera a presentar los papeles que demuestren que no tiene las cuentas en Estados Unidos y Suiza. Lo pide él, que nadie sabe dónde puso seiscientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz por los últimos doce años. Carrió le respondió con una denuncia por "tratar de inducir el voto mediante engaños" demostrando que o adolece de un exagerado sentido del humor o no entiende que ahora que no es favorita del CELS, organización que tiene capacidad para inducir procesamientos por cualquier estupidez, las denuncias tienen que tener un poco de fundamento. Le toca a ella en esta instancia ahogarse en su propio caldo y eso no deja de ser un espectáculo interesante.

Carrió y el gobierno de mamarrachos que la hostiga se merecen mutuamente.

Pero el club de los que se merecen entre sí es más amplio todavía. En la ciudad de Buenos Aires se realizará "el juego del voto electrónico". Por toda la ciudad hay carteles invitando a la población a jugar a votar electrónicamente, sin valor alguno en lo electoral ("Vení a probar el voto electrónico". Señor Ibarra: ¿nos puede decir por qué nos tutea?). Ese es el residuo del "ONGísmo" reformista de "los noventa". Asociadas al gobierno en un "comité asesor" de la mano de Marta Oyhanarte, las mismas organizaciones que nos torturaban diciendo que todo se arreglaba en el país una vez que se modernizaran los mecanismos electorales, asistieron estos dos años en silencio a la asunción de la suma del poder público por parte de los Beverly Ricos de Río Gallegos y convirtieron sus "banderas" en un "jueguito" para entretener a los porteños. La vergüenza quedó atrapada en el corralito; por eso también sobrevive CQC, el programa de humor oficial, y un Pergolini puede jugar a la ética yéndose de Canal 13 porque llega Tinelli y ni siquiera ruborizarse por hacer de su supuesta rebeldía un instrumento de propaganda de los impresentables de Balcarce 50. Pero Tinelli hizo también lo necesario para oficializarse como antinoventista converso. Por eso Tinelli y Pergolini se merecen, y ambos merecen a Marta Oyhanarte.

La oposición los merece a todos por supuesto. Veremos el lunes si la tibieza de los mensajes de los dos últimos años fue una idea brillante en lo estratégico o no. Reclaman eficiencia que es la única característica indiscutible del emirato kakista.

Sin embargo somos grandes. Y como tales tenemos que elegir entre lo que hay. Y si tuviéramos la oportunidad de votar a alguien normal, probablemente figuraría en el rubro "otros" de las encuestas. De modo que: paciencia.

Los orgullos del Canciller

Tanto en los debates con Carrió y Macri como en los actos públicos el señor Bielsa exhibió como los dos más importantes logros del oficialismo el asalto a la Corte y la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero Bielsa no siempre pensó así. Como Timerman y Ocaña que se transformaron en antililitistas después de conseguir un conchavo en el Estado, el candidato oficialista hizo también su gran viraje.

En el número 5 de El disidente, el 7 de octubre de 2003 publicamos este "Se dijo" que pertenece a Bielsa cuando corría el rumor de que sería Ministro del señor K:


“Con respecto a la Corte Suprema, creo en una relación de comunicación sin cohabitación. En toda la maquinaria de remoción de un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer; la acusación es un resorte de una de las cámaras del Congreso y el juicio, de la otra. Tampoco me parece bien como Gobierno confrontar públicamente en función del contenido de los fallos: no puede ser que cuando la Justicia nos favorezca sea considerada correcta y cuando nos perjudique sea menemista o adicta”.
Rafael Bielsa
La Nación 11 de mayo de 2003



Durante la campaña presidencial, el kirchnerismo no mostraba la cara de Gustavo Beliz para cuestiones de la Justicia, sino la de Rafael Bielsa. Cuando el presidente se percató de que el ahora canciller no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas, para las que no tiene problema en anotarse "“zapatitos blancos”", los ministerios fueron asignados de otra forma.
Bielsa hablaba como miembro del equipo judicial del entonces candidato Kirchner, de manera que lo que él decía era tomado como el programa de gobierno en la materia. Mentiras, engaños o "“marketing político”" como lo llama Chacho Alvarez cuando se emiten desde la izquierda.


El canciller también habló y mucho sobre las leyes de obediencia debida y punto final. Lo que reproducimos acá son las partes sobresalientes de un reportaje publicado por la revista La Maga el 28 de enero de 1998, cuando se debatía la derogación de esas leyes, sin llegar a la aberración luego cometida de anularlas. Estas declaraciones también explican por qué el Canciller es Canciller y alguien más flexible fue puesto a cargo de la cartera de Justicia. Lo que no explica tanto es por qué acepta formar parte de un gobierno que tiene una línea de conducta tan opuesta a sus principios declamados. El título de la nota extraído de palabras de Bielsa es "Derogar estas leyes es abrir la Caja de Pandora".
Veamos:

“¿Qué diferencias hay entre la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida?

Las diferencias surgen claramente cuando se revisan los hechos tal cual pasaron. Cuando (Raúl) Alfonsín hizo campaña, sólo tenía en su cabeza la idea de juzgar a las juntas militares. Después, un poco por el fervor democrático, por ese espejo deformante que hizo que toda la sociedad argentina se creyera más derecha y más humana de lo que era, se precipitaron las cosas y, como decían, si tirabas de un teniente coronel del otro lado salía un colimba. Cuando empezaron a verse involucrados una cantidad enorme de personas, se dictó la primera ley, la del Punto Final, cuya clave está en el artículo primero, que establece la extinción de la acción penal hacia toda persona por su presunta participación en cualquier grado en estos delitos de los que hablamos, que no estuviese prófugo o declarado en rebeldía o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria por un tribunal antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley. Esto era como decir: "“Los que están procesados hasta aquí van a seguir procesados, pero nadie más".

¿Es posible hablar técnica y fríamente acerca de unas leyes que afectaron significativamente a los argentinos?
Es muy difícil hablar de las razones por las cuales es posible derogar o no estas leyes sin hacer algunas salvedades previas. Resulta un poco humillante y desconsiderado hablar de cuestiones técnicas fríamente. Yo siempre detesté la expresión "Yo soy un técnico", como diciendo "“Soy un individuo aséptico", cuando está de por medio el legítimo dolor de tanta gente que se vio privada de seres queridos, de gente que tiene que ir en el mes de julio a tirarles llores marchitas a sus parientes, porque no saben dónde han ido a parar sus cuerpos. De modo que no quiero separar las opiniones técnicas que voy a dar de mi solidaridad y de mi simpatía respecto de todas esas manifestaciones de justicia. Porque precisamente, creo que se puede hacer una distinción entre derecho y justicia. Lo segundo queme parece importante decir es que, en términos objetivos y desde mi punto de vista, la derogación de la Ley de Punto Final -23.492- y de la Ley de Obediencia Debida -23.521- a mí me parece que complicaría la gobernabilidad global del país, en los dos años que le quedan a Menem y aún más si la Alianza gana las próximas elecciones, ya que un sector de la Alianza ha impulsado esta idea derogatoria.

¿En qué sentido complicarían la gobernabilidad?

No me preocupa tanto el sector castrense como factor de perturbación, porque, sin dejar de ser un grupo de presión y una corporación, desde el 3 de diciembre de 1990 ha dejado de ser un factor de poder. La frase “ir a golpear las puertas de los cuarteles" carece de significación. Lo que sí me preocupa es la posible reacción del establishment, el statu quo. La Argentina no es un país de víctimas, hubo algunas víctimas y el resto del país fue gente que iba ocupando un lugar de opinión, pero no de compromiso, según iban cambiando las situaciones políticas. La misma gente que entre el 76 y el 83 decía "en algo andarían", en el 83 vivó a Alfonsín y se emocionó con la lectura del Preámbulo, en el 85 miró por televisión los juicios sin voz a las juntas militares y se alegró con las condenas a las cúpulas. Es la misma gente que en el 89 le bajó el pulgar a Alfonsín y en el 91, en el auge de la convertibilidad, disfrutó de ese dinero producto de la estabilidad monetaria. Entonces me parece que la Argentina es un país que todavía no dio muestras de su compromiso democrático. Nosotros, los argentinos, no conquistamos la democracia. La democracia vino por una derrota militar, por una debacle interna del Ejército y de las Fuerzas Armadas. El establishment -que ha hecho negocios durante la dictadura, durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de Menem- vería con mucho resquemor la derogación de estas dos leyes, porque sería como una vuelta atrás en un tema tan sensible que habilitaría luego volver atrás en otros temas sensibles, como las privatizaciones de aerolíneas, de teléfonos; procesos que han dejado agujeros negros que no se han investigado o se han investigado mal. Yo creo que la derogación complicaría la necesaria confianza que tiene que tener la gente de dinero para poner el dinero en su propio país.

¿Esto implicaría no revisar el pasado?

Para nada. Una cosa es revisar los defectos jurídicos de dos leyes y otra cosa es discutir el pasado. A mí me parece que el pasado hay que discutirlo y discutirlo en serio; la discusión sobre los 70 en la Argentina está aún pendiente. Aquí no se ha dado un debate sin prejuicios acerca de los motivos por los cuales una cantidad de jóvenes eligieron la violencia como camino. Esto no tiene nada que ver con esta imbecilidad, esta cretinada de la teoría de los dos demonios. Y cuando digo esto, digo que me parece tan mortificante que lo corran a Firmenich a carterazos cuando pretendía ir al homenaje del padre Mujica como la terrible confusión que hay en la sociedad entre el símbolo que es Astiz y lo que simboliza Astiz. Astiz no es lo único malo del 76 al 83. Es malo, hizo daño, pero pretender que Astiz exorcizará los fantasmas del pasado es un error. Y te vas a dar cuenta muy rápidamente. En cuanto insistan con demoler la Esma va a quedar claro que este debate está pendiente y que la verdad siempre sobre flota; la podés mandar un poquito para abajo, pero va a volver a salir a la superficie.

¿La democracia se construye sobre la base de renunciamientos y de injusticias?

En cierta medida, sí. Churchill decía que la democracia es el menos peor de los malos sistemas. Y es una planta muy frágil y muy cara. Porque la falta de Constitución no se arregla con desvíos y con atajos. La democracia es una cosa que se va fortaleciendo en la medida en que la gente va comprendiendo que aceptar las normas del estado de derecho le da más beneficios que transgredirlas.

¿Cuáles son los argumentos a favor de la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida?

Los argumentos sobre los cuales uno puede apoyarse lógica y jurídicamente para estar de acuerdo con la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida son varios. En primer lugar, a mí me parece que, como dijo algún ministro de la Corte Suprema que votó en disidencia en aquel momento, la Ley de Obediencia Debida fue básicamente una sentencia del Poder Legislativo. Esa es una definición muy importante porque la injerencia del Congreso en las atribuciones del Poder Judicial, mediante la Ley de Obediencia Debida, fue como si los legisladores les hubieran ordenado a los jueces "no hagan más lo que están haciendo". Además sucedió otra cosa. Al final del artículo uno de la Ley de Obediencia Debida, se establece que se considerará que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia. En este caso, la Ley de Obediencia Debida impidió que los jueces probaran en cada caso si, efectivamente, estas condiciones de obediencia debida habían existido. Porque podrían no haber existido. Podría haber pasado que los tipos que salían a matar lo hacían alegremente.
El segundo argumento, muy vinculado con el anterior, es que la labor de los Parlamentos es, por lo general, la de dictar normas generales y abstractas, destinadas a regir a toda la población, a cubrir todas las situaciones. En este caso, no se trató de una norma general sino de una norma parcial, dirigida a un grupo mínimo de ochocientas personas.
La tercera razón, que yo considero bastante fuerte y que daría pie a la derogación, es que es que la Ley de Obediencia Debida es una ley discriminatoria en los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional, en el que se establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Evidentemente, esta norma hizo que algunos habitantes sean menos iguales ante la ley y pudieran salir, a pesar de los delitos cometidos.

¿Qué se necesita para que una ley pueda ser declarada anticonstitucional?

Para que una ley sea declarada inconstitucional debe haber una persona con un perjuicio concreto que reclame ante el Poder Judicial, que es el encargado de establecer si una ley es anticonstitucional. No la liquida sino que la declara anticonstitucional para el caso. La ley sigue vigente, pero todo el mundo se empieza a apartar del uso de la cláusula que es considerada anticonstitucional, porque se sabe que si la Corte Suprema ya la declaró anticonstitucional, así se va a seguir declarando. Finalmente, el Poder Legislativo la reforma. Pero una ley puede ser absolutamente imperfecta.

¿Cuáles son los argumentos en contra de la derogación?

No sería aconsejable, porque si se asimilan las leyes de Punto de Final y Obediencia Debida con una amnistía, significaría que el Poder Legislativo actuó de conformidad con el artículo 75, según el cual es facultad de este poder conceder amnistías generales. Esto si aceptáramos que estas leyes fueron de amnistía. A mí me parece que lo han sido en un sentido material, pero no en un sentido formal. Porque una ley de amnistía en sentido formal se llama Ley de Amnistía. Acá no, acá se buscaron ciertos recovecos jurídicos para no llamarlas "de amnistía". Entonces, si se tratara efectivamente de una amnistía, no corresponde al Poder Judicial, porque esta esfera corresponde al Poder Legislativo.
Otro de los argumentos en contra es que la ley restablece la situación de inocencia preexistente respecto de quienes tenían un proceso abierto al momento de dictarse la ley. Después de la Ley de Obediencia Debida, esta gente pasa a tener un estatus equiparable al de la sentencia definitiva. Si se derogaran y estas personas volvieran a ser juzgadas, se incurriría en una vulneración de un principio jurídico que significa volver a juzgar por la misma causa a una persona. Esta práctica está expresamente condenada por el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8.
Por otro lado, si aceptáramos que se trata de una amnistía y se derogara, estaríamos en un problema. Una amnistía es una ley de carácter excepcional. Si se vuelve a presentar la situación excepcional y hay que recurrir de nuevo a una ley de estas características, se perdería mucho valor disuasorio lleva implícita, porque ¿cómo se puede disuadir a unos tipos alzados en armas a que depongan las armas con el argumento de que serán amnistiados cuando una ley similar fue derogada?
Por último, existe otro argumento discutible, que es el siguiente: vamos a suponer que se deroga las dos leyes que habían declarado muerta la acción penal. Pero ¿dónde está escrito que derogar las leyes que hicieron fenecer la acción penal revive a la acción penal?

¿Si tuviera que evaluar todos estos argumentos y expedirse con una opinión, ¿usted qué posición adoptaría?

En términos jurídicos, me gustaría defender la posición de que hay que derogar la Ley de Obediencia Debida. Técnicamente, estas leyes pueden ser derogadas. Cualquier ley puede ser derogada por una ley posterior. Lo que sucede es que creo que no es conveniente., porque la Argentina es un país que tiene muy poca práctica de obedecer al derecho; tiene más bien una práctica conceder a los poderes momentáneos. En la Revolución del 30, la Corte permitió remover a jueces; en la del 43, se le permitió al Ejecutivo tener funciones legislativas; en la del 55, se le permitió tener funciones constitucionales; en la del 76, se le permitió la creación de actas y estatutos con el mismo rango de la Constitución Nacional. Eso demuestra que la concesión en términos jurídicos siempre implica una barbarie mayor. En el caso de estas leyes, en un determinado momento, la sociedad argentina representada por todo el espectro político, resolvió algo. No dudo de que esta resolución haya sido injusta. Ortega y Gasset señalaba una paradoja, en la época de la República española, entre la justicia y el derecho: la justicia está asesinando al derecho porque el afán de hacer justicia le quita al derecho lo más importante que tiene, que es su estabilidad, que es la posibilidad de reducir conflictos sociales planificando la conducta.
Puede ser muy justo que si te secuestran un hijo salgas con un arma a la calle y le vueles los sesos al secuestrador, pero no es jurídico. Este conflicto en el que la justicia se mezcla con el derecho debe ser resuelto con sabiduría por un gobernante prudente para poder zanjarlos en función de los menores costos sociales.

Chacho chocho con Pinochet

En "Ambiciones" (FM La Isla) difundimos el audio de la conferencia que Carlos "Chacho" Álvarez (¿futuro canciller?) brindó en la Fundación Pent el miércoles 18 de octubre. El ex vicepresidente de la nación, no puso como ejemplo a seguir por parte de la Argentina a la "República Bolivariana" de Hugo Chávez, sino a España y a Chile. Respecto de este último país explicó que su éxito se debió a... "la cancha que dejó marcada la dictadura más que a cualquier otra cosa". Luego agregó que "La dictadura militar fue eficaz a la hora de refundar un camino económico que luego generó un consenso en las fuerzas políticas".

Al explicar el progreso de España de los últimos años, Álvarez dijo que fue consecuencia del ingreso en Europa y los incentivos producidos por "el vecindario".

Audio difundido en Ambiciones

lunes, octubre 03, 2005

"Un liberal indecente es mucho mejor que un socialista impoluto"

Elisa Carrió se ve a sí misma como una salvadora capaz de otorgar credenciales para el club de los honestos. No faltan los compradores para esta pretensión, de otro modo se trataría simplemente de un asunto de diván, pero en la Argentina la existencia de la vara redentora de la jungla izquierdosa es un asunto político de los más complicados. Dijo la semana pasada la líder de "Argentina República de Iguales" que "un liberal decente es mejor que un socialista corrupto". Enseguida varios dirigentes del nuevo "centro" local se mostraban ansiosos por ser aprobados por la varita mágica progre y sentirse parte de un mismo equipo, sin izquierdas ni derechas; sólo compuestos por almas puras. Por algo estamos en una de las etapas de mayor oscurantismo antiliberal.

Además de este pedestal permanente en el que juega Carrió, la frase no hace más que expresar por un lado un error grueso en la forma de entender el sistema republicano, basándolo en purezas de espíritu en lugar de hacerlo en incentivos institucionales correctos y límite al poder, sino que también muestra la magnitud de la degradación de la política en la Argentina, donde el asunto de si la sociedad se organiza de manera liberal o socialista es considerado un asunto menor. Menor al menos que la moral personal de los dirigentes, juzgada como si esto fuera poco desde la impresión personal, los prejuicios o las imposturas políticamente correctas derivadas del trabajo mediático. El sistema republicano tampoco admite esto. Las conductas de las personas se juzgan en tribunales mediante procedimientos legales y la "sabiduría" de los ungidos no tiene papel alguno que jugar en ese sistema. Que esos asuntos sean tratados como parte de un debate electoral demuestra la hecatombe sufrida por el pensamiento político en la Argentina. "Argentina República de Pastores" debería llamarse el ARI para que descendamos definitivamente al fundamentalismo de los turbantes.

Un liberal consecuente construye una ética de la organización institucional sustentada en que nadie puede ser obligado a trabajar para otro, actúa en política sin inmiscuirse en asuntos privados ni en lecturas de almas. Los asuntos delictivos los deja para los jueces y desconfía de los juicios públicos sobre las conductas de las personas. El derecho penal liberal se basa en un procedimiento debido, no en una "sentencia debida". El liberal no ejercería violencia contra otro sino para defenderse de una agresión. Entendido el liberalismo así, como algo serio, la cuestión de catalogar moralmente los actos de ese liberal es de una absoluta intrascendencia.

Un socialista es un individuo que quiere colectivizar el trabajo y convertir a sus congéneres total o parcialmente en esclavos, no tiene un sentido de justicia, sino que lo reemplaza por un simplificado e improductivo sentido de igualación, desea dirigir la vida de los otros porque considera que lo único confiable es el poder político representado en el estado, mientras que el afán de lucro como todo deseo de los individuos de ser felices es egoísta y corruptor. La pureza de espíritu del socialista lo convierte en un fanático capaz de matar por sus ideas. Ellos veneran ese idealismo violento llevado a cabo por los más "buenos" entre ellos. Si este socialista ayuda a las ancianas a cruzar la calle ¿a quién le importa?

Rebeldes sin causa

Los diputados de la oposición más el duhaldismo que resulta difícil de catalogar, quisieron hacer un acto de independencia respecto del Poder Ejecutivo votando una nueva suspensión de ejecuciones hipotecarias. El poder encargado de producir las bases legales de la sociedad se siente independiente cuando suspende la vigencia del derecho.

Entrevisté en la radio el jueves a Rodolfo Frigeri sobre este asunto y me habló de la situación económica de los deudores. Le pregunté que había averiguado de la situación económica de los acreedores pero por más que le repetí la pregunta no conseguí que me respondiera. Conclusión: no tienen ni la más pálida idea de qué les pasa a los acreedores. Por eso después aplauden el default, a costa de los futuros jubilados cuyas AFJP eran tenedoras de esos títulos. Nuestros diputados, sean oficialistas o de la oposición, no tienen la más mínima idea de nada porque su negocio desde hace muchas décadas es el clientelismo político. Cualquiera sea el nivel de ese clientelismo, sea para entregar un mísero "plan" (subsidio directo) o para desviar dádivas de cifras siderales para la política de sus provincias. Por eso cuando deciden ser mejores personas, se les ocurren cosas tales como que "liberal o socialista da lo mismo mientras sean decentes". Las inmoralidades que resuelven todos los días con apoyo de ambas cámaras, como esta de pisar el patrimonio de los acreedores son sólo "ideas".

El Congreso podría independizarse de verdad no prestándose a regalarle una Corte adicta al gran califa, votando un presupuesto realista sin facultades extraordinarias, juzgando al ministro del interior que permite cortes de ruta, indagando el destino de los fondos de Santa Cruz (a propósito ¿ustedes los vieron volver?). Pero con un gobierno que se considera a sí mismo la ley, competir en ilegalidad no parece la mejor idea.

Dentro de la demagogia que se utiliza para justificar este tipo de medidas está el mito de la "pérdida de la vivienda". Cuando se adquiere una vivienda con un crédito hipotecario que no se paga, lo que se pierde no es la vivienda que es del deudor sólo en parte, sino el crédito, nadie le quita al deudor lo que le pertenece, sino lo que es del acreedor. No se puede perder algo que no se tiene, más allá del drama de frustración que significa sin dudas la pérdida de una expectativa. El dinero que vuelve al circuito si se trata de un sistema moral (liberal para que se entere Carrió; que es mucho mejor que un sistema gobernado por un santo socialista) que respeta al propietario (al señor o señores que trabajaron para obtenerlo) vuelve a ponerse a disposición de otro deudor dispuesto o que puede pagar. De eso se trata el capitalismo, de un sistema tan respetuoso del que trabaja, que éste pone su fruto a disposición de otros con menor suerte y ni siquiera lo hace por caridad sino porque le conviene.