viernes, junio 24, 2005

Se los dije

Ayn Rand escribió hace tiempo un ensayo titulado "An Untitled Letter" (incluído en el libro "Philosophy: who needs it", Signet, pág. 102) en el que comenzaba diciendo que el título apropiado hubiera sido "Se los dije", pero que por una cuestión de buen gusto no lo había utilizado. El disidente tal vez no tenga tanto buen gusto como la filósofa rusa y nos permitimos cometer un pequeño pecadito, porque era peor tratar de ponernos en el lugar de Ayn Rand.

Muchos se preguntan, después del fallo de la Corte que pone el país a disposición de los Montoneros, cómo llegamos a esto. Se alarman por las consecuencias que esta criminalización de la defensa disfrazada de jurídica que ha instalado con fuerza de ley la dialéctica amigo/enemigo y por la intolerancia en las calles para los que piensan que dos más dos es cuatro. Pero antes fueron muchos los que dejaron estos asuntos espinosos en manos de gente que habla de cosas raras. Como el protagonista de la novela de Orwell "1984" leían un parrafito de nuestro newsletter y escondían su pensamiento el resto de la semana, o se ponían a escribir en su propio medio sobre las propiedades alimenticias de la bergamota. Todo lo que está pasando lo venimos advirtiendo en los dos años de existencia que tenemos.

Casi dos años atrás, en agosto de 2003 cuando salió nuestro primer número con el título "Disiento" [1], el paraíso K era completo. El silencio frente a los horrores que estaba iniciando era total. La oposición brillaba por completo por su ausencia y aberraciones como "la no represión de la protesta social", los ataques a la Corte, los "escraches" como metodología política, la persecución contra militares y la exaltación de las bandas terroristas, el desastre de las 500 fábricas tomadas con apoyo presidencial en el país (de este peligro no se despertó nadie todavía), el papel oculto de manejo de las riendas del estado y de la "nueva ideología" que tenía el señor Verbitsky y su aparato político el CELS, no recibía críticas.

Los genios asesores de esa oposición le decían que no convenía hablar cuando los niveles de popularidad del presidente eran algo, el aguante lo teníamos que hacer en forma solitaria medios independientes o aislados programas de televisión por cable. Mientras los medios entraban en el mismo sopor, El disidente ya advertía cosas que para dirigentes como Carrió, causante de mucho de lo que padecemos hoy, o López Murphy, son novedad.

Eso no quiere decir que no festejemos la posición que estos dirigentes, en especial el último, que intentan tomar en la actualidad (ojalá lo logren). Sólo estamos advirtiendo el enorme "delay" que tiene la política argentina y la poca atención que se le pone a lo que en cada número advertimos en este pequeño ejercicio periodístico que es El disidente. Porque "escraches" ya hubo demasiados antes de que se quejara Lopez Murphy. La oportunidad de hablar antes de que le tocara a él mismo ya la perdió.

Con el perdón de nuestros estimados lectores, que esta vez hablemos de nosotros mismos. Porque también así contribuimos a despertar alarmas en la sociedad. Tal vez hasta logremos el milagro de que Cristiano Ratazzi, que dijo en una reunión privada que recibía El disidente (Disidente) pero no lo leía, lea lo que gratuitamente le advertimos antes de que alguna banda llegue a su oficina a colgarlo a él y nosotros decidamos hablar de otra cosa más importante. Aunque pedir el milagro de que los empresarios salgan de la etapa de pagar protección a poner las pelotas necesarias para que vivamos de una vez en un contexto pacífico que facilite la producción, sea mucho.

En nuestro segundo número hablamos de la construcción de un totalitarismo [2]. En el tercero de "la caja" en el centro de la pirámide del poder, argumento que luego copiaron muchos [3]. Fuimos los primeros en advertir que el asalto a la Corte Suprema de justicia perseguía el doble propósito de convalidar la "pesificación asimétrica" y abrir los limítes jurídicos a la persecución a los militares con la inconstitucionalidad de las leyes de perdón. Describimos la utilización de la justicia con fines de persecución política dos años antes de que lo hiciera un editorial del diario La Nación [4]. Advertimos sobre el miedo como metodología de construcción de poder [5] y sobre los permisos para la utilización de la fuerza en la sociedad argentina [6].

En fin, no quiero aburrirlos con este racconto, pero los invito a hacer un recorrido por el archivo de esta página y comprobar cuántas cosas se dijeron antes de que las dijera nadie, no por falta de datos, sino por un desconocimiento general acerca de las consecuencias de ejercer determinadas formas de pensamiento y despreciar el valor de las instituciones liberales. Los datos sobran, falta pensar sobre ellos; los hechos por sí solos no explican nada.

Le dedico esta invitación a Cristiano Ratazzi y a los que tienen poder de decisión en los medios y que desde hace sesenta años priorizan a los tibios para zafar de los problemas en vez de enfrentarlos.

LANZAMIENTO DE LA FUNDACION ALVARO ALSOGARAY

El viernes 1 de Julio, se lanza la Fundación Alvaro Alsogoray con un acto que se realizará en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Riobamba 25, subsuelo, a las 18.30 hs.

Hablarán en el acto el Dr. Carlos Maslatón y el periodista Bernardo Neustadt.

La Fundación Alvaro Alsogaray será un ámbito académico sin identificación partidaria con el objetivo de difundir el ideario liberal.

Mayor información en: www.fundacionalvaroalsogaray.org

La Corte que casi todos pidieron

La nueva Corte del señor K, construida con el auxilio de Gustavo Beliz, cumplió una de las misiones que tenía asignada destruyendo el sistema jurídico con la invalidez de las leyes de perdón. El otro horror que tenían encargado era la convalidación de la pesificación asimétrica. El proceso revolucionario iniciado en diciembre de 2001 con la alianza entre la Unión Industrial, Duhalde - Alfonsín y la izquierda montonera, llegó así a su etapa final.

La nota que reproducimos a continuación fue publicada hace tiempo en El disidente, pero nos parece adecuado recordarla para interpretar el verdadero sentido autoritario que tiene esta forma montonera de ejercer "derechos humanos"

Derechos humanos en el siglo XXI
Por José Benegas


La idea de derechos humanos está íntimamente relacionada a la de terrorismo de estado. En rigor no existe terrorismo que no esté asociado a un estado o al poder aunque sea informal, porque no es un fenómeno comercial, sino político y siempre afecta la vida y los derechos de las personas.

Pero la alusión a terrorismo de estado tiene que ver más bien con el ejercicio del terror unido a los resortes del gobierno. El terror se transforma en un mero método para mantener y acrecentar el poder. Fue inaugurado de manera sistemática por la Revolución Francesa a través del partido de los jacobinos. Sus herederos en el siglo XX fueron los países socialistas, tanto en sus variantes comunistas como fascistas o nacionalistas.

Luego de las grandes guerras, los gobiernos de los países civilizados intentaron universalizar la libertad de manera ingenua a través de tratados internacionales. De ahí viene el término "humanos" adherido a "derechos", como una forma de afirmar que no se trataba sólo de beneficios propios de los norteamericanos, los ingleses o del mundo libre, sino que se extienden traspasando todas las fronteras. No se quería hacer una distinción respecto de "derechos animales o vegetales", como a veces se cree, sino de llevar la idea más allá de los sistemas jurídico-políticos que en definitiva los garantizaban.

El problema fue que los países que habían conquistado la libertad compartían los organismos internacionales donde se negociaban los tratados de derechos humanos, con otros países que practicaban todo tipo de salvajismos políticos que dominaban gran parte del mundo, con particular preeminencia del socialismo del entonces enorme bloque soviético.
El resultado no podía ser otro que términos y definiciones crípticos como los que contienen esos tratados, que al compararlos con las declaraciones de derechos y garantías de los países que por sí mismos los habían definido, como el caso de la Argentina, representaban una profunda involución. Tampoco sirvieron para proteger a los individuos de ningún país totalitario, que siguieron existiendo sin mayores problemas, sentándose en los mismos foros de los que participaban los defensores (en términos generales) del mundo libre.

La Unión Soviética extendió su reino del terror sin ningún problema a todo su ejido de influencia, siendo miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras el resto del mundo hacía la vista gorda en función de compromisos políticos o comerciales y realizaba proclamas al estilo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.

Los tratados de derechos humanos funcionaron así, más que como un resorte favorable a la libertad de las personas, como un medio de convalidación o blanqueo del terror de Estado.
El caso de la Argentina en la década del 70 ha sido tratado como terrorismo de estado, pero más allá del entusiasmo puesto por los involucrados y por más que se repita esta caracterización es difícil de sostener. Si bien el Estado operó contra población interna, su fin no era el ejercicio del terror para el mantenimiento del poder, sino responder a una agresión armada. En lo que tenía de legal e ilegal, esa represión era una respuesta y no una metodología política tendiente a la dominación.

Por otra parte, si bien el terrorismo de los años setenta estaba compuesto sobre todo por población interna, respondía a una estrategia general de revolución universal promovida desde el bloque soviético, en los términos de la guerra fría, que en esta zona fue caliente. El fenómeno, se dio en buena parte de América del Sur, por lo que no puede tratárselo de manera superflua cómo doméstico.

Sin embargo, si bien el terrorismo de estado está relacionado a la idea de derechos humanos históricamente, eso no quiere decir que la existencia de terrorismo de estado sea necesaria para observar un problema de derechos humanos. Siempre que exista una indefensión del individuo frente al Estado, y violaciones a derechos o garantías elementales, reconocidas más o menos universalmente, estaremos en presencia de una cuestión de derechos humanos. Y en nuestro caso, en tanto la declaración de derechos y garantías que la constitución argentina contiene es mucho más precisa y liberal que ningún tratado jamás suscripto, no haría falta invocar derechos humanos porque bastaría y sobraría con aplicar nuestro sistema jurídico.

La cuestión en materia de derechos humanos entonces, es la de la debilidad del individuo frente al poder del Estado. El problema desde este ángulo, nunca puede ser como se pregona casi siempre en la actualidad, el de "poner fin a la impunidad" (es decir facilitarle al Estado los instrumentos para castigar), sino el de cuidar la legalidad (cuidar los medios) y limitar al gobierno.

En la década del 80 en la Argentina esto estaba claro. Cuando comenzó a revisarse lo ocurrido en la década anterior, algunas argumentaciones tendían a la compensación, entre crímenes terroristas y crímenes de los agentes del Estado. Otras, que prevalecieron, señalaban con acierto que una cosa era el problema de seguridad y otro el de derechos humanos.

No es que el problema de seguridad no exista y que no deba resolverse. Tampoco esta distinción santifica al terrorismo ni quiere presentarlo como un conjunto de idealistas perseguidos por su forma de pensar como pretenden hacer sus apologistas. De lo que se trata es de distinguir la exigencia al Estado de que cumpla su rol y la cuestión de hasta donde puede llegar en el cumplimiento de su cometido. Es este último punto el que atañe a los derechos humanos.
Hoy los roles se han invertido. La lucha antiterrorista forma parte del pasado en la Argentina y en Latinoamérica en general. Quienes tuvieron el papel de dirigir o participar en el conflicto desde el lado oficial, ya no están en el poder, sino que son sujetos pasivos del aparato punitivo estatal. El gobierno argentino inclusive simpatiza con las organizaciones terroristas que en aquellas épocas se encontraban, por así decirlo, del otro lado del mostrador.

El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en el contexto actual para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados despóticamente. El tratarlos como un tema histórico vinculado a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los derechos humanos de imputados actuales en función de víctimas del pasado.

Es obvio que aunque todos los militares se consideraran de manera previa (y violatoria de sus derechos humanos) como culpables de torturas por ejemplo, ellos mismos no podrían ser torturados, sin transgredir la norma que manda que toda persona deba respetarse como un principio universal y aplicable a cualquier clase de individuo. Ese era el motivo por el que había que resguardar aún a un terrorista capaz de cometer crímenes horrendos como colocar la bomba puesta en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal en la que murieron veinte personas en un instante.

No importaba en ese sentido siquiera que ese terrorista luchara inclusive para imponer una organización política basada en el terrorismo de estado. El estado de derecho es una característica del estado que lo juzga, y no necesariamente del individuo juzgado.
En ese sentido, la regla general para la existencia de derechos humanos es la existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de defensa amplio y sin interferencias, un debate adecuado, estar basado en la presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es patrimonio de cualquier persona, con o sin uniforme.

Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando despotismo de humanitarismo.

Pero estamos lejos de ese final deseado. El Estado argentino hoy, con la complicidad de innumerables organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos pero en realidad defienden intereses políticos de los remedos del socialismo en el mundo, viola sistemáticamente los derechos humanos de militares en actividad y retirados, al no reconocerles prerrogativas básicas como la de gozar de jueces naturales, ni el principio de legalidad para los delitos que se les imputan, ni un debido proceso establecido antes de los hechos, ni conceder presunción de de inocencia, ni cosa juzgada, ni asegurarles jueces imparciales no politizados, etc.

La creencia general parece responder a la idea de que cualquier forma es lícita para perseguir a quienes se consideran responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos aquellos que nunca han sido juzgados. Pero no hay organismos de derechos humanos que los defiendan, ni oficiales, ni privados, ni los tan costosos internacionales.

Si el caníbal se comió al caníbal en los setenta, ahora es otro caníbal el que se lo come a él.
La tendencia general en el mundo también parece desorientada. Tiende a fortalecer el poder punitivo, por ejemplo cuando se aplaude que un juez farandulero traspase jurisdicciones y viole todas las normas existentes para perseguir a los militares argentinos, o cuando se instala un Tribunal Penal Internacional que no tiene límites precisos ni otros poderes que lo controlen, que se rige por un tratado internacional que contiene definiciones de delitos mediante tipologías ambiguas, conocidas como abiertas, que permiten ser aplicadas con extrema laxitud y arbitrariedad; característica que comparte, curiosamente, con el derecho penal del Nacional Socialismo.

La corriente dominante en la materia se inclina a considerar todo como "delito de lesa humanidad", algo que nadie se preocupa mucho por definir, pero que termina siendo una caracterización sólo útil para la persecución arbitraria. La pretensión de instaurar la no prescriptibilidad de delitos también es un refuerzo a la capacidad represiva del Estado a un punto intolerable. Y no se puede pretender llamar a una línea de acción que conduce en ese sentido a potenciar el rigor del castigo salteando etapas indispensables de reaseguros contra la arbitrariedad, como defensora de los derechos humanos. Por cierto no es, como se la llamaría en la Argentina, en absoluto garantista.

Medio siglo de esfuerzo para trabajar en función de los derechos de las personas en todo el mundo y tal parece que no hemos aprendido nada, porque aún a la hora de juzgar a imputados de violar derechos humanos se actúa con igual despotismo que el que se atribuye a los imputados.

Podcast: "La Libertad y sus Enemigos"

Por Klaus Pieslinger
Staff disidente

Para todos aquellos que no han podido asistir a la presentación de Carlos Alberto Montaner y su libro "La Libertad y sus Enemigos" organizada por la Fundación Atlas 1853 y la Fundación Friedrich Naumann que tuvo lugar ayer jueves 23 en el salón San Telmo del Hotel Sheraton de Buenos Aires, estamos publicando un "podcast" en formato Windows Media Audio para que puedan escuchar en sus PCs (audio stream).
  1. Apertura - Bernardo Neustadt

  2. Bienvenida - Guillermo Yeatts, Fernando Alvarez, Rüdiger Graichen

  3. Reflexiones

    1. Ricardo López Murphy

    2. Carlos Escudé

    3. Marcos Aguinis

  4. Introducción - Bernardo Neustadt

  5. Presentación de la obra - Carlos Alberto Montaner


En caso de inconvenientes técnicos que no puedan solucionar con los recursos que dispongan, trataremos de armar un help-desk aquí mismo con las soluciones posibles a los problemas que les surjan, en la medida de nuestras posibilidades.