lunes, enero 03, 2005

Volvemos en febrero

La siguiente es una selección de artículos del año 2004.

Presidente villero (09-08-04)

La ficción cinematográfica imagina a veces un futuro tenebroso de caos, anarquía y violencia. Ese futuro temido que antes de llegar a las pantallas existe como temor en el público, refleja creencias arraigadas. Lo curioso es que la mayoría de las veces ese futuro aparece como provocado por empresas y motivado por ambiciones dinerarias.

La Argentina del primer lustro del siglo XXI se parece a aquellos escenarios de fantasía en muchos aspectos. Pero las empresas como promotoras del caos no se ven, salvo las que se confunden con el Estado como la privilegiada Techint. Todo nuestro caos y anarquía provienen del sector público, por acción u omisión de éste.
Los piqueteros son una empresa estatal, los tomadores de fábricas son subsidiados por el Estado, los delincuentes comunes son tolerados y justificados por funcionarios que entienden que son víctimas de una sociedad que es injusta. Esa injusticia consiste a su vez en que no se ha obligado a unos a mantener a otros suficientemente; es decir esa justicia es injusta. Todas las huelgas, sobre todo las más violentas, son protagonizadas por empleados públicos.

En ese escenario el señor K se pronuncia fanático de la música que reivindica al crimen: la cumbia villera. Se convierte así en el maléfico que imaginaba el cine futurista, pero en lugar de ser el titular de una empresa muy ambiciosa, es un eterno político, no enriquecido por empresa comercial alguna conocida; un permanente detractor del lucro lícito que la empresa significa. Por más que se quiera soñar con que el menor esfuerzo y la irresponsabilidad es un atributo de "los buenos", tal parece que en la realidad no resulta jamás.

El delito ganó otra batalla con las palabras del señor K. Son muchas las que viene ganando en los últimos veinte años, pero la característica de las ocurridas en esta era kakista, es que son batallas morales. Los delincuentes ya no tienen que tener vergüenza. El conductor de un programa "bailantero" comenzó diciendo que si bien las letras a favor del crimen de la "cumbia villera" no le gustaban, servía como ingreso de muchas familias (el delito también por cierto, a la vez que se lo quita a otras). Después de ser adulado por el señor K, empezó a portarse como un político, hablando del "verdadero crimen" que estaba en otro lado. K es ahora el ídolo del villero drogón y criminal.

El problema de las villas crece a ritmo acelerado, pero no puede sorprender a nadie que eso ocurra porque todas las condiciones están dadas. Tampoco son consecuencia de la pobreza. Hay mucha pobreza fuera de ellas. La mayoría de quienes las habitan trabajan, pero no en el circuito "blanco". Son verdaderos excluidos pero no por el sistema económico, que es el que les permite desenvolverse y está dispuesto a tener tratos con ellos. El excluidor es el sector público que con impuestos al trabajo y regulaciones impide que tengan acceso al mercado formal.

Los habitantes de las villas no pueden escapar de los altísimos impuestos al consumo y soportan la pata de un elefante sobre sus cabezas, el Estado, mientras les explican que con más Estado estarán mejor y les reparten migajas de lo que les han sacado previamente, de manera directa a ellos y de manera indirecta a sus potenciales empleadores o clientes.

El fomento al incumplimiento en el mercado de alquileres a través de diversas leyes que aumentan el riesgo de los locadores también llevó el precio de los alquileres por encima de las posibilidades de una enorme masa de gente. Tampoco pueden pagar los depósitos que son necesarios sólo porque el Estado no es confiable en cuanto a hacer cumplir los contratos y el derecho de propiedad.

Las regulaciones urbanísticas también empujaron a estas personas hacia la informalidad. Están pensadas con criterios estéticos como si la escasez no existiera. La perfección de los barrios de mayores ingresos no tiene que ver con la mejor gestión estatal en esos lugares, sino con los recursos económicos de los que se dispone. El urbanismo no mejora a los barrios con menores recursos, sólo los empuja fuera del sistema.

A esta acción del "Estado Benefactor" que se ha hecho imposible de solventar, y las villas son la mejor expresión de eso, se le suma la omisión culposa que las convierte en tierra de nadie y aguantadero de delincuentes.

Gente dispuesta a delinquir ha habido siempre y la habrá. Cuando el ser humano descubre que es mucho más productivo vivir con el otro que a costa del otro, el robo es reemplazado por el comercio. La mayoría de las personas se dan cuenta que es mejor negocio la ética de las relaciones que el uso de la fuerza, pero siempre hay quienes no quieren sumarse al esfuerzo de cooperación. Se le confía al Estado lidiar con esos marginales.

Lo que ocurre es que cuando el Estado no actúa, los barrios marginados por el mismo Estado (y no por la sociedad) generan en sí mismos una cultura delictiva. No todas las personas ingresan en esa cultura, pero quienes lo hacen gozan de impunidad.

Las últimas dos décadas de incremento de las políticas de izquierda en materia penal la reforzaron. Empezaron por justificar el delito en la pobreza, luego estigmatizando a toda la policía y debilitándola, quitándole todos los resortes que hacen a un servicio policial, y finalmente dotando al crimen de una pseudo-moral contestataria.

Ese fue el contexto en el que se desarrolló la cumbia villera. La delincuencia no sólo no se esconde sino que recibe odas al mejor estilo de la épica clásica.

Tuvimos en Duhalde a un presidente piquetero, tenemos ahora en K a un presidente villero, que aspira a ser ídolo de bandas de criminales.

El señor K no nos permitió siquiera disfrutar un día entero del milagro de haber oído a su lugarteniente Alberto Fernández decir algo razonable, como era que la cumbia villera fomentaba el delito. Fue rápidamente desautorizado por su jefe, no tanto para dejar sentada la falta de gusto musical del presidente, sino para que no queden dudas de que cualquiera puede ser humillado, por más pleitesía que le rinda.

Sobrevivir en la jungla (17-05-04)

La acusación favorita del señor K, dentro de la amplia gama a la que nos tiene acostumbrados, es que los empresarios no han hecho las inversiones necesarias en ningún área. Se puede decir que inauguró la creencia, con la que conviviremos muchos años, de que las inversiones se realizan cuando los políticos vigilan a los que tienen los recursos.

Con un gobierno que los acusa de extorsión por pedir que se descongele un precio (no hay país en serio que congele precios), y una bochornosa "audiencia pública" en la que debía discutirse el problema, a la que un puñado de violentos impidió funcionar, lo asombroso en verdad es que los empresarios que quedan en la Argentina no hagan las valijas, las llenen de dinero y se vayan del país.

Por supuesto, en el mundo hay empresarios aguerridos acostumbrados a tratar con salvajes. Hay empresas en Libia y las hay en Cuba. En general son empresarios que saben cómo tratar con patoteros y con gobernantes resentidos. Entienden que en general los bravucones con poder arreglan por debajo de la mesa. Cuanto más bravuconadas más quieren. Y en los casos en que no buscan dinero, buscan otros beneficios como ser curados en su ego herido por algún conflicto prematuro con mamá y papá.

El resultado de esta simbiosis entre salvajes y aventureros, es que terminan confirmando la leyenda inicial de que los empresarios son malos y los militantes alienados que interrumpen audiencias públicas, acompañados por diputados o "defensores del pueblo" apurados por demostrar que son los mejores representantes de los violentos, son los buenos; que el mundo empresario es corrupto, y el político la salvación; que el afán de lucro empobrece al hombre común y el afán de poder lo enriquece.

El árbol no deja ver el bosque: el contexto político e institucional selecciona a los "mejores" para sobrevivir en él. Un país lleno de regulaciones con un gobierno que hace lo que quiere, dice lo que quiere, agrede y siempre define los dilemas morales al revés, tiene sólo aventureros en el rol de empresarios, o expertos en zafar de la estupidez estatal, o retorcidos personajes hábiles para detectar la trampa o generarla. En el mejor de los casos lo que tiene por empresarios y líderes en general es a personas con alta tolerancia a la burocracia, algo que resulta una pérdida de energía imposible de medir.

Mientras tanto quedan en el camino una cantidad importante de potenciales inversores, empezando por los propios argentinos que se resguardan de sus gobiernos "en serio" llevando sus dineros afuera y siguiendo con personas normales no acostumbradas a tratar con personas como los Fernández o el propio matrimonio presidencial.

También ocurre que los países tienen períodos en los cuales trabajar, invertir y ganar está bien visto y otro tipo de empresarios entran a tejer. Cuando esos períodos terminan, algunos de esos empresarios quedan atrapados para que los salvajes puedan divertirse con ellos y sentirse superiores a su ostensible inferioridad mental y moral.

En ese cambio los empresarios más civilizados quedan en inferioridad de condiciones, carecen de capacidad de respuesta y se retraen. Las casas matrices en el exterior de las empresas multinacionales producen los cambios adecuados. Sacan a sus jugadores racionales y los reemplazan por otros más rudos y lábiles.

Algo parecido ocurre en la política. Las reglas de juego seleccionan. El problema no es por cierto la lista sábana que se ha convertido en realidad en una forma de evadir la verdadera cuestión. El origen se encuentra en realidad en el Estado repartidor. De ambos lados del mostrador, en el poder y en la clientela ese Estado corrompe y hace desaparecer a los políticos que creen en el respeto al que trabaja, ahorra, invierte y en general se desempeña en la vida sin someter a sus semejantes.

El efecto de la hostilidad del ambiente tanto en la política como en el mercado es un deterioro creciente de la calidad y una sociedad frustrada que ve crecer a los oportunistas e interpreta que ha tenido muy mala suerte en el reparto de dirigentes. Busca entonces otros nuevos (el viejo, gastado e inútil recurso a "nuevas formas de hacer política") que se comporten como carmelitas descalzas en medio de la selva.

El señor K es un experto en acelerar este proceso lanzando mensajes de amenaza al capital cada vez que tiene un micrófono cerca. A la larga cualquier individuo preocupado por producir mejorando la calidad y con mayor eficiencia será barrido. El que pierde es el consumidor que tal vez sea también el que aplaude las peores muestras de resentimiento que exhibe el poder.

Blandureza K (26-04-04)

El filtro total de la información que el gobierno del señor K aplicó durante los primeros meses de su gobierno utilizando las presiones, la intimidación y el dinero de la publicidad oficial, presenta serios agujeros. Cada vez más temas graves llegan a los diarios, no siempre al lugar que deberían llegar pero de cualquier modo están ahí.

A veces resulta difícil identificar cuál es el peor error del gobierno, si el congelamiento del precio del gas a boca de pozo que produjo la gravísima crisis energética actual, la intención oficial de crear otro nido de ñoquis bajo la forma de otra empresa estatal de energía o los horrores de la política exterior que coloca al país como asociado a los pillos y alejado de los inversores. Pero no se podría dudar de que la falsificación de la firma del presidente requiere un titular con grandes letras.

El abogado Rafael Sarmiento, autor de la denuncia que investiga (permítanos cierto optimismo) el fiscal Carlos Rívolo y que apareció en el diario Clarín del último domingo perdida entre sus páginas (http://old.clarin.com/diario/2004/04/25/p-02201.htm), encargó una pericia particular sobre la firma de dos decretos, el 737, del 4 de septiembre de 2003, y el 790, del 28 de septiembre del mismo año. Las firmas de ambos difieren a simple vista, pero según la pericia ninguna de las dos pertenece al puño y letra del señor K.

Hablamos antes del uso “familiar” de la presidencia de la Nación que llevó a la señora K a ocupar de hecho el sillón de Rivadavia que hubiera correspondido a Daniel Scioli durante la convalecencia del presidente. Pero la comprobación de las sospechas que contiene la denuncia podría llevar el asunto a un estadio más avanzado de irregularidad si es que la firma de los decretos presidenciales se encuentra de hecho socializada.

Debemos tener en cuenta que un ex presidente estuvo detenido por un decreto que ordenaba cosas que no se cumplieron, a lo que se le llamó “falsificación ideológica”. Acá estaríamos ante un caso directo de falsificación física.

Esto no ha provocado renuncias en masa en el entorno presidencial, ni que se ordenara una investigación administrativa, no intervino la oficina anticorrupción (algún día algún gobierno serio cerrará esa oficina e investigará sus actividades persecutorias), no hay una comisión legislativa a cargo del asunto, el ministro Beliz no viajó a ningún lado ni dio el portazo sintiéndose rodeado por un nido de víboras. Nada pasó.

Pero el problema más grave no es siquiera la falsificación, sino que por el contenido del decreto se ordenaba el arresto de militares retirados por hablar contra los montoneros. Si las firmas son falsas estos actos nos llevarían directamente a la configuración de una privación ilegal de la libertad.

Impunidad

Esta actitud hace que algunas palabras presidenciales suenen de otra manera. Es el caso de la afirmación hecha en su discurso presentando la ensalada de seguridad anunciada la semana pasada, respecto a que su intención era acabar con la impunidad. No es lo mismo perseguir enemigos que acabar con la impunidad. Esto último requería lavar los propios trapitos algo que este presidente ha demostrado ya, prematuramente, que no hará.

Sin embargo el rigor verbal del señor K sigue reportándole algunos beneficios en la opinión pública. El señor K disfruta su rol de implacable, pero a medida que su gobierno avanza y escarbando un poco más allá de la superficie no es tan fácil saber si el presidente es un “duro” como le gustaría ser, o un “blando”.

Blandureza

Si hacemos un repaso de los conflictos que abre el presidente todo el tiempo y los conflictos que evita o el tipo de gente con la que quiere llevarse bien, el marketing del duro comienza a ablandarse rápidamente.

El presidente K es duro:

1. Con las empresas privatizadas. Estas empresas compraron chatarra estatal con empleados comedores de galletitas Express y grandes tomadores de mate. Una verdadera catástrofe. Obtuvieron en algunos casos monopolios, en otros no. Ninguno de los monopolios que se otorgaron fueron tan cerrados como los que tenía el Estado que era el servicio más caro porque no se prestaba y el tesoro cubría sus déficit, las diferencias se pagaban con aporte del tesoro, lo que se traducía en inflación. Además los monopolios dados a algunos privados tenían un fin temporal como en el caso de Entel, que debería haberse desregulado en el 2000 y la Alianza “reguló la desregulación” convirtiéndola en nada.
Por la misma regulación a la que están sometidas, esas empresas siguen dependiendo en gran medida del Estado. La voluntad de los funcionarios las puede hacer perder mucho dinero. Por ese motivo son un rival con poca o nula capacidad de respuesta. No emiten siquiera comunicados de prensa pese a las tonterías que el señor K y sus justificadores les endilgan. No hacen presentaciones judiciales, no concurren a los programas de televisión. Son mudas y pasivas receptoras del odio kakista.
En otras épocas gastaban más dinero que ahora en publicidad en programas políticos. No lo hacían para vender más servicios sino para evitar que se las ataque. Eso marca el nivel de vulnerabilidad al que están sometidas.
En su dureza, el presidente las acusa de no haber invertido, sobre todo en los últimos años. Debería recordar el señor K que él mismo no lo hizo cuando llevó al exterior setecientos millones de dólares de la Provincia de Santa Cruz que, dicho sea de paso, nunca volvieron.

2. Con los tenedores de títulos públicos en default a los que cataloga de buitres. Es decir con las personas que le prestaron plata al gobierno argentino para cubrir el gasto público, es decir, para mantener al sector que según el presidente concentra todas las virtudes y tiene la posibilidad de arreglar los males que le hacen al país todos los que no son políticos en nuestra sociedad. Ese sector es, claro, el Estado. Otros tenedores castigados ni siquiera prestaron la plata voluntariamente, sino que el Estado les quitó el dinero compulsivamente, como por ejemplo millones de jubilados con sentencias firmes a quienes se les entregaron bonos por la “emergencia económica”.

3. Con los que hablan y los que escriben. Es decir con las opiniones distintas a las arbitrarias opiniones oficiales que aparecen en la prensa y que hasta hace un par de semanas eran casi inexistentes. El presidente sólo usó palabras duras para con la “impunidad de los que hablan y escriben” en medio del discurso por el “plan de seguridad”.

4. Con la Corte Suprema de Justicia: Acorraló a dos jueces de la Corte para que renunciaran y le efectuó un simulacro de juicio político a un tercero para tomar el control del Alto Tribunal.

5. Con la oposición. Buena parte del tiempo del ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Beliz estuvo dedicado a viajar a Suiza, pero no para averiguar dónde están los setecientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz que el presidente sacó del país y nunca restituyó, sino para ver cómo hace para que la Justicia Suiza revise si hay cuentas del ex presidente Menem para ver qué se puede aprovechar en su contra. Con Suiza no hay un problema de defectos en la redacción de exhortos, sino jurídico de fondo: ningún país civilizado abre una investigación judicial para ver qué se encuentra. Pero es fácil ser duro con un ex presidente mal visto por la opinión pública y que ha perdido todo poder.

6. Con los que peticionan contra cualquier idea o anuncio presidencial. Los considera representantes de intereses espurios (el lucro no estatal o político) o “corporaciones que presionan”.

7. En general con los que producen. Considera que el Estado está para repartir lo que se produce. Un aparato de fuerza, que es en definitiva lo que es el Estado, utilizado no para reestablecer el derecho de propiedad cuando fuera violado por algún salvaje, sino para reemplazar a ese salvaje y repartir.

8. Con los que no pagan los abusivos impuestos existentes. En esta materia no hay garantistas. Todo aspirante a luminaria pública tiene lenguaje al estilo “mano dura” frente al problema de lo que es en definitiva un deudor involuntario. El presidente no es la excepción, habló de “traje a raya para los evasores”. Quien debe impuestos produce, pero a pesar de eso son los únicos transgresores a la ley que no tienen defensores. Todo un síntoma del sistema de valores vigente.

9. Con el pueblo Cubano, al que se niega a apoyar frente a las atrocidades del régimen al que están sometidos.

10. Con militares y policías. Ambos subordinados al presidente y por lo tanto no pueden responderle. Por otra parte ambos grupos acumulan años de diatribas y malos tratos como grupo.

No pretendemos agotar esa lista, es sólo enunciativa.

Pasemos a repasar con quienes es blando el señor Presidente:

1. Con los delincuentes. Los jueces que colocó y piensa colocar en la Corte pertenecen a la corriente muy mal llamada “garantista”. Esta corriente en realidad es abolicionista y pretende mucho más que garantías para que ningún inocente sea condenado que es la esencia del derecho penal liberal. Ellos quieren que los delincuentes sean tratados como víctimas autómatas de distintas fuentes de resentimiento social. El garantismo real busca que los inocentes no sean condenados y que los no inocentes sean tratados conforme a la ley. El falso garantismo trata de que el culpable evite la respuesta del Estado, a veces. En casos ideológicamente considerados, el garantismo es partidario de la mano dura más cruda, no reconociendo garantía alguna a los imputados y considerándolos culpables de entrada. Es el caso de militares, policías y menemistas. Otros grupos se sumarán. Ilustra este punto la resolución en la Corte de un incidente de excarcelación del Almirante Massera. El pedido impulsado por el defensor oficial fue basado en el agotamiento del plazo máximo de dos años para la duración del proceso establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. En disidencia, es decir, por el mantenimiento de la prisión preventiva y la no aplicación del Pacto, votaron los doctores Zaffaroni y Maqueda. No cualquiera zafa con Zaffaroni.

2. Con los piqueteros. Gozan de impunidad absoluta para actuar. El gobierno quiso amnistiarlos, inclusive por el robo de subsidios a indigentes, pero se echó atrás al ver la reacción de la opinión pública. Después ni siquiera se tomó el trabajo, sino que les otorgó una zona liberada para una serie de ilícitos que ningún fiscal o juez se ha atrevido a desafiar.

3. Con los terroristas de la década del setenta. Más que blando es apologista permanente de sus crímenes a los que llama idealismo.

4. Con su ministro de economía que continúa emitiendo deuda, de esa que después se llamará ilegítima y se pretenderá que quienes la absorben son enemigos de la Argentina. Con el resto de sus ministros que reciben préstamos del Banco Mundial.

5. Con los que hablan y escriben para él alabándolo o sirviéndolo en sus campañas de prensa contra la oposición. Ningún sector más privilegiado, más miembro natural de la corte kakista que el “periodismo” oficialista encabezado por el boletín oficial Página 12.

6. Con los jueces de la ex servilleta de Carlos Corach. Los jueces Federales, muchos de los cuales no pueden justificar su patrimonio, eran fuertemente cuestionados en su honestidad y en su cercanía al poder durante el gobierno de Menem. Ahora todos los cuestionamientos se han olvidado y seguirán olvidándose en tanto respondan fielmente al nuevo poder. El caso más absurdo de cambio de trato tal vez sea el de Servini de Cubría que era llamada “servil que cubría” por Horacio Verbitsky, el rasputín presidencial, y ahora es tratada entre algodones.

7. Con el sistema político mafioso que impera en el conurbano bonaerense y que con sus métodos lo llevaron al poder. Una cosa es la retórica entre bambalinas y otra los hechos.

8. Con Gustavo Beliz, que inaugura un refrito al que llama “plan de seguridad” después de haber lanzado grandes anuncios de ser exitoso en la lucha con el delito e iniciativas de las que los delincuentes solo fueron afectados por la risa, como la ley anti secuestros, el cierre de desarmaderos o el envío de gendarmes.

9. Con el ministro de Vido que fue llamado “el cajero” por la revista Noticias, sin que se iniciara ninguna investigación, ni que Beliz pusiera el grito en el cielo ni mucho menos la oficina anticorrupción. Los rumores abundan sobre lo pretencioso que es este ministro.

10. Con los que peticionan la comisión de horrores de parte del poder. Caso de la entrega de la ESMA a los montoneros, pero sobre todo de Hebe de Bonafini, la madre por elección del señor K que quiso imponernos a todos, que pidió que los fusiles de sus hijos fueran exhibidos en el museo de la falta de memoria que piensan instalar allí. Fue blando también con los que destruyeron el lugar y colocaron la bandera del Che en lugar de la nacional.

11. Con los que recibieron los beneficios de la hiperdevaluación y hasta la promovieron. En este mismo punto habría que incluir la blandura con quienes impulsaron el golpe civil contra Fernando de la Rua. Esto a pesar de que quien efectuó la denuncia fue un favorito suyo: el “joven” K Nicolás Trotta.

12. Con Fidel Castro y la opresión que ejerce sobre el pueblo cubano.

13. Con Luis Barrionuevo. Hasta hace pocos meses uno de los presos que tenía en agenda el ministro de presos políticos Gustavo Beliz (lo cual tampoco era correcto porque esto constituye un abuso de poder). Hasta se hablaba de fechas, todo parecía programado. De repente Barrionuevo ha dejado de ser una preocupación para el oficialismo. Curioso.

14. Consigo mismo. No aclara el presidente dónde fueron los setecientos millones de dólares que sacó del país y pertenecían a la provincia de Santa Cruz, una de las beneficiadas más notorias de la década del noventa. Tampoco nos aclara de una manera satisfactoria el origen de su fortuna o cómo hace para pagar los vestidos que su mujer estrena a diario, que según expertas cada uno de ellos no podría pagarse con el sueldo anual del señor K.

En síntesis, es difícil catalogar el grado de dureza del gobierno, pero un repaso de la lista nos permitiría resumir que la característica más sobresaliente del kakismo es que es un gobierno duro con los blandos y blando con los duros.

Criminalizar la protesta verbal (19-04-04)

“Todo poder es una forma permanente de conspiración”
Honoré de Balzac


A la vez que la ola ideológica neo-montonera que inundó al país “descriminalizó” cualquier conducta punible y en particular las que se cometían en nombre de la “protesta social” (traducido: reclamos marxistas), comenzó una leve insinuación de pretender “criminalizar la protesta verbal”, es decir el derecho a opinar distinto al gobierno (algo que a esta altura del gobierno kakista podríamos caracterizar como sentido común).

Una vieja costumbre de todo gobierno autoritario es la de perseguir a los disidentes acusándolos de conspirar. En la Unión Soviética, en Cuba y en cualquiera de los múltiples regímenes similares, el motivo más común para terminar recluido en un Gulag o fusilado, era el de ser “contrarrevolucionario”. Los disidentes siempre son previamente acusados de crímenes políticos basados en el delirio novelístico de los sátrapas que ocupan el poder.

En nuestro caso tuvimos un episodio que no se debe subestimar que fue la “denuncia” del diputado, consejero y principal confidente presidencial Miguel Bonasso respecto de la existencia de un “complot” encabezado por Mariano Grondona y la revista Cabildo (que pocos recordaban que seguía existiendo), para derrocar al presidente.

Para Bonasso, el complot quedó evidenciado por “la vil utilización por parte de algunos sectores minoritarios y fascistoides del dolor de un padre, me refiero al dolor del padre de Axel Blumberg, hablan del fin de la luna de miel del gobierno de Nestor Kirchner, como diciendo que ha entrado en un plano inclinado. Nada de esto es inocente.”

De usar las muertes para fines políticos subalternos Bonasso sabe bastante, pero lo que no es para nada inocente es el episodio que él protagoniza. El señor Bonasso, además de los antecedentes que exhibe con orgullo de haber integrado una banda terrorista como fue Montoneros, ocupa una dirección en la Secretaría de Inteligencia del gobierno, como delegado directo del presidente de la Nación, con la función de llevar a cabo las escuchas de conversaciones telefónicas, más conocidas como “pinchaduras”. Es decir, que manejando resortes sensibles del Estado sobre la seguridad y la intimidad de las personas, se encuentra una persona que sufre o aparenta sufrir delirios persecutorios de esa calaña. Además su mujer se encuentra a cargo del canal estatal de Televisión ATC donde se hace el panegírico permanente de las genialidades oficiales.

Si las palabras de Bonasso no fueron convalidadas por el Jefe de Gabinete no fue por desacuerdo o porque Bonasso hubiera inventado en soledad el bolazo, sino porque lo que el oficialismo tenía reservado como un as de espadas para una emergencia de vacío de poder, se convirtió, en los peores días políticos de Kirchner, en un verdadero cuatro de copas. Bonasso en este contexto pareciera haberse bonafinizado. Veremos si le pasa como a doña Hebe a la que los propios abandonan porque dice la verdad respecto a lo que todos piensan.

Podemos recuperar cierto optimismo al ver que la osadía de Bonasso no fructificó por el hecho de que la sociedad y alguna prensa más allá de los pocos que siempre hablaron, parecen haber despertado de un largo sueño. El freno al autoritarismo nunca es la auto-limitación que se imponen los gobiernos sino la sana reacción de la sociedad, mecanismo que entre nosotros parecía adormecido. Por supuesto que no hubo respuesta de la corporación periodística como tal a favor de Grondona como la hubiera habido en los tiempos en que el periodista favorecía y promovía a los más conspicuos progres de la actividad, pero hubo algún sector del periodismo, pequeño pero suficiente, que descalificó los ataques de Bonasso y que tal vez un mes atrás hubiera permanecido en un silencio cómplice.

El dato a considerar y tener en cuenta hacia el futuro es que el oficialismo cuenta entre su abanico de recursos posibles, con la utilización de la diatriba oficial sobre los que piensan distinto. La “criminalización de la disidencia” es parte potencial de la agenda oficial.

Sin embargo el éxito de la vocación autoritaria en el gobierno no depende sólo de la voluntad oficial, sino de encontrar un campo fértil que hasta hace pocas semanas parecía existir, mientras que ahora se ven algunos síntomas más sanos.

La Argentina bananera profunda espera siempre un salvador y contribuye en cambio, justamente por ese deseo, a la formación de sus destructores. La Argentina que podrá encontrar su propia salvación será la que entienda que no son los gobiernos los que deben cambiar a las sociedades, sino las sociedades las que deben cambiar a los gobiernos.

Kultura y negocios (22-03-04)

Durante buena parte de la década del 80 y principios de la del 90 el cine argentino era monotemático en cuanto a rememorar de manera permanente los años del proceso o historias relacionadas con esa época reivindicativas del idealismo sangriento que padeció la Argentina en los 70.

Podía entenderse esa tendencia y hasta cierta falta de creatividad que llevaba a no salirse de una moda iniciada con el éxito de La Historia Oficial, en busca de recibir algún coletazo de su repercusión a partir del Oscar a la mejor película extranjera que obtuvo esa producción.

Durante un tiempo el monotema había desaparecido. Ilusión tal vez, como la convertibilidad. Vientos kakistas vuelven ahora sobre la misma cuestión. Hasta una producción que poco tenía de política como Valentín, el film de Alejandro Agresti que fue nominado para el último Oscar en representación de la Argentina, contenía una escena innecesaria y que nada agregaba a la historia, donde un cura bueno en medio del sermón hacía la apología del Che Guevara, mientras los malos intolerantes y con caras de pocos amigos se paraban y se retiraban de la Iglesia. La mirada del niño pronunciaba la sentencia en pro del alegato, produciendo un anticlímax profundo que nos recordaba que existía un autor con una intencionalidad política.

Pero se puede caer en el error de suponer que el cine argentino está altamente politizado por el gusto del ambiente por la historia reciente o pasada, cuando hay motivos algo más mundanos para un fenómeno semejante.

Una nota reciente de Carmen María Ramos aparecida en la sección Enfoques del diario La Nación puede explicar mejor los vaivenes temáticos de las películas locales.

Allí se pone de manifiesto que no existen las producciones independientes en nuestro país y que hasta los productos más exitosos en materia de taquilla no alcanzarían a cubrir los costos si no contaran con dineros públicos. Un país paupérrimo, con infinitos problemas por resolver se da el lujo de cobrar impuestos para producir películas que el público, salvo contados casos, no quiere ver.

Un costo adicional e inevitable de una política semejante es que el cine estará contaminado por la necesidad de chupar las medias de quien les da de comer. O mejor dicho, no exactamente de quien les da de comer que vendrían a ser los atribulados contribuyentes soporta-piquetes y asaltos varios, sino a quien decide por él. Algún mediocre con halo cultoroso, que dará rienda suelta a sus pasiones políticas a la hora de juzgar a quién darle la plata extraída ilegítimamente a quienes la producen.

Sería bueno conocer los números de "Memorias del saqueo" del político y hoy amigo presidencial Pino Solanas, o el otro hallazgo de originalidad "El Nuremberg argentino" (que con su sólo título asimila al terrorismo de los años 70 con los judíos perseguidos en la Europa nazi sin haber ejercido violencia política alguna).

En semejante contexto, surge el negocio "capitalista salvaje" de hacerse el marxista. Uno de los más suculentos ejemplos de sustitución de importaciones. Claro que es un negocio tan noventista como dosmilista, ¿pero quién hará estas comparaciones con amigos del nuevo poder?

El informe omite algunos datos, como por ejemplo que muchas de las películas que el Instituto de cinematografía subsidia con un monto nunca inferior a los 475.000 pesos, no llegan siquiera a estrenarse. Como los piqueteros, nuestros cineastas no están en el negocio del cine en rigor, sino en el negocio de sacarle plata al Estado. El subsidio se da por producir cine, no por producir un cine que se vea. Es parte de la incoherencia estatista argentina el perseguir a algunos funcionarios por omisiones formales en licitaciones por migajas y no hacer el más mínimo juicio acerca de las fortunas tiradas displicentemente para financiar despropósitos.

El director Bebe Kamin quiere llevar todo esto a un estadio superior. En lugar de exigir a los productores una cuota de éxito o que realicen un cine que el público quiera ver, se tenderá a obligar al público a ver lo que los subsidiados hacen. En su opinión, la televisión debería ser obligada a pasar más cine argentino, porque (póngase atención en esta ensalada conceptual) la desregulación en la materia permite la imposición de modelos extranjeros. Es decir, "la libertad esclaviza, liberémonos de la libertad". Ni a Gustavo Beliz se le hubiera ocurrido una falacia semejante.

A alguien se le ocurrirá a lo mejor que después de subsidiar la producción de tejidos indígenas, se nos pueda obligar a vestirnos como los Onas o los Tehuelches. La libertad de otro modo nos impondrá el pantalón y la camisa europeos.

Los canales de televisión responden al rating. Y esto es así porque se financian con publicidad y la publicidad busca vender. El hecho de que el cine "nacional" (en realidad estatal) no sea exhibido en la pantalla chica, no es signo de otra cosa que de que la cultura que se dice defender es ajena a los sujetos que la encarnan. La cultura real y la imaginada por los estatistas mantienen una distancia que ellos se creen llamados a sortear. Ninguna otra mentira más grande ha sostenido el estatismo en el mundo como la de la necesidad de que la cultura sea sostenida por actos de autoridad. Será en todo caso la cultura del poder la que necesitaría tal fomento.

No nos puede sorprender entonces que los vaivenes políticos sean tan sincrónicamente acompañados por los vaivenes temáticos de la cinematografía argentina. Nuestra cultura no produce cine alguno, sólo la política lo hace.

La Triple K y la situación de los derechos humanos en la Argentina (23-2-04)

Con una ansiedad que es consecuencia del trauma de la corta experiencia camporista, nuestros imberbes devenidos sexagenarios avanzan sobre el sistema político institucional sin encontrar resistencia. A su paso y sin advertirlo desnudan su naturaleza frente a un público que pareciera ciego desde hace al menos veinte años.

La Argentina de hoy guarda cierto parecido con un viejo programa de televisión que dirigía Mauro Viale, por el que desfilaban toda clase de personajes que al principio parecían muy normales y civilizados, pero que al ser invitados una y otra vez por el conductor terminaban mostrándose como verdaderamente eran. Despojados al tiempo de la pose inicial que provocan las cámaras, tales personajes terminaban por exhibir el comportamiento que les era natural y la cáscara se les caía a pedazos. Entonces empezaban los golpes, los gritos, las malas palabras (que en algunos destinatarios no estaban tan mal).

Como experimento sociológico no se vio algo igual en televisión. El señor K y sus amigos podrían conducir "Impacto en el siglo XXI" aún cuando el conductor se confunda con sus invitados.

Dentro del estilo K, que incluye la conmoción y el golpe bajo como metodología de gobierno, nuestros "defensores de los derechos humanos" puestos en escena y con todos los resortes del poder en sus manos, se conducen como lo intolerantes y belicosos que en realidad son y todos sus ropajes desaparecen. El principal de sus ropajes ha sido precisamente el de ser los defensores de los derechos humanos, los mismos que no reconocen a las víctimas de los regímenes brutales con los que simpatizan, y que no nos reconocen al resto de los mortales que no formamos parte de su estrategia de dominación.

A esta altura del partido sus acciones en la materia se parecen más a la metodología del Ku Klux Klan que a la palabrería que han estado exhibiendo respecto de un pasado minuciosamente inventado y/o recortado. Y todo esto simplemente dejándolos actuar. La más reciente iniciativa de la Triple K (un nombre doblemente apropiado para la tendencia opresiva actual), ha sido la monstruosidad de pretender obligar a supuestos hijos de desaparecidos a realizarse estudios forzosos de ADN para establecer el vínculo sanguíneo que se les atribuye. La idea es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre del año pasado que dejaba sin efecto una resolución de la Kámara Federal (brazo judicial de los deseos de Horacio Verbitsky) que ordenaba la extracción compulsiva de muestras de sangre a Evelyn Vázquez, hija supuesta de Susana Pegoraro, desaparecida en el año 1977.

En la causa se imputa falsificación de documento público, supresión de identidad y retención de un menor de 10 años a Policarpo Vázquez y su mujer Ana María Ferrá, quienes admitieron no ser los padres biológicos de Evelyn, a pesar de haberla anotado en el registro civil de ese modo, y que les fue entregada por personal de la Armada. Evelyn en consecuencia es la víctima en la investigación. Además es mayor de edad y mantiene un vínculo afectivo con quienes creyó sus padres y en lo que a ella respecta cumplieron ese papel.

Pero a la triple K los fallos no la detienen. Una de las principales motivaciones de Página 12 y su apéndice, el gobierno de Néstor Kirchner, para atacar a la Corte era precisamente cambiar su jurisprudencia y eliminar todo vestigio de derecho en la Argentina para hacer aparecer como jurídico lo que es antijurídico (la otra motivación era cambiar la jurisprudencia en materia de corralito y pesificación). Con la misma intención se brinda protección política e impunidad o ascensos a jueces que tienen sus cuentas un tanto desordenadas a la hora de justificar abultados patrimonios, a los que hace pocos años atrás se imputaba pertenecer a la lista de la servilleta de Carlos Corach y hoy son tratados como próceres sólo porque aceptan privar de la libertad a las personas adecuadas y convalidar horrores jurídicos como la anulación parlamentaria de leyes.

Pero cambiar a la Corte no era suficiente en este caso, por lo que a un fallo le seguirá su "anulación" por vía legislativa. Un paso más en el camino de la destrucción de las instituciones en la Argentina.

El proyecto dispone que para resolver dudas sobre la identidad genética en casos de supuestos hijos de desaparecidos "la autoridad competente deberá ordenar todas las medidas conducentes a establecerla. A tal efecto, para la realización de los estudios pertinentes de filiación e identidad por análisis de ADN se podrán utilizar muestras de sangre, bulbo piloso o semen, o cualquier otra que posibilite el resultado buscado". Nuestra triple K se propone establecer como ley la extracción de sangre pelos o semen de manera compulsiva a una persona ni siquiera imputada de un delito sino reputada víctima de uno, contra su voluntad, en nombre para colmo de los "derechos humanos".

Nuestro ideólogo en la materia, el simpatizante de Fidel Castro Eduardo Luis Duhalde, promotor de la iniciativa, entiende que "el derecho a la intimidad" de los supuestos hijos de desaparecidos "debe ceder ante el interés colectivo de conocer la verdad". Este concepto opuesto a nuestro sistema jurídico basado en la libertad individual, es en realidad la síntesis del pensamiento totalitario: el individuo a merced del interés colectivo (interpretado siempre por individuos por supuesto). El totalitarismo es en la Argentina de "Impacto K", el fundamento de los "derechos humanos".

La norma que se propone impulsar el gobierno es una violación expresa a compromisos internacionales asumidos que como consecuencia de la reforma del 94 forman parte del derecho constitucional argentino. La Convención Internacional contra la Tortura de la que la Argentina es parte, dispone que "A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas" (artículo 1° de la Convención Internacional contra la Tortura, ratificada por Ley 23.338).

La Argentina de la Triple K se apresta en consecuencia a consagrar la tortura como metodología para extraer información, aplicada no ya contra autores, sino contra víctimas de delitos. Sin duda argumentarán que extraer sangre, semen o pelos a una persona por métodos violentos no es grave a pesar de que representa una clara violación de la integridad física. Sabemos que lo único grave es lo que pueda afectarlos a ellos, pero tendrán que lidiar igual con el artículo 16 de la misma convención que aclara sin dejar lugar a dudas que "Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona".

Volviendo a la inspiración filosófica de nuestro secretario de "derechos humanos" ¿Cuál es la diferencia entre torturar a un terrorista para obtener información de "interés colectivo" (como por ejemplo dónde se colocó una bomba) y hacerlo con Evelyn Vázquez? Hasta el "interés colectivo" está más claro en el primer caso y la torturada en el segundo no es siquiera sospechosa de un crimen.

El señor Duhalde parece más el exégeta de la violación que de la defensa de los derechos humanos. Si hacemos una evaluación de la situación de los derechos humanos en la Argentina, el todavía recién instalado gobierno del señor K se vería en dificultades para pasar el examen:

1. Los derechos humanos de los militares son violados de múltiples formas. Desde derogando o anulando amnistías y omitiendo la aplicación del principio de la ley más benigna, hasta persiguiendo a sus abogados defensores.

2. Los derechos humanos de víctimas de represión ilegal al no investigarse los novecientos casos de desaparecidos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976 sólo porque probarían que esa represión ilegal fue dispuesta y ejecutada en su mayor medida por el gobierno peronista de Isabel Perón más que por los militares.

3. Los derechos humanos de supuestos hijos de víctimas de represión ilegal al intentar consagrar la tortura contra ellos para la obtención de información.

4. Los derechos humanos de la población en general, al privársela de jueces imparciales por la vía de arrasar a la Corte Suprema de Justicia.

Las acciones del gobierno en ese sentido violan otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo artículo 10 dice que "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

Podríamos agregar también el férreo control de la prensa que existe en el país montonero, donde las opiniones independientes o críticas van desapareciendo de la mano del miedo, la compra de voluntades y el apriete fiscal, y veríamos que la Argentina ha entrado en una espiral que conduce a la violación sistemática de los derechos humanos, imputable directamente a sus supuestos defensores.

En el caso de los exámenes compulsivos de ADN es comprensible el deseo y hasta la desesperación de los parientes biológicos de despejar cualquier duda sobre el parentesco, pero ese deseo no da derecho a ejercer tormentos contra terceros. Tampoco da ese derecho ni la lucha contra el terror, ni la lucha a favor del terror.

El pretender que una persona abjure de vínculos afectivos personales, les gusten o no a quienes los juzgan desde afuera, en función de una razón de Estado es también típicamente totalitario. Pero lo que no es admisible ni como dilema moral, es que una facción que ensangrentó al país, no dio muestras de arrepentimiento y exhibe sus crímenes como un mérito, intente reinstalar los tormentos en función de aspiraciones de poder o venganza.


La kultura y el papá de di Tella (31-5-04)

El secretario de kultura kakista Torcuato di Tella fue centro de atención durante la semana, después de aclarar que la cultura no es una prioridad del gobierno y tampoco para él.

El escándalo fue un recurso fácil con el que di Tella distrajo la atención de otro escándalo más vergonzoso, como fue el que protagonizó en la Biblioteca Nacional soltando la mano de su director Horacio Salas, como tributo a las mafias sindicales y otros ladrones independientes.

Salas, que con acierto llamó a la Biblioteca "el PAMI de la cultura" sólo había intentado hacer algo para cortar el robo permanente de material irrecuperable que descubrió. Se equivocó de gobierno al no darse cuenta de que la única ética sostenible en la era K es la del garrote.

A di Tella le gusta el papel de provocador, pero no parece ser del tipo que carece de bordes a la hora de pensar y por eso choca con las creencias arraigadas en las que se cobija el común. La provocación de di Tella parece más bien una distracción sobre su profundo conformismo, pequeñez y mediocridad.

Sus bordes son claros: el ámbito de protección e impunidad que da el proclamarse marxista y, en el caso de la biblioteca, la voluntad de la mafia interna a la que no quiere siquiera hacer enojar. A los "muchachos" no los provoca, sólo lo hace con gente inofensiva. Un verdadero kakista químicamente puro.

Seguramente no estará dispuesto a explicarle a los sindicalistas su teoría respecto al beneficio que trajo a "los negritos" de la Argentina, la llegada de "blanquitos" como los di Tella que vinieron a mejorar la raza. Aunque siendo de izquierda tal vez también esté habilitado para ser racista. De otro modo le hubieran llovido las denuncias. Esa teoría (que ni a Hitler dejaría tranquilo teniendo en cuenta que los gobernantes más bestias que hemos tenido y tenemos son perfectos caras pálidas) la expuso en el programa de televisión "Boom" que conducía Eduardo Marty un par de años atrás, ante la mirada atónita de quienes participábamos en esa emisión.

Hace poco dijo di Tella que se había hecho de izquierda para oponerse a su padre en su adolescencia. En su avanzada adultez ¿por qué nos hace padecer a nosotros las consecuencias de sus traumas juveniles?

Uno tiende a pensar que en esa disputa di Tella padre tendría la razón. ¡Viva di Tella padre! Así y todo Jorge Asís acierta cuando dice que el secretario de cultura es lo más serio del gobierno. Si hacemos un repaso costará encontrarle un competidor apreciable. Sin embargo, lo que el secretario de cultura llama "cultura" no tendría por qué ser prioridad. Y pensándolo bien, ni siquiera lo que cultura significa en realidad tendría que ser un asunto oficial.

Para la izquierda la cultura es un instrumento de "concientización", un ámbito para el despliegue panfletario y no un valor en sí. A la izquierda la cultura no le interesa como tal sino para torcerla y ahogarla en un mar de despropósito ideológico.

Es tal la obsesión de esa facción por detener las manifestaciones espontáneas de belleza, libertad y felicidad que representa el arte, que muchas personas se convierten a su credo sólo para sobrevivir en un ambiente en el que sólo un sector se dedica a tomarlo como herramienta política.

La izquierda es enemiga del arte como expresión de belleza. Hace de lo antiestético un valor. No tiene un sentido estético distinto sino que ensalza lo horrible como una manera de disminuir el efecto de una expresión profundamente individualista como lo es la artística.

Ayn Rand definía la envidia como el odio al bien por ser bueno y la izquierda es precisamente la envidia como cosmovisión, que traslada al campo de las manifestaciones culturales. Esta tendencia ha sido siempre una prioridad más o menos consciente para los "progres". Lo que cambió es que ahora están en el gobierno.

En los países que logran dominar no existen manifestaciones culturales que no rindan culto al poder. No hay di Tellas. Los tilingos tienen reservado un lugar privilegiado sólo en el paredón.

Cultura (de verdad) y política no se llevan bien. Como manifestación de la espontaneidad de la sociedad no puede ser "fomentada" sin contradecirla, por eso es que toda iniciativa estatal sobre la materia es un despropósito. Pero se trata de un despropósito que da de comer a gente que no logra atraer con sus propuestas de otra manera que no sea recurriendo al Estado.

Si cultura es lo que una sociedad es, cualquier inducción implica intentar hacer de la sociedad algo que no es, es decir, un atentado contra la cultura. Basta recorrer las dependencias y programas que están a cargo de la secretaría de cultura para advertir que su presupuesto está dirigido a conformar a una minoría políticamente relevante (y no económicamente relevante como cree el marxismo).

No solo la izquierda trata de hacer una "selección cultural" acorde con sus intereses. Otros las hacen de acuerdo a sus prejuicios, creyendo ser intérpretes reales de cosas tales como el "ser nacional". Aunque no fue el sentido de las palabras de nuestro curioso secretario del área, es posible coincidir en que la cultura no debe ser una prioridad del gobierno porque ni siquiera es un asunto del gobierno. Lo es en cambio de la sociedad no política que espontáneamente se expresa cuando la dejan.


El gran conspirador (7-6-04)

Adolf Hitler llegó al poder siendo apenas una primera minoría cuya única arma para imponerse era la agresividad. Sentado en el poder formal, lo acrecentó persiguiendo disidentes y aterrorizando a la oposición. Su metodología de avance fue la denuncia de conspiraciones, sobre todo de los judíos. El decía representar los sanos sentimientos del pueblo alemán, que lo habilitaban para cometer todos sus crímenes.

Muchos de los cobardes que no se atrevieron a enfrentarlo y que significaron la más importante colaboración con su avance hacia el totalitarismo, creían que no era más que un delirante que caería por el peso de sus propios errores. Esa era la excusa por la que no actuaban. Disfrazaban el temor de estrategia.

En materia de colaboración, nosotros tenemos de todo. No sólo los cobardes estratégicos. Los hay comprados, los hay alquilados y los que siguen hablando de Menem, mientras en el país se diluyen las libertades más elementales y tenemos un gobierno que no encarcela opositores sólo porque no se siente suficientemente fuerte para hacerlo. Debo reconocer en ese sentido que los únicos que merecen benevolencia son los que tienen expuesto su capital en un país gobernado por salvajes. No me animo a juzgarlos porque tienen mucho que perder.

Adolf Hitler fue un conspirador porque mientras distraía con sus denuncias de conspiraciones avanzaba en sus planes. Alemania había sufrido un cataclismo económico y no había oposición apreciable.

El señor K es un émulo tercermundista de la misma metodología conspirativa. Sus manejos económicos son similares a los del nacional socialismo. La economía se planifica centralmente pero sin modificar los títulos de propiedad y dejando al empresario, que se convierte de hecho en un empleado del gobierno, gran parte de los beneficios.

Por supuesto, el señor K no tiene a Joseph Goebbels sino apenas al montonero Miguel Bonasso. Pero tiene sus SA (antecedente de las SS) en los piqueteros que actúan como ejecutores de las condenas mediáticas y cacerías de brujas que lanza.

El kakismo es una fuerza todavía débil pero el nazismo también lo fue. La tecnología es calcada del nacional socialismo.

La de la semana pasada fue la cuarta conspiración en un mes y medio. Primero fue la denuncia de Bonasso de un intento golpista de Mariano Grondona y la revista Cabildo. La segunda mencionada por el señor K en el grandilocuente anuncio del Plan de Seguridad (la de los que hablan y los que escriben con cuya "impunidad" prometió terminar), la tercera le tocó a los asistentes a una comida multitudinaria en el Regimiento de Patricios (que hasta incluía al interventor kakista en el Correo estatizado). Esta vez le tocó a los economistas de FIEL, a José Luis Espert y Jorge Avila, y le seguirán otros, tal vez nosotros mismos.

A pesar de que los insufribles Fernández hacen esfuerzos para subir o bajar el tono de la denuncia día por día u hora por hora de acuerdo a como se presenten las complicaciones, si se sigue el hilo de cómo se inició esta campaña de criminalización de la disidencia escondida bajo una mascarada, los nuevos conspiradores fueron imputados de provocar un incendio en la estación Constitución y de la ola de delitos. Como dijo hasta un conocido servidor de K, el conductor Roberto Petinatto, sería el único caso de bandas de delincuentes que asaltan como forma de conspirar contra el gobierno.

En una de las múltiples versiones de lo que estaban denunciando Alberto Fernández dijo que el presidente hablaba porque manejaba "información". Tal vez Daniel Artana haya comprado una caja de fósforos o algún otro de los involucrados haya saludado al policía de la esquina. No sabemos en realidad la clase de información que necesita un gobierno para superarse día a día en el ridículo de sus denuncias.

"Desde el Gobierno nunca usamos la palabra "conspiración" o "complot", porque creemos que un complot supone ya acciones concretas de ruptura institucional y eso no lo hemos verificado", dijo Alberto Fernández. ¿Qué es a lo que llaman "desestabilización" entonces? ¿Acaso a diferir con el gobierno? ¿No es esto criminalizar la opinión?

Cómo le llamaría entonces a quienes nos oponemos de verdad al señor K, del modo en que se hace en los países libres (algo cada vez más lejano de nosotros); tanto que creemos que ha superado con creces los requisitos para ser sometido a un juicio político (institución bien republicana por cierto).

Ni siquiera se sabe en qué consiste la conspiración, pero varían todo el tiempo los conspiradores, sin tocar a nadie políticamente relevante. El último señalado por el gobierno es Carlos Menem. Hace una semana decían los kakistas que no querían perder el tiempo hablando de él porque no existía y nadie lo seguía, pero ahora lo presentan como al caballo de "Rebelión en la granja" de George Orwell, como el gran fantasma provocador de todos los fracasos del gobierno.

El Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en algún momento apuntó a "algunos que se sintieron protectores de la sociedad cuando eran jefes de la Policía Federal, a sectores de la policía que han cuestionado severamente nuestras decisiones, a empresarios que dicen que este gobierno no termina el mandato y economistas que se han cansado de pregonar el caos en Argentina".

Una de las características curiosas de las denuncias del tandem Verbitsky / Bonasso / K / Fernández, es que entre todos los fantasmas que enarbolan, no figura ninguno con apreciable capacidad de conspirar. De hecho, los únicos que tendrían la posibilidad de llevar a cabo un intento serio por mandar de vuelta al señor K a Santa Cruz a explicar dónde están los 800 millones de dólares de la provincia que se llevó, serían Duhalde y Alfonsín. A ellos sin embargo no los incluye en ningún intento.

Esta curiosidad prueba que la tesis del delirio presidencial, sostenida por Eduardo van der Kooy en el Clarín del domingo, no es la explicación a la aparente paranoia oficial, sino una burda intención propagandística para tapar tal vez la nueva oferta a los acreedores, faltando el presidente a su palabra, o el envío de tropas a Haití.

El diario La Nación del 4 de junio señala que "según altas fuentes de la Casa Rosada, la denuncia de Kirchner sobre intentos desestabilizadores, lanzada anteayer, tuvo como base análisis e informes de la SIDE y de cuerpos de investigación de la Policía Federal".

Si al presidente se le ocurriera decir la mitad de las versiones sobre lo que denuncia en la declaración testimonial que le requirió el Juez Urso, a pedido del Fiscal Stornelli, sería fácilmente imputado de falso testimonio.

Respecto al tercer complot, el que se atribuyó a una comida entre jubilados, militares y políticos de todos los partidos, llevado a cabo en el Regimiento de Patricios, el titular de la Secretaría de Inteligencia y ex gobernador de Santa Cruz Héctor Icazuriaga dijo que ese "tipo de reuniones no son inocentes".

De manera tal que al igual que en los peores regímenes totalitarios, estamos todos bajo vigilancia porque reunirse bajo la característica común de no ser oficialista es considerado "culpable".

Contrasta bastante con sus ideas sobre lo que tenía que ser la SIDE antes de que se le ofreciera oficialmente el cargo: "La SIDE no tiene que servir para perseguir dirigentes" decía entonces.

Olvidó también otra de sus máximas sureñas: "Un Estado serio debe tener inteligencia, pero también tiene que tener inteligencia seria".

Tal vez era bien consciente de que no hablaba de la Argentina kakista.




El gobierno reprimió "la protesta social" (12-7-04)

Los actos de masas, invención de los regímenes totalitarios, fueron inaugurados en la Argentina por Juan Domingo Perón, pero nunca abandonaron el folclore político local. Son parte de la vida política que padecemos.
En gran medida son la puesta en escena de una popularidad supuesta. Generan la apariencia de apoyo masivo al führer, al líder. Cuando ya deja de ser necesario mantener la apariencia porque todo el mundo conoce el juego, los organizadores se creen que sus propósitos propagandísticos adquieren la jerarquía de "derecho". Por ejemplo, nadie que no sea oficialista podría ocupar los lugares cercanos al palco que permiten a la supuesta concurrencia espontánea gritar loas al poder. Si el acto fuera de verdad espontáneo y significara el agrado popular con la línea de gobierno, quién ocupa qué lugar en el acto, sería intrascendente.

Con ese primitivismo que caracteriza a nuestra política, el gobernador de Tucumán José Alperovich organizó un acto frente a la casa de gobierno para festejar el 9 de julio y ofrecer un espectáculo de alabanzas al presidente K.

El problema surgió cuando un grupo de piqueteros de la "Corriente clasista y combativa", el "Polo obrero" y empleados estatales, decidió culminar una "marcha de la bronca, a pata y pulmón", justo debajo del lugar donde hablaría Kirchner y donde se suponía que debía haber gente que festejara sus insultos del día.

Derecho a estar en ese lugar lo tenían todos, estén a favor o en contra del gobierno. El acto era público, oficial y además se conmemoraba una fecha patria. Pero parece ser que el oficialismo considera que existe un derecho humano a que los actos sean oficialistas y entonces se decidió "reprimir", pero no tanto con las fuerzas legales de la policía, sino con los piqueteros amigos que fueron enviados a desalojar a los piqueteros "malos" (los no oficialistas) a los palos.

Ese fue el origen de la trifulca que obligó a hacer el acto a puertas cerradas y convirtió el acto de masas en un acto a los mazazos.

De estos acontecimientos nos venimos a enterar que en realidad el gobierno sí está dispuesto a "reprimir la protesta social", pero sólo cuando se tocan sus intereses políticos. No hay problema en quemar empresas, ocupar locales comerciales, destruir la propiedad privada o impedir la libertad de tránsito, pero existe tolerancia cero cuanto se trata de rozar los intereses o la auto-estima presidencial. La fuerza será usada, pero nunca en defensa nuestra, sino sólo de los intereses de la facción gobernante.

Simultáneamente el "garantismo" alegado por el gobierno sufrió una de tantas contradicciones cuando el diputado montonero Miguel Bonasso, con actitud de hijo del comisario, impulsó a la siempre lista Juez Servini de Cubría (antes denominada por Verbitsky Servil que Cubría, ahora una favorita, tal vez por la misma característica) a detener a Gonzalo Alsogaray y allanar su domicilio y su lugar de trabajo, alegando haber recibido de él mails amenazantes. El delito de amenazas no amerita la detención de nadie, menos cuando se lo detuvo y se lo dejó en libertad sin siquiera tomarle declaración, con lo que todo indica que el único propósito del operativo era disciplinarlo. Gonzalo Alsogaray se quedó sin trabajo y lo único real de la denuncia de Bonasso fue que ambos se propiciaron injurias por vía electrónica, pero no había ninguna amenaza. Las injurias mutuas no son siquiera punibles. Encima en el caso de las injurias contra Bonasso, el llamarlo montonero, se trata de una pertenencia que él reivindica con orgullo.

Esto nos ayuda a caracterizar al gobierno del señor K, que más que garantista o autoritario, más que tolerante o intolerante con la "protesta social", más que simpatizante o no de desmanes en la vía pública, se trata de un gobierno faccioso; esto es, que actúa o deja de actuar de acuerdo a los intereses particulares de su grupo.
El resultado es una forma de anarquía, puesto que si el grupo gobernante deja de ejercer el poder para el conjunto y sólo lo hace en su propio beneficio, el país deja de tener gobierno. Una de las consecuencias es que produce un vacío que otros querrán llenar. Los mensajes del kakismo a la sociedad son unívocos: defiéndanse solos porque los resortes del Estado están pura y exclusivamente para resguardar los intereses del oficialismo.
Ese vacío grande que se produce por una sociedad indefensa se llena luego con todo tipo de organización para-estatal, pero el oficialismo se equivoca si cree que provocará este caos sin consecuencias para sí mismo.

En la irresponsabilidad oficial, el ministro de Justicia y Seguridad es casi el mejor alumno en materia de sofismas y así se ha sumado a decir que no intervienen ante los destrozos y daños piqueteros para evitar un mal mayor. Imaginemos lo que sería el mundo si todos los encargados de seguridad del planeta dijeran las mismas estupideces que sólo en la Argentina un ministro puede decir durando más de un minuto en el cargo. Pero entendamos lo que el ministro en verdad quiere decir: el único mal mayor que existe a todos los daños que los piqueteros causan al país y a la gente común, son los intereses de la facción que ocupa el poder.