lunes, septiembre 20, 2004

LA CORTE DE K DECLARÓ INCONSTITUCIONAL A LA ECONOMIA

La Corte Suprema de Justicia hecha a su medida por el matrimonio K gobernante ha decidido declarar inconstitucionales a las leyes económicas. Todavía es prematuro suponer que hará lo propio con otras ciencias, pero dados los antecedentes de este gobierno, ya puede decirse que nuestra realidad está sostenida por elefantes, como el mundo antes de descubrir su redondez.

En el comentado caso Vizzoti c.AMSA por el que invalida el tope de indemnización por despido del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Corte K, se adelanta a las críticas por el efecto anti-empleo que semejante decisión tendrá de aquí en más, sosteniendo que esa "hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza solo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable... admitir que sean las "leyes" de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas "leyes"), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación".

Es evidente que las leyes que entre comillas menciona la brillante Corte que los señores K y Duhalde (con la complicidad por acción u omisión del resto del espectro político y de la opinión pública y el gerenciamiento de Gustavo Beliz), no nos convienen. Tampoco nos convienen las leyes de la vida según las cuales nacemos, nos desarrollamos, decaemos y morimos. La de gravedad no nos permite volar. La de acción y reacción nos provoca serias consecuencias cuando tenemos un accidente.

Lo novedoso del fallo de la Corte no es descubrir la inconveniencia de las limitaciones que la ciencia nos indica, sino pretender a partir de semejante revelación que se las puede dejar de lado como a la ley de cupo femenino.

Si con cierto sentido "humanista" la realidad puede ser ignorada, es lógico que crean que quienes no están dispuestos a manejarse en el oscurantismo que proponen son unos insensibles "neoliberales".

Al mejor estilo Página 12, inspiración permanente de todo el kakismo, la crítica a la ciencia económica se reduce a entrecomillar la palabra "leyes", a afirmar sin más explicación su "naturaleza conjetural" y a hablar de "estos pensamientos" y "otros de semejante naturaleza". Claro que intentar ahondar en tales extremos llevaría a los autores de estas afirmaciones por caminos resbaladizos en los que hasta en la Argentina provocarían ataques incontenibles de hilaridad.

El laboralismo que predican en cambio no resiste siquiera su permanencia como conjetura. En los Estados Unidos no existen leyes laborales como las nuestras. El despido no es indemnizable y, al menos en esta materia nadie trata de imponer otro orden al de la naturaleza de las cosas. Desde la patética ironía anti científica de la Corte, sería difícil explicar el motivo por el cual no existe una oleada migratoria de los Estados Unidos a la Argentina, en busca de protección laboral, para huir de las consecuencias de las "leyes" que invierten la legalidad según nuestro supremo tribunal. El motivo de esta paradoja parece estar en que el respeto a la naturaleza de las cosas y a las leyes científicas lleva a vivir mejor que con el voluntarismo. En el caso que nos ocupa, no hace falta estudiar demasiada economía para suponer que si es más caro despedir, hay menos motivos para tomar un nuevo empleado. De cualquier modo no es el caso que la Corte inaugure una teoría económica novedosa al respecto, sino que niega directamente que la economía exista como ciencia y confunde sus leyes equiparándolas con las que son producto de la voluntad legislativa.

Cuando hablamos de despidos, la palabra indemnización merece algunas aclaraciones. Indemne significa libre de daños o perjuicios. El despido no produce ningún daño o perjuicio. El individuo no tendrá a partir de entonces un sueldo a cobrar, pero dejará de trabajar para ganárselo. Si alguien choca nuestro automóvil el daño estará dado por el costo de la reparación.

El despido es una mala noticia en un país con leyes laborales y jueces como los que padecemos porque que alguien contrate a otra persona implica un serio compromiso impuesto por la ley, pero en sí no produce ningún daño. Un individuo o empresa requería los servicios de otra y ya no los requiere. Durante el período en que se los prestó recibió un pago, desde el momento en que deja de cobrar, deja de prestarlos.

Al no existir daño, el laboralismo tuvo que inventar una indemnización tarifada. Fijó por ley cuánto debía pagarse por dejar de requerir los servicios de una persona.

La cifra es por completo arbitraria y no obedece a ningún criterio objetivo. Tiene una base, que es la mejor remuneración normal y habitual multiplicada por los años de antigüedad, y un tope constituido por tres salarios promedio de convenio por año. La Corte sostiene que este tope es inconstitucional por ser confiscatorio respecto de la cifra base, aunque la cifra base tiene el mismo origen objetivo que el tope: la mera voluntad legislativa.

Es absurda también la pretención de utilizar a la Constitución contra "el mercado", porque entonces no habría que declarar inconstitucional al tope del artículo 245, sino a la propia indemnización por despido, por ser un atentado contra el derecho de propiedad y la libertad de comercio, que incluye por supuesto la de contratación.

"Es perentorio insistir..." sigue la Corte, "... ante la prédica señalada..." (como la de El disidente), " que el trabajo no constituye una mercancía..." Este es uno de los eslóganes favoritos del laboralismo. Algo que se intercambia en el demonizado mercado por un precio, es negado como mercancía.

Lo cierto es, que salvo que sea gratuito el trabajo es una mercancía. Está al alcance de cualquiera y es el modo de supervivencia del hombre. No el modo de enaltecerse para pasar al otro mundo, sino el de permanecer en éste. Y todo lo que se intercambia en el mercado tiene el mismo fin. El excedente del trabajo de unos es intercambiado por el excedente del trabajo de otros, beneficiando a ambas partes. El sueldo que recibe un trabajador, es el excedente del trabajo de quien se lo paga. Cuando el Estado cobra impuestos, no hace otra cosa que apoderarse del trabajo de los individuos.

Antes de convertirse en mercancía, el trabajo recibía otra denominación: esclavitud. Si el trabajo no está dentro del comercio, lo que está dentro del comercio es la persona misma. La única versión no comercial de trabajo que existe, más allá del que se hace por placer o como manera de beneficiar a otro, es la servidumbre.

Las consecuencias de estos absurdos jurídicos que sin duda se multiplicarán, recaerán sobre el conjunto de la población que asistió impávida, complaciente o hasta contenta, al circo que le prometieron quienes anunciaron terminar con los demonios del pasado.

Cuba: anatomía de la represión

Por Carlos Alberto Montaner

Acerquémonos con toda objetividad al deprimente espectáculo cubano. Hace 45 años gobierna un dictador decidido a no abandonar ni compartir el poder, convencido de las virtudes de cierto modo autoritario de organizar y administrar la sociedad y el Estado, aprendido de los soviéticos, que ha fracasado en todas partes del mundo, y muy especialmente en la isla sobre la que ejerce su férreo control.

¿Cómo sabemos que el comunismo ha fracasado en Cuba, como fracasó en Rumania, en Albania o en media Europa? Basta asomarse al balance de este casi medio siglo de tiranía comunista y anotar los síntomas más evidentes, aunque no los únicos: dos millones de desterrados y emigrantes, decenas de miles de presos políticos, varios millares de fusilados, quince años de guerras africanas, un infinito ejército de jineteras, unas ciudades devastadas por la incuria gubernamental, y una inacabable libreta de racionamiento, ese diablo de la guardia que ha acompañado a los cubanos noche y día, desde cuando existía el cuantioso subsidio soviético hasta cuando desapareció, en un país que ha perdido cualquier referencia a tiempos mejores, porque el desabastecimiento y la miseria han sido el telón de fondo frente al que tres generaciones de cubanos han desarrollado el drama de sus vidas sin un minuto de tregua.

Los disidentes

Naturalmente, no todos los cubanos coinciden en esa desoladora actitud. Hay un puñado de personas convencidas de que es posible construir una Cuba distinta, más hospitalaria y generosa con sus propios ciudadanos. Una Cuba en la que los hoteles, las playas, los restaurantes y los amables lugares de recreo, o los buenos hospitales dotados con abundantes medicinas, no estén vedados a los naturales del país, a menos que pertenezcan a la pequeña cúpula dirigente, como sucede en la dictadura de Castro, donde se practica el más injusto de los apartheid.

Una Cuba en la que una muchacha médica o maestra no tenga que prostituirse para comer, vestir o comprarle medicinas a su hija. Una Cuba en la que el salario que se reciba sea pagado en una moneda con valor adquisitivo real y no en ese misterioso papel secante que se traga las nueve décimas partes de su valor nominal al canjearlo por dólares. Una Cuba en la que no se persiga sino se premie la iniciativa y el esfuerzo de los individuos. Una Cuba en la que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, agruparse de acuerdo con sus valores e intereses, y elegir sin temor a los funcionarios entre diversas opciones que se presenten, tanto en los partidos políticos como en los sindicatos o en el resto de las instituciones de la República sometidas al método democrático de escoger mandatarios.

Curiosamente, quienes único creen en la posibilidad de esa Cuba feliz son los demócratas de la oposición: los disidentes. Son esos periodistas independientes que cuentan lo que sucede en el país porque saben que si se oculta la realidad ésta jamás podrá ser modificada. Son los bibliotecarios clandestinos que prestan los textos prohibidos porque están convencidos de que la inteligencia y el buen juicio se nutren de la información y del contraste de pareceres. Son esos esforzados políticos de distintas vertientes que, siempre hostigados por la policía secreta, predican y defienden las características y virtudes de la socialdemocracia, el liberalismo, la democracia cristiana o el conservadurismo, persuadidos de que a Cuba le conviene repetir la experiencia ideológica y práctica de las veinte naciones más prósperas del planeta.

Los anillos de la represión

¿Qué hace la dictadura con estas personas empeñadas en tratar de mejorar el destino de los cubanos? Todos lo sabemos: las destruye. Pero no las destruye con un zarpazo directo y definitivo, sino mediante una siniestra gradación represiva. Primero las amenaza. Las visita un policía con gesto preocupado quien, en un severo tono estudiadamente paternal, le explica al disidente lo peligroso que es salirse del coro y pensar por cuenta propia.

Cada demócrata cubano tiene un policía que lo "atiende", verbo que en la Isla quiere decir que lo vigila, aconseja, amenaza, increpa o intimida, de acuerdo con las características de su caso. Su función -la del policía que "atiende"- es cultivar la ortodoxia ideológica y asegurarse de la completa obediencia de las órdenes que "bajan" desde el olimpo revolucionario. La revolución es una forma unívoca de pensar y de juzgar la realidad, y cualquier discrepancia conlleva un alto costo en sufrimiento.

El segundo anillo represivo es el acoso directo. El disidente -y a veces su mujer e hijos- es expulsado de su centro de trabajo. Se instruye a los militantes del barrio en el que vive para que le nieguen el saludo o lo insulten. El insulto es el ensayo general para la violencia posterior. Antes del golpe siempre viene el alarido. Esa es la función de gritarle "gusano" o "escoria" al adversario. Hay que deshumanizarlo. Convertirlo en una criatura repugnante. A partir de ese punto, aplastarlo es algo sencillo, casi natural.

Más adelante, si la Seguridad del Estado lo cree conveniente, le organiza un "acto de repudio". Son los viejos pogromos aprendidos de fascistas y nazis, reciclados por el castrismo. No hay nada espontáneo. Se trata de una turba orquestada por el Partido y por la policía política que se reúne frente a la residencia del "repudiado" para injuriarlo y tirarle piedras. A veces lo sacan de su casa por la fuerza, como le ocurrió a mi amiga y excelente escritora María Elena Cruz Varela, y le propinan un castigo ejemplar. A María Elena la arrastraron por los cabellos desde su residencia, la arrodillaron en medio de la calle y la obligaron a tragarse unos poemas políticos que había escrito, mientras la turba gritaba: "¡Que le sangre la boca, coño, que le sangre!".

Luego viene la pantomima judicial. Ése es el tercer anillo represivo: el juicio sin derechos, con jueces que cumplen un puro trámite, con fiscales que repiten consignas políticas, con abogados defensores que no defienden, porque no pueden, con testigos falsos que dicen lo que se les ordena, hasta llegar a la sentencia, que ya viene dictada desde el Ministerio del Interior: dos años, o cinco, o diez, o treinta. Da igual. A supuestos "delitos" similares, se imponen penas distintas. Todo depende de la coyuntura política y de la intensidad del escarmiento con que el régimen cree que puede y debe intimidar a la población para que comprenda las desdichas que les aguardan a quienes se atreven a retar el modelo de Estado implantado por los comunistas.
Pero ni siquiera en la cárcel termina la agonía. Este es el turno de los maltratos directos. Las celdas son mínimas, sin luz ni ventilación, y están llenas de mosquitos y cucarachas. Las visitas son muy espaciadas y en condiciones muy humillantes para el preso y sus familiares. El inodoro suele ser un hueco generalmente atascado y hediondo. La cama es una colchoneta o una lona llena de chinches. El agua es un débil chorro parduzco que desaparece casi todo el día. La comida es escasa, pésima, mal balanceada. A veces los golpes los propinan los guardias. A veces instruyen a encallecidos presos comunes para que sirvan de esbirros sustitutos.

Hay mucho de sadismo voluntario en esos atropellos cometidos por los sicópatas que asignan a las prisiones, pero hay algo aún más siniestro: el objetivo es convertir la cárcel en un infierno insoportable para "ablandar" al preso político. En su momento, le llegará su turno al guardia compasivo. El carcelero bueno de la razón y el orden empezará a hablar de "rectificación". Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. La revolución puede ser generosa. Para eso existe la reeducación política y el sano cambio de opiniones. Todo lo que el preso tiene que hacer es reconocer sus errores. Da lo mismo asentir o negar. Es sólo una cuestión de hacia dónde mover la cabeza. ¿No es obvio que la familia está sufriendo mucho? Todo eso se puede aliviar.

El miedo y la obediencia

En la jerga penitenciaria eso se llama "romper" o "quebrar" al preso. El propósito es arrancarle lo último que le queda, sus convicciones, para luego, si se tercia, ponerlo en la calle moralmente aplastado por la disonancia moral y el corrosivo sentimiento de culpa. Incluso, ese preso, hecho ya una piltrafa, puede servir para complacer a un gobierno extranjero que ha pedido su liberación, o a un escritor famoso que solicita su excarcelación movido por la piedad.

La revolución, hay que admitirlo, no es vesánica. Es pragmática y carece de escrúpulos. Todo lo que desea y procura es la obediencia ciega, total e incondicional al líder. "Comandante en Jefe, ordene", es la consigna general del país. Se trata de construir una sociedad estabulada. La revolución sólo persigue y aplasta a quienes se niegan a obedecer. La revolución, además, tiene un método infalible para lograr esa obediencia bovina, tan importante para salvar a la patria de quién sabe qué supuestos peligros: infundir miedo a la población. Una sociedad aterrorizada es una sociedad obediente.

A una sociedad aterrorizada se le puede ordenar, como hizo Fidel Castro hace más de cuarenta años, que odie a los indiferentes y desafectos, aunque medien estrechos lazos de sangre o fuertes vínculos amistosos. Él mismo dejó de tratar para siempre a la hermana y la hija que escaparon al exilio. Y los cubanos dejaron de hablar con los hijos o con los padres que habían marchado al extranjero. Se prohibieron las cartas y las cartas desaparecieron. El odio se convirtió en una obligación revolucionaria, y los cubanos, muertos de miedo, odiaron. Se olvidaron de sus hermanos. Les negaron el saludo al amigo. Persiguieron a sus familiares, los denunciaron por contrarrevolucionarios para que los echaran de los trabajos. Hicieron informes contra todos. Se convirtieron en verdugos de su propia gente, execraron a sus parientes para ganar méritos revolucionarios y, sobre todo, por miedo.

El miedo es la emoción más dolorosa y destructora de cuantas corroen el alma humana. Debe ser, como todas las emociones, una oscura sustancia que ante ciertos estímulos se desliza silenciosamente por los neurorreceptores y se somatiza por un nudo en la garganta, por sudoración excesiva, por ganas de orinar, y, sobre todo, por una angustia profunda e indefinida que nos aprieta el pecho. Sentir miedo es muy desagradable. Vivir con miedo es insoportable. Y los cubanos viven con miedo. Viven con miedo desde que nacen, y sus padres, para protegerlos, los enseñan a simular, a obedecer, a callar. Es tanto el miedo que sienten que sacrifican el amor y la dignidad con tal de no padecerlo. Por eso obedecen. Por eso desfilan dócilmente en las plazas, incesantemente, un día tras otro, un año tras otro, gritando consignas estúpidas: "Fidel, seguro, a los yanquis dales duro", sin creer una sola sílaba de lo que chillan, porque obedecer es el antídoto del miedo. Agachar la cabeza y renunciar al juicio crítico es el amuleto que aleja el terror.

Pero no todos los cubanos, por supuesto, viven y actúan bajo los efectos del miedo. Siempre hay un puñado de valientes que atesoran, como escribía Martí, todo el decoro que a los otros les falta. Raúl Rivero, el gran poeta cubano preso, suele decir que "en mi miedo mando yo". No es que no lo sienta: es que lo administra con el valor infinito de quien se atreve a enfrentarse a un monstruo totalitario con una vieja máquina de escribir por toda defensa. Rindámosle homenaje. Rindámosles homenaje a él y a todos los presos políticos cubanos. A los que se atrevieron a vencer al miedo para soñar con una Cuba diferente, en la que valga la pena criar a los hijos. A los que compartieron con sus amigos algunos libros prohibidos. A los que pidieron que se dejara votar libremente a los cubanos. A los que se atrevieron a soñar con una Cuba plural y tolerante en la que todos cupiesen. Rindamos homenaje a quienes creen, como creía Cervantes, que la libertad "es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida".

No olvidemos nunca a estos hombres y mujeres presos en Cuba por defender la libertad. Su causa es la de todos nosotros. Nosotros también estamos presos en sus celdas.

Palabras leídas en Madrid el 15 de septiembre de 2004 en un seminario presidido por D. José María Aznar, organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en homenaje a los presos de conciencia cubanos.

Fuente: www.hacer.org

lunes, septiembre 13, 2004

Conspiradores eran los de antes

Alfonsín denunció hace poco una nueva "conspiración de la derecha" para derrocar a su aliado por carácter transitivo (a través de Eduardo Duhalde) Néstor Kirchner. Acumula complots en su contra el kakismo, que se supone se originan en un costado ideológico en el que en la Argentina nadie dice estar.

Demostraciones o al menos elementos que tornen razonable una sospecha, sabemos que a la izquierda no se le piden en nuestro medio. No importa que hayan pasado ya denuncias similares de lugartenientes kakistas como Bonasso y Verbitsky con las mismas características ridículas, sin que ocurriera nada.

Sin embargo la cuestión más curiosa es, conspire o no conspire ¿dónde está la derecha?

La ultra izquierda domina las calles, manifiesta abiertamente sus deseos de tomar el poder por vías de hecho y desafía sin problemas a la democracia. Hebe de Bonafini quiere que en el "Museo de la Memoria" que les regaló el señor K, se exhiban los fusiles con los que sus hijos atentaban contra la democracia con metodología terrorista en la década del 70. Parece una broma que en semejante panorama se señale a la derecha como desestabilizadora. Pero no es un chiste sino dialéctica.

Hemos dicho muchas veces en El disidente que lo que explica las características cavernícolas de la izquierda local es la actitud de la propia derecha. En el mundo, lugar al que ya no pertenecemos, existe una polaridad entre un partido conservador liberal al que se ubica en la derecha y un partido socialdemócrata, de izquierda.

A nosotros se nos ha dado por un aparente purismo en los términos. Nadie se anima a considerarse de derecha porque eso es automáticamente asociado, por los militantes de la izquierda, con el nazismo. El nazismo claro combatió tanto a la derecha como a la izquierda (en realidad deberíamos llamar a esa vertiente totalitaria "centro") y fue derrotado por las derechas inglesa y norteamericana.

Ese preciosismo en los términos que produce tantos problemas es solo aparente, porque el equívoco de esa clasificación derecha/izquierda, es universal y en el único lugar dónde tiene como consecuencia negar la existencia de una derecha es en la Argentina. El asunto es aquí que nadie quiere, nadie se anima, a situarse en el polo opuesto al de la izquierda por su enorme poder y los pocos escrúpulos con los que lo ejerce reclamando derechos para sí que no reconoce a los demás, descalificando y actuando facciosamente en todos los ámbitos, no solo los políticos. Y cuanto menos resistencia encuentra más poder tiene.

Esta semana el diputado Alberto Natale en una entrevista en el diario La Capital de Rosario que le hizo Walter Palena, dio una muestra de esta actitud evasora. Dijo que Kirchner, como si fuera una acusación, en realidad es de derecha. Y lo peor es que afirmó que lo es porque "no genera condiciones de bienestar para el Pueblo" y "beneficia a una pequeña porción vinculada con la exportación".

Debería recorrer Cuba, o Corea del Norte o todos los países que fueron y son el ideal montonero y preguntarse Natale, dónde la izquierda ha generado condiciones de bienestar para el Pueblo como para que él la identifique de esa manera. Allí comprobaría como la pequeña porción ligada al partido vive en el privilegio a costa de la gente. En los únicos lugares donde se produjeron muertes masivas por hambrunas en el siglo XX fue en los países socialistas.

Para que quede aún más clara la naturaleza de esta actitud, le recuerdan a Natale que quien está catalogado como de derecha es él. Responde entonces "Me parece un simplismo absolutamente reñido con la realidad. En los países modernos, los enfoques de los problemas son totalmente disímiles. Esa muletilla de derecha y de izquierda ya no tiene vigencia". ¿Por qué habría dicho entonces que Kirchner era de derecha un instante antes? Si la derecha acepta que es indigno ser lo que es, cómo no habría de avanzar la izquierda y cómo se construirá una alternativa al poder kakista.

A partir de los noventa creció una nueva derecha. Eran casi sólo ONG dedicadas al eficientismo/moralismo cívico. Sin aparente sustrato filosófico de fondo, "ni de derecha ni de izquierda", curiosamente buscando la misma ubicación geométrica en lo ideológico que en su momento esgrimió el nazismo. La "des-ideologización" tuvo que ver con el avance incontenible de la izquierda en los medios de comunicación y en las Universidades y el miedo a quedar identificados con un gobierno demonizado como el de Menem.

Los políticos de segunda y tercera línea más insulsos empezaron a ganar espacios como alternativa al "demonio menemista". Estos nuevos partidos produjeron legisladores que cuando uno examina su actuación resulta difícil distinguirlos del resto. Allí no son siquiera eficientistas/moralistas porque su labor legislativa está plagada de homenajes inútiles, declaraciones de interés nacional o municipal, propuestas de aumento de gasto, regulaciones, etc.

Si uno examina los proyectos de la izquierda identificada como tal, son coherentes con su discurso. Pero si se observa los del llamado centro, o centro derecha, se encontrará que son idénticos a los de la izquierda, pero en general referidos a tonterías.

De vez en cuando inclusive se encuentran sorpresas graves. Tal es el caso del proyecto para la expropiación del bar la Alameda para su entrega a una "asamblea barrial" para la realización de actividades como "talleres" de las Madres de Plaza de Mayo.

Nuestro intendente, de izquierda, lo vetó porque le pareció un tanto extremista y ridículo, pero legisladores normalmente identificados con el "centro derecha" (Recrear Argentina de Ricardo López Murphy y Compromiso para el Cambio de Mauricio Macri) fueron sus co-autores, junto con Vilma Ripoll, Norberto Laporta, Noemí Oliveto (mujer de Zamora) y otros.

Esos legisladores, autores de un proyecto tan de izquierda que ni el propio Ibarra quiso avalar fueron Fernanda Ferrero (Recrear, ex Ucede, ex Partido Federal, ex Acción por la República), Carlos Araujo (Recrear), Carlos Farías Gómez (ex Compromiso para el Cambio), María Polimeni (Ex Compromiso para el Cambio) y Rodrigo Herrera Bravo (ex Compromiso para el Cambio).

Manuel Solanet, de Recrear, sostuvo que sus legisladores (Ferrero y Araujo) después votaron en contra de la iniciativa (lo cual agrava el asunto) y que su firma se debió a que forman parte de las comisiones en las que se trataron. El dato al menos es falso. Ferrero no pertenece a ninguna de las comisiones que intervinieron y tal circunstancia no la obligaría a convertirse en autora de ningún proyecto. La información oficial de la Legislatura es clara al respecto.

Otros proyectos llevaron firmas de estos legisladores, como homenajes a Perón o la propuesta de hacer una moneda con la cara de Eva Perón, cuya única vinculación con la vida institucional del país fue de orden matrimonial.

Nada de esto es aislado. La "nueva derecha" surgida de los noventa sólo produjo una enorme bolsa de gatos, que ni siquiera es eficientista/moralista, porque los rozan los mismos escándalos que al resto de los mortales. Tampoco es de derecha, ni liberal (es imposible encontrar entre ellos proyectos de reducción del gasto o de los impuestos, o propuestas de desregulación o privatización), ni de centro (nadie que proponga expropiaciones para entregar inmuebles a militantes de ultra izquierda lo es).

Pero no debemos caer en el mismo error en el que cayó esta desgastada nueva derecha. El problema no son estas personas, sino la ubicación general en la cancha y en la situación del país de esta dirigencia a la que se espera que constituya una alternativa a esta alianza entre montoneros y mafiosos que sostiene al señor K. Las personas luego se comportan a partir del sistema de incentivos que esa ubicación produce. La cuestión importante es que el proyecto moralista/eficientista, no definido ideológicamente es un auténtico fracaso y debe ser reemplazado por otro, inclusive tal vez con las mismas personas. Y ese fracaso explica la hegemonía kakista como ninguna otra circunstancia. Una nueva opción deberá surgir.

Basta copiar la forma en que la derecha norteamericana se despertó de una larga siesta con Ronald Reagan y las consecuencias que eso tuvo en los Estados Unidos. No fue precisamente escapando a los debates de fondo o haciendo discursos que estarían bien para un té canasta.

CONCRECIÓN DE LA TIRANÍA Y UNA DE SUS SEGURAS CONSECUENCIAS

Por Néstor Nicolás Gómez

Los integrantes de los actuales poderes del gobierno de la Nación Argentina han obrado de consuno para desbaratar el Estado de Derecho y, tras abjurar de la República constitucional, sustituirla por un régimen tiránico.

¡Y lo han logrado!

Tamaña iniquidad fue jalonada y afianzada mediante leyes, decretos y sentencias que se muestran flagrantemente faltos de legalidad constitucional. Pero el summum de esa tiranía, el acto crucialmente definitorio de ella, fue alcanzado el 24 de agosto de 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cinco de sus componentes, contra tres que obraron con acertado rigor) dictó un fallo en la causa Arancibia, según el cual, en el orden de prelación de las normas se relega en materia criminal el principio de la ley anterior al hecho del proceso (Art. 18 de la Constitución Nacional) en favor del predominio de las costumbres internacionales y de los fallos de tribunales ajenos a la Nación. Todo un pésimo arte de birlibirloque, que nadie que obre sin facción puede aceptar. ¡Si hasta los tratados internacionales que imponen la imprescriptibilidad de ciertas acciones y condenas criminales no admiten la retroactividad que impuso aquel tribunal!

Por tanto, ¡ADIÓS LIBERTADES!: el retroceso hacia los totalitarismos del Siglo XX, en sus máximas expresiones del estalinismo, nazismo y maoísmo, para reducir a prisión a cientos de militares, muchos de ellos que en héroes se constituyeron salvando a la República, y, otros, que, aun delinquiendo con el propósito de acabar con el terrorismo no fueron más perversos, seguramente menos, que los terroristas que resultaron muertos y que los que hoy, vivos, militan en el gobierno, en el ámbito de la política, en las redacciones de las publicaciones impresas, en los medios audiovisuales y, ¡hasta en la Justicia! Porque es incontrovertible que cada uno de los miembros de una banda terrorista resulta, desde el punto de vista moral y en muchos casos desde la perspectiva legal, tan culpable de los actos criminales que perpetra su organización, como quienes son sus ejecutores.

Los totalitarios mancomunados ?vergonzantes estalinistas, neocomunoides, adláteres, individuos que buscan medrar malamente, y también ingenuos y absurdos cómplices? alcanzarán, por tanto y muy pronto, a satisfacer el deseo de venganza que nació de aquella aplastante derrota del terrorismo de los años 70, que pretendió, desde una posición minoritaria y proterva, llegar al poder destituyendo a una presidenta constitucional, como antes quiso hacer con el mismo General Perón, pero que, enfrentado a la acción de las Fuerzas Armadas, cayó por aniquilamiento, (producido por medios legales y otros que, desgraciadamente, fueron espurios), cual había mandado proceder el Gobierno legítimo.

¿Qué cabe, entonces, esperar de este gobierno que en la esfera de sus tres poderes ya ha implantado la tiranía? ¿Acaso el cumplimiento de la garantía de ese mismo derecho conculcado de la libertad personal para los demás adversarios y enemigos y cualquier otra persona? ¡Desde luego que no! Y, por consiguiente, ¿qué grado de credibilidad cabe asignarle respecto de la preservación de las restantes facultades y garantías constitucionales, si ha brindado, en otro orden de situaciones, sobradas pruebas de no ceñirse al ordenamiento legal? ¡Ninguno!

La absoluta inseguridad jurídica que deviene, pues, de un gobierno tiránico, lleva, por lo demás, a consecuencias de grave y penosa índole en todos los aspectos de la vida de un país.

Así, como una de las tantas deplorables resultancias, caerán en la miseria millones de personas que se sumarán a los millones que hoy están sumidos en ella, toda vez que nadie que esté interesado en invertir sus bienes y esfuerzos en la actividad productiva creadora de fuentes de trabajo, lo hará en una nación avasallada y postrada por el despotismo y la tiranía.

Duhalde: ¿El comienzo del fin de su hegemonía?

Por Rodolfo G. Civitarese

Las próximas elecciones son cruciales para el aparato político bonaerense.

Duhalde necesita cambiar algo para que nada cambie. Y lo necesita antes de que sea demasiado tarde.

Necesita conservar lo conquistado por él, con la ayuda y colaboración de sus asociados corporativos (políticos y empresarios beneficiados por la devaluación) en el campo político y económico, local e internacional.

Necesita preservar el MERCOSUR, que él vislumbró. Un polo de poder con capacidad para enfrentar al ALCA, conformada por la unidad Latino Americana, autosuficiente, independiente, pero fundamentalmente populista y cerrada al mundo desarrollado. Necesita mantener el poder real y formal en la provincia de Buenos Aires. Su propia imagen no alcanza. Chiche, su mujer, tampoco parece ser quien sume a los independientes. La actual Senadora por Santa Cruz, y esposa del presidente Kirchner cree poder llenar ese vacío, pero claro que los "costos" para el ex gobernador son diferentes. ¿Cuánto perdería en el manejo de las voluntades de los intendentes del Gran Buenos Aires si se posiciona Cristina como referente directo del PJ? Por ello Duhalde necesita una nueva figura. No identificada con sus gestiones políticas, joven, algo impaciente por llegar a pisar la alfombra roja del poder, capaz de remontar las adversidades actuales y las que pueden llegar a venir. La figura de Macri bien podría cubrir ese lugar. Si lo logra concretar, podrá defender su dominio territorial clientelista, con alguna pátina de aceptación por un sector de la sociedad.

En esta partida, Duhalde se juega su prestigio, su futuro, pero sobre todo su pasado.
¿Esa será la razón de Ricardo López Murphy de trazar una línea clara y contundente con el aparato político de la Provincia de Buenos Aires, instrumento eficaz y necesario de llegada al poder de Kirchner, definiendo al ex Vicepresidente, ex Gobernador, ex Presidente (mandato incumplido) Dr. Eduardo Duhalde como "la Cabeza del Monstruo"?
Duhalde tiene que alejar las amenazas que circulan en derredor suyo, a saber:

1) El Ministro Lavagna es una herencia de Duhalde para con Kirchner. Gracias a la Soja, y las retenciones, el país alcanzó un superávit fiscal. Pero no se ha podido salir del default, que desde entonces está sin resolverse. Los juicios en el exterior comienzan a complicar la estrategia del gobierno. También, y ya en los pasillos del Ministerio de Economía, se escuchan fuertes rumores sobre el caso Meller (aquel que fue argumento principal para deshacerse de varios Ministros de la Corte Suprema de Justicia) comienza a preocupar a más de uno.

2) El Grupo Bapro está siendo observado desde distintos ángulos todos con eje en las actuaciones que tuvieron como protagonista al actual Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández. Es necesario recordar varias etapas en la gestión del Banco y sus empresas. Pero hay una en particular que no se puede pasar por alto. Cuando no se sabía quien iba a ser el primero en declarar el no pago de sus compromisos si la Gobernación de Ruckauf, o la Presidencia de De la Rúa. El gobernador encontró como solución el lanzamiento de los famosos Patacones, sin perjuicio de declarar en una sesión del Congreso de la Provincia como incobrables una suma de más de dos mil quinientos millones de dólares - pesos, pasando esas deudas al erario público provincial. Uno de esos observadores, es la Dra. Elisa Carrió. ¿Continuará la investigación de su ex colaboradora en el ARI la Sra. Ocaña, hoy titular del PAMI?

3) El efecto Blumberg, se ha focalizado, pese a las críticas de Arslanián, en los dominios de Felipe Solá. La demanda de mayor seguridad fue acumulando otros factores como la eliminación de las listas sábana, la confección de un nuevo DNI más moderno e inalterable. Ambos confluyen en un tiro certero al corazón de la corporación política y a sus prácticas clientelísticas. Se detectan detrás de estas demandas y por las formas en que se las solicitan, una revalorización de la defensa de los derechos individuales por sobre los de un Estado que pide todo y no da nada (seguridad, salud, justicia, educación).

4) La investigación en Panamá del Grupo Codere. El grupo Codere, propietario en la Argentina de varios bingos, está siendo investigado por serias irregularidades cometidas en la concesión de un hipódromo en Panamá y su principal accionista, Joaquín Franco Pérez, enfrenta un juicio penal en los EE.UU. que lo puede llevar a la cárcel durante 15 años. En nuestro país, Codere regentea los bingos de Lomas de Zamora, La Plata, Mar del Plata y los tragamonedas del casino de Santiago del Estero. ¿Existe algún punto de encuentro entre la empresa y el duhaldismo?

¿Cómo piensa salir de esta encerrona?

a) Macri, padre e hijo: Cuando el actual presidente del flamante subcampeón de la Recopa, Boca Juniors, consolidaba su imagen como el joven político de centro derecha en la Capital Federal, se argumentaba que su principal déficit era su apellido. El lastre de ser hijo de Franco Macri era proporcional a sus formas tan particulares de vincularse al poder político para beneficio de sus múltiples y variadas empresas. Hoy llamativamente sale a la luz un nuevo libro firmado por Franco que lleva por título "El Futuro es Posible". Todo parecido con la intención de mejorar la imagen paterna es pura coincidencia. Por otra parte, se ha hecho mucho ruido por el encuentro entre Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. ¿Sobre qué hablaron? Según palabras de Macri la reunión tuvo por finalidad escuchar a todos los actores políticos del país, manifestando así su independencia de criterio para con Ricardo López Murphy.

b) Cupo Juvenil: El ex presidente Eduardo Duhalde, impulsa en la provincia un proyecto de reforma política que propone que el 50 por ciento de los candidatos a cargos electivos sean menores de 35 años. Con éste tiende a renovar el arco dirigencial, buscar nuevos aires y un apetecible voto juvenil.

c) El anuncio de golpe de Alfonsín, es otro indicio. Sin más pruebas que su olfato, o comentarios de terceros provenientes de Europa. Con sus dichos incorpora al debate político un elemento como "el golpe", del que no sin sorpresas no se habló (ni en el radicalismo, ni en el justicialismo de la provincia de Buenos Aires) cuando los acontecimientos del derrocamiento del gobierno de De la Rúa.

Estas jugadas de posicionamiento del duhaldismo ¿serán suficientes para conservar su hegemonía y lugar de privilegio en la democracia argentina que desde hace casi veinte años lo tienen, al decir del líder de Recrear, como la "Cabeza del Monstruo"?

lunes, septiembre 06, 2004

La verdad aunque duela

Las bombas que derribaron dos aviones de pasajeros en Rusia y la masacre de Beslan, en Osetia del Norte, vuelven a poner al terrorismo como principal problema mundial en la misma semana en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3, compuesto por Miguel Guillermo Pons, Gerardo Felipe Larrambebere, y Guillermo Andrés Gordo, dictó la nulidad de lo actuado en la causa por el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, el más grande ocurrido en la Argentina hasta la fecha. Esta investigación estuvo centrada en la indagación sobre la existencia de cómplices locales.

Mientras Rusia vive el horror de la muerte de alrededor de quinientas personas, en su mayoría niños, las consecuencias buscadas por los autores de semejante acto recién comienzan a verse. Si el objetivo del terrorismo fuera producir muertes innecesarias, carecería de éxito. Tampoco persigue aumentar la simpatía por su propia causa, de otro modo el método sería contraproducente. El fin es político pero no tiene que ver con la popularidad. El método es violento pero tampoco es estrictamente militar.

En España la opinión pública se volcó contra Aznar después de los crímenes del 11 de marzo, otorgándole ella la victoria estratégica que el terrorismo buscaba. En Rusia algunas voces salieron a culpar a la negativa de negociar de Putin por lo ocurrido en Beslan.

Estados Unidos sufrió la más feroz ola de antinortemericanismo de la historia a partir del atentado a las Torres Gemelas. En la Argentina, los investigadores salieron a la búsqueda de una "conexión local" que permitiera castigar a alguien, incurriendo en toda clase de arbitrariedades sin resolver el asunto y politizándolo al máximo. Pero como país descolgado del mundo que somos no nos hacemos siquiera cargo de identificarnos como víctimas de los mismos agresores. En lugar de eso exacerbamos la divisiones internas para felicidad de los criminales que perpetraron el hecho.
Parte de lo que ocurre es que el golpe de tan traicionero, desconcertante, injustificado e incomprensible genera una energía incontenible en busca de justicia que no encuentra cauce y que se vuelve sobre las instituciones que deben enfrentarlo. Los parámetros éticos se pierden, las fuerzas de defensa sufren la tentación del exceso o cometen serios errores bajo una enorme presión y sin un marco normativo claro. Todo esto ocurre mucho después de terminados los efectos físicos de las explosiones.

Los rusos empiezan a culpar a sus propias tropas. En la Argentina el único problema del terrorismo de la década del setenta pareciera haber estado en la respuesta a la violencia. A la violencia en cambio se la glorifica. El hilo se corta por lo más delgado y, otra vez, los incivilizados festejan.

Durante diez años en la Argentina se estuvo construyendo la hipótesis de una "conexión local" del atentado a la AMIA. Los terroristas habrán asistido con placer al espectáculo de ver una investigación que no se centraba en ellos y transformaba su acción horrenda en una cuestión de política interna. En particular durante los últimos años, cada acto de recuerdo del atentado era mirado para observar quienes recibían los silbidos.

Pero de nada sirve intentar satisfacer el anhelo de justicia con un ajusticiamiento al primero que se cruce por la vereda. Eso no es justicia y ni siquiera es venganza, sino mera distracción.

El fallo del Tribunal Oral número tres es en ese sentido una lección que la sociedad argentina haría bien en aprender y un acto de valor al desafiar una creencia ya arraigada. Dice el tribunal en el comunicado explicativo del veredicto cuyos fundamentos completos se conocerán recién el próximo 29 de septiembre: "En aras de aquel cometido y alejado por completo de la recta aplicación del derecho, el juez instructor llevó a cabo, o cuanto menos toleró, numerosos actos, tales como obtener, al margen de las leyes vigentes, información de los imputados detenidos, interceptar conversaciones telefónicas de abogados defensores, pagar a un imputado para obtener una declaración, formular promesas a otros, presionar a detenidos, efectuar filmaciones subrepticias a imputados y testigos, las que luego destruyó, sustrayendo tales evidencias del conocimiento de las partes y el Tribunal, formar legajos que mantuvo ajenos al conocimiento de la mayoría de las partes, facilitar encuentros entre representantes de alguna de las querellas con un detenido en el ámbito del juzgado, sin su presencia, grabar furtivamente a un abogado defensor en ocasión de una entrevista con letrados de una de las querellas, tolerar un encuentro entre un oficial superior de la Policía Federal y uno de los imputados detenidos y violar sistemáticamente el secreto que ampara el ejercicio de la abogacía, entre otros" ... "el señor juez instructor orientó su actuación a construir una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos".

Pero el Tribunal no se ocupa sólo de Galeano; en su proceder contrario al ordenamiento legal, el juez contó con que "colaboraron, sea por acción u omisión, distintos organismos de los tres poderes del Estado, otorgándole sostén político y/o encubriendo su actuación irregular e ilegal". Señaló al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex ministro del Interior Carlos Corach por "los pormenores que precedieron la indagatoria" de Telleldín y el pago de 400 mil dólares previo a su acusación de los policías; a los ex integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado: Carlos Soria, Raúl Galván, José Antonio Romero Feris, Carlos Alvarez, Federico Storani, César Arias y Melchor Gruchaga quienes "pese a haber conocido de modo directo una inaceptable negociación entre el juez y uno de los imputados omitieron cuestionar dicho proceder".

Los tres jueces que firmaron este fallo saben que su decisión produce una sensación de vacío. La opinión pública y publicada se embarcó durante años en una versión que resultó falsa. Pero eso no podría salvarse siguiendo adelante con condenas a inocentes que si bien hubieran salvado al tribunal de cuestionamientos severos, hubieran significado una gran injusticia y un paso más a favor de los verdaderos culpables.

Cada uno de los responsables de una investigación sucia recibió la recriminación debida, incluidos los fiscales que se prestaron al juego. Faltó tal vez que se señalara que la compra del testimonio del señor Telledín por parte del Juez Galeano se hizo pública mediante un video años atrás y que la única reacción mediática y pública fue ir por la cabeza del abogado que lo había dado a conocer, el que inclusive fue privado de su libertad.

Tenemos jueces no para confirmar creencias previas, sino para someterlas a los más rigurosos controles. Si conocemos de antemano el resultado que "debe" tener un proceso, simplemente no necesitamos un proceso sino una horca, aunque eso nos acercaría peligrosamente a la naturaleza salvaje de nuestros agresores.

Leyes del salario mínimo

Por Henry Hazlitt
Fragmento de "Economía en una lección"


Hemos examinado anteriormente algunos de los perniciosos resultados que producen los arbitrarios esfuerzos realizados por el Estado para elevar el precio de aquellas mercancías que desea favorecer. La misma especie de daños se derivan cuando se trata de incrementar los sueldos mediante las leyes del salario mínimo. Esto no debe sorprendernos, pues un salario es en realidad un precio. En nada favorece la claridad del pensamiento económico que el precio de los servicios laborales haya recibido un nombre enteramente diferente al de los otros precios. Esto ha impedido a mucha gente percatarse de que ambos son gobernados por los mismos principios.

Las opiniones acerca de los salarios se formulan con tal apasionamiento y quedan tan influidas por la política, que en la mayoría de las discusiones sobre el tema se olvidan los más elementales principios. Gentes que serían las primeras en negar que la prosperidad pueda ser producida mediante un alza artificial de los precios y no vacilarían en afirmar que las leyes del precio mínimo, en vez de proteger, perjudican las industrias que tratan de favorecer, abogarán, no obstante, por la promulgación de leyes de salario mínimo e increparán con la máxima acritud a sus oponentes.

No obstante, debería quedar bien sentado que una ley de salario mínimo, en el mejor de los casos, constituye arma poco eficaz para combatir el daño derivado de los bajos salarios y que el posible beneficio a conseguir, mediante tales leyes, sólo superará el posible mal en proporción a la modestia de los objetivos a alcanzar. Cuanto más ambiciosa sea la ley, cuantos más obreros pretenda proteger y en mayor proporción aspire al incremento de los salarios, tanto más probable será que el perjuicio supere los efectos beneficiosos.

Lo primero que ocurre cuando, por ejemplo, se promulga una ley en virtud de la cual no se pagará a nadie menos de treinta dólares por una semana laboral de cuarenta y ocho horas, es que nadie cuyo trabajo no sea valorado en esa cifra por un empresario volverá a encontrar empleo. No se puede sobrevalorar en una cantidad determinada el trabajo de un obrero en el mercado laboral por el mero hecho de haber convertido en ilegal su colocación por cantidad inferior. Lo único que se consigue es privarle del derecho a ganar lo que su capacidad y empleo le permitirían, mientras se impide a la comunidad beneficiarse de los modestos servicios que aquél es capaz de rendir. En una palabra, se sustituye el salario bajo por el paro. Se causa un mal general, sin compensación equivalente.

La única excepción se registra cuando un grupo de obreros recibe un salario efectivamente por debajo de su valor en el mercado. Esto puede ocurrir sólo en circunstancias o lugares especiales donde las fuerzas de la competencia no funcionen libre o adecuadamente; pero casi todos estos casos especiales podrían remediarse con igual efectividad, más flexiblemente y con menor daño potencial, a través del actuar de los sindicatos.

Cabe pensar que si la ley obliga a pagar mayores salarios en una industria dada, pueda ésta elevar sus precios de tal suerte que el incremento pase a gravitar sobre los consumidores. Sin embargo, tal desviación no es tan hacedera ni se escapa con tanta sencillez a las consecuencias de una artificiosa elevación de sueldos. Muchas veces no es posible aumentar el precio de sus productos, pues quizá se induzca al consumidor a la búsqueda de un sustitutivo. O bien, si continúan adquiriéndolo, los nuevos precios les obliguen a comprar menos cantidad. En su consecuencia, aunque algunos obreros de la industria en cuestión se han beneficiado del alza de salarios, otros por ello perderán sus empleos. Por otra parte, si no se aumenta el precio del producto, los fabricantes marginales son desplazados del negocio. En realidad se habrá provocado una reducción en la producción y el consiguiente paro, recorriendo camino distinto.

Cuando se mencionan estas consecuencias, siempre hay alguien que replica: "Perfectamente; si para conservar la industria X es ineludible pagar salarios ínfimos, justo es que los salarios mínimos obliguen a su cierre". Ahora bien, tan audaz afirmación prescinde de ciertas realidades. En primer lugar, no advierte que los consumidores han de soportar la pérdida del producto. Olvida también que los obreros que trabajaban en la industria en cuestión quedan condenados al paro. Finalmente, ignora que por bajos que fueran los emolumentos abonados, eran los mejores entre todas las posibilidades que se ofrecían a los obreros de la tantas veces aludida industria X, pues de lo contrario habrían acudido a otra. Por lo tanto, si la industria X es suprimida por una ley de salarios mínimos, quienes en ella trabajaban se verán constreñidos a aceptar empleos que reputaron menos interesantes que los que por fuerza han de abandonar. Su demanda de trabajo hará descender todavía más los salarios de las ocupaciones alternativas que ahora les son ofrecidas. No cabe eludir la consecuencia: siempre que se imponen salarios mínimos se provoca un incremento del paro.

Además, los programas de asistencia destinados a aliviar el paro originado por la ley del salario mínimo crean un serio problema. Mediante un salario mínimo de 75 centavos por hora, verbigracia, se prohíbe a cualquiera trabajar cuarenta horas semanales por menos de treinta dólares. Supongamos ahora que se ofrece una asistencia de sólo dieciocho dólares semanales. Ello equivale a haber prohibido que una persona emplee su tiempo eficazmente ganando, por ejemplo, veinticinco dólares semanales, manteniéndole en cambio inactivo percibiendo un subsidio de dieciocho dólares a la semana. Hemos privado a la sociedad del valor de sus servicios; al hombre, de la independencia y dignidad que se derivan de la autosuficiencia económica, incluso a bajo nivel, separándole de la tarea más de su agrado, y, al propio tiempo, recibe una remuneración menor a la que podía haber ganado por su propio esfuerzo.

Estas consecuencias se producirán siempre que el socorro sea inferior en un centavo a los treinta dólares. Sin embargo, cuanto más elevado sea el mismo, tanto peor será la situación en otros aspectos. Si se ofrece un subsidio de treinta dólares, se facilita a muchos igual cantidad sin trabajar que trabajando. En fin, cualquiera que sea la cantidad a que ascienda el subsidio, provoca una situación en la que cada cual trabaja sólo por la diferencia entre su salario y el importe del socorro. Si éste, por ejemplo, es de treinta dólares semanales, los obreros a quienes se ofrece un salario de un dólar por hora o cuarenta dólares a la semana, ven que de hecho se les pide que trabajen por diez dólares a la semana tan sólo, puesto que el resto pueden obtenerlo sin hacer nada.

Cabría pensar en la posibilidad de escapar a estas consecuencias ofreciendo ese socorro en forma de trabajo remunerado, en lugar de hacerlo a cambio de nada; pero esto es tan sólo cambiar la naturaleza de las repercusiones. La asistencia en forma de trabajo significa pagar a los beneficiarios más de lo que el mercado hubiera ofrecido libremente. Por tanto, sólo una parte del salario de ayuda proviene de su actividad (ejercida, por lo general, en trabajos de dudosa utilidad), mientras que el resto es una limosna disfrazada.

Probablemente hubiera sido mejor, en todo evento que el Estado, inicialmente, hubiera subvencionado francamente el sueldo percibido en las tareas privadas que ya venían realizando. No queremos alargar más este asunto, pues nos llevaría al examen de cuestiones que de momento no interesan. Ahora bien, conviene tener presentes las dificultades y consecuencias de los subsidios al considerar la promulgación de leyes del salario mínimo o el incremento de los mínimos ya fijados.

De cuanto antecede no se pretende deducir la imposibilidad de elevar los salarios. Lo único que se desea es señalar que el método aparentemente sencillo de incrementarlo mediante disposiciones del poder público es el camino peor y más equivocado.

Parece oportuno advertir ahora que lo que distingue a muchos reformadores de quienes rechazan sus sugerencias no es la mayor filantropía de los primeros, sino su mayor impaciencia. No se trata de si deseamos o no el mayor bienestar económico posible para todos. Entre hombres de buena voluntad tal objetivo ha de darse por descontado. La verdadera cuestión se refiere a los medios adecuados para conseguirlo, y al tratar de dar una respuesta a tal cuestión, no es lícito olvidar unas cuantas verdades elementales; no cabe distribuir más riqueza que la creada; no es posible, a la larga, pagar al conjunto de la mano de obra más de lo que produce.

La mejor manera de elevar, por lo tanto, los salarios es incrementando la productividad del trabajo. Tal finalidad puede alcanzarse acudiendo a distintos métodos: por una mayor acumulación de capital, es decir, mediante un aumento de las máquinas que ayudan al obrero en su tarea; por nuevos inventos y mejoras técnicas; por una dirección más eficaz por parte de los empresarios; por mayor aplicación y eficiencia por parte de los obreros; por una mejor formación y adiestramiento profesional. Cuanto más produce el individuo, tanto más acrecienta la riqueza de toda la comunidad. Cuanto más produce, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y, por lo tanto, para los empresarios. Y cuanto mayor es su valor para el empresario, mejor le pagarán. Los salarios reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes ministeriales.

Sobre el libro "La Otra Parte de la Verdad"

Carta del autor, Nicolás Marquez, en Prensa Independiente

En el día 27 de agosto en este prestigioso diario, se publicaron declaraciones de un grupo de funcionarios que evidentemente no han leído mi obra "La Otra Parte de la Verdad" (recientemente presentada ante una multitud entusiasta en Tucumán), y se transcribieron declaraciones tales como las desacertadas expresiones del Secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, quien señaló que la visión de Márquez sobre la violencia política de los años '70 "es apologética del terrorismo de Estado. Expresar que no hubo un plan sistemático de exterminio es ignorar la historia concreta de la época".

Debería saber este señor que, de haber existido plan sistemático de exterminio, fue contra los terroristas, y así lo ordenó el Partido Justicialista (en el gobierno) en dos decretos emitidos en febrero y octubre de 1975 en los que se ordenó "aniquilar el accionar de los elementos terroristas", y justamente a partir de allí nace la política de hacer desaparecer terroristas (los primeros fueron en Tucumán), que no fue impulsada ni creada por el gobierno cívico-militar, sino por el inefable PJ; antes del 24 de marzo de 1976 ya había 900 desaparecidos y tengo el listado con nombre y legajo en mi libro.

Sin embargo, los reyes de la partidocracia y los enaltecidos DDHH nunca han investigado ni analizado estos antecedentes, ni les interesa hacerlo; sólo cargan tintas a partir del 24 de marzo del '76.
En otro error, producto de su ignorancia en la materia que por su función pública debería dominar, incurre este señor al afirmar: "no puede dejarse pasar la grotesca pretención de que en el país no existió la apropiación de bebés, cuando se han recuperado más de 75 identidades de niños nacidos en cautiverio", manifestó.

Yo nunca dije que no existió "apropiación de bebés" - hubo unos 12 casos de apropiaciones ilegales - sino que lo que dije y está probado ante la justicia (cosa que también debería saber este señor antes de hablar) es que no hubo ni existió ningún "plan sistemático de apropiación de menores".
Esto incluso ya fue afirmado en la causa 13 en 1985 y ratificado posteriormente en muchas otras; hasta el Fiscal Moreno Ocampo reconoce tal inexistencia.

Asimismo, respecto a la argucia de que "se han recuperado más de 75 identidades de niños nacidos en cautiverio" es dable aclarar que las mentadas "recuperaciones" autoadjudicadas por el grupo activista Abuelas presidido por Estela de Carlotto, quien se dedica a defender y difundir los DDHH que no supo inculcar a su descendencia - sus dos hijas integraron la organización delictiva Montoneros - no son recuperaciones de "apropiaciones ilegales" y para ello, basta sólo leer el libro editado por las mismísimas Abuelas (cosa que no ha hecho el Sr. Lobo Bugeau) y es justamente ese libro una de las fuentes bibliográficas de mi ensayo "La Otra Parte de la Verdad", criticado por Lobo Bugeau, pero tampoco leído.
Las apropiaciones ilegales probadas ante la justicia son esos 12 lamentables casos, no 500 como mienten los deformadores de la verdad y sus humanistas asociados, y equivale a 1.7 menores apropiados por año en 7 años de gobierno cívico-militar, lo que - ante tan tristes pero escuálidos y aislados números frente a opiniones como las emitidas - nos lleva a la irremediable conclusión que sobre esta materia hablan mucho y no saben nada.

Por otra parte, según ´La Gaceta´: "El titular de la junta departamental de la capital del PJ, Enrique Romero, calificó de adefesio el libro". "Márquez debe creer que los argentinos en general y los tucumanos en particular somos todos unos imbéciles. Pretende justificar lo injustificable cuando manifiesta que no fueron 30.000 los desaparecidos sino sólo 6.000, como si fueran ratas de laboratorio. Sin advertir que aunque hubiese sido sólo uno, no se hubiera alterado el concepto de crimen de lesa humanidad".
Contesto que, si el número no tiene importancia - tal como lo manifiesta Romero: ¿entonces por qué mienten la cifra?, ¿qué les cuesta decir la verdad?

Asimismo, es dable que el Sr. Romero sepa que "no eran ratas de laboratorios" los desaparecidos, sino que según confesión del jerarca montonero Mario Firmenich - que algo más que él debe saber sobre estos temas - al periodista Jesús Quinteros (en reportaje transcripto por Página 12 el 17 de marzo de 1991), los desaparecidos eran en su mayoría absoluta militantes montoneros. O sea, terroristas según definición del Decreto del PEN emitida en 1975 por el gobierno constitucional.
Por último, dejo claro que no tomo a los argentinos en general ni a los tucumanos en particular como "unos imbéciles" - tal como lo manifiesta este señor - calificación que sólo puede provenir de mentalidades cerradas y perturbadas, sino que soy respetuoso de toda manifestación del pensamiento libre.

En rigor de verdad, los que sí toman por imbéciles a los tucumanos son aquella pequeña pero peligrosa minoría de proscriptores que luego de efectuadas las elecciones, encarcelan o prohíben cada vez que el soberano pueblo tucumano elige ganador a un candidato que molesta a los prepotentes y dogmáticos, pasándose así por el trasero la tan mentada y archi reivindicada "voluntad popular", en tanto y en cuanto ésta no contraríe la voluntad de la corporación de mentirosos, incapaces y revanchistas que han hundido a la Argentina en el país que lamentablemente hoy somos.

Finalmente, invito a la gente y a mis críticos a que lean "La Otra Parte de la Verdad" y luego a que discutamos y polemicemos con la verdad, en sano espíritu y democracia, ya que no vivimos en Cuba como para que el pensamiento y la palabra estén subyugados o castigados.