lunes, julio 26, 2004

Guerra de payasos y víboras

"Kirchner utiliza una lógica del terror y tiene una forma brutal del ejercicio del poder"

Gustavo Beliz
Ex ministro del Justicia
Ex ministro del Interior


En un trámite acelerado, precipitado con mucho más velocidad que el que lo llevó a dejar de ser ministro del Interior de Menem, Gustavo Beliz efectuó uno de sus rápidos reposicionamientos preparándose para su expulsión del gobierno del señor K.

Sin cargo ya, hizo declaraciones públicas no exentas de titulares (en cuya construcción es hábil como ningún otro político argentino). Habló de mafias (las descubre en todos lados el día que se va), habló del conocido estilo sádico y despectivo del señor K con sus íntimos colaboradores.

El ahora ex ministro desplegó una variedad tan amplia de críticas al presidente que cualquiera podría pensar que renunció a un cargo por diferencias políticas insalvables. Su invocada indignación y cansancio moral, no condicen sin embargo con el hecho de que lo hayan tenido que echar por la puerta de servicio para que se fuera y que tanto él como sus colaboradores hubieran cumplido al pie de la letra con los desvaríos presidenciales, poniendo en práctica la política de seguridad más disparatada que se haya visto jamás, de impunidad a forajidos que no se le hubiera ocurrido a Idi Amín Dada, y de agravio a la justicia como poder independiente que ni Chavez podría superar. No es siquiera que Beliz fue cómplice del señor K, más bien fue coautor de las líneas más desastrosas de su gobierno.

Ahora bien, el ex múltiple ministro puede decirse que encontró la horma de su zapato. El señor K no se queda atrás en materia de traiciones. De eso podría hablar mucho su propia hada madrina, don Eduardo Duhalde, que se ha convertido en su principal objetivo de destrucción a un año de haberle regalado el cargo.

Esta crisis de gabinete tan parecida a lo que el ministro del interior llamaría una guerra de ruleros, ha sido en ese sentido un verdadero duelo de titanes en materia de imposturas. Beliz fue más leal al señor K, de lo que se suponía que sería a sus convicciones católicas. El kakismo olvida que para demostrar devoción por el señor K no dudó en promover a jueces de la Corte que la Iglesia aborrece como los señores Zaffaroni y Argibay. Bajó todas sus banderas de anticorrupción en la Ciudad de Buenos Aires, olvidó sus denuncias contra Ibarra y no sólo se retiró de la carrera por la jefatura de gobierno sino que apoyó al favorito oficial. Fue el primer importador de la política de tolerancia cero, pero aplicó para K una línea de tolerancia total con el delito y de virtual "zona liberada" permanente.

¿Merecía Beliz, en función de estos antecedentes de devoción kakista ser arrojado por la ventana? La lección que queda para futuros despedidos es que Kirchner paga así a los que están dispuestos a violar la ley, a permitir que se la viole y a hacer cualquier cosa por lealtad a él. Kirchner despidió al mejor alumno de la peor manera.


Mafias otra vez

Fiel a su estilo, el ex redactor de los discursos de Menem, descubrió mafias el último día de labor. Si las mafias, como sinónimo de grupos privados que capturan nichos que el Estado deja, preocuparan de verdad al ex múltiple ministro, debió dejar su cargo a los pocos días de asumirlo al comprobar que una organización que vive de fondos del extranjero y cuya actuación se caracteriza por subvertir las instituciones como es el CELS de Horacio Verbitsky, recibía los resortes de una verdadera policía política con acceso a información vital (y personal) de los agentes del Estado.

La SIDE no es una mafia, apenas es una burocracia cansada de ser usada para fines aviesos de políticos sectarios y mediocres o un fondo de pensiones para oficialistas en los medios. El CELS en cambio, junto a su red de acólitos y mantenidos, tiene sus propios fines, pero el señor Beliz lo único que le preocupó de Verbitsky fue que criticara a su ladero Roberto Quantín.

Obediencia debida

Se puede decir que el nivel de la política post devaluatoria ha bajado varios metros bajo el piso. La traición es en ese sentido más común que el aire que se respira. Eso habla de un sistema político en franca decadencia.

En ese contexto en que los parámetros desaparecieron, el señor Quantin se sorprendió por haber sido acusado de desobedecer órdenes presidenciales y se encargó de aclarar que había sido siempre obediente. "Presento mi renuncia con la tranquilidad de conciencia de no haber desobedecido ninguna de las órdenes recibidas". Obediente fue. Como fiel soldado del setentismo llevó a cabo la suspensión de la legalidad para permitir la violencia marxista que tiene entre nosotros categoría de derecho humano.

Quantin y Beliz actuaron con un sentido de obediencia debida parecido al que el general Balza en su momento se encargó de estigmatizar: "es inmoral obedecer órdenes en contra de la ley". Pero el estado de confusión es tan grande que Quantin cree que habiendo cumplido órdenes de quitar protección a la propiedad privada, de dejar que se viole el derecho de circular e inclusive a la libertad ambulatoria de las personas, cumplió con su deber que está del lado de la ley y la Constitución.

Beliz a su vez se encargó de delimitar el ámbito de obediencia debida al que aceptó someterse, al responsabilizar a su último empleador de haber pasado de pedir que los policías se escondan porque su sola presencia molestaba a los militantes violentos, a requerir la saturación de presencia policial como modo de disuasión (la última orden impartida desde la columna de Verbitsky). A la vez que habla esto de la incoherencia de su jefe, también habla de su labilidad y su aceptación a obedecer cualquier cosa. Un ministro no es un secretario privado. Debe refrendar los decretos presidenciales y así avala la política oficial. Nada en la materia le es ajeno y la obediencia no lo ampara para hacer nada que se oponga a sus convicciones, que en el caso de Beliz son tan amplias como las ideas del presidente respecto a la presencia policial.


Pacto de impunidad

En materia de mafias también podría haberse ocupado de otra manera de lo que ocurre en la justicia federal, dado que la mafia que opera en ese lugar, es socia de la facción a la que ha estado sirviendo hasta antes de ayer. Beliz trató de disolver uno de los instrumentos de poder de la izquierda setentista que cumplió un papel fundamental en la destrucción del menemismo. Nada le ha sido más útil al kakismo como síntesis de ambas cosas que la Justicia Federal, compuesta en su mayoría por magistrados y funcionarios nombrados por Menem, con serias dificultades para justificar muchos de sus bienes y actos, pero que obtuvieron impunidad dando lugar a cuanto disparate promovieran los llamados organismos de derechos humanos y procesando sin necesidad de fundamento legal a un par de emblemáticos e inofensivos ex funcionarios. Pero si bien Beliz trató de diluir ese poder, hasta ahora no dijo una sola palabra del modo en que se obtuvo la prisión de María Julia Alsogaray, ni por qué motivo anunciaba (violando el artículo 109 de la Constitución que prohíbe al Poder Ejecutivo inmiscuirse en asuntos judiciales) una inminente prisión de Luis Barrionuevo pocos meses atrás pero no tuvo inconveniente en suspender esa "operación" en función de otras prioridades del gobierno, como la de mantener ciertos secretos.

Toda esa operatoria ilegal que se produce en el corazón de lo que se llamó la justicia menemista, ocurrió frente a los ojos de Beliz y fue impulsada por él. De cualquier manera le han hecho pagar su osadía.

El diario oficial Página 12 celebra este tipo de relación del poder con la Justicia Federal y lo informa como un devenir natural de las cosas. Irina Hauser este domingo señala en el diario K que "en el fuero federal hay más de una decena de expedientes contra funcionarios del Gobierno. Los jueces están enojados por "falta de diálogo" y por el proyecto que pretende su unificación con el resto de la Justicia penal porteña".

El título de la nota no es por supuesto "comportamiento mafioso en la Justicia Federal" o "relaciones peligrosas" o "extorsiones cruzadas" o "denuncias contra el gobierno estaban siendo cajoneadas". Simplemente se lo cuenta como un vaivén de la relación que el kakismo ha cosechado en ese fuero.

Jueces y secretarios admiten sin ningún problema, que las causas contra el gobierno avanzan si el gobierno se porta mal, pero se detendrán si se porta bien, que las personas son condenadas o no de acuerdo a las necesidades u oportunidades políticas. Dentro de Comodoro Py la legalidad está tan suspendida como en las calles de la Argentina y arrepentidos aún no se han visto.

La salida de Beliz, sólo por el proyecto de unificación del fuero federal con la justicia de instrucción, tal vez tranquilice las aguas de esta relación tan fructífera.
El flamante ministro de Justicia Horacio Rossati recibió la instrucción de recomponer ese vínculo y restañar las heridas abiertas por su antecesor. No hace falta atar muchos cabos para advertir que el oficialismo busca pactar impunidad.

El señor Urso inició una investigación por los fondos que el señor K se llevó del país pertenecientes a las arcas de la provincia de Santa Cruz. Esa causa podría representar el final del presidente o una manera controlada de cerrar un asunto para el que no tiene explicaciones aceptables. El valor ambiguo de este movimiento podría explicar por sí solo el alejamiento de Beliz.

De cualquier forma ningún pase mágico o representación de comedia política logró hacer aparecer los casetes que el señor K anunció haber encontrado al presidente de la AMIA Abraham Kaul y que éste a su vez celebró en conferencia de prensa como muestra "de que cuando hay voluntad política la investigación avanza". Se habrá convencido ahora que los casetes volvieron a desaparecer, que se fueron junto con esa voluntad política.


Cortocircuitos y fusibles

Los fusibles tienen por función quemarse antes que la red, por ser más débiles y para proteger al sistema de un cortocircuito. Como metáfora se la utiliza en política para las crisis de gabinete suponiendo que los ministros llegan con sus políticas y si les va mal se van con ellas, haciéndose cargo del fracaso. La metáfora sigue la idea de que el hilo se corta por lo más delgado.

En este caso el cortocircuito estaba en el propio sistema, porque los fracasos de Beliz no fueron producto de iniciativas propias sino de líneas claras marcadas desde la cima del poder. Esa política cuyo último resultado fue la destrucción de la legislatura porteña fue además ratificada plenamente, queriendo presentar la imagen de que el problema estuvo en errores de implementación. Así lo presentó el domingo la voz de la conciencia presidencial Horacio Verbitsky, que no es otro que el creador de la teoría de que estas protestas deben gozar de impunidad.

El gobierno se subió a esa reinterpretación, que no condice mucho con la previa imputación a Ibarra de ser el responsable de no prever lo que ocurriría en la legislatura. Pero quien maneja los titulares de los diarios no tiene por qué preocuparse por sus contradicciones.

El presidente se enfrenta ahora con un doble problema. Se ha conectado, por seguir con la misma metáfora, directamente a la red eléctrica y ha dado su apoyo a una nueva variante de impunidad consistente en la saturación de policías en manifestaciones y piquetes.

Es evidente que ni siquiera entiende el problema con el que se enfrenta. Su variante dentro de la misma política tendrá el mismo resultado que su tentativa de comprar a los piqueteros duros dándoles lo que piden. No comprende que los violentos son revolucionarios y como tales no tienen interés alguno en aquello que piden. Sólo lo piden porque lo consideran imposible, cualquier cosa que se les dé generará un pedido más disparatado que el anterior. Cualquier estrategia provocará un nuevo paso en la escalada. Es la falta de convicción y el temor oficial lo que los alimenta.

Por eso se discute el problema de quién tenía la información sobre lo que harían los manifestantes. La pregunta es ¿tendrían los manifestantes la información sobre lo que harían o actuaron por el vacío de autoridad que les ofreció el gobierno? De cualquier modo, aún suponiendo que esa información hubiera estado disponible a través de la vigilancia clandestina del Estado, de lo que el oficialismo no se hace cargo es que lo del viernes anterior en la Legislatura pudo haber empezado por sorpresa, pero se desarrolló a lo largo de cinco horas. Digamos que, diez minutos después de iniciado el descalabro, había suficiente información sobre lo que iba a ocurrir, con solo mirar televisión.

Si el estado renuncia a usar la fuerza para detener la violencia ¿de qué le sirve saber que ésta ocurrirá?

K se zambulle otra vez en el juego político que proponen los intolerantes con los que simpatiza, porque prefiere gobernar como si fuera opositor. Pero los opositores a diferencia de él carecen de responsabilidad y tal vez tengan como último objetivo su propia cabeza.

Los inmigrantes buscaban la protección de la ley

Por Rosa Pelz Galperin

"Los períodos más oscuros de la historia humana fueron aquellos en los que los gobiernos eran libres de hacer lo que querían y los ciudadanos sólo podían hacer lo que les estaba permitido"

Ayn Rand


Cuando mis antepasados, padres, abuelos y tíos, obligadamente abandonaron la Rusia bolchevique, no lo hicieron sólo en pos de nuevos horizontes para progresar. Huyeron con lo puesto para salvar sus vidas. Buscaban un lugar donde vivir sin la amenaza que en su patria de nacimiento presentaban las hordas ignorantes, violentas y antisemitas que mataban, saqueaban y violaban a las indefensas familias que encontraban en su camino. Sin ley y sin derechos, el único camino que les quedaba era emigrar.

Eligieron para ellos y sus descendientes a la Argentina, tierra que les encendía la esperanza, pues tenían noticias que aquí se podía trabajar y ahorrar en libertad, sin que el gobierno se apropiara de lo producido con su esfuerzo.

Hoy, cuando los desmanes y el furor piquetero atacan y destruyen, cobran especial significado las palabras de Ayn Rand:

"No puede existir algo legal o moral que esté prohibido al individuo y permitido a las pandillas."

¿Es legal o moral lo que está pasando en nuestro país? ¿Puede asimilarse la inseguridad y el ataque a la propiedad privada a lo que sufrieron los inmigrantes, cuando en sus países de origen sufrían persecuciones, hambre y falta de protección?

El mundo cambió desde la primera mitad del siglo pasado, y ese cambio propicia que quienes no encuentran respuesta a su natural deseo de progreso, decidan emigrar. Miles de familias, como la mía, están sobrellevando esta situación. Los hijos decidieron irse para buscar su porvenir lejos de la Argentina. Aquella esperanza que embargaba a sus abuelos les fue quitada irremediablemente. El tiempo hace que con familias ya constituidas y trabajos que les permiten progresar, esos hijos y nietos sólo retornen en cortas visitas que producen enorme alegría al llegar, para sumirnos en honda tristeza al partir...

Posiblemente mi historia personal y familiar, similar a la de Ayn Rand, me ayudó a comprender, desde una empatía muy particular, el mensaje que esta talentosa escritora y pensadora legó a la humanidad.

La visión del mundo que transmitió a partir de sus obras y testimonios personales, me permite inferir que la "magia" de haber descripto en sus novelas de ficción lo que estamos viviendo en la Argentina, no es magia, sino que emerge de su increíble capacidad de reflexión y proyección a partir de los acontecimientos que le tocaron vivir.

No solo los judíos estaban a riesgo en la Rusia comunista, aunque la ferocidad para con ellos era notablemente mayor. También lo estaban quienes deseaban vivir en libertad, tanto de pensamiento como en su accionar.

Ayn Rand escribió en uno de sus libros: "El poder de la sociedad está limitado por los derechos individuales del hombre. La sociedad solo puede crear leyes que no violen esos derechos."

En nuestro país toda persona que viola una norma o ley puede llegar a ser sancionada con todo el rigor de las innumerables leyes disponibles. Sin embargo, cuando las transgresiones provienen del sector de los piqueteros (hoy llamados "los nuevos terroristas" por la prensa internacional), las mismas normas no tienen aplicación, por expresa decisión de los políticos que nos gobiernan y por una corte amiga del poder que la nombró, cuyos fallos muestran perniciosas tendencias que afectan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos.

"La actitud de quienes detentan el poder político protege a los parásitos mentales que sólo pueden existir como sanguijuelas en las almas de los demás. El juicio de la opinión pública carece de importancia y la premisa gubernamental propone que volvamos al colectivismo fascista, que es la manera de lograr que todos sufran y que el progreso se detenga."

"Nos hemos convertido en objeto de encuestas públicas, para ser gobernados en función de éstas, con decisiones enraizadas en lo vulgar, mintiendo y halagando a quienes están dispuestos a vender su alma para conservar los beneficios y las dádivas obtenidas de quienes detentan el poder."


Esto lo escribió Ayn Rand a mediados del siglo pasado.

Entender lo que está pasando en la Argentina, no es tarea fácil ni puede lograrse con una lectura superficial de los acontecimientos, sin embargo, al adentrarme en el contenido de "La Rebelión de Atlas", pude comprender el proceso.

Las serpientes que hoy envenenan nuestras vidas fueron huevos inocuos cuando existió libertad y trabajo, y cuando el gobierno cumplía el rol de guardián de las instituciones establecidas por nuestra Constitución de 1853.

La doble nacionalidad argentina y europea ha posibilitado que muchos argentinos emigren legalmente y sean reconocidos en diferentes países por su talento y capacidad de trabajo. Otros han sido invitados por los más prestigiosos centros de investigación y aplicación de nuevas tecnologías a enseñar y desarrollar sus creaciones.

Tantas pérdidas irrecuperables nos dejan aún más indefensos frente al avance piquetero, que cuenta con apoyo y amparo para ejercer sus actos terroristas, intimidando con sus desmanes a quienes queremos trabajar en paz.

Las imágenes que en días pasados recorrieron el mundo mostrando los últimos sucesos, tendrán consecuencias económicas y sociales, que la mayoría de los que vivimos en la Argentina, no merecemos.

Rosa Pelz Galperin es editora de "La Rebelión de Atlas" y de "El Manantial" (de próxima aparición)

lunes, julio 19, 2004

Dictadura por omisión

El 28 de febrero de 1933 se produjo el incendio del Reichstag, el parlamento alemán. Siempre se sospechó de la autoría de Hitler y, de hecho, el episodio fue utilizado como excusa para suspender las libertades civiles y avanzar en la consolidación del poder ilimitado del Führer.

Las imágenes de prostitutas, vendedores ambulantes y militantes de la izquierda destrozando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ante el expreso permiso del gobierno nacional, parecen constituir una versión deprimente y decadente de aquel suceso.

Los nazis perseguían un propósito y simularon no tener relación con el incendio. El señor K y sus acólitos, no parecen perseguir propósito alguno, pero exhiben con orgullo el haber autorizado de hecho el quebrantamiento del orden republicano en la ciudad, por la simple vía de anunciar, y cumplir, que la violencia no sería detenida.

Los hechos encuadran dentro del panorama sicótico-institucional que caracteriza al kakismo y es la consecuencia obvia de la "descriminalización" de los delitos cometidos en nombre de las banderas de la distribución social. La destrucción de la legislatura muestra, más allá de cualquier deducción, la incompatibilidad entre esta pretensión de autorizar el delito para reclamar "derechos sociales" y la vigencia de un régimen republicano. Lo que vemos en la Argentina es el quebrantamiento liso y llano del principio de división del poderes, impidiendo a una legislatura sesionar, que garantiza en definitiva todas las libertades, en nombre de los derechos humanos.

Siguiendo su costumbre de analfabetizar a la población nuestro Jefe de Gabinete Alberto Fernández minimizó el problema y se lanzó contra los medios de comunicación, que según él, "transmitieron en cadena un episodio que apenas ocurría en dos cuadras". En esas dos cuadras funcionaba nada menos que el poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires y, no por casualidad, se estaba debatiendo cambiar el llamado Código de Convivencia, de manera contraria a los deseos del señor presidente.

Es probable que el señor Fernández, haciendo cierto revisionismo histórico, pueda considerar que el asesinato de Kennedy, o el intento de asesinar al Papa (éste sí se transmitió en cadena a todo el mundo) hayan sido acontecimientos todavía menos importantes que los sucesos en la Legislatura Porteña, teniendo en cuenta que el espacio en el que ocurrieron apenas fue el de un automóvil, algo mucho más chico que un par de cuadras.

Ya hemos gastado dos párrafos para explicar esta enorme obviedad a las que nos somete un señor que así y todo llegó a Jefe de Gabinete. Pasemos a obviedades un poco más extendidas.

El fundamento de la política que Human Rights Watch y el CELS del señor Verbitsky (y a través de ellos muchos personajes que reciben favores o dinero proveniente de la Fundación Ford y de esas dos organizaciones vinculadas a la misma fundación) denominan "descriminalización de la protesta social" (abandonando esta terminología confusa significa que se puede delinquir si se lo hace para obligar a los gobiernos a repartir), son los "derechos sociales" contenidos en la Constitución o en los Tratados de derechos humanos y que se encuentran insatisfechos. La violencia, para reclamar esos "derechos" está así autorizada, mientras que no lo está para otros. ¿El motivo de la diferencia? No es otro que el socialismo que inspira a estas organizaciones. Empezaron por igualar "derechos sociales" (derechos sobre lo de otro) a derechos a secas (libertades, derechos sobre lo propio). Ahora se encuentran en una fase donde los primeros son privilegiados y autorizan a ejercer violencia.

Entre los teóricos de esta justificación de la violencia tenemos nada menos que a nuestro flamante ministro de la Korte Suprema oficialista Eugenio Zaffaroni: "Ellos piden trabajo y eso es un reclamo legítimo, aunque se pueda estar en desacuerdo con la metodología del reclamo".

Es verdad que la Constitución y muchos tratados internacionales consagran como derechos cosas tales como "la vivienda digna", el trabajo (no como derecho a trabajar sino como obligación de otro de dar trabajo), a la salud y a un sinnúmero de otros beneficios. Todas esas aspiraciones, así definidas como derechos tienen en común su escasez, es decir no abundan, es decir deben ser producidos. No pueden simplemente ser tomados y repartidos.

A su vez hay dos formas de producir: de manera voluntaria o compulsiva. La primera soluciona el problema de la escasez mediante un precio que el proveedor recibe y el cliente paga. En la segunda alguien produce porque es obligado directamente a hacerlo (esclavitud) o sufre el desapoderamiento del fruto de un trabajo (impuesto).

Sin incursionar en el aspecto ético (que aún los más pretendidos éticos subordinan a necesidad), el "derecho social" como proyecto ha fracasado en el ciento por ciento de las oportunidades, porque hacer trabajar a alguien para un tercero requiere cuotas cada vez más grandes de violencia y es infinitamente menos productivo que dejar que las personas produzcan e intercambien de manera voluntaria.

Como principio se sostiene sólo en la hipocresía política general. No se vive sin producir nada, sino que todo en definitiva se paga y mucho más caro de lo que se lo pagaría si toda la producción fuera voluntaria.

La conformidad de quienes entienden esta diferencia a través de los años en que lleva de desarrollo la idea de "estado de bienestar", tiene que ver con la consciencia del carácter meramente declamatorio de estas enunciaciones de deseos como si fueran derechos y a la idea de que un poco de producción involuntaria es algo aceptable a pagar para evitar desbordes de los que aspiran a vivir de otros. En definitiva, si el campo de la producción voluntaria es suficientemente amplio, la productividad del país sería suficiente para soportar la carga de cierto reparto compulsivo.

Como análisis contable, pareciera acertado. El problema es que así como la producción voluntaria, a través de los precios, genera incentivos para producir, el reparto genera incentivos para no producir y a la larga, sostenido de verdad como en la Argentina, no puede generar otra cosa que enormes organizaciones proveedoras de lo que el Estado compra: pobreza.

Pero las proclamas del CELS, que han prendido en el kakismo a modo de dogma, colocan al país ante otra encrucijada. Los violentos socialistas de calle, representados por los piqueteros, manifiestan ahora que la no realización de ese imposible llamado estado de bienestar, genera el derecho a protestar con violencia y que en esa protesta pueden cometerse delitos contra la propiedad privada y las instituciones de la república.

Para ver adónde conduce esta combinación explosiva, imaginemos que una convención constituyente estableciera el derecho social a ir a la luna. Y a su vez que la no provisión de esta aspiración autoriza la violencia. Bien, nuestra constitución y los tratados internacionales que se colaron en ella en 1994 consagran algo similar al derecho a ir a la luna: el derecho a sobrevivir a costa de los otros.

A la luna al menos se puede ir, pero suministrar de verdad, sin hipocresías ni interpretaciones ultra restrictivas, los bienes y servicios que esas normas establecen alegremente de manera gratuita, es un imposible ya demostrado demasiadas veces como para que se crea en él. Y cuanto más caos, desorden y falta de derechos haya más lejos estaremos de lograr un estándar de vida general aceptable.

La violencia está autorizada en la Argentina hasta que una utopía vieja y gastada no se realice. Y no hay forma en que las utopías puedan ser llevadas a cabo, por lo que la violencia será parte de nuestra cotidianeidad.

Por supuesto que ni la prostitución ni la venta ambulante encajan tampoco en los conceptos que el CELS considera que autorizan a ejercer la fuerza, pero como demostración de que la subversión es un objetivo que va más allá de las falacias que utilizan para justificarla, el señor Verbitsky ya se ha lanzado a justificar la inacción policial ordenada por el presidente el pasado viernes basándose en su teoría de la "protesta social".

Otro punto falaz para promover la violencia y que tiene la misma fuente destructiva es la satanización de la represión. La represión es la forma en que la fuerza legal detiene a la violencia agresiva de los salvajes. Si la violencia está "justificada" y la represión prohibida, se torna a la primera gratuita, con lo cual se la potencia y enaltece. En nombre todo, claro, de los derechos humanos.

Cuando se habla de piqueteros buenos o malos se hace referencia a las posiciones que estos tienen respecto de las políticas del oficialismo. Pero ambos hacen el juego del kakismo, en tanto la violencia autorizada le ha permitido ya al señor K eliminar el poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires que se disponía a sancionar una norma que no le caía simpática.

Lo curioso es que el Estado y los piqueteros se parecen en algo y es en que a ambos les pagamos para que nos martiricen sin brindarnos ningún servicio útil. Hasta podríamos decir que los piqueteros son menos caros y entorpecen muchísimo menos la economía y el desarrollo que el gobierno. Si tuviera que elegir entre una y otra organización, me quedaría con los piqueteros.

El problema es que los piqueteros encierran un proyecto revolucionario abiertamente marxista para quedarse con el Estado. Ahí sí que sumados podrían multiplicar al infinito su capacidad de dañar.

El viernes, como último paso de una escalada que no se detiene, la violencia autorizada por el poder se apoderó de un poder del Estado de la ciudad. Aunque el hecho fue tratado como uno de tantos que suceden en esta versión kakista de país en serio, constituye un atentado contra el orden constitucional de gravedad y un ejercicio de gimnasia revolucionaria.

El artículo 226 comienza diciendo que "Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales".
Aún cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no sea uno de los poderes del Estado Nacional, sino sólo del Estado de la Ciudad, tal vez el concepto ilustre a nuestro Jefe de Gabinete respecto del sentido que tiene poner una cámara a mostrar cómo se destroza una cuadra donde intenta funcionar un poder republicano.

NUESTRO CINE NACIONAL

Por Néstor Nicolás Gómez

Quitar a unos para dar a otros, conforme a la irracionalidad y a la injusticia, constituye el clásico estilo de los gobiernos totalitarios que a constituciones totalitarias obedecen, que no es el caso de la nuestra, la argentina, porque aun bastardeada por diversas reformas su recta aplicación impide cualquier atropello.

Sin embargo, por resolución del Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales, con fundamento en la Ley Nº 17741 y el Decreto Nº 1405/73, normas groseramente inconstitucionales, se ha dispuesto que desde el 29 de junio del corriente año en todas las salas de exhibición del país se proyecten filmes nacionales, incluso hasta cuando apenas el público cubriere 6 butacas contra cada 100 existentes. Esto es, hay que brindar a cualquier sujeto, siempre que sea de la propia estirpe política o afín nunca un opositor, la posibilidad de producir películas, no importa el bodrio que fuesen, en desmedro de la economía de empresas que son privadas y en perjuicio, también, del bolsillo y del gusto del espectador.

¡Ya ni basta con que los productores-comerciantes de malas o mediocres películas y todos los que les están vinculados, directores y actores inclusive, reciban subsidios y préstamos especiales (que muchos ni deben reembolsarse), exención de impuestos y otras prebendas!

¡Quieren más y siempre más! Se lo reclaman a ese falso mecenas que es el Estado cuando da lo que le quita a otros, y cuyos gobiernos de tipo autoritario pretenden imponer consignas de arte, que estriban, por ejemplo, en el desprecio del capitalismo liberal, de la religión y de las buenas costumbres y en la entronización del hombre nuevo (un obediente servidor de corrientes liberticidas).

Por otra parte, cabe reflexionar sobre el siguiente aspecto: ¿acaso esta actividad nacional de índole empresaria es de tanta singular y relevante importancia como para que deba ser socorrida de continuo con ingentes recursos ajenos a causa de su falta de capacidad para sostenerse en el mercado por méritos propios, en tanto que los vernáculos novelistas, poetas, ensayistas, escultores, pintores, músicos reales, etc., etc. se hallan carentes de apoyo, cuando de verdad sus antiguas y nobles y renovadas artes son de una trascendencia infinitamente superior a la del cine que en lo esencial las copia? En un orden general de valores, si se expusieran enfrentadas las obras de Borges o de Sarmiento con la íntegra producción cinematográfica argentina, para obligar a optar ineludiblemente por la existencia de uno solo de los dos extremos de la alternativa, nadie con honestidad y lucidez podría hesitar en la preferencia. También se me ocurre pensar acerca de que con la misma clase de ideología de quienes desean imponernos el cine nacional podría obligarse a las librerías a comprar para su stock una cantidad de libros argentinos a cuotificar por las autoridades. O a las imprentas a editar cierta proporción de obras nuestras en relación con las extranjeras, y en ese mismo escandaloso y pérfido camino de la cultura a cargo de funcionarios públicos llegaría el momento de rechazar la importación de libros e incluso su producción si son extranjeros y, ¿por qué no, si son argentinos y contienen ideas adversas a las del régimen?
Se llega a comprobar, entonces, que, entre los sedicentes progresistas y los autodeclarados nazis y comunistas de épocas oprobiosas, no existen diferencias sustanciales en lo que concierne a la cultura manipulada por el poder, servidora de la propaganda de los gobiernos.

El canciller Bielsa responde a la Fundación Atlas

La polémica se desató a partir de la publicación en Infobae de la columna de opinión "Los consumidores ni siquiera lo miran por TV" (15 de julio) de Gabriel Gasave, Investigador Asociado de la Fundación Atlas, Analista del Independent Institute (Oakland, California) y profesor de San José State University. Ante ello, el canciller Rafael Bielsa respondió con su artículo "El consumidor anarcocapitalista". A continuación se reproducen las dos piezas.


El Consumidor Ya Ni Siquiera lo Mira por TV
Por Gabriel Gasave


Investigador Asociado de la Fundación Atlas, Analista del Independent Institute (Oakland, California) y profesor de San José State University

Fuente: Infobae, jueves 15 de julio, 2004


Al mejor estilo de los grupos mafiosos de antaño o de los cárteles de las drogas de la actualidad, cuyos jefes cada tanto se reúnen a fin de de limitar territorios y jurisdicciones, establecer a qué se dedicará cada una de las bandas, cuál será su tajada del mercado y cuánto habrán de pagar los ciudadanos comunes en concepto de "protección", ha tenido lugar en estos días en la ciudad de Puerto Iguazú la XXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur, y un encuentro de ministros de Economía y cancilleres en lo que denominó la Reunión del Consejo del Mercado Común.

Por supuesto que la comparación resulta exagerada y sumamente injusta. No podemos dejar de admitirlo. Los mafiosos y los narcotraficantes actúan en contra de la ley y de las instituciones y en ningún momento pretenden estar obrando en aras del bien común ni de la prosperidad de sus pueblos, al tiempo que ellos mismos costean sus viajes y estadías y las de sus cófrades. En el caso de los "mercotraficantes" no solamente los ampara la legislación sino que también somos nosotros los ciudadanos quienes sufragamos toda esa escenografía en la que estos titiriteros bilingües deciden nuestro destino.

Fiel al principio que reza que mejor aún que ser miembro de un cártel es pertenecer al mismo y a la vez traicionar a los demás participantes en provecho propio, las autoridades argentinas anunciaron en estos días la imposición de restricciones a las importaciones de electrodomésticos fabricados en Brasil, fundamentalmente productos vinculados a la denominada línea blanca (a la que a partir de ahora le aguarda por cierto un negro futuro) y a los televisores, pudiéndoseles agregar próximamente otras limitaciones dirigidas a sectores históricamente conflictivos como son los textiles, el calzado, los lácteos, los pollos y los automóviles.

Las medidas propuestas no demoraron en generar repercusiones y en tal sentido la firma Sony ya procedió a interrumpir sus exportaciones de televisores de Brasil a la Argentina, tras la decisión de gravar a los mismos con un impuesto del 21%. Las ventas de la empresa en la Argentina, que totalizaron los 135 millones de dólares en 2001, se redujeron hasta unos 30 millones durante el período que comprende el 2003 y el primer trimestre de 2004.

Al mismo tiempo, los "empresarios" brasileños exigen una reacción más firme por parte de su gobierno para que éste endurezca su posición, criticando a la administración Lula por mantener hasta ahora según ellos "un exceso de diplomacia" frente a su principal socio en el Mercosur. La vieja y bastamente refutada "Teoría de las Represalias Aduaneras" cobra vida una vez más con este nuevo anhelo de vendetta entre vecinos.

Esto evidencia una vez más cómo los consumidores seguimos siendo rehenes de estos cárteles estatales, como el Mercosur, el Alca o la UE, pergeñados con el claro propósito de simplemente correr un poco el alambrado a efectos de que el terreno permita albergar a un rebaño más numeroso de indefensas víctimas.

Aquí no interesan en absoluto los derechos individuales, los gustos y preferencias de los consumidores, nuestras decisiones en el mercado y los premios y castigos que a diario manifestamos con nuestras compras y abstenciones de comprar.

Obviamente todo esto es justificado de una manera más sofisticada y técnica, afirmándose por ejemplo como lo expresara el Jefe de Gabinete que "Lo que tenemos que hacer, frente a un socio como Brasil, es ir corrigiendo las posiciones asimétricas para que la competencia se haga del mejor modo", para agregar que "Tenemos un problema con los productos de Brasil, que compiten de un modo difícil de sostener internamente".

El propio presidente Kirchner manifestó "Cuando pensamos en el Mercosur, pensamos cómo formar el desarrollo industrial en todos los países, no que se desarrolle en uno solo, ..." Seguramente los capos del Cartel de Cali o de Tijuana comulgarían con esta última idea.

En verdad la realidad es otra. Parecería que no contentos con los efectos del cóctel molotov que fueron la devaluación del 300% y la pesificación asimétrica de la economía argentina de comienzos del 2002 -la que no "se produjo" como dijera el entonces Presidente Duhalde, tal como si se tratase de un fenómeno meteorológico o de un suceso sobrenatural, sino que fue "producida" hábilmente por sectores que buscaban con desesperación mejorar a la fuerza su posición relativa y lograr una transferencia de recursos de acreedores a deudores- los parásitos de siempre ahora vienen por más.

El propósito de una medida como la que nos ocupa claramente es el de generar una escasez artificial de los bienes en cuestión para beneficiar a los eternos señores feudales, quienes sin correr riesgo alguno -condición imprescindible para que cualquier actividad se convierta en una empresa- siguen empleando el atajo que los gobiernos de turno les ofrecen para llegar a nuestros bolsillos. Situación que lamentablemente no tiene visos de cambiar mientras el marco institucional siga permitiendo que sea más fácil y más barato -convencer- a un burócrata que invertir en comercialización, en catálogos vistosos o en decorar una vidriera.

De la misma forma en la que los consumidores conocemos mejor que nadie cuáles son nuestras necesidades -dado que las mismas no tan solo son infinitas, sino también puramente subjetivas- también sabemos optar por la mejor alternativa para satisfacerlas. No precisamos que ningún burócrata o político en su afán de corregir "asimetrías" de poder nos aprisione en sus cotos de caza ad-hoc. Si realmente se desea, como se afirma hasta el hartazgo, que la gente viva mejor, no hay mejor medio para alcanzar ese objetivo que el de una apertura irrestricta de nuestras fronteras a fin de que compradores y vendedores, sean del origen que fueren, realicen los acuerdos contractuales que juzguen más convenientes.

Dejemos de darle connotaciones nacionales, o como en este caso supranacionales, a una de las más nobles actividades que se desarrollan en el seno de una sociedad y reconozcamos que el comercio es algo muy importante como para que los políticos jueguen de intermediarios entre las partes que actúan procurando su mutuo beneficio.


El Consumidor Anarcocapitalista
Por Rafael Bielsa


Canciller de la República Argentina

Fuente: Infobae, viernes 16 de julio, 2004


Si algún mérito puede reconocerse al artículo "El consumidor ya ni lo puede mirar por TV", aparecido en Infobae del 15 del corriente, es la consecuencia del autor con sus ideas de siempre, que son, en buena medida, las del ultraliberal Independent Institute de Oakland, California.

El pensamiento de Gabriel Gasave, investigador analista en el influyente y sólidamente fondeado think tank del norte de California, y profesor visitante en el Departamento de Economía de la universidad estatal de San José, en el mismo estado norteamericano, profesa, a ultranza, el catecismo inspirado, antes que en los moralistas Adam Smith y Stuart Mill, en arúspices modernos como Von Hayek y Milton Friedman, cuyas doctrinas el mundo aprendió a través de las realidades del thatcherismo, las reaganomics y el anarcocapitalismo expresado en la "filosofía" objetivista de Ayn Rand: "La mutualidad de los seres humanos debe ser la de los mercaderes, trocando valor por valor y consentimiento por beneficio recíprocos. El único sistema social que pone a las relaciones humanas a cubierto de la fuerza es el capitalismo del laissez faire. Es un sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales, especialmente los de propiedad, y en el cual la única función del gobierno es asegurarles su protección".

Esta concepción del mundo no sólo rechaza toda forma de colectivismo, sino el derecho del gobierno a regular la economía y redistribuir la riqueza.

Al profesor Gasave le parece ilegítimo -lo suficiente como para proponer indisimuladamente un parecido con los acuerdos entre mafiosos- que el Estado argentino, y quienes tienen el mandato de conducirlo, instrumente, en el contexto principista de una integración regional cuyos caminos se van haciendo al andar, medidas meramente ocasionales y apenas compensatorias que, al costo de neutralizar las distorsiones disparadas por asimetrías pasajeras, den lugar a la tregua necesaria para recrear el espacio de la libre y genuina competencia.

Sería para aplaudir

Uno debería suponer que un verdadero liberal, aggiornado y anoticiado de la debacle que dejó en todas partes -en todas- el anarcoliberalismo de los '90, aplaudiría esta actitud, o, al menos, la enjuiciaría con objetividad y en función de sus objetivos. Pero la fidelidad a las creencias tempranamente aprendidas, la coherencia de los que no creen que mudar de opinión tenga que ver con la sabiduría, es, en el caso de Gasave, dominante.

Hace años, cuando era aún prosecretario de la Fundación Atlas "para una sociedad libre" (la figura de Atlas ocupa un lugar central en la producción literaria de Ayn Rand, pletórica de héroes que regresan para fundar un nuevo y saludable orden social basado en los principios del capitalismo de laissez faire), criticó la tímida Ley de Defensa de la Competencia que por entonces había sancionado el Congreso argentino, diciendo cosas tan interesantes como éstas: "pretender prohibir y sancionar la aparición de monopolios en una sociedad es algo tan absurdo como intentar derogar la ley de gravedad, o querer alterar por decreto la órbita lunar".

"Un monopolista natural es aquel que detenta la exclusividad en la oferta o provisión de un bien o de un servicio por la sencilla razón de que los consumidores, mediante su votación en el mercado, lo han colocado en tal posición?... Nada de pernicioso o de negativo tiene esta clase de monopolios.

Son tales por nuestra propia voluntad, pues dado el contexto en que nos desenvolvemos y las ofertas que hemos recibido, el elegido ha resultado ser el mejor."

El discurso de Gasave, en su recentísima aparición periodística, es el del "mercado", o, en un nivel de menor abstracción, el de los "consumidores": los consumidores argentinos, que verán lesionados, por la fuerza de las disposiciones gubernamentales, sus sacrosantos derechos individuales a comprar heladeras, lavarropas y cocinas de industria brasileña, televisores "made (assembled) in Manaus", a precios inferiores, por esos milagros matemáticos de la economía internacional, a los de los fabricantes argentinos.

La ventaja para el bolsillo de los consumidores remanentes en nuestro país tendría como probable contrapartida la quiebra o el cierre de algunas de las fábricas "ineficientes" que se las arreglaron para sobrevivir a la catástrofe de los '90.

Defensa de las fuentes de trabajo

Pero las quiebras y los cierres de fuentes de trabajo, contra lo que afirman creer los devotos de Atlas, no sólo ni siempre las pagan los empresarios: sus consecuencias las sufren la economía nacional y, en un menor nivel de abstracción, los trabajadores... y los consumidores. Porque, si vamos al caso, los trabajadores también son -o eran- consumidores. Como lo fueron, alguna vez, los piqueteros. "Toda nación tiene derecho a tomar aquellas medidas defensivas que estime convenientes", escribió hace poco el profesor Gasave en un artículo que tituló "Ideas de bajo vuelo". La defensa, en el contexto de ese artículo, era contra el terrorismo, y el país cuyo derecho a defenderse se examinaba, los Estados Unidos. Pero no parece ilícito interpolarla en el contexto aquí tratado.

Seamos objetivos, profesor Gasave. También nosotros, los argentinos, tenemos derecho a defender a nuestras maltratadas industrias, a nuestros empobrecidos obreros, y, aunque usted no lo crea, a nuestros consumidores. Y a hacerlo en beneficio de las mayorías, no a expensas de alguien en particular.

EL TERRORISMO FUE RESPONSABLE DEL ATENTADO CONTRA LA AMIA

Por Víctor Eduardo Lapegna

¿Quiénes fueron los responsables del atentado terrorista contra la AMIA del 18 de julio de 1994?
Los mismos que antes fueron responsables del atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992.
Los mismos que después fueron responsables de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y en Washington o del 11 de mayo de 2003 en Madrid.
Los responsables esenciales de esos ataques son las organizaciones terroristas y los estados que les protegen, quienes desataron la nueva guerra global de esta nueva sociedad del conocimiento, que sucedió a la guerra fría que signó la última mitad del siglo XX y se correspondió con la última fase de la sociedad industrial.
Aunque existen muchas diferencias entre aquella guerra fría y esta guerra lanzada por los terroristas, el enemigo que tenían quienes fueron derrotados en aquella contienda y el de los que iniciaron esta nueva conflagración es el mismo: la democracia política y la economía capitalista, que tienen ambos el presupuesto y la condición de la libertad.
Los nombres y las formas de organización que adoptan las fuerzas terroristas son varias y diversas, pero eso no es lo esencial.
Lo que les identifica y el eje fundamental de su combate es la definición acerca de quienes son sus enemigos: todos los que defienden un sistema político y un sistema económico basados en la libertad y en la justicia.
Por eso los terroristas atentaron contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en 1992 y en 1994.
Porque en la Argentina de esos años se procuraba construir en paz una democracia capitalista, en el marco de una sociedad en la que convivían en amistad una numerosa comunidad de origen árabe e islámico de la que procedía quien por entonces ocupaba la Presidencia de la Nación y una numerosa comunidad judía cuyo máximo dirigente en esos años expresaba posiciones afines a la democracia capitalista.
Esa Argentina cuyo gobierno había decidido participar en la Guerra del Golfo contra Irak por la invasión de Kuwait, esa Argentina cuyo gobierno asumía una posición de firme defensa del derecho de Israel y de los israelíes a vivir en paz y también del derecho de los palestinos a tener su territorio patrio y vivir pacíficamente en él y se mostraba dispuesto a colaborar en todas las negociaciones que condujeran a ese doble objetivo.
Esa Argentina podía ser un peligroso ejemplo contrario a los falaces discursos de los terroristas y es por eso que resolvieron cometer los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.
Si fuera a creer uno en muchos de los discursos que se oyeron y de las notas que se publicaron en estos días con motivo del décimo aniversario del ataque a la AMIA debería suponer que lo que escribimos antes, datos de la realidad que vivimos todos los argentinos, en realidad no sucedió.
Habría que concluir que aún no se sabe quienes fueron los responsables de los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, pero que entre los principales sospechosos están el ex presidente argentino, Carlos Menem y varios funcionarios de su gobierno; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja e incluso el ex primer ministro israelí Yitzak Rabin.
Debería bastar el sentido común para aceptar que todos los mencionados fueron víctimas de los atentados y bajo ningún punto de vista responsables de ellos.
Pero está visto que el sentido común escasea entre la mayor parte de los que pronunciaron discursos y escribieron artículos con motivo del décimo aniversario del atentado a la AMIA.
Lo más triste es que, al pretender tornar a algunas de las víctimas en responsables del atentado, quienes obran así tienden a brindar una nueva victoria política a los criminales terroristas sin reivindicar debidamente la memoria de las 29 personas que murieron en el ataque a la Embajada y las 85 que perecieron en el atentado contra la AMIA.Reconstruir la democracia política y el capitalismo en un clima de pacífica convivencia entre argentinos-árabes y argentinos-judíos que fuera parte de la unión nacional en torno de un proyecto de vida en común sería el mejor homenaje que podría hacerse a esas 114 víctimas de la batalla que libró en la Argentina el terrorismo como parte de su guerra global contra la democracia, el capitalismo y el derecho a vivir en paz y libertad de todas las personas.

lunes, julio 12, 2004

¿Dónde está la plata señor K?

Una década de ejercicio del gobierno de Santa Cruz por parte del señor K, y algo más de un año al frente de la presidencia de la nación, hicieron falta para que se dé una información oficial sobre el destino de más de 600 millones de dólares (cifra original) que la provincia recibió en concepto de regalías atrasadas por parte del gobierno nacional, en ese entonces a cargo de Carlos Menem (apodado por el señor K "el Sebastián Elcano de la Patagonia").

Sabemos ya, de boca del sucesor de K al frente de la provincia patagónica, que los 600 millones, después de una década de inversiones, se convirtieron en 510 millones. Esa es la cifra que, según Acevedo, fue girada desde Luxemburgo a dos bancos suizos, donde se aguarda la salida de la Argentina del default para repatriarla. En la versión oficial, la transferencia implica un riesgo de embargo por parte de acreedores y esa sería la justificación de por qué no se cumple la promesa de volverlos a traer al país.

La explicación es algo tonta, dado que se trata de dinero de la provincia y no de la nación, que es quien está en default con sus acreedores, como ya han señalado dirigentes opositores. En segundo lugar porque Acevedo corrió el riesgo ya al transferir el dinero desde Luxemburgo y pudo haberlo devuelto al país de la misma manera.

El gobernador de Santa Cruz también "explicó" que el dinero se reserva para ser invertido en obras públicas. Santa Cruz mientras tanto recibe ayudas del tesoro nacional previstas para situaciones de emergencia. Pero el punto principal que demuestra que se esconde información al respecto, es que aún con el dinero depositado en Suiza, la provincia podría utilizarlo haciendo pagos en ese país para hacer las obras que hicieran falta.

Las mayores explicaciones no las debe el señor Acevedo, sino el presidente de la nación. El fue el responsable de esos fondos y ahora es responsable de los fondos nacionales. Podrá el gobernador de Santa Cruz considerar que el asunto es sólo de la incumbencia de la provincia (y si quiere ser coherente con ello, otorgar a la oposición interna toda la información que se le negó por diez años), pero lo que no es un problema provincial, es que tenemos un presidente que no se sabe qué hizo con seiscientos millones de dólares que hoy se redujeron a quinientos. Ese presidente, con semejante antecedente, es responsable hoy de las arcas de la nación.

En realidad la oposición calcula en el doble el dinero que debiera ser devuelto a la Provincia de Santa Cruz. La provincia cobró regalías por 654 millones de dólares. De esa cantidad invirtió 290 millones en acciones de YPF, que vendió seis años después a 670 millones de dólares (operación sugerida por el ex ministro Domingo Cavallo). Eso suma 1034 millones de dólares que con intereses tendría que alcanzar mucho más que esa cifra. Esa es la suma que según el senador Carlos Prades el señor K debería estar devolviendo a la provincia.

Todas estas diferencias podrían zanjarse por la fácil vía de mostrar todos los papeles. De ellos debería surgir con toda claridad dónde estuvieron los fondos, a qué tasa, durante cuánto tiempo y a nombre de quién. Este es un punto crucial. Depositar dinero público en una cuenta privada equivale a apoderarse de ese dinero. Dicho en criollo: robarlo. Importa muy poco si se lo pensaba devolver. Se ve al menos que desistimiento voluntario no hay, porque la plata no aparece. Si en alguno de esos movimientos el dinero estuvo a nombre de otro que no sea la provincia de Santa Cruz, podríamos decir que estamos ante el caso de corrupción más grande de la historia argentina, superando inclusive al caso de las coimas en el senado de la nación, que pasaría a un segundo puesto.

Especulaciones han circulado libremente sobre qué pasó con ese dinero. Sean ciertas o no, el ocultamiento de información por parte del presidente y su gobernador que prometió durante la campaña repatriar los depósitos y ahora sale con el cuento del resguardo ante el default, hace sospechar irregularidades mayúsculas y constituye de por sí motivo de alarma. Se habló de compra de bonos defaulteados de Rusia, se habló de depósitos en Cuba. También podríamos especular con el deseo de que se cumplan plazos de prescripción. Quién sabe. Importa poco, la reticencia a informar y a mostrar todos los movimientos nos da plena seguridad en cuanto al manejo non sancto de este negocio provincial.

El episodio es digno de un nido de víboras, de esos que provocan renuncias de ministros. Cuando se autorizó la salida del país de ese dinero, que dicho sea de paso fue una buena decisión, también se dispuso la creación de una comisión de seguimiento. No se formó nunca tal comisión y recién ahora Acevedo envía información al Tribunal de Cuentas, que seguramente obedecerá a las necesidades políticas del presidente con el mismo entusiasmo que el gobernador.

Las derivaciones de este affaire pueden ser muchas, no sólo a nivel provincial. Recordemos lo ocurrido a Fernando Collor de Mello en Brasil, cuando una pequeña punta de ovillo condujo a descubrir serias irregularidades en la obtención de fondos de campaña por parte del presidente. Esas maniobras no tenían siquiera que ver con el ejercicio del cargo del que fue destituido, pero era evidente que no podía permanecer en él después de semejante escándalo.

Curiosamente Collor de Mello ejerció el poder también enfrentando sin provecho a las estructuras políticas existentes. Era un verdadero outsider (es la única diferencia con K) que confió su suerte al alto índice de popularidad del que gozaba. Los enemigos que supo ganarse en su corto mandato esperaron estoicamente su oportunidad, soportando a Collor debido a su alta popularidad. Pero el escándalo barrió absolutamente toda simpatía pública y el proceso de destitución no encontró después ningún obstáculo.

En realidad, que eso ocurra al señor K, o cualquier otra derivación grave del asunto de los desaparecidos fondos de Santa Cruz, depende de la absoluta transparencia con la que muestre al país lo que hizo día por día con el dinero y dé una explicación razonable y creíble más allá de cualquier duda, respecto al ocultamiento de los pormenores de estos negocios provinciales.

El gobierno reprimió "la protesta social"

Los actos de masas, invención de los regímenes totalitarios, fueron inaugurados en la Argentina por Juan Domingo Perón, pero nunca abandonaron el folclore político local. Son parte de la vida política que padecemos.

En gran medida son la puesta en escena de una popularidad supuesta. Generan la apariencia de apoyo masivo al führer, al líder. Cuando ya deja de ser necesario mantener la apariencia porque todo el mundo conoce el juego, los organizadores se creen que sus propósitos propagandísticos adquieren la jerarquía de "derecho". Por ejemplo, nadie que no sea oficialista podría ocupar los lugares cercanos al palco que permiten a la supuesta concurrencia espontánea gritar loas al poder. Si el acto fuera de verdad espontáneo y significara el agrado popular con la línea de gobierno, quién ocupa qué lugar en el acto, sería intrascendente.

Con ese primitivismo que caracteriza a nuestra política, el gobernador de Tucumán José Alperovich organizó un acto frente a la casa de gobierno para festejar el 9 de julio y ofrecer un espectáculo de alabanzas al presidente K.

El problema surgió cuando un grupo de piqueteros de la "Corriente clasista y combativa", el "Polo obrero" y empleados estatales, decidió culminar una "marcha de la bronca, a pata y pulmón", justo debajo del lugar donde hablaría Kirchner y donde se suponía que debía haber gente que festejara sus insultos del día.

Derecho a estar en ese lugar lo tenían todos, estén a favor o en contra del gobierno. El acto era público, oficial y además se conmemoraba una fecha patria. Pero parece ser que el oficialismo considera que existe un derecho humano a que los actos sean oficialistas y entonces se decidió "reprimir", pero no tanto con las fuerzas legales de la policía, sino con los piqueteros amigos que fueron enviados a desalojar a los piqueteros "malos" (los no oficialistas) a los palos.

Ese fue el origen de la trifulca que obligó a hacer el acto a puertas cerradas y convirtió el acto de masas en un acto a los mazazos.

De estos acontecimientos nos venimos a enterar que en realidad el gobierno sí está dispuesto a "reprimir la protesta social", pero sólo cuando se tocan sus intereses políticos. No hay problema en quemar empresas, ocupar locales comerciales, destruir la propiedad privada o impedir la libertad de tránsito, pero existe tolerancia cero cuanto se trata de rozar los intereses o la auto-estima presidencial. La fuerza será usada, pero nunca en defensa nuestra, sino sólo de los intereses de la facción gobernante.

Simultáneamente el "garantismo" alegado por el gobierno sufrió una de tantas contradicciones cuando el diputado montonero Miguel Bonasso, con actitud de hijo del comisario, impulsó a la siempre lista Juez Servini de Cubría (antes denominada por Verbitsky Servil que Cubría, ahora una favorita, tal vez por la misma característica) a detener a Gonzalo Alsogaray y allanar su domicilio y su lugar de trabajo, alegando haber recibido de él mails amenazantes. El delito de amenazas no amerita la detención de nadie, menos cuando se lo detuvo y se lo dejó en libertad sin siquiera tomarle declaración, con lo que todo indica que el único propósito del operativo era disciplinarlo. Gonzalo Alsogaray se quedó sin trabajo y lo único real de la denuncia de Bonasso fue que ambos se propiciaron injurias por vía electrónica, pero no había ninguna amenaza. Las injurias mutuas no son siquiera punibles. Encima en el caso de las injurias contra Bonasso, el llamarlo montonero, se trata de una pertenencia que él reivindica con orgullo.

Esto nos ayuda a caracterizar al gobierno del señor K, que más que garantista o autoritario, más que tolerante o intolerante con la "protesta social", más que simpatizante o no de desmanes en la vía pública, se trata de un gobierno faccioso; esto es, que actúa o deja de actuar de acuerdo a los intereses particulares de su grupo.

El resultado es una forma de anarquía, puesto que si el grupo gobernante deja de ejercer el poder para el conjunto y sólo lo hace en su propio beneficio, el país deja de tener gobierno. Una de las consecuencias es que produce un vacío que otros querrán llenar. Los mensajes del kakismo a la sociedad son unívocos: defiéndanse solos porque los resortes del Estado están pura y exclusivamente para resguardar los intereses del oficialismo.

Ese vacío grande que se produce por una sociedad indefensa se llena luego con todo tipo de organización para-estatal, pero el oficialismo se equivoca si cree que provocará este caos sin consecuencias para sí mismo.

En la irresponsabilidad oficial, el ministro de Justicia y Seguridad es casi el mejor alumno en materia de sofismas y así se ha sumado a decir que no intervienen ante los destrozos y daños piqueteros para evitar un mal mayor. Imaginemos lo que sería el mundo si todos los encargados de seguridad del planeta dijeran las mismas estupideces que sólo en la Argentina un ministro puede decir durando más de un minuto en el cargo. Pero entendamos lo que el ministro en verdad quiere decir: el único mal mayor que existe a todos los daños que los piqueteros causan al país y a la gente común, son los intereses de la facción que ocupa el poder.

Volver a liberarnos como en 1816

De Infobae.com
Por Catalina Weiss



La Declaración de la Independencia fue un acto de valentía, un movimiento patriótico que surgió del sentimiento más profundo de aquellos hombres que se reunieron a los nueve días del mes de julio de 1816 en el Cabildo de Tucumán. Pero la Argentina de 2004 tiene que lograr liberarse de otras dominaciones

Fueron las provincias las que se unieron para desligarse de España, tratando de mantenerse unidas en uno de los momentos más críticos que vivió el país.

Significaba un gran compromiso, el rechazo de una realidad adversa y el comienzo de una nueva etapa de serios interrogantes.

Para lograr todo esto tuvieron que mantenerse unidos, tratando de interponer el valor de la independencia frente a los intereses de los muchos grupos que dominaban el territorio argentino. Lo que distinguía a esa sociedad de la actual era su poder de síntesis, donde el concepto de nación prevalecía ante todo.

Hoy los intereses parciales y de algunos grupos se enfrentan con esta libertad.

A diario se observan conflictos, marchas, manifestaciones que, en vez de acercar soluciones, se alejan más del objetivo común. Alientan con una pasión desmedida que separa, sin detenerse a pensar y a reflexionar que sin unidad no existe la verdadera nación que soñaron aquellos líderes argentinos de la independencia.

Según el periodista y abogado José Benegas: "El del 9 de julio fue un acto casi simbólico y lo único que pudo rescatarse de un proceso que se inició con la Asamblea del año 13 y culminó con la Constitución unitaria y monárquica del 19. Pero la Argentina nació después; en 1853 cuando ese propósito de hacer de la Argentina un país, puso el acento en las instituciones y la libertad de los individuos." Además destacó esta fecha como un hito histórico pero aislado en medio de una época de gran desorientación, aclarando que ese haya sido tal vez el mayor parecido con la época actual.

Lo cierto es que el único proyecto exitoso en lo institucional es el que comienza con la Constitución Nacional. Tan así es que más tarde ese camino también se abandona y no por casualidad la Argentina, pese a soñar todo el tiempo con su independencia externa, construye dependencias internas y vuelve a la situación anterior a la organización nacional. "En 1816 dijimos que queríamos ser algo, y en 1853 encontramos algo serio para ser. En 1816 nos proclamamos libres de España y en 1853 nos liberamos de nuestros liberadores.", sostuvo Benegas.

A este testimonio se le sumó el pensamiento del historiador José Ignacio García Hamilton, que hizo hincapié sobre el tema de la sociedad de la revolución y la actual con un proverbio anglosajón que dice: "Los mendigos no eligen." Aquel que tiene carencias no puede elegir libremente, el 9 de julio es el día patrio en donde se da el primer paso hacia la libertad.

La década entre 1853 y 1930 mostró un crecimiento tanto económico como social, que luego declina en los años siguientes hasta llegar a la actualidad. Los países americanos que se independizaban tenían una sensación de que en su continente todo era posible, existía una utopía idealista que disfrazaba hasta las peores situaciones.

"Somos un pueblo sin esperanzas, sin principios y con un conjunto de valores que involucionan a medida que pasa el tiempo", agregó Hamilton. La dependencia ya no es con España sino que fue reemplazada por la propia incapacidad de los argentinos, el idealismo fue dejado de lado para poner las miserias humanas y sus limitaciones antes que los desafíos nacionalistas. "El hecho de no poder satisfacer las necesidades de los habitantes, la pobreza, el hambre y sobre todo la deuda que Argentina tiene con los países del extranjero, nos transforma cada vez más en dependientes y nos aleja de la libertad." dijo.

Y para terminar el tema, Benegas agregó que en el 2004 ya no dependemos de nadie como país, "pero no abandonamos la tendencia a buscar dependencias fantasmas, cuando el verdadero camino de la libertad y la construcción de un país grande está en poner al Estado en su lugar y dejar de poner esperanzas en unos líderes épicos que sueñan por nosotros y transforman nuestra vida en pesadilla."

lunes, julio 05, 2004

¡Estamos hartos!

En un país un terremoto destruye una ciudad. Desde el ministerio de relaciones exteriores de otros países llegan mensajes de condolencias y preocupación por las consecuencias del fenómeno. Otro país sufre un atentado terrorista en el que pierden la vida varias decenas de civiles. Las embajadas acreditadas envían al gobierno local palabras de aliento y condenan a los autores. Tal vez inclusive sugieran medidas para mejorar la seguridad internacional frente al terrorismo. Los países en serio, reciben esos mensajes agradecidos.

En cambio cuando el gobierno de ese país está involucrado en las desgracias que sufre la población la cuestión cambia. Si en lugar de un terremoto, los habitantes son víctimas de olas delictivas ante las que el Estado expresamente se retira o reacciona descuartizando las fuerzas de seguridad que deberían detenerlas, o se ejerce violencia política (llamada "social") gozando de la simpatía oficial, las palabras que llegan desde el exterior tienen otro peso y son tomadas como una agresión.

Lamentar el terror delictivo-piquetero que el gobierno del señor K permite, amparándose en que los crímenes marxistas ("protesta social") gozan de amparo como "derecho humano" o incluso fomenta (cuando se trata de sus propios piqueteros actuando como policía política del régimen), quien hable en contra de esos fenómenos habla en contra del gobierno.

Las palabras de gobiernos o personas del exterior sobre asuntos que ocurren dentro del país son siempre una intromisión. Pero no toda intromisión debe ser rechazada. Hablar en apoyo a la población que sufre un cataclismo natural o el cataclismo de un gobierno agresivo, delirante y favorable a la violencia y el delito debe ser siempre bienvenido.

Cuando Estados Unidos exhorta a respetar las libertades del pueblo cubano habla a favor de Cuba, aún cuando lo haga contra su gobierno. Cuando Roger Noriega exhorta a controlar los exabruptos piqueteros, habla a favor del pueblo argentino y el gobierno al darse por aludido, se coloca del lado de los agresores. No puede extrañar, porque después de todo se identifica con organizaciones armadas que en décadas pasadas operaban para gobiernos extranjeros promoviendo la revolución marxista. ¿Nunca se hartó el señor Bielsa del entrenamiento, las armas y el financiamiento que la Unión Soviética y Cuba suministraron a la organización Montoneros de la que formó parte?

La queja que sí debiera recibir Roger Noriega es respecto de la manera en que los Estados Unidos fomentan y financian indirectamente esa violencia de la que por acción u omisión es responsable el gobierno argentino.

Si el país del norte no cobrara impuesto a las ganancias a sus ciudadanos, para después desgravarlo a favor de organizaciones que fomentan la ultra izquierda delirante local y le proveen de toda su tecnología subversiva, sería difícil que la Argentina estuviera viviendo sus extravíos actuales.

La Fundación Ford provee millones de dólares a distintas organizaciones de ultra izquierda en Latinoamérica y además es sostén de la versión norteamericana de Amnistía Internacional, denominada "Human Rights Watch". Esta ONG y la delegada de la Ford en la Argentina, el CELS dirigido por el ex jefe de la inteligencia de la organización Montoneros Horacio Verbitsky, principal consejero presidencial, entre otras agresiones a la Argentina, inventaron el concepto de la "protesta social" como eximente de responsabilidad penal. A través de organismos de derechos humanos con los que prácticamente se confunden como la Organización de Estados Americanos, presionaron a este gobierno y al de la Alianza para que no "criminalizaran" los delitos que los militantes marxistas de calle cometían para dar un fundamento a sus pedidos, que no pueden dar con votos dentro del sistema.

No fueron los piqueteros, ignorantes, carne de cañón, verdaderas ovejas, los inventores de la tecnología maléfica que santifica con argumentos pseudo-jurídicos sus acciones. El invento salió de Washington DC, de la organización Human Rights Watch, de la Fundación Ford y del CELS.

A esas organizaciones les debemos también la captura al Poder Judicial que concretó el señor Kirchner y que significó para la población de la Argentina, perder el derecho a una justicia imparcial, garantizado no sólo por la Constitución Nacional sino por el artículo 10 de la declaración universal de los derechos del hombre. Human Rights Watch fue punta de lanza, codo a codo con el CELS, para empujar y convalidar la sumisión del Poder Judicial al poder político en la Argentina. Promovieron también el quiebre del sistema jurídico fomentando aberraciones como las anulaciones de las leyes de perdón.

Las políticas llamadas "garantistas", en realidad protectoras de delincuentes, también fueron fomentadas por esas organizaciones. Las teorías del señor Zaffaroni no hubieran tenido el éxito que tuvieron si el CELS no las hubiera fomentado en todos los ámbitos y de todos los modos posibles. Promoviendo cursos, viajes, "trabajos de investigación"; paciente y eficientemente logró torcer el modo en que se enseña derecho penal en las universidades y el modo en que los jueces lo interpretan, convirtiéndolo en una justificación del delincuente basada en la ausencia de socialismo. El argumento es más o menos así: Los criminales roban porque no roba el Estado por ellos.

El CELS también es promotor de todas las oleadas "indemnizatorias" que hicieron rica a la ultra izquierda argentina por el hecho de haber provisto a su benefactor, el Estado argentino, de terror y muerte.

La Fundación Ford a través de Verbitsky, mediante el suministro de muchos millones de dólares, posee una extensa trama de ONGs y personas a las que mantiene directa o indirectamente y que conforman una red de enorme influencia en el ámbito de la prensa, la educación, la justicia y ahora también actuando como policía política del gobierno del señor K en el Estado, diciendo quiénes son los empresarios, los periodistas, los policías o los miembros de las fuerzas armadas buenos o malos (siempre al revés, claro).

Las principales políticas que afectan a la Argentina son impartidas por organizaciones extranjeras y dineros extranjeros. Otros financiadores de actividades de estos grupos son los organismos de crédito multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID que financian cualquier cosa con el supuesto propósito de congraciarse con todo el mundo. Y lo hacen con dinero de los Estados Unidos. Aunque Roger Noriega y el gobierno de George Bush no sean directos responsables, harían mejor en lamentar lo que hacen individuos, ONGs de su país u organismos internacionales con su dinero para resquebrajar el orden y promover la violencia que les preocupa, que perder el tiempo en cruces verbales con un Canciller que recibe con beneplácito las intromisiones extranjeras viciosas y rechaza las beneficiosas.

El CELS es el corazón del partido transversal que sostiene al señor K. Ya no existe la Unión Soviética ni Cuba está en condiciones de financiar aventuras revolucionarias. Pero la nuestra sigue recibiendo fondos sólo del socialismo. No del socialismo encaramado en un gobierno, pero sí de despropósitos estatales: El impuesto a las ganancias de los norteamericanos y las "indemnizaciones" por "derechos humanos" (con orígenes irregulares como ya hemos tratado en El disidente). La otra fuente posible de financiamiento de revoluciones también es debida a despropósitos estatales: la política mundial de persecución a las drogas convirtió a los productores de estas sustancias en un imperio paralelo capaz hoy en día de tener ejércitos propios como las FARC. Hacia allá vamos.

Los otros noventa, desplumados

Los noventa pasaron a ser una nueva década mítica, junto con los setenta. Reescribir la historia en la Argentina se está haciendo cada vez más fácil porque se lo hace cambiando el sentido de sucesos más recientes.

Se habla mucho del gobierno cuando se habla de esa década pero poco de la oposición, que jugó un papel fundamental. Durante todo ese período se fomentó implícitamente un sistema de valores que debería servir ahora para juzgar al post noventismo y enterarnos así si de verdad se creía en ellos o fueron un verdadero engaño.

El anti-menemismo enarbolaba estas banderas:

1) La lucha contra la pobreza.

2) La lucha contra la corrupción.

3) La independencia de la prensa.

4) La independencia de la Justicia.

5) La calidad institucional.

6) La perfección de las privatizaciones.

Veamos:

1) Los índices de pobreza en lo que va de la era post noventista se multiplicaron. En la etapa más antinoventista, la posterior a de la Rúa, la pobreza extrema alcanzó a la mitad de la población. En la actualidad no cede, a pesar de la recuperación económica. La creciente violencia piquetera y el aumento del delito se justifican desde el poder en ese índice, por lo que no es necesario abundar en la cuestión.

2) La corrupción, no sólo no cede sino que los escándalos adquieren dimensiones descomunales. Nadie logra que el presidente de la nación, nada menos, muestre los papeles que acrediten el destino y los movimientos de setecientos millones de dólares girados al exterior por regalías petroleras (recibidas gracias a las maléficas privatizaciones). Sin mayor escándalo la señora Carrió acusó al ministro de Vido, mano derecha (o izquierda) del señor K de ser el cajero (recaudador de coimas) oficial. Grandes negociados que hubieran provocado ríos de tinta en otras circunstancias, como la adjudicación directa a la empresa para-estatal Techint del gasoducto del nordeste, con tasa de rentabilidad asegurada incluida, transcurren en este gobierno como si fueran una gran noticia.

3) De la independencia de la prensa no queda mucho. Desde la propia Alianza, donde buena parte de la corporación periodística formó parte de la coalición de gobierno o lo amparó hasta los últimos meses de forma bastante grosera. Con Duhalde la relación pasó del amor a la prostitución y con K la prostitución se hizo algo más sado masoquista.

4) Sobre la calidad institucional habría que contabilizar el record de decretos de necesidad y urgencia dictados por el señor K, convirtiendo al Congreso en un aparato de convalidación de algunas medidas fáciles de obtener. La anulación de leyes por el Congreso y siguiendo órdenes del Poder Ejecutivo. El ingreso de organizaciones financiadas desde el exterior, como el CELS, a distintos ámbitos del Estado para actuar como policía política interna no puede dejar de mencionarse. Las políticas de destrucción de instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía, con un fuerte contenido irracional y con parámetros caprichosos y arbitrarios. El trabajo abiertamente anti-opositor hecho desde la llamada Oficina Anticorrupción. Todos estos horrores superan cualquier límite habido en el país con anterioridad.

5) De la independencia del poder judicial queda poco. No sólo por lo ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y el modo en que los conjueces, presidentes de las cámaras federales de todo el país, entregaron todo lo que había por entregar en el caso Moliné O´Connor, sino por el manejo impropio que el ministerio de justicia hace de la Justicia Federal en función de sus intereses políticos. Jueces de Suiza y Chile le dicen no reiteradamente a la Argentina, demostrando un apego al derecho que no tienen los propios magistrados del país. El procedimiento llamado de auto-limitación para designar jueces anunciado por el ministro de Justicia demostró ser un engaño ante la indiferencia a las graves objeciones que se hicieron respecto de todos los candidatos presentados por el Poder Ejecutivo. Uno de los episodios más graves fue el sufrido por la Juez de instrucción María Angélica Crotto, quién tomó intervención en el caso de la toma de la comisaría 24 por parte de las fuerzas piqueteras del señor K, ordenando la detención de los ocupantes. Acto seguido el subsecretario de seguridad interior José María Campagnolli, derivó la causa a un juez amigo, Norberto Oyharbide, que no era competente, pero no dispuso ninguna detención y después de unos días en los que sólo hizo declaraciones altisonantes y enfrió el asunto, devolvió la causa a la justicia de instrucción. Maniobra propia de país bananero, tal vez de Catamarca, de Santiago del Estero o de Santa Cruz, pero que nos llega de manos de los sedicentes defensores de una justicia más independiente. El propio gobierno asustado por las consecuencias de esta maniobra deleznable, trata de circunscribir responsabilidades: "...La denuncia de la jueza María Crotto (de que en la madrugada del sábado 26 la policía derivó la causa al incompetente juez federal Norberto Oyarbide luego de que ella ordenara detener a los civiles que permanecían dentro de la seccional 24) no parece dirigida a alargar la vida política de Quantín y del subsecretario de seguridad, José M. Campagnolli. La ansiada mejora de la calidad institucional no es compatible con este tipo de manipulaciones más propias del menemismo..." Esto decía el propio Horacio Verbitsky sobre el episodio en su columna dominical en el diario oficial Página 12.

6) De las privatizaciones se decía que tenían el defecto de haber sido monopólicas. En el caso de ENTEL, el monopolio terminaba en el año 2000, pero fue prolongado sine die por la Alianza por la insólita vía de la regulación de la desregulación. En el caso del resto de las empresas no se siguieron políticas de desregulación, sino al contrario, hoy por hoy responden militarmente a los deseos oficiales con el mismo monopolio.

Todas estas varas con las que los noventa fueron mirados, las quebraron en los 2000 con creces quienes las esgrimían, porque no eran enarboladas con sinceridad sino sólo como instrumento de lucha política.

Sin embargo en su mayoría estas parecen ser aspiraciones que tienen más que ver con la derecha que con la izquierda. Tal vez por ello, vacías de contenido y despojadas de su real sentido, encantaron por igual a derechas e izquierdas.

El gobierno del señor K ofrece en ese sentido una oportunidad de clarificar el panorama político y limpiar la discusión de ideas. Una nueva derecha tiene una oportunidad histórica de recoger del suelo las banderas que le son propias, dotarlas de su verdadero significado para despojarlas de la visión que lo políticamente correcto otorgó de ellas y convertirlas en un programa de gobierno alternativo serio, capaz de convocar tan transversalmente a la población como la convoca el oficialismo en sentido contrario.

La pobreza se supera con producción, no con políticas de reparto que la fomentan y la consolidan. La lucha contra la corrupción se hace con políticas de desrregulación y el establecimiento de procedimientos legales y debidos, no señalando a los enemigos. El juzgamiento de personas en particular corresponde a los jueces y no es una cuestión política ni mediática. Un estado omnipresente liquida la libertad de prensa porque hace depender al periodismo de los recursos oficiales. La calidad institucional está expresada en reglas de juego contendidas en la constitución y que no pueden funcionar bajo el esquema de un estado repartidor que corrompe el sistema. La independencia del poder judicial no se construye desde la política hecha por gente "mejor" sino que es una consecuencia de años acumulados de no intervención.

Las conversaciones entre Lopez Murphy y Macri parecen una buena noticia en ese sentido, pero no son suficiente. Desde Recrear surgen resquemores por el acercamiento de Macri al peronismo. Recrear tiene sus propios pecados al incluir bastante radicalismo, que no es menos responsable en la destrucción del país. Pero es casi matemáticamente evidente que una fuerza que pueda oponerse al oficialismo de verdad deberá capturar simpatías de algunos peronistas y radicales además de la derecha que se hace llamar centro y que aspiran a liderar los dos interesados. La pureza de ideas no tiene sentido asumirla cuando ni Recrear ni la facción de Macri la representan. En la medida en que no son partidos ideológicos que podrían cumplir otro papel, los resquemores "históricos" deberían abandonarse. Tal vez así, más allá del valor que tengan sus candidatos, pueda formarse un ámbito que esclarezca el panorama y nos haga pensar que la Argentina pueda ser algún día un país normal.

¿LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ BAJO CONTROL?

Por Ricardo A. Molina


El ministro de economía Roberto Lavagna ha señalado, a través de medios de prensa, que la crisis energética está bajo control y que esto se logró porque el Gobierno puso en práctica "las decisiones que había que asumir".

Estas declaraciones pretenden ocultar a la opinión pública cuáles fueron esas decisiones y cuáles fueron los costos de las mismas. Costos que inevitablemente deberemos pagar todos los argentinos, ya sea en forma de ajustes tarifarios, o de mayor presión impositiva, o de mayor endeudamiento, o de mayor inflación.

Vale la pena repasar las decisiones que asumieron:

1) Importar fuel-oil de la "hermana República Bolivariana de Venezuela", mediante un mecanismo de intercambio compensado con productos argentinos. El fuel-oil de origen venezolano fue rechazado por las autoridades competentes por su baja calidad, y en su reemplazo tuvieron que traerlo de una planta de los Estados Unidos. Ese reemplazo demoró el inicio de la operación en casi treinta días. Ahora el Secretario de Energía reconoce que el precio de ese fuel-oil es más caro que el brasileño, y dispuso lanzar una licitación pública internacional para una nueva importación de fuel-oil. También parecería que el mecanismo de intercambio compensado tampoco funcionó y tendremos que pagar el precio internacional con divisas.
2) La demora en la recepción del fuel-oil venezolano, obligó ?para no interrumpir el suministro a centrales de generación eléctrica y a sectores industriales claves para la economía- a continuar suministrando gas natural a los grandes usuarios a precios pesificados y congelados.
3) Para compensar estos suministros se decidió cortar las exportaciones a Chile, afectando no sólo las relaciones bilaterales que tanto habían costado construir, sino también nuestra credibilidad en el cumplimiento de contratos de largo plazo.
4) Importar gas natural de Bolivia. Según las declaraciones iniciales de los funcionarios ese gas natural tendría un costo para la Argentina de u$s 0,98/MMBtu. Ahora, según fuentes informales, se sabe que el costo es de alrededor de u$s 1,60/MMBtu en la frontera. Sería interesante disponer de información oficial que indique el precio real que se está pagando y cuál es el monto total de los subsidios estatales que esta operación significa.
5) Importar energía eléctrica de Brasil a precios internacionales, mientras que los precios de los generadores locales sigue congelado y pesificado.
6) En Abril del 2004 se dispusieron aumentos en el precio del gas en boca de pozo, que para la cuenca Austral es de alrededor del 150%, y cuya aplicación es escalonada hasta Julio de 2005. Ya en Mayo se produjo el primer aumento que rondó el 50%, en Octubre viene el próximo.
7) En Mayo de 2004 se puso en marcha el PURE, Programa de Uso Racional de la Energía, cuyo efectos aún no se conocen en las estadísticas oficiales y cuyos costos, ya devengados, todavía no han sido advertidos por la población.
8) En el mes de Junio de 2004 se dispuso un aumento, vía un Cargo Fideicomiso Gas, del 47,08% en el costo del transporte firme a través del sistema de TGN y del 34,09% para TGS. Este cargo lo pagarán todos los usuarios que utilicen este servicio, es decir los residenciales, comerciales, entes oficiales, GNC firme y los grandes usuarios que lo tengan contratado.
9) En el Salón Blanco de la Casa Rosada, se anunció a comienzos de este año la construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino, por parte de la empresa Techint, con un aporte del Estado Nacional de u$s 750 millones. Este cuestionado proyecto, se prevé su adjudicación en forma directa y no por licitación pública, no sólo recibirá fondos directamente del Estado para su construcción, sino que también están discutiendo en el Congreso un proyecto de ley para otorgarle privilegios impositivos.
10) El PEN (Poder Ejecutivo Nacional) envío al Congreso el proyecto de ley para la creación de ENARSA, la empresa estatal de energía. Según el artículo 1º del mencionado proyecto, esta empresa estatal tendría el monopolio total de todos los bienes energéticos, violando toda la estructura legal que actualmente rige para esos mercados en orden a impedir integraciones verticales y horizontales. Además, no contiene cláusula alguna que indique el monto de su capital, es decir, que están creando otro "agujero negro" en nuestras finanzas públicas. En el proyecto sólo se requiere una autorización general del Congreso para que el PEN pueda gastar fondos públicos en la constitución del capital inicial, en los futuros aumentos de capital, en el pago de obligaciones avaladas por el Estado Nacional, etc.. Y por si ésto fuera poco, el proyecto tampoco prevé un mecanismo de fiscalización por parte de la SIGEN.
11) Recientemente, el PEN acaba de autorizar el aumento del flujo de gas destinado a las exportaciones a Chile, porque advirtieron que las premisas asumidas para disponer el corte no se correspondían con la realidad operativa de nuestro sistema de gas.
12) Dentro de unos meses se conocerán las cifras oficiales de los cortes diarios de suministro de gas natural que se están efectuando a consumidores industriales y generadores eléctricos. Cifras extraoficiales indican cortes diarios superiores a 20 millones de metros cúbicos diarios. Retrospectivamente, datos similares sólo pueden ser encontrados durante la gestión de la ex-empresa estatal Gas del Estado.
13) Por decreto, y sin que mediara Concurso Público ?tal como lo exige la Ley- el PEN designó a un contador santacruceño como Presidente del ENARGAS. Si bien se aclara que se trata de una designación provisoria, no se fija límite temporal para su mandato.
14) Todavía no se iniciaron, seriamente, las renegociaciones con las empresas prestadoras de servicios públicos que el propio Gobierno se obligó a realizar, no sólo por medio de una Ley sino también mediante compromisos con los organismos multilaterales de crédito.
15) Por último, los costos de esta crisis energética aún permanecen ignorados por la opinión pública, pero sólo es cuestión de tiempo. Ya se están devengando.

Ahora me pregunto: ¿la crisis está bajo control?, ¿ha sido superada?, ¿el manejo del Gobierno ha sido correcto y transparente?, ¿la opinión pública está de-bi-da-mente informada?

La respuesta a todos estos interrogantes es definitivamente NO!

Implicancias en el futuro político y económico de México

Por Eneas A. Biglione

México D. F., México - El pasado domingo, más de 400.000 personas provenientes de todas las clases sociales, se vistieron de blanco y se congregaron en la capital para demandar mayor seguridad para México. Bajo el lema "Ni uno más", ni un secuestro más, marcharon desde la estatua del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde se sitúan la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Exactamente a las 13 horas, la "serpiente blanca por la seguridad" como apodaron los medios locales a la caravana de cientos de miles de manifestantes, entonó el himno nacional y fue testigo de la suelta de mil globos desde el atrio de la Catedral Metropolitana. Quinientos globos negros, en el nombre de las victimas del sufrimiento y la muerte, y quinientos blancos simbolizando la esperanza de que cese la inseguridad y la violencia en todo el territorio mexicano. Pero no sólo en la ciudad capital se congregó la gente para manifestar su descontento, sino que la escena se repitió idénticamente en ciudades de dieciséis estados distintos.

Según reportes independientes, la situación en materia de seguridad se ha tornado insostenible. México ocupa el segundo puesto en el ranking de países con mayor número de secuestros en el mundo, unos 3.000 fueron denunciados tan sólo en el año 2003, y estas estadísticas deben analizarse teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los secuestros y crímenes no son reportados a las fuerzas policiales. Las víctimas de estos hechos delictivos saben que no sólo no se les brindará una solución a sus denuncias sino que además, como las mismas fuerzas del orden protagonizan directamente buena parte de los actos criminales, podrían sufrir mayores represalias. Un estudio publicado por el diario Reforma estima que los empresarios establecidos en México gastan anualmente entre 10.000 y 40.000 dólares por persona en concepto de seguros y protección privada. El número de empresas especializadas en servicios de seguridad se ha duplicado en los últimos tres años y representa un volumen de negocio de unos mil millones de dólares anuales. Según el Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada, en marzo de 2001 había más de 2.000 companías dedicadas al negocio de la seguridad, mientras que a principios de 2004 superaban las 5.000. En suma, tanto corporaciones como particulares deben afrontar pesadas cargas impositivas que no garantizan siquiera servicios tan básico como la seguridad y la justicia, viéndose de este modo obligadas a suplantar la obsolescencia de lo público con su efectiva versión privada. Mientras tanto, el congreso mantiene congelados unos 300 proyectos de reforma del arcaico sistema policial y judicial, en particular los presentados por el gobierno federal hace unos tres meses, y parece estar poco interesado en tratar el tema. Una vez más los políticos anteponen las revanchas partidarias a las necesidades de la población.

Poco antes de la marcha del 27 de junio, el presidente Fox afirmó que brindar seguridad a México es tarea común de todos los partidos políticos e instó al congreso a acelerar la aprobación de la reforma del régimen penal y judicial. Pero desde las elecciones legislativas de julio del año pasado, el PRI, con el 44,8% de los votos en la cámara de diputados y el 46,8% de los mismos en la cámara de senadores, decide a conveniencia la voluntad legislativa. En resumidas cuentas, perder el poder ejecutivo no ha amedrentado al PRI, cuyos políticos continúan llenando sus bolsillos y condenando al país al atraso y la pobreza galopante desde el poder legislativo. Los 70 años de PRI no han quedado tan atrás como sería deseable, los fantasmas del pasado continúan acechando a la nación desde la pluma del legislador.

Mientras tanto, el jefe de gobierno de la ciudad capital, Andrés Manuel López Obrador, cuya elección fuera cuestionada debido a la falta de legitimidad para ser candidato, dado que el tabasqueño ni siquiera era residente del Distrito Federal al momento de postularse, parece estar decidido a continuar minándose el camino a la presidencia en el 2006. Luego de verse vinculado a múltiples escándalos de corrupción protagonizados por sus colaboradores más cercanos en una serie de videos que se televisaron en marzo pasado, su popularidad comenzó a decaer, perdiendo entre siete y diez puntos de apoyo popular. El público mexicano pudo ver entonces a René Bejarano, ex-secretario particular de López Obrador y líder del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibir enormes cantidades de dinero del empresario Carlos Ahumada, y al ex-secretario de finanzas de la ciudad, Gustavo Ponce, apostando fuertes sumas de dinero en un casino de Las Vegas. Frente a estas pruebas irrefutables, López Obrador se limitó a declarar que todo era parte de un complot organizado por el gobierno federal para desacreditarlo. Peor aún se le pusieron las cosas el mes pasado, cuando protagonizó un nuevo escándalo al desobedecer una orden judicial de detener trabajos de urbanización en un predio expropiado. En este último caso se limitó a descalificar y cuestionar la integridad de los tribunales mexicanos, los que en los últimos años han venido ganando fuerte autonomía e integridad y por ende el respeto de la opinión pública. El problema de fondo es que como todo socialista, y en este sentido tiene mucho en común con el PRI, López Obrador predica y actúa en base al principio de que "las necesidades del pueblo están por encima del cumplimiento de la ley" cuando en realidad deberían ser los gobernantes los primeros en dar el ejemplo de respeto por las normas legales. Y finalmente, en el caso de la mega marcha por la seguridad del pasado domingo, López Obrador y sus colaboradores han provocado el desencanto de la gente con su descalificación de la manifestación, al repetir una y otra vez que se ha tratado tan sólo de una campaña de la ultra-derecha para desprestigiarlo. Todos sabemos que la corrupción es un factor común en la política mexicana, pero López Obrador ha venido demostrando que no es un buen candidato por el ala socialista al hacer gala una vez más de su falta de sentido común e ignorar el pedido desesperado de 400.000 almas que libre y voluntariamente manifestaron sus deseos. Después de todo, estos cientos de miles de contribuyentes continuarán pagando sus impuestos siempre y cuando reciban algo a cambio. La continua estafa a los gobernados es un vicio común a toda administración corrupta y populista, pero está claro que en caso de no garantizarse un mínimo de servicios, como lo son la seguridad y la justicia, los votantes se terminarán dando cuenta del engaño del que han sido víctimas y actuarán en consecuencia.
Pero claro, no es cuestión de pensar que México es el peor país del mundo. Muchos países de Latinoamérica enfrentan problemas similares. En primer lugar, inventar un complot ante cada dificultad se ha puesto de moda entre los líderes políticos de la región. Como todos sabemos, la izquierda en Latinoamérica vive de la propaganda política, los distintos regímenes políticos tienen escasos éxitos que anunciar, con lo que sobreviven mostrando los errores de sus políticos rivales y justificando sus propios fracasos en base a "presiones externas" o conspiraciones como lo hacen Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina y Fidel Castro en la perla de las Antillas. En segundo lugar, la temática vinculada a la fuerte inseguridad es factor común en países como Colombia, Brasil, Argentina y El Salvador. En muchos casos los políticos latinoamericanos permiten su proliferación porque de ese modo obtienen un doble beneficio: debilitan el sistema político y amedrentan a la población, obteniendo así cierta "legitimidad" para subvertir las normas a su voluntad.

Hoy en día las leyes no se cumplen en México. La sociedad toda es víctima de la inexistencia de un estado de derecho y vive en un entorno donde los incentivos garantizan mayor éxito al que viola la ley que al que la respeta. Las leyes existentes son en muchos casos arcaicas y nada exigentes, las penas que establecen son irrisorias y por lo general no aplicables a menores de edad. En los contados casos que los criminales son enviados a prisión, se los enfrenta a un sistema que dista mucho de rehabilitarlos para devolverlos a la sociedad como personas aleccionadas y dispuestas a trabajar honradamente. Mientras el gobierno federal continúe atado de pies y manos en la interminable maraña de proyectos que dormirán en el congreso hasta que el PRI deje de pensar en revanchas partidarias y mientas López Obrador siga haciendo de cada problema un complot, no habrá cambios positivos. El pasado domingo la población se manifestó en términos pacíficos, pero no debería sorprender a nadie que de continuar así las cosas, las marchas por la seguridad de los años venideros tomen un tinte más violento. En el mediano plazo no habrá grandes mejorías en cuanto a seguridad, en ese aspecto no soy para nada optimista, pero según muestran las encuestas de apoyo popular de los días posteriores a la manifestación, ha sido al menos una contribución clave a los esfuerzos para evitar que Andrés Manuel López Obrador se convierta en presidente. Y en este último punto la mayoría de los analistas coincidimos, el triunfo del tabasqueño equivaldría con toda seguridad a secuestrarle de una vez y para siempre las esperanzas a este maravilloso país.

Hispanic American Center for Economic Research