lunes, abril 26, 2004

Blandureza K

El filtro total de la información que el gobierno del señor K aplicó durante los primeros meses de su gobierno utilizando las presiones, la intimidación y el dinero de la publicidad oficial, presenta serios agujeros. Cada vez más temas graves llegan a los diarios, no siempre al lugar que deberían llegar pero de cualquier modo están ahí.

A veces resulta difícil identificar cuál es el peor error del gobierno, si el congelamiento del precio del gas a boca de pozo que produjo la gravísima crisis energética actual, la intención oficial de crear otro nido de ñoquis bajo la forma de otra empresa estatal de energía o los horrores de la política exterior que coloca al país como asociado a los pillos y alejado de los inversores. Pero no se podría dudar de que la falsificación de la firma del presidente requiere un titular con grandes letras.

El abogado Rafael Sarmiento, autor de la denuncia que investiga (permítanos cierto optimismo) el fiscal Carlos Rívolo y que apareció en el diario Clarín del último domingo perdida entre sus páginas (http://old.clarin.com/diario/2004/04/25/p-02201.htm), encargó una pericia particular sobre la firma de dos decretos, el 737, del 4 de septiembre de 2003, y el 790, del 28 de septiembre del mismo año. Las firmas de ambos difieren a simple vista, pero según la pericia ninguna de las dos pertenece al puño y letra del señor K.

Hablamos antes del uso “familiar” de la presidencia de la Nación que llevó a la señora K a ocupar de hecho el sillón de Rivadavia que hubiera correspondido a Daniel Scioli durante la convalecencia del presidente. Pero la comprobación de las sospechas que contiene la denuncia podría llevar el asunto a un estadio más avanzado de irregularidad si es que la firma de los decretos presidenciales se encuentra de hecho socializada.

Debemos tener en cuenta que un ex presidente estuvo detenido por un decreto que ordenaba cosas que no se cumplieron, a lo que se le llamó “falsificación ideológica”. Acá estaríamos ante un caso directo de falsificación física.

Esto no ha provocado renuncias en masa en el entorno presidencial, ni que se ordenara una investigación administrativa, no intervino la oficina anticorrupción (algún día algún gobierno serio cerrará esa oficina e investigará sus actividades persecutorias), no hay una comisión legislativa a cargo del asunto, el ministro Beliz no viajó a ningún lado ni dio el portazo sintiéndose rodeado por un nido de víboras. Nada pasó.

Pero el problema más grave no es siquiera la falsificación, sino que por el contenido del decreto se ordenaba el arresto de militares retirados por hablar contra los montoneros. Si las firmas son falsas estos actos nos llevarían directamente a la configuración de una privación ilegal de la libertad.

Impunidad

Esta actitud hace que algunas palabras presidenciales suenen de otra manera. Es el caso de la afirmación hecha en su discurso presentando la ensalada de seguridad anunciada la semana pasada, respecto a que su intención era acabar con la impunidad. No es lo mismo perseguir enemigos que acabar con la impunidad. Esto último requería lavar los propios trapitos algo que este presidente ha demostrado ya, prematuramente, que no hará.

Sin embargo el rigor verbal del señor K sigue reportándole algunos beneficios en la opinión pública. El señor K disfruta su rol de implacable, pero a medida que su gobierno avanza y escarbando un poco más allá de la superficie no es tan fácil saber si el presidente es un “duro” como le gustaría ser, o un “blando”.

Blandureza

Si hacemos un repaso de los conflictos que abre el presidente todo el tiempo y los conflictos que evita o el tipo de gente con la que quiere llevarse bien, el marketing del duro comienza a ablandarse rápidamente.

El presidente K es duro:

1. Con las empresas privatizadas. Estas empresas compraron chatarra estatal con empleados comedores de galletitas Express y grandes tomadores de mate. Una verdadera catástrofe. Obtuvieron en algunos casos monopolios, en otros no. Ninguno de los monopolios que se otorgaron fueron tan cerrados como los que tenía el Estado que era el servicio más caro porque no se prestaba y el tesoro cubría sus déficit, las diferencias se pagaban con aporte del tesoro, lo que se traducía en inflación. Además los monopolios dados a algunos privados tenían un fin temporal como en el caso de Entel, que debería haberse desregulado en el 2000 y la Alianza “reguló la desregulación” convirtiéndola en nada.
Por la misma regulación a la que están sometidas, esas empresas siguen dependiendo en gran medida del Estado. La voluntad de los funcionarios las puede hacer perder mucho dinero. Por ese motivo son un rival con poca o nula capacidad de respuesta. No emiten siquiera comunicados de prensa pese a las tonterías que el señor K y sus justificadores les endilgan. No hacen presentaciones judiciales, no concurren a los programas de televisión. Son mudas y pasivas receptoras del odio kakista.
En otras épocas gastaban más dinero que ahora en publicidad en programas políticos. No lo hacían para vender más servicios sino para evitar que se las ataque. Eso marca el nivel de vulnerabilidad al que están sometidas.
En su dureza, el presidente las acusa de no haber invertido, sobre todo en los últimos años. Debería recordar el señor K que él mismo no lo hizo cuando llevó al exterior setecientos millones de dólares de la Provincia de Santa Cruz que, dicho sea de paso, nunca volvieron.

2. Con los tenedores de títulos públicos en default a los que cataloga de buitres. Es decir con las personas que le prestaron plata al gobierno argentino para cubrir el gasto público, es decir, para mantener al sector que según el presidente concentra todas las virtudes y tiene la posibilidad de arreglar los males que le hacen al país todos los que no son políticos en nuestra sociedad. Ese sector es, claro, el Estado. Otros tenedores castigados ni siquiera prestaron la plata voluntariamente, sino que el Estado les quitó el dinero compulsivamente, como por ejemplo millones de jubilados con sentencias firmes a quienes se les entregaron bonos por la “emergencia económica”.

3. Con los que hablan y los que escriben. Es decir con las opiniones distintas a las arbitrarias opiniones oficiales que aparecen en la prensa y que hasta hace un par de semanas eran casi inexistentes. El presidente sólo usó palabras duras para con la “impunidad de los que hablan y escriben” en medio del discurso por el “plan de seguridad”.

4. Con la Corte Suprema de Justicia: Acorraló a dos jueces de la Corte para que renunciaran y le efectuó un simulacro de juicio político a un tercero para tomar el control del Alto Tribunal.

5. Con la oposición. Buena parte del tiempo del ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Beliz estuvo dedicado a viajar a Suiza, pero no para averiguar dónde están los setecientos millones de dólares de la provincia de Santa Cruz que el presidente sacó del país y nunca restituyó, sino para ver cómo hace para que la Justicia Suiza revise si hay cuentas del ex presidente Menem para ver qué se puede aprovechar en su contra. Con Suiza no hay un problema de defectos en la redacción de exhortos, sino jurídico de fondo: ningún país civilizado abre una investigación judicial para ver qué se encuentra. Pero es fácil ser duro con un ex presidente mal visto por la opinión pública y que ha perdido todo poder.

6. Con los que peticionan contra cualquier idea o anuncio presidencial. Los considera representantes de intereses espurios (el lucro no estatal o político) o “corporaciones que presionan”.

7. En general con los que producen. Considera que el Estado está para repartir lo que se produce. Un aparato de fuerza, que es en definitiva lo que es el Estado, utilizado no para reestablecer el derecho de propiedad cuando fuera violado por algún salvaje, sino para reemplazar a ese salvaje y repartir.

8. Con los que no pagan los abusivos impuestos existentes. En esta materia no hay garantistas. Todo aspirante a luminaria pública tiene lenguaje al estilo “mano dura” frente al problema de lo que es en definitiva un deudor involuntario. El presidente no es la excepción, habló de “traje a raya para los evasores”. Quien debe impuestos produce, pero a pesar de eso son los únicos transgresores a la ley que no tienen defensores. Todo un síntoma del sistema de valores vigente.

9. Con el pueblo Cubano, al que se niega a apoyar frente a las atrocidades del régimen al que están sometidos.

10. Con militares y policías. Ambos subordinados al presidente y por lo tanto no pueden responderle. Por otra parte ambos grupos acumulan años de diatribas y malos tratos como grupo.

No pretendemos agotar esa lista, es sólo enunciativa.

Pasemos a repasar con quienes es blando el señor Presidente:

1. Con los delincuentes. Los jueces que colocó y piensa colocar en la Corte pertenecen a la corriente muy mal llamada “garantista”. Esta corriente en realidad es abolicionista y pretende mucho más que garantías para que ningún inocente sea condenado que es la esencia del derecho penal liberal. Ellos quieren que los delincuentes sean tratados como víctimas autómatas de distintas fuentes de resentimiento social. El garantismo real busca que los inocentes no sean condenados y que los no inocentes sean tratados conforme a la ley. El falso garantismo trata de que el culpable evite la respuesta del Estado, a veces. En casos ideológicamente considerados, el garantismo es partidario de la mano dura más cruda, no reconociendo garantía alguna a los imputados y considerándolos culpables de entrada. Es el caso de militares, policías y menemistas. Otros grupos se sumarán. Ilustra este punto la resolución en la Corte de un incidente de excarcelación del Almirante Massera. El pedido impulsado por el defensor oficial fue basado en el agotamiento del plazo máximo de dos años para la duración del proceso establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. En disidencia, es decir, por el mantenimiento de la prisión preventiva y la no aplicación del Pacto, votaron los doctores Zaffaroni y Maqueda. No cualquiera zafa con Zaffaroni.

2. Con los piqueteros. Gozan de impunidad absoluta para actuar. El gobierno quiso amnistiarlos, inclusive por el robo de subsidios a indigentes, pero se echó atrás al ver la reacción de la opinión pública. Después ni siquiera se tomó el trabajo, sino que les otorgó una zona liberada para una serie de ilícitos que ningún fiscal o juez se ha atrevido a desafiar.

3. Con los terroristas de la década del setenta. Más que blando es apologista permanente de sus crímenes a los que llama idealismo.

4. Con su ministro de economía que continúa emitiendo deuda, de esa que después se llamará ilegítima y se pretenderá que quienes la absorben son enemigos de la Argentina. Con el resto de sus ministros que reciben préstamos del Banco Mundial.

5. Con los que hablan y escriben para él alabándolo o sirviéndolo en sus campañas de prensa contra la oposición. Ningún sector más privilegiado, más miembro natural de la corte kakista que el “periodismo” oficialista encabezado por el boletín oficial Página 12.

6. Con los jueces de la ex servilleta de Carlos Corach. Los jueces Federales, muchos de los cuales no pueden justificar su patrimonio, eran fuertemente cuestionados en su honestidad y en su cercanía al poder durante el gobierno de Menem. Ahora todos los cuestionamientos se han olvidado y seguirán olvidándose en tanto respondan fielmente al nuevo poder. El caso más absurdo de cambio de trato tal vez sea el de Servini de Cubría que era llamada “servil que cubría” por Horacio Verbitsky, el rasputín presidencial, y ahora es tratada entre algodones.

7. Con el sistema político mafioso que impera en el conurbano bonaerense y que con sus métodos lo llevaron al poder. Una cosa es la retórica entre bambalinas y otra los hechos.

8. Con Gustavo Beliz, que inaugura un refrito al que llama “plan de seguridad” después de haber lanzado grandes anuncios de ser exitoso en la lucha con el delito e iniciativas de las que los delincuentes solo fueron afectados por la risa, como la ley anti secuestros, el cierre de desarmaderos o el envío de gendarmes.

9. Con el ministro de Vido que fue llamado “el cajero” por la revista Noticias, sin que se iniciara ninguna investigación, ni que Beliz pusiera el grito en el cielo ni mucho menos la oficina anticorrupción. Los rumores abundan sobre lo pretencioso que es este ministro.

10. Con los que peticionan la comisión de horrores de parte del poder. Caso de la entrega de la ESMA a los montoneros, pero sobre todo de Hebe de Bonafini, la madre por elección del señor K que quiso imponernos a todos, que pidió que los fusiles de sus hijos fueran exhibidos en el museo de la falta de memoria que piensan instalar allí. Fue blando también con los que destruyeron el lugar y colocaron la bandera del Che en lugar de la nacional.

11. Con los que recibieron los beneficios de la hiperdevaluación y hasta la promovieron. En este mismo punto habría que incluir la blandura con quienes impulsaron el golpe civil contra Fernando de la Rua. Esto a pesar de que quien efectuó la denuncia fue un favorito suyo: el “joven” K Nicolás Trotta.

12. Con Fidel Castro y la opresión que ejerce sobre el pueblo cubano.

13. Con Luis Barrionuevo. Hasta hace pocos meses uno de los presos que tenía en agenda el ministro de presos políticos Gustavo Beliz (lo cual tampoco era correcto porque esto constituye un abuso de poder). Hasta se hablaba de fechas, todo parecía programado. De repente Barrionuevo ha dejado de ser una preocupación para el oficialismo. Curioso.

14. Consigo mismo. No aclara el presidente dónde fueron los setecientos millones de dólares que sacó del país y pertenecían a la provincia de Santa Cruz, una de las beneficiadas más notorias de la década del noventa. Tampoco nos aclara de una manera satisfactoria el origen de su fortuna o cómo hace para pagar los vestidos que su mujer estrena a diario, que según expertas cada uno de ellos no podría pagarse con el sueldo anual del señor K.

En síntesis, es difícil catalogar el grado de dureza del gobierno, pero un repaso de la lista nos permitiría resumir que la característica más sobresaliente del kakismo es que es un gobierno duro con los blandos y blando con los duros.

Un nuevo piqueblando

Los piqueteros se encontraban divididos entre oficialistas, una suerte de SS kakista presidida por Luis D’Elía que oficia de vocero presidencial y embajador plenipotenciario ante Evo Morales, y anti oficialistas presididos por Castells y Pitrola.

Esto ocurrió hasta que un piquete frente al ministerio de trabajo fue levantado y los piqueteros anunciaron un cambio de metodología, sin haber obtenido nada (sobre la mesa).

Esta semana volvieron los duros. Pero para “apoyar” la marcha de Blumberg. El efecto obvio que buscaban era que la marcha fracasara porque según el prejuicio de la izquierda la gente paqueta de la marcha huiría ante la presencia de gente fea. Así razonan y no puede concluirse otra cosa que la presencia de la mano del gobierno en este intento fracasado de los piqueteros.

La marcha fue un éxito, aún teniendo mucho menos difusión que la anterior. Entonces Castells se despachó contra Blumberg, lo que prueba que su intención no fue jamás apoyarlo.

Sorpresa de niños ricos

La palabra transparencia se puso de moda durante los ochenta. Refería a mantener los procedimientos a la luz de la opinión pública para darle a ésta seguridad en cuanto a su limpieza.

La transparencia a la que asistimos en esta época tan particular de la Argentina no es voluntaria, ni siquiera es producto de “revelaciones” como la existencia de sobresueldos en los puestos jerárquicos del Estado. Más que eso se trata de la revelación de las hipocresías y debilidades del sistema de creencias que domina las instituciones políticas.

Las notas con pretendido asombro de algunos medios, en especial los más asociados el poder de turno, publicaron sus algo enmohecidas diatribas noventosas (nostálgicas a esta altura), para hacernos creer que han hecho un gran descubrimiento. Caso de Página 12 y su cobertura sobre el tema, que para peor tenemos que soportar leerlos arriba de un enorme aviso de los hielos continentales pagados con los pocos dineros públicos de la provincia de Santa Cruz que no fueron girados al exterior por su amo y señor don Néstor Kirchner. La diferencia claro, entre esta profusión de publicidad oficial (o, para ser más precisos propaganda política pagada con dineros que el Estado roba impunemente a los contribuyentes), y los sobresueldos de funcionarios, es que éstos últimos tienen por fin retribuir el trabajo para la administración de los asuntos públicos, mientras que aquellas fortunas de una magnitud mucho mayor, compran silencios (y complicidades) o campañas contra la oposición.

Página 12 parece haber recuperado la alegría porque después de tantos meses trabajando para el poder, ha podido revivir el único período de su existencia en el que no fue oficialista que fue el de los noventa.

De tantos miles de millones que la izquierda ha recibido del Estado desde el año 83, a través de “indemnizaciones” (en muchos casos destinadas a pagar los servicios prestados como terroristas), publicidad oficial, sobres del mismo origen que los sobresueldos pero no por trabajar, cargos y subsidios de organismos internacionales que son sostenidos entre otros por la Argentina, ya podemos concluir que con el veneno que aún guarda ese sector, los “niños ricos que tienen tristeza” a los que se refería Carlos Menem en su campaña del 89 eran precisamente ellos.

Pero el problema no se agota en los niños ricos que tienen tristeza, sino que detrás existe una sociedad que persigue el ideal malsano, utópico e infantil (de hecho, inculcado desde la más tierna infancia) del funcionario pobre que se dedica a cumplir su cometido por amor a la patria y se olvida de sus propias necesidades. Esa sociedad ni siquiera tiene ese ideal como aspiración, sino que lo ha convertido en exigencia creyendo tener el derecho a gozar de esclavos. Grandes próceres por un lado, esclavos por otra, una gran contradicción por cierto, pero ese ideal falso, como todo ideal falso, se paga muy caro.

Dentro del enorme daño que provoca el Estado cuando educa está este sueño colectivista del individuo entregado a los intereses del grupo. Así se crean próceres de cartón y se destaca de todos ellos esa característica, en lugar de decir que quien es pobre porque quiere serlo y no porque tiene esa desgracia, no es un ejemplo de nada.

La sociedad al contratar un funcionario tiene el mismo interés que el que tiene una empresa al contratar un ejecutivo. Espera que sus decisiones le generen ganancias o le eviten costos (en ambos casos monetarios o no) mayores a las retribuciones que se les pagan. Ningún empresario es tan estúpido para pedirle a sus ejecutivos que trabajen por amor a la empresa aún cuando lo tengan (y por cierto hay más motivos para amar a una empresa que para amar al Estado), porque no adecuar sus remuneraciones al nivel de escasez relativa que marcan los sueldos de mercado, implica perder a esos ejecutivos o tener unos de menor rendimiento, lo que se traduce en perder más plata que lo que se ahorró.

Si el presidente de un Banco gana treinta mil pesos y un empleado administrativo mil quinientos, sólo podríamos tener ministros del nivel de un empleado administrativo de un banco o menor, mucho menor, porque el empleado administrativo tiene que soportar una presión infinitamente menor, goza de estabilidad relativa y tiene una responsabilidad ínfima. Los sueldos en el Estado, en interés del propio Estado, debieran ser mayores que los existentes en el sector privado que es la única referencia que existe.

Entonces resulta difícil determinar si el problema de los sobresueldos es imputable a los funcionarios o a una opinión pública con mentalidad soviética consecuencia de una configuración ultra izquierdista de lo políticamente correcto.

El Estado está en todas las puntas del problema: cuando paga, cuando educa a la población, cuando educa a los “comunicadores” que manejan a la población, cuando exige declaraciones de ingresos, cuando persigue a quienes pagan en negro y hace lo mismo para después pedirle a esos mismos funcionarios a través de una figura nazi como la del enriquecimiento ilícito que justifiquen su patrimonio.

El resultado es que las creencias y resentimientos de la población nos llevan a tener un nivel de funcionarios y políticos cada vez de menor nivel, que sirven a su vez para alimentar esas creencias destructivas.

A este plan le falta algo

La intención de hacer algo importante en el tema de seguridad no es suficiente. Mucho menos la realización de un gran acto espectacular con todo el elenco oficial y para oficial. Pese a tantas luces, la sensación es que se han mezclado una gran cantidad de medidas pero se carece de una directriz inspiradora.

El señor Beliz parece haber reflotado todas las carpetas con proyectos del ministerio para hacer una gran ensalada, por lo que cabría hacer algunas aclaraciones culinarias. Existen varias versiones sobre la creación de la ensalada Caesar’s. La más conocida atribuye su invento a un chef del Hotel Caesar’s de Las Vegas que luego de haberse quedado sin suministros puso sobre una mesada todos los ingredientes con los que contaba y elaboró una ensalada en base a hojas verdes con un aliño que improvisó. Les dio como único plato a sus clientes esta ensalada y quedaron encantados.

La salad bar en cambio consiste en la colocación de distintos vegetales y aderezos para que el comensal los combine como más le guste y realice su propia ensalada. Rara vez de una mezcolanza hecha por uno sale algo más interesante que una sana, insulsa y aburrida comida para adelgazar.

El gran plan de seguridad anunciado con trompetas por el ministro Beliz, tiene las características de una mezcla también, en la que existen medidas judiciales específicas, reformas que poco tienen que ver con la seguridad, iniciativas pretenciosas (basadas en la creencia de que el Estado puede funcionar como un reloj si se lo “piensa” bien), compra de pistolas y uniformes, obras públicas, compensaciones ideológicas peligrosas como la mano dura con las empresas quebradas, etc. etc.

El problema de esta ensalada es que no responde al modelo de una Caesar’s, sino una salad bar hecha a los apurones y con falta de convicción. Y la falta de sabor de este plato no nace de desconocimiento de lo que ocurre sino de las trabas y complejos de gente cuya opinión pesa y que adolece de la tara de identificarse ideológicamente con el delito, no admite siquiera palabras rigurosas con el crimen porque las interpreta como una amenaza.

Durante veinte años se relajó la legislación y se enseñó a los delincuentes a dejar de lado su antiguo remordimiento, su mala idea sobre sí mismos y su actividad, para pasar a sentirse víctimas de la sociedad y de su historia familiar. Todo delincuente, según el mensaje social y lo que se le enseña a los abogados que forman nuestras lamentables universidades (que luego serán fiscales y jueces), es un sufriente.

O, mejor dicho, el único sufriente. Las víctimas del delito son en cambio privilegiados y cuando se quejan de lo que les ocurrió, unos malcriados o represores. Su sufrimiento no tiene justificación ni psicológica, ni jurídica ni sirve para avalar sus reacciones, como sí pasa con los criminales. Es decir, a la gente común no se les reconoce siquiera igualdad respecto de los delincuentes.

Pero el punto más concreto de retirada fueron las limitaciones puestas a la policía que le impiden actuar ante una sospecha también ideológica que descalifica a cualquiera con uniforme.

La sociedad arma a la policía y la mutila a la vez y no en búsqueda de mayores garantías, lo que estaría muy bien, sino en función de fantasmas del pasado. Si ante casos de mala praxis de cirujanos, les retiramos a todos el bisturí, no estamos garantizando cirugías de mayor calidad hacia el futuro, sino prohibiéndolas de hecho a todas. No habrá así ningún tipo de cirugías, ni buenas ni malas.

Está visto que un parrillero no hace buenas ensaladas y así salió ésta. No es que no tenga algunos elementos interesantes, pero por sí mismos no son un plan bien ajustado para resolver un problema muy serio.

Beliz se propuso cortar el hilo por lo más delgado. Como actuar en el problema en concreto que son los delincuentes restableciendo el poder policial del Estado ofrece serias resistencias políticas, se propuso reformar todo lo demás, no dejando casi nada en pie. Algo así como aumentar el precio de la entrada a un cine y no ocuparse de volver a poner al boletero en su lugar.

El otro punto que tampoco aborda el plan es el de las “zonas liberadas” constituidas por muchas villas de emergencia que son reservorios políticos en los que se inyectan cantidades enormes de dinero “social” mientras aumenta el crimen. No son aguantaderos porque la mayoría de la gente que viva ahí participe de actividades delictivas, sino porque el Estado se retiró del lugar dejándolo fuera de la ley y los delincuentes saben que pueden usarlas como sede permanente sin problemas.

La reforma es tan amplia que es imprudente, y tan inespecífica que es ilusoria. Las instituciones requieren cambios lentos y paulatinos que permitan acomodar los engranajes y medir los resultados. Permitir a la policía interrogar y devolverle las facultades de las que se la privó (que hacen que la policía simplemente sea policía) en función de falsas garantías y del prejuicio de que la gente sin uniforme es más benevolente que los uniformados, sólo requiere decisión política y es por cierto mucho más barato que este megaplan.

Aclaración

Nicolás Trotta, líder de los “jóvenes K” nos escribió quejándose por la nota en la que criticábamos su ataque a Ricardo López Murphy para aclarar que nunca militó en Franja Morada y sí en cambio en el peronismo. Nobleza obliga hacemos la aclaración.

lunes, abril 19, 2004

Bienvenido a casa

Constitución Nacional: “Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación...”

“Bienvenido a casa” decían los carteles de algunos acólitos reunidos en la entrada a la explanada de Casa de Gobierno para recibir al señor K después de diez días de ausencia. Es probable que no haya sido la intención de los manifestantes, pero en realidad pusieron de manifiesto la forma en que ha funcionado el gobierno durante la convalecencia presidencial: como si fuera un bien ganancial del matrimonio Kirchner.

Durante el período más crítico de la enfermedad del presidente, fue reemplazado de hecho por su mujer en conjunto con el Jefe de Gabinete.

Este esquema informal de poder, violatorio de la Constitución, además de acercarnos a una república bananera o a la más actual realidad del matrimonio Juárez en Santiago del Estero, constituye un escándalo institucional, por el que nadie parece haberse preocupado en esta Argentina cívicamente analfabetizada.

Según el artículo 88 de la Constitución: “En caso de enfermedad… ausencia de la Capital… del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación…”. No hay lugar a dudas o dobles interpretaciones, Daniel Scioli debió tomar las decisiones en los días de ausencia presidencial y no Cristina Kirchner.

Sería igual que las riendas del gobierno fueran puestas a cargo de Máximo, el hijo del matrimonio K. Puede parecer absurdo, pero no hay más motivos para que Máximo maneje los resortes del poder presidencial, de los que hay para que lo haga su madre.


Nuevos planes de seguridad… y van…

Se anuncia una nueva etapa de gobierno a partir del lanzamiento del nuevo “plan de seguridad”. Si esa intención es real, el gobierno haría bien en revisar las postulaciones a ocupar vacantes en la Corte. No se puede ajustar la legislación y desajustar a la Justicia.

El primer cambio al que el oficialismo debiera abocarse es al de los mensajes que llegan a la sociedad a través de medidas de gobierno. Por un lado la invasión pseudo-garantista a una Corte cuyas vacantes se obtuvieron mediante la peor forma de “mano dura”: la de convertir los procedimientos en meras coberturas de actos despóticos. Por otro lado instruir a sus funcionarios para que dejen de repetir tontos eslóganes izquierdistas como los de justificar el delito en la situación económica, que por otro lado según el mismo oficialismo es brillante.

Los delitos a los que asistimos son producto de años de permisividad y no de pobreza (ver “No existen las causas del delito, sino los causantes”). Lleva tiempo construir una carrera delictiva que produzca una explosión de los más graves crímenes como secuestros extorsivos seguidos de muerte. Ningún desocupado secuestra. Nadie por hambre fusila a una persona indefensa para comer.

El readecuar la legislación que fue relajada durante los últimos veinte años parte de una visión legalista y no de mano dura como lo más obtuso de la izquierda argentina quiere interpretar. Persuadir mediante la ley como pretenden con mayor o menor acierto quienes claman por un Estado “presente” donde debe estar presente, es la verdadera alternativa a la “mano dura”. Colocar a la población general ante el dilema de matar o morir podría llevar al país a un baño de sangre. Tenemos experiencia en las consecuencias de hacer impotente al brazo de la ley. Los mismos protagonistas, los mismos errores.

Otro problema no menor es si las reformas son eficaces o son meramente voluntaristas. El resultado lo dirá, pero no hay duda alguna respecto a que una ausencia de voluntad firme en perseguir al delito, o una posición moral-ideológica que lo favorezca nunca acabará con la actual situación de hipercriminalidad que vivimos.

Las reacciones oficiales y del sistema político en general ante el fenómeno Blumberg por ahora son espasmódicas y temerosas ante un fenómeno que podría barrerlos del poder. Por eso es que ante cada caso resonante de crímenes que aparecen semana a semana, la respuesta es la interna, sea entre la nación y la provincia, sea entre la policía federal y la bonaerense, o entre la Side y todos ellos.

Criminalizar la protesta verbal

“Todo poder es una forma permanente de conspiración”
Honoré de Balzac


A la vez que la ola ideológica neo-montonera que inundó al país “descriminalizó” cualquier conducta punible y en particular las que se cometían en nombre de la “protesta social” (traducido: reclamos marxistas), comenzó una leve insinuación de pretender “criminalizar la protesta verbal”, es decir el derecho a opinar distinto al gobierno (algo que a esta altura del gobierno kakista podríamos caracterizar como sentido común).

Una vieja costumbre de todo gobierno autoritario es la de perseguir a los disidentes acusándolos de conspirar. En la Unión Soviética, en Cuba y en cualquiera de los múltiples regímenes similares, el motivo más común para terminar recluido en un Gulag o fusilado, era el de ser “contrarrevolucionario”. Los disidentes siempre son previamente acusados de crímenes políticos basados en el delirio novelístico de los sátrapas que ocupan el poder.

En nuestro caso tuvimos un episodio que no se debe subestimar que fue la “denuncia” del diputado, consejero y principal confidente presidencial Miguel Bonasso respecto de la existencia de un “complot” encabezado por Mariano Grondona y la revista Cabildo (que pocos recordaban que seguía existiendo), para derrocar al presidente.

Para Bonasso, el complot quedó evidenciado por “la vil utilización por parte de algunos sectores minoritarios y fascistoides del dolor de un padre, me refiero al dolor del padre de Axel Blumberg, hablan del fin de la luna de miel del gobierno de Nestor Kirchner, como diciendo que ha entrado en un plano inclinado. Nada de esto es inocente.”

De usar las muertes para fines políticos subalternos Bonasso sabe bastante, pero lo que no es para nada inocente es el episodio que él protagoniza. El señor Bonasso, además de los antecedentes que exhibe con orgullo de haber integrado una banda terrorista como fue Montoneros, ocupa una dirección en la Secretaría de Inteligencia del gobierno, como delegado directo del presidente de la Nación, con la función de llevar a cabo las escuchas de conversaciones telefónicas, más conocidas como “pinchaduras”. Es decir, que manejando resortes sensibles del Estado sobre la seguridad y la intimidad de las personas, se encuentra una persona que sufre o aparenta sufrir delirios persecutorios de esa calaña. Además su mujer se encuentra a cargo del canal estatal de Televisión ATC donde se hace el panegírico permanente de las genialidades oficiales.

Si las palabras de Bonasso no fueron convalidadas por el Jefe de Gabinete no fue por desacuerdo o porque Bonasso hubiera inventado en soledad el bolazo, sino porque lo que el oficialismo tenía reservado como un as de espadas para una emergencia de vacío de poder, se convirtió, en los peores días políticos de Kirchner, en un verdadero cuatro de copas. Bonasso en este contexto pareciera haberse bonafinizado. Veremos si le pasa como a doña Hebe a la que los propios abandonan porque dice la verdad respecto a lo que todos piensan.

Podemos recuperar cierto optimismo al ver que la osadía de Bonasso no fructificó por el hecho de que la sociedad y alguna prensa más allá de los pocos que siempre hablaron, parecen haber despertado de un largo sueño. El freno al autoritarismo nunca es la auto-limitación que se imponen los gobiernos sino la sana reacción de la sociedad, mecanismo que entre nosotros parecía adormecido. Por supuesto que no hubo respuesta de la corporación periodística como tal a favor de Grondona como la hubiera habido en los tiempos en que el periodista favorecía y promovía a los más conspicuos progres de la actividad, pero hubo algún sector del periodismo, pequeño pero suficiente, que descalificó los ataques de Bonasso y que tal vez un mes atrás hubiera permanecido en un silencio cómplice.

El dato a considerar y tener en cuenta hacia el futuro es que el oficialismo cuenta entre su abanico de recursos posibles, con la utilización de la diatriba oficial sobre los que piensan distinto. La “criminalización de la disidencia” es parte potencial de la agenda oficial.

Sin embargo el éxito de la vocación autoritaria en el gobierno no depende sólo de la voluntad oficial, sino de encontrar un campo fértil que hasta hace pocas semanas parecía existir, mientras que ahora se ven algunos síntomas más sanos.

La Argentina bananera profunda espera siempre un salvador y contribuye en cambio, justamente por ese deseo, a la formación de sus destructores. La Argentina que podrá encontrar su propia salvación será la que entienda que no son los gobiernos los que deben cambiar a las sociedades, sino las sociedades las que deben cambiar a los gobiernos.

Coimas santas

El Tribunal Oral número 3 hizo bien en apartar de la causa de la AMIA a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pese a las múltiples críticas que recibió desde la prensa que poco sabe del tema y de los querellantes, la propia AMIA y la DAIA.

Los defensores que pidieron la medida tienen motivos para dudar de la actuación de los fiscales teniendo en cuenta que ambos tienen que defenderse de la acusación de haber consentido el pago de una coima de 400 mil dólares realizado por el juez que estuvo a cargo de la causa por 9 años, Juan José Galeano, al reducidor de autos Carlos Telleldín para que declarara contra los policías involucrados.

El hecho fue motivo de acusación ante el Consejo de la Magistratura contra el Juez Galeano por parte de otros dos fiscales, Alberto Nisman y Miguel Ángel Romero.

La alegación de los fiscales en contra de la medida respecto a que es misión de ellos ser parciales por defender los intereses de la sociedad choca con la doctrina más clásica en la materia, básicamente porque no es siquiera interés de la sociedad que alguien sea condenado si no existe motivo, ni que se inventen pruebas contra los acusados mediante el pago a testigos. La única sociedad a la que podría interesarle semejante cosa sería a la mafia.

La parcialidad de los querellantes puede entenderse, porque están movidos por el dolor. Pero tratándose de profesionales a los que se les entrega una responsabilidad como, siguiendo sus propias palabras “representar a la sociedad” esa conducta no sólo debiera llevar al apartamiento de una causa sino a sanciones correctivas.

El interés de la sociedad bien entendido es llegar al conocimiento de la verdad. El proceso en sí es un método científico para llegar a conocer lo que realmente ocurrió, más allá de las pasiones, sentimientos, intereses o presiones que lo puedan rodear. En este caso, sobre todo la presión mediática.

Aún suponiendo que no existieran elementos suficientes para sostener que Mullen y Barbaccia estaban en conocimiento del pago hecho a Telledín (el sólo hecho de sostener que deben ser “parciales” del modo en que lo interpretan contribuye a que lo creamos), la sanidad del proceso y la tranquilidad de la defensa es un motivo para apartar a esos fiscales.

Lo cierto es que unos fiscales serán reemplazados con otros y es de esperar que contarán con el tiempo y el apoyo necesario del Tribunal para interiorizarse adecuadamente de los pormenores del juicio. A su vez, ningún fiscal puede comportarse de modo tal que parezca tener un interés personal en continuar actuando en un proceso.

Lo más lamentable del caso fue la actitud corporativa a favor de esta actitud equivocada que tuvieron el resto de los fiscales federales, que se están conviertiendo, junto con los jueces del fuero, en el único sector de la justicia donde se practica la “mano dura” al estilo estereotipado en que la izquierda la ve por todos lados.

Actualización del pensamiento de Carrió

Ante la ausencia de otra oposición, Elisa Carrió ocupa un espacio que en principio le debiera costar conservar. Su afinidad ideológica con el gobierno debiera colocarla en una situación parecida a la que vivió la UCEDE en tiempos de Menem. Si no le pasa es por la deserción de la derecha, fundamentalmente de López Murphy, quien de ocupar el rol crítico y opuesto en lo ideológico, dejaría mal parada a Carrió.

Carrió comparte también cierto impulso mesiánico a la hora de juzgar que la acerca mucho a la versión Béliz del oficialismo. Una Justicia limpia para ella es aquella que condena rápido a sus enemigos ideológicos o políticos.

En general le llama “república” al fundamentalismo del que ella es el Ayatollah. Así es que avaló el asalto a la Corte y aberraciones jurídicas como la anulación de leyes de perdón e indultos.

En materia de seguridad hubiera sido arrasada por la ola Blumberg igual que K. Comparte las mismas definiciones sobre la realidad.

En un reportaje publicado en la Nación el fin de semana propone como solución a la explosión de criminalidad que vivimos “Un contrato moral que suponga distribución del ingreso y un retorno muy duro a la ley. Reconstruir la familia por medio de un ingreso ciudadano, terminar con la violencia doméstica. Además, debe haber un profundo recambio en la clase dirigente, una guerra contra las mafias, que termine con la asociación entre delito y policía”.

Sigue explicando la delincuencia como un fenómeno económico y no moral o legal y quiere solucionar la delincuencia al mejor estilo Jacinta Pichimahuida.

Para la izquierda el pobre es llevado como un autómata al delito, cuando la experiencia dice que la pobreza lleva en la gran mayoría de los casos (salvo los que escuchan mucha cantinela progre) a algo mucho más simple: trabajar. La desesperación en todo caso podría llevar a robar comida, pero ¿Cómo explicar racionalmente que secuestrar a alguien en una camioneta 4x4 es un método utilizado por alguien para comer?

Cuando le preguntan por la crisis energética no explica cómo se produjo, pero propone en cambio “armar un ente de regulación energético que encare una negociación razonable”. No sólo le surge la respuesta burocrática vacía de inmediato, sino que no sabe que a falta de uno, existen varios organismos de regulación energético, además de existir una Secretaría de Energía.

En materia de revisión de los años setenta que por esas cosas del delirio oficial es el corazón de la agenda política actual se manifestó contra “la teoría de los dos demonios”. Esa teoría que la izquierda rechaza es aquella según la cual los terroristas eran malos. Ellos creen que los únicos malos que hubo fueron los militares que actuaron en respuesta a las acciones terroristas. Para la moral de ellos, el asesinato de Aramburu, la bomba en el departamento de policía, el ataque a cuarteles o la intención de instalar un régimen totalitario en el país, no es cosa de demonios sino de Ángeles.

La teoría del rechazo a la existencia de los dos demonios es la visión más obtusa y extremista que se pueda tener de esa década. Propia de Hebe de Bonafini, pero compartida incluso por el “progresismo” que se dice moderado.

Se dijo:

"Vamos por medidas cada vez más profundas"

Raúl Castells
Piquetero nacional


El nuevo “plan de lucha” piquetero incluye impedir el paso a los camiones que transportan mercadería en las rutas nacionales, ocupar fábricas que se encuentren cerradas y tomar tierras fiscales. Es lo que el gobierno llama “protesta social”. El señor Bonasso no ve en esto intenciones golpistas, sólo las encuentra en las notas periodísticas. Lo que el gobierno tendría que explicar a la hora de consentir la “protesta social” es ¿por qué es necesaria en un gobierno “social-ista”, donde la economía además brilla según todas las estadísticas oficiales?

lunes, abril 12, 2004

El factor K

El dogma anti empresario que lleva en su alma el presidente K explica la crisis energética en “falta de inversiones” en lugar de hacerlo en la demagogia neo peronista aplicada por su antecesor para congelar el precio a boca de pozo del gas y continuada con entusiasmo montonero por él mismo.

Existen registrados al menos 4 mil años de experiencia de consecuencias nefastas de intentar manejar los precios que no son otra cosa que una expresión de la escasez relativa de un producto. Así lo registran Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler en el libro que lleva justamente el título “4000 años de controles de precios y salarios. Cómo NO combatir la inflación”.

Tal vez el presidente, después de leer Página 12 que es su única ventana al mundo encuentre algunos instantes desde su convalecencia gástrica, para echarle una ojeada a ese trabajo. Se encontrará que la escasez artificiosa es la consecuencia más común de colocar el incentivo a la producción o distribución de un producto en una escala de prioridades inferior a la que otorgan productores y consumidores en el sistema de precios relativos. Romper el termómetro aumenta la fiebre porque se dejan de lado los remedios y las precauciones.

La escasez no es montonera, es sólo escasez. Los capitalistas “salvajes” trabajan para obtener una retribución, los comunistas que tienen la suerte de vivir fuera del comunismo también. Los esclavos, los capitalistas que viven bajo el comunismo y los comunistas que viven bajo el comunismo, el nacional socialismo o cualquier otra forma de opresión y que no forman parte del núcleo gobernante, trabajan en cambio para no sufrir castigos.

Querer controlar el precio es quedarse en el camino entre ambas opciones, es decir, trabajo voluntario o esclavitud. En lugar de eso, los voluntaristas que quieren alterar las señales de escasez pretenden que las personas trabajen sin importar la retribución y sin aplicarles el látigo. Parece ser que la fórmula no ha resultado, al menos en los últimos 4000 años. Ni siquiera cuando se la intentó imponer por el látigo o bajo la amenaza de pena de muerte.

El problema de entorpecer esas tasas de intercambio que son los precios en lugar de dejarlas en el lugar que le otorgan las personas al interactuar libremente, es que cualquier alteración produce cambios en el comportamiento. Si el comportamiento no altera libremente los precios, los precios políticos alteran el comportamiento. El producto o servicio se consume más de lo que se lo hubiera consumido y la producción cambia sus prioridades disminuyendo la del producto o servicio alterado. En la economía los precios son sólo información, no hacen más ricas ni más pobres a las personas. O, mejor dicho, sólo los precios libres hacen más ricas a las personas, en la medida en que guían a la producción y al consumo del modo más económico posible.

Sin embargo nuestros montoneros se sienten orgullosos de no dejarse amedrentar por la realidad. Un sueño parecido llevó a Stalin a exterminar a decenas de millones de campesinos que no se esforzaban de acuerdo a las directivas del partido.

En la década del noventa la Argentina que siempre vive en un planeta aparte, llevó a cabo un proceso de privatizaciones sorprendente porque contradecía su tradición estatista recalcitrante y a lo que parecía ser el pensamiento general indiscutido del momento. Pero como toda convicción profunda en la Argentina, cambió de un año a otro, cuando los beneficios de ese cambio empezaron a verse.

Sobraron críticas, algunas de personas que solían viajar a Estados Unidos e Inglaterra y elogiar las privatizaciones o modelos de servicios “públicos” de esos países, sobre la base de los cuales se hicieron las privatizaciones en la Argentina. Pero en fin, no es lo mismo en inglés que en criollo.

Estas privatizaciones tuvieron por supuesto todos los defectos de esos modelos, como los monopolios permanentes o transitorios que otorgaban. El cambio sin embargo fue sideral respecto del oscurantismo económico en el que vivía el país.

La crítica de la izquierda era hipócritamente anti monopólica, porque en verdad ese sector estaba en contra de que el sector privado, es decir el sector no político de la sociedad, pudiera prestar esos servicios.

Tanto la Alianza como su versión dark, el kakismo gobernante, mostraron que no tenían interés alguno por solucionar el problema del monopolio. En el caso de la Alianza, cometieron el prodigio de regular la desregulación total que el sector telefónico tenía pautado desde el inicio para el año 2000, con lo que directamente la anularon o la dejaron reducida a aspectos marginales. El señor K optó por una política más al estilo nacional socialista apretando a las empresas y manteniéndoles congeladas las tarifas.

Lo curioso es que las privatizaciones energéticas en la Argentina fueron de las más abiertas y desrreguladas del mundo. De hecho fueron tomadas como modelo.

La hiper devaluación duhaldista produjo profundos cambios en los precios relativos. La demagogia política llevó a congelar los precios de los servicios privatizados y en el caso específico de la energía, el precio del gas a boca de pozo. Le siguió a eso una explosión en el consumo a través de su uso para el transporte, que no se vio acompañado por aumentos en la producción justamente por ese congelamiento. La recuperación económica vino ahora a agravar el problema. En plena ola de calor agobiante en Buenos Aires, en nivel de consumo de gas es el mismo que el del invierno.

El gobierno habla de falta de inversiones, sin embargo las inversiones no son un problema político. Ni Kirchner, ni Pichetto, ni Alicia Castro, ni Bonasso, ni ningún otro legislador saben cuánto se debe invertir, dónde ni por qué. Tampoco la inversión en sí es un problema colectivo o del Estado. El problema del Estado es haberse metido en los precios y haberle dicho a los inversores de todas las maneras posibles que huyan de la Argentina.

El estatismo que domina al sistema político y el analfabetismo cívico de los legisladores que padecemos en la Argentina, los convierte en opinólogos de todos los temas. Creen que todo debe solucionarse legislando y mediante actos de autoridad e ignoran cómo funciona la economía. No saben que tienen luz eléctrica para leer, ropa para vestir, un edificio para funcionar como cuerpo y hasta papel donde volcar sus iniciativas, no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. En su omnipotencia se creen llamados a saber de todo y luego imponer su voluntad. En consecuencia creen también que las inversiones serán producto de la presión que el Estado ejerza y que los empresarios sólo invierten cuando un inútil que se crió y formó en un comité se lo indican. Esa es su visión del mundo. Del mundo de la fantasía estatista donde los emprendedores son vistos como vagos y los políticos como iluminados y emprendedores.

De esa visión partieron también muchas de las normas que gobernaron las privatizaciones; normas que jamás fueron cuestionadas, aunque, reitero, teniendo en cuenta desde dónde partíamos, se trataba de una discusión con poco sentido.

Las excusas presidenciales para explicar la crisis actual parten de esas normas en realidad, las de las privatizaciones que tanto rechazan. Los pliegos previeron con criterio mágico una serie de inversiones. Se sabía que el Estado no las había hecho ni las haría en el futuro, pero se esperaba mejorar la infraestructura de servicios “públicos” a costa de inversiones. Lo cierto es que las empresas tenían muchos más motivos para invertir, relacionados con su afán de lucro, que los que pudieran querer imponerles desde el Estado.

También las privatizaciones contemplaron inútiles entes reguladores. Encima uno por cada actividad, a la vez que el resto de la economía se desrregulaba ampliamente. No importa si el motivo para la creación de estos entes fue político para satisfacer los miedos de los que creen que el mundo no gira si no existen las oficinas públicas, el hecho es que significaron convertir el mercado de los servicios “públicos” en el único altamente regulado y nunca sirvieron para otra cosa que para colocar amigos y enriquecerlos. Es que la escasez se resuelve o bien por precio como hemos dicho, o por poder. Y el poder también termina teniendo precio.

El gobierno en lugar de solucionar estos problemas, desrregulando, cerrando los entes reguladores y permitiendo precios libres para beneficio de todos, optó por el remedio patoteril y el congelamiento de precios. Es en consecuencia el único responsable de la crisis energética.

Otro ente absolutamente inútil que mantiene el Tesoro Nacional es la Auditoría General de la Nación dependiente del Congreso, que señaló para beneplácito del elenco K por incumplimientos de inversiones a las empresas. En un Estado que es un desquicio absoluto existe un triple control: Los entes reguladores, la Sigen (sobrevivientes de la Sigep, Sindicatura de Empresas Públicas, convenientemente reciclada como Sindicatura General de la Nación) dependiente del Poder Ejecutivo y por último la AGN. El Estado con triples controles que era poseedor del conocimiento de cuánto y dónde se tenía que invertir, parece haber fallado en hacer cumplir sus propios prejuicios.

Pero no todos están de acuerdo con el diagnóstico de la AGN. En realidad el ENARGAS que es el ente regulador específico, señaló en un informe elaborado para el Presidente de la Nación del que habla el diario La Nación, del cumplimiento de las inversiones obligatorias impuestas en los distintos pliegos de licitación.

El hecho es que la AGN depende del Congreso, pero en el país K, el Congreso depende del Poder Ejecutivo y está disponible para cumplir cualquier deseo presidencial con tal de que los fondos que la lapicera del presidente reparte lleguen a sus manos. El problema del ENARGAS, es que hubiera tenido que desdecirse de su informe del año 2003, que habla en idénticos términos.

Las inversiones obligatorias debían realizarse durante los primeros cinco años a partir de la adjudicación. Estas fueron dadas por cumplidas y en los casos en que hubo atrasos, ya fueron solucionados y las empresas oportunamente multadas. Al respecto decía ya el informe del ENARGAS del año pasado:

“El ENARGAS efectuó controles anuales de cumplimiento de las obligaciones, tanto de las metas físicas (obligación de ejecutar obras específicas), como de las económicas (compromiso de erogación mínima obligatoria) y en aquellos casos en que fueron detectados incumplimientos procedió a cursar la correspondiente imputación y luego del debido proceso aplicó la sanción correspondiente. Como resultado de la tarea realizada, surge que al final del quinquenio (1993-1997), las Licenciatarias han dado cumplimiento a la ejecución de las metas físicas y erogado los montos mínimos previstos en sus respectivas Licencias, mereciendo en la mayoría de los casos las sanciones y cauciones dinerarias descriptas a continuación. Sin perjuicio de lo indicado, durante el quinquenio se han verificado incumplimientos parciales de las metas anuales que han merecido la aplicación de distinto tipo de acciones y/o sanciones por parte del ENARGAS, verificándose que, aunque excedidos en plazo, estos casos fueron debidamente cumplimentados”.

Dentro del engorroso sistema regulatorio creado, se preveían una revisión quinquenal de tarifas. La primera de estas revisiones se hizo en el año 1997, la segunda debió hacerse en el 2002, o aún antes teniendo en cuenta el descalabro de los precios relativos ocurrido en el país. Para esa revisión tarifaria se establecieron un factor de eficiencia (factor x) y otro factor de inversión, que se denomina…. FACTOR K.

El factor K es un valor porcentual que representa el aumento de tarifas fundado en proyectos de inversión que requieren un aporte, ya que a las tarifas vigentes no se hace viable el proyecto. Dicho factor no puede aplicarse hasta que la inversión no se hace (llamada cláusula gatillo).

Obstinado en ese criterio, y siguiendo dogmas del pliego el gobierno intentó una solución normativa basada en creencias económicas erradas sobre la función del precio y pidió que se muestren las inversiones que autorizarían el aumento. No fueron las empresas privatizadas las que no invirtieron en el contexto de terror económico creado por el Estado, sino la economía entera, con el agravante de que las empresas privatizadas están sometidas a un régimen hiperregulado que no afecta en igual modo al resto de los agentes económicos. Tenían mucho más que perder y que temer del poder político.

El error aún normativo, es que tales disposiciones eran propias de la ley de convertibilidad, pero aplicarlas fuera de ese contexto resulta irracional. Los precios tienen ahora que ajustarse haya o no inversiones.

Y la prueba de la irracionalidad es la falta de gas. El exceso de consumo es consecuencia de que los precios no son adecuados. Las inversiones supuestas por algún buróctrata podrán o no cumplirse, las posteriores para justificar cambios de precios como si hubiera convertibilidad en la Argentina se harán o no, pero la escasez sigue teniendo sus reglas y las personas siguen trabajando, invirtiendo y consumiendo de acuerdo a sus propios intereses. En fin, como el kakismo pero con plata propia.

El gobierno omnipotente crea delincuencia

Por Jorge Valín
(www.liberalismo.org)


"[…] el gobierno de los Estados Unidos no sólo ha fallado en el desastre del 11 de septiembre, sino que realmente ha contribuido a la probabilidad de tal acontecimiento. […] ¿Cómo es posible que unos hombres tan sólo armados con una caja de ‘cutters’ pudiesen causar el terrible daño que hicieron? Evidentemente, esto sólo fue posible porque el gobierno prohibió a las líneas aéreas y pilotos poderse defender con armas, […] Una pistola de 50 dólares en la cabina [de los pilotos] podría haber hecho lo que con 400 mil millones de dólares el estado fue incapaz de evitar." [1]

"The Myth of National Defense"
Hans–Hermann Hoppe


En una encuesta televisiva preguntaron por la calle a transeúntes cuál creían que era, según su parecer, el aumento de la delincuencia en España. Las respuestas fueron muy variadas, pero hubo una de especial; una anciana dijo que culpa del aumento de la criminalidad "lo tiene una especie que ahora está en extinción: el hombre".

Si esta frase la hubiese dicho alguno de los actuales defensores de la libertad como Pierre Lemieux, Walter Block, Bruce Benson… habría sido ampliamente repetido en varios artículos. Ciertamente, cualquier individuo de hoy día intenta omitir sus responsabilidades hacia su propiedad privada, creen que no son ellos quien se han de defender, sino que es el estado el que tiene esta obligación moral. Si algún maleante se acerca a un hombre medio pidiéndole su cartera, dañándole o violando su propiedad privada su actitud será de sumisión. Para él la culpa no la tendrá el maleante o su propia incapacidad para saber defender lo que es suyo, sino el estado que no extiende suficiente policía sobre el terreno. Esta falta de individualidad, y consecuente aumento de la inseguridad, que caracteriza nuestra sociedad occidental no es un proceso aleatorio de la historia o de la evolución humana, sino de la omnipotencia del estado.

La raíz del problema

La pérdida de individualidad significa negación de libertad, es la búsqueda del estado socialista donde nadie es responsable de sus acciones ni propiedad, de esta forma el estado nos dice: "yo me ocupo de todo, vosotros sólo tenéis que obedecerme para que todo funcione bien, si hay una crisis yo crearé una demanda artificial para reanimar la economía, si alguno de nuestros grupos de presión necesita más recursos para su subsistencia yo los alimentaré, si aumenta la delincuencia no os defendáis yo la combatiré, en fin, sólo tenéis que actuar como robots socialistas, como sirvientes míos en lo social y como simples homos oeconomicus en lo económico; no penséis, no actuéis sin mi consentimiento, yo os adoctrinaré con mis leyes, monopolios mediáticos, escuelas y universidades; sólo sed dóciles y mantenedme".

A igual que el programador informático, que hace un ordenador o programa a su medida, el estado hace lo mismo con el individuo. Lo parametriza, le dicta las reglas, le prohíbe todo lo que puede hacer… En resumen, vuelve al individuo un robot, un ser cobarde e indefenso incapaz de actuar ante cualquier tipo de situación no planificada. El hombre ha perdido su esencia de ser humano, es decir, su individualidad. Ante la delincuencia no sabe como actuar, no tiene elección; sólo el estado puede defenderle, y cuando éste falla, y no pocas veces ocurre, entonces reclama un estado más fuerte aún.

El mensaje del estado ha tenido al final su éxito. Tal situación no sólo ha creado un ilimitado aumento de impuestos y endeudamiento de los gobiernos, sino que ha vuelto al hombre en un cordero inútil, cobarde e incapaz de defender lo suyo, al final, el hombre, ha acabado sucumbiendo al nefasto socialismo estatista.

En consecuencia la sociedad, incapaz de despegarse de su verdugo al que ella considera su padre protector, pide soluciones estatistas, que lejos de solucionar la situación sólo la empeoran más. Para el ciudadano de hoy día la culpa de la delincuencia la tienen los inmigrantes que el estado no ha adoctrinado; no se han integrado, es decir, no han perdido aún su personalidad y como remedio proponen crear lugares de acogida donde se les hagan lavados de cerebro en pro de una "sociedad moderna e igualitaria", la culpa de la delincuencia la tienen, también, los padres que omiten sus responsabilidades porque evidentemente no son ellos quienes han de educar a sus hijos, sino las escuelas públicas. También culpan a la justicia —confundiéndola con la ley—, que efectivamente, sólo se adapta a los designios de los grupos de presión, y como solución proponen una ley más dura con todos, delincuentes o no; se pide más policía que controle la sociedad, más leyes que dicten cada acción del hombre.

Retorno a la seguridad

El problema es que la ley jamás podrá cumplir con la función que se le quiere otorgar, ¿o sí? La justicia existe, y no la ley, cuando la seguridad se torna al campo privado: las empresas privadas nos pueden dotar de mejor y más barata seguridad y justicia, y cómo no, además, sólo el hombre libre puede defender mejor que nadie lo que es suyo reforzando su individualismo y sentido de la propiedad privada. La solución a la delincuencia es reforzar la libertad individual; que el hombre vuelva a ser responsable de sus actos y de su propiedad.

¿Cómo disminuir la delincuencia pues? Dando mayor libertad a las empresas de seguridad privadas y al individuo singular. Sólo las empresas de seguridad privadas pueden garantizar nuestra seguridad y utilidad. La policía privada patrulla por las calles manteniendo una ciudad segura, la prueba la tenemos en algunas ciudades americanas donde sólo existe policía privada; ¡es menos costosa que la estatal y más eficiente! El índice de criminalidad y robos en estas ciudades es muy inferior a aquellas donde está el monopolio del estado. Las que recientemente se convirtieron al sistema privado de seguridad vieron en muy poco tiempo reducida la criminalidad ahorrando costes a los ciudadanos y aumentando su nivel de libertad. Sólo las empresas privadas han sabido interpretar las auténticas necesidades de la sociedad inventando alarmas, sistemas anti–robo, creando seguros de robo, de secuestro…, guardas de seguridad, porteros… La seguridad no consiste en poner multas de tráfico, prohibir hablar con un móvil mientras se conduce, o evitar que algún joven se fume un cigarrillo de marihuana por la calle. Las empresas privadas no tendrían tal función —siempre y cuando esto no ocurriese en la propiedad de alguien que no permitiese tales actos—, sino que su función sería proteger a sus clientes de posibles agresiones. Las escuelas tendrían su propia seguridad manteniendo lejos a los traficantes y bandas callejeras de los niños y adolescentes, las tiendas contratarían guardas que velarían por los comercios y clientes. Habría empresas de porteros privados que se ocuparían no sólo de adiestrar a sus trabajadores en el campo de la defensa, sino también en la relación con el cliente (tan diferente a la prepotencia policial), patrullas profesionales en cada ciudad… Y todo ello orquestado por la libre competencia que siempre favorece tanto a empresario y consumidor.

La inevitable pregunta que surge es ¿cómo es, pues, que tales empresas no existen, o son muy débiles? La respuesta es que el gobierno sólo pone impedimentos legales a tales empresas y que, además, la demanda queda muy difuminada por el propio monopolio que el estado crea, ¿por qué pagar por algo, que aun siendo de mejor calidad, lo tengo "gratuitamente"? Evidentemente ninguna necesidad real es gratuita; el elevado coste de la policía pública queda olvidado con la tácita recaudación de impuestos. El individuo no tiene idea alguna de lo que realmente está pagando por el mantenimiento de una policía nacional y regional (sin contar los costes de transacción que derivan de este proceso). Además, la potencial demanda no se ha planteado semejante alternativa debida a la totalitaria y sesgada educación que ha recibido del estado. Pero cuando, por otra parte, la oferta sí lo ha hecho el gobierno la ha prohibido o restringido inventando leyes para poder mantener su monopolio y dictámenes.

Todo y así, siendo aún débil el sector de la seguridad privada sus beneficiosos resultados son irrefutables. A modo de ejemplo, recientemente hubo una ola de robos en las joyerías de la ciudad de Madrid. Tras las quejas de este sector, y la tradicional ineficiencia con la que sólo la administración pública puede responder, al final los joyeros decidieron contratar empresas de protección privadas. Los resultados no tardaron en mostrarse; la delincuencia bajó casi en un 90%, y no sólo en las joyerías, sino también en los barrios donde se concentraban las joyerías.

Pero aún hay más soluciones; cada individuo ha de tener la capacidad efectiva de poderse defender de las agresiones por él mismo; efectivamente el hombre ha de poder ir armado si así lo considera. Como encarecidamente ha demostrado John Lott una sociedad con la capacidad de ir armada crea menos delincuencia, sólo tenemos que comparar los países donde hay libertad y armas y sus países vecinos que deniegan esta libertad. En Suiza (país donde hay un alto nivel de armas por habitante), en 1995, tuvo un 40% menos de criminalidad que Alemania, y Nueva Zelanda mantiene un índice de asesinatos mucho inferior, año tras año, que su vecina Australia. Ninguna ley puede prohibir el principio natural de la defensa propia, las leyes que se enfrentan a tal derecho son absurdas y ofensivas. Su única intención es controlar más aun al hombre libre; un hombre armado es un hombre capaz de defenderse a él mismo y a aquello que es suyo. De igual forma, tampoco tiene sentido alguno la prohibición de las milicias urbanas que velan por su propiedad privada y barrio sin ningún coste para el resto de la sociedad manteniendo la seguridad que el estado es incapaz de garantizar.

En resumen, las posibilidades son inmensas. El estado jamás nos librará de la inseguridad ciudadana, sólo el propio individuo y el empresario de seguridad saben entender las necesidades reales. Este sistema es la grandeza del capitalismo: puede cubrir cualquier necesidad real de la sociedad al mejor precio, siempre determinado por el cliente. Cada individuo ha de saber resguardar su propiedad por sus medios, ya sean emanados de él mismo o de la empresa privada a la que paga. La finalidad de los gobiernos, por el contrario, no es proteger, sino recaudar y aumentar su fuerza.


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[1] El texto corresponde a la introducción del libro "The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security Production" de Hans–Hermann Hoppe. El párrafo entero dice: "Moreover, the U.S. government did not only fail to prevent the disaster of September 11, it actually contributed to the likelihood of such an event.
Moreover, how was it possible that men armed with no more than box cutters could inflict the terrible damage they did? Obviously, this was possible only because the government prohibited airlines and pilots from protecting their own property by force of arms, thus rendering every commercial airline vulnerable and unprotected against hijackers. A $50 pistol in the cockpit could have done what $400 billion in the hands of government were unable to do."

IMPUESTOS EN ARGENTINA

Por Enrique Duhau

Respuesta a Carlos Vázquez Diéguez (”La paradoja del superávit primario”)

Estimado Carlos:

Me sorprende en primer lugar que das a entender que los problemas sociales se arreglan con más gasto, cuando debe ser con más creación de riqueza, menos impuestos, menos regulaciones y abriendo la economía. Hace más de 5 décadas que Argentina tiene en distintos grados la economía cerrada, ahora sólo abierta a Brasil países del Mercosur.

Me sorprendiste también con tu comentario sobre la alta carga fiscal de Argentina, según tu escrito un mito. Por supuesto que entendés que la recaudación no es carga fiscal, sobre todo cuando el estado argentino le cobra a algunos pocos.

Algunos sectores pagan en Argentina más del 60% de su valor agregado, valor inaudito en todo el mundo. Los demás sectores pagan 35% de impuestos a las ganancias, mas 1% sobre los activos aun cuando pierdan plata, 0,75% sobre el patrimonio neto, impuesto a los ingresos brutos de hasta el 17% según la actividad, sellos cada vez que firman un contrato y a veces sobre cada venta, 1,2% sobre toda transacción bancaria, altos impuestos sobre los combustibles, altos impuestos sobre la electricidad (entre 20% y 60% sobre la electricidad consumida por una industria o agro), y otros impuestos menores. Además debemos sumarle impuestos a la importación de un promedio de 22%, comparado con 7% para los países de la OCDE, y 6% para Chile. Además impuestos a la exportación de todos los productos que van del 5% al 20%. No hay país que yo recuerde que grave las exportaciones, el capital y las transacciones bancarias, como lo hace Argentina. A ésto debe sumarse el IVA, diseñado para ser transferido al consumidor. En Argentina por medio de tasas diferenciales hay muchas empresas que cargan con un costo de IVA grande que no pueden trasladar, y por lo tanto se convierte en un impuesto final. En cuanto a las exportadoras deben financiar el IVA muchos meses, convirtiéndose en un costo financiero importante y otro beneficio para el estado.

Si comparamos con Suecia y Gran Bretaña, las empresas pagan un 30% de impuesto a la renta y no existen los demás impuestos. El IVA lo trasladan al consumidor sin costo para las empresas. ¡De impuestos al capital, transacciones bancarias y a las exportaciones ni hablar!

Los individuos también pagan cargas altas: una individuo que trabaja en relación de dependencia y cobra $144.000 anuales paga mas de 55% de impuestos del valor que crea, contando los directos que se deducen de la nómina y los indirectos como el IVA cuando va a comprar.

Con impuestos que son en definitiva mucho más altos que en Europa o EEUU para las empresas, y similares a Europa (mayores que en EEUU) para los individuos, en Argentina no recibe NADA A CAMBIO: Si quiere seguridad debe contratar una privada, medicina privada, educación estatal es un desastre, etc. Los impuestos a los combustibles, internos a los automotores y a las cubiertas de los autos se crearon para financiar rutas. Como el estado lo gasta en burocracia, las rutas hay que pagarlas otra vez por medio del peaje.

Por supuesto que para la persona a la cual la DGI no le cobra sus impuestos la carga es mucho más razonable, cercana a 0%. En promedio el estado recauda bastante, sobre todo si lo comparamos con sus nulos servicios.

martes, abril 06, 2004

Las torres del señor K

En la tierra de fantasía en que se convirtió la Argentina, control de la información mediante, una ilusoria carroza progre que nos llevaba sin costo al paraíso de la irresponsabilidad con el que los argentinos sueñan íntimamente, empezó esta semana a convertirse en la calabaza que siempre fue.

Abundaron los anuncios del fin de la luna de miel de la sociedad con el ungido de Eduardo Duhalde. Empezó Urgente 24 seguido varios cuerpos atrás por la revista Noticias y otros análisis.

El caso Blumberg y la crisis energética abrieron una brecha en un clima idílico más firme que el calor en Buenos Aires, creado por la encuestología oficialista. También empiezan a aparecer chispazos en la prensa que hasta ahora mantenía abiertas relaciones carnales con el elenco K. No han aflojado los controles, pero la realidad los está haciendo insuficientes.

Tal vez empezaremos a ver arrepentidos y viudas del actual poder, como los vimos de otros, de esos que en tiempos más serios que el de este país en serio hubieran sido considerados ratas abandonando el barco y que hoy son percibidos como hijos pródigos (de madres muy dadas).

Patas flojas

Un gran punto débil que empieza a pesar fuerte en el futuro político kakista es el de la falta de seguridad que todo el mundo percibe.

El señor Blumberg desde un sentido común elemental y con sus errores, puso de manifiesto que una mayoría siempre silenciosa está algo cansada de las justificaciones del horror, no ya del de treinta años atrás, sino del actual constituido por el delito que produce más muertes que la guerra en Irak. Al establishment político no le importan mucho; después de todo estos muertos no son revolucionarios, asesinos, psicópatas, ni resentidos. Muertos sin mérito alguno, hasta con deméritos, según los parámetros oficiales. Pero sobre todo muertos que padecen quienes no tienen vocación ni poder ofensivo (que es lo único que la kultura kakista respeta). Hasta ahora.

Resulta difícil culpar a la izquierda rabiosa argentina que con apoyo de la publicidad oficial no pudo juntar más que 8000 empleados públicos y otros mantenidos por el Estado en el acto de entrega de la ESMA a los montoneros. No pueden ellos ser culpables de que los 200 mil ciudadanos que se juntaron en la Plaza de los dos Congresos, sólo convocados por un padre que perdió a un hijo, vivan escondidos para sorprender muy de vez en cuando con su existencia, y dejen que los ocho mil manejen el país, dicten los parámetros morales a favor del horror y contra el derecho, monopolicen la opinión publicada, desinformen, deformen, exciten, demonicen, tachen, reprueben y propaguen el odio.

Para hacer semejante cosa la minoría de izquierda necesita una mayoría complaciente. Los 200 mil son más culpables que los 8 mil. Toda sociedad tiene 8 mil marginales o más. Lo inusual es que la mayoría los entronice en lugar de descartarlos intuitivamente.

Falsa opción

Los marginales deben volver al margen, pero no a costa de los derechos humanos, sino en función de ellos. No debe siquiera admitirse que repudiar el terror, sea reivindicar cualquier método reñido con la civilización para defenderse de él, porque no son alternativas. La izquierda revolucionaria ha sido en la historia mucho más autora de violaciones a los derechos humanos que víctima.

Los 200 mil deben curarse de sus fantasmas para dejar de ser gobernados por los 8000. No enfrentar la historia oficial falsa sobre lo ocurrido en la Argentina de manos de la generación maldita es lo que da lugar a los enemigos de la civilización en la Argentina.


Ciudadanos sin representantes

Los políticos que aspiran a representarlos debieran también poner sus barbas en remojo preguntándose por qué los ciudadanos deben salir solos de manera espontánea a manifestar y no tienen un dirigente que les sirva de referencia. Será porque los que hay en lugar de actuar esperan que las encuestas cambien, oportunidad en la que en realidad ya no serían necesarios.

Esa visión pasiva de la política que espera que los cambios se produzcan en lugar de producirlos, es la clase de decadencia que la mayoría que suele estar escondida parece merecer. Ningún mediocre logrará representarlos, porque no necesitan lectores de encuestas sino personas responsables con voluntad de despertarlos de su largo sueño.

Le preguntaron a Ricardo López Murphy en la sección Enfoques de La Nación por el acto en la ESMA. Se dijo molesto por el hecho de que la bandera nacional hubiera sido arriada para colocar en su lugar “otra cosa”. Qué otra cosa, le preguntaron. “No sé” contestó. Todos sabemos que la imagen que reemplazó a la bandera fue la del Che Guevara. ¿Puede representar un cambio hacia valores elementales de civilización y convivencia (eso que se conoce como “derecha” en términos homologables en el mundo como diría el propio líder de Recrear) y enfrentar a quienes los amenazan alguien que teme tanto a la retorcida izquierda argentina que no se anima siquiera a nombrar al Che Guevara?

Sin embargo sigue siendo una incógnita si esa parte no representada de la sociedad toleraría otra cosa que la mediocridad, porque no puede saberse cómo responderían siquiera los 200 mil manifestantes del jueves ante un mensaje claro que contraste con el izquierdismo barato predominante. No podemos olvidar que hace menos de un año Felipe Solá fue elegido por una abrumadora mayoría, o que el señor K y su extremismo verbal y a veces en la acción gozan de altos índices de popularidad.

Así vista la paradoja política no parece tener solución. Por un lado, una sociedad que parece elegir políticos de izquierda para que hagan gobiernos de derecha y por otro aspirantes a dirigentes de derecha vergonzantes que terminan confundiendo sus mensajes con los de la izquierda.

Puede que la salida de esta paradoja esté en encontrar una dirigencia con un mensaje moral que saque de su letargo a la mayoría que quiere vivir en paz, aclarando cosas elementales como que el no querer ser asaltado o secuestrado no es una expresión de nazismo. Lo que la Argentina necesita para recuperar la cordura no es un nuevo equipo de ineptos que leen encuestas sino una vanguardia moral convencida.

Marcelo Longobardi realizó una impresionante reseña de las estupideces que la izquierda “esclarecida” de la Argentina dijo en reacción a la manifestación Blumberg. En general desprecian a las víctimas de los delitos, igual que despreciaron en su momento a los que recibieron sus propios balazos o bombas. Porque no puede pensarse que una cosa no tenga relación con la otra, están íntimamente ligadas.

Sin embargo el punto es que inclusive en este punto el resto de la sociedad tiene parte en el problema. Si el nivel de idiotez de la izquierda aumenta exponencialmente es porque no ha tenido en veinte años al menos nadie que les conteste como es debido. Gente que piense de otra manera (o que piense simplemente) hay, pero gente que les conteste casi no hay. El peor loco es el loco incontenido. Ni la izquierda puede mejorar para parecerse por ejemplo a su versión chilena, sin una derecha de pie.

Mensajes pro delincuencia desde el kakismo

No importó que Juan Carlos Blumberg dejara a salvo al gobierno nacional en sus críticas al sistema legal que condujo a la muerte de su hijo. El gobierno igual percibió la manifestación masiva que produjo como un cuestionamiento directo a las políticas oficiales. Miles de personas espontáneamente en lugar de dirigirse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para seguir la protesta como propuso Blumberg, fueron directamente a la Casa Rosada con cánticos anti oficiales. El presidente no estaba. Decidió que no era el mejor momento para inaugurar el balcón.

El gobierno y la gente común saben, aunque la prensa adicta lo oculte, que esta manifestación contradice la política seguida por el señor K, el ministro Beliz, el secretario de Justicia Pablo Lanusse (hoy premiado como interventor de Santiago del Estero) y el secretario de seguridad Norberto Quantín.

Ellos promovieron casi todos los anti valores que agrandaron a los asesinos de Alex Blumberg. En primer lugar con malas artes llevaron a cabo para su jefe el asalto a la Corte Suprema de Justicia, mintiendo sobre una supuesta auto limitación presidencial que demostró ser un mero acto de burda propaganda, para nombrar ministros simpatizantes de la delincuencia. Podemos estar seguros de que los asesinos de Alex Blumberg se habrán alegrado con la designación de Eugenio Zaffaroni como miembro de la Corte y la de Carmen Argibay como candidata actual.

Simultáneamente ponían el acento de la política de seguridad en las grandes declaraciones públicas y trataban de endilgarle al problema a algún otro. Entretuvieron a la población con leyes antisecuestros anunciándolas como panaceas y supuestos puntos de inflexión en la inseguridad como el desbaratamiento de desarmaderos, que ningún efecto tuvieron en la situación general de inseguridad.

También aseguraron impunidad a las hordas de piqueteros autorizadas expresamente por el Poder Ejecutivo a cometer delitos y dejándolos adueñarse de la calle en detrimento de los ciudadanos cumplidores de la ley. Fueron artífices de otras impunidades expresas, como la de tomar fábricas cometiendo un sinnúmero de delitos en nombre de una revolución mundial que para el resto del planeta terminó con la implosión de la Unión Soviética. La Policía Federal recibió instrucciones expresas del ministro Beliz de desobedecer órdenes judiciales de desalojo.

Esta cesión de la calle a los que ejercen la fuerza tiene mucho que ver con el estado de inseguridad actual. Será difícil resolver en ese contexto y con estas personas el problema de la seguridad.

La calle entregada

Ni una legislación perfecta podría resolver el problema, porque la seguridad depende de cuánto se creen los delincuentes que la calle les pertenece y en ese propósito el castigo sólo juega un papel parcial. Le legislación se encontraba casi desbaratada un año atrás. El resto del clima que les dice a los delincuentes actúen con tranquilidad, lo aportó el gobierno del señor K en un año de gestión.

Es cierto que el aflojamiento de la legislación desde 1983 hasta la fecha produjo una explosión de la inseguridad que nos llevó de ser un país muy seguro a parecernos o tal vez haber superado a Colombia. Pero el clima que provoca ver al Estado retirarse culposo frente a los criminales tuvo mucho más que ver que específicamente las reformas llamadas “garantistas”.

La retórica oficial según la cual los delincuentes son víctimas de la sociedad que los padece, seguida de la cantinela descerebrada y estúpida de los medios de comunicación progres que estigmatizan como nazi toda queja por la criminalidad creciente, el nombramiento de jueces “emblemáticos” como favorables a la delincuencia y los ataques generales a la policía, constituyen una combinación perversa que da señales a los delincuentes para actuar y a las víctimas para encerrarse en su casa.

La política argentina con el delito puede definirse como de tolerancia total con el crimen y tolerancia cero con quienes lo padecen. ¿Quién puede asombrarse con el resultado?

Tolerancia cero

El éxito de la política contraria que llevó a New York de ser una ciudad muy peligrosa a gozar de un alto grado de seguridad, no interesa a nadie con poder, porque los ciudadanos prenden velas y los inadaptados protestan de verdad. De hecho quien la propuso en primer lugar, el ministro Béliz, hoy es el brazo ejecutor de la izquierda gobernante y promotor de jueces que expresan lo contrario.

La confusión que existe sobre lo que esta política significa es mayúscula. Se la identifica como una forma de “mano dura” y los mismos que tratan de justificar el delito hablando de que se debe hacer prevención (que en sus propios términos significa hacer ricos a los delincuentes para ahorrarles el trabajo de delinquir) la atacan, cuando en realidad constituye una forma de ultra prevención.

Tolerancia cero significa quebrar la sensación de los delincuentes de que son dueños de la calle. No se trata de largar a la policía a salir a “meter balas a los delincuentes” como de manera demagógica y torpe definió alguna vez un ex gobernador, sino de despojar la calle de pequeñas infracciones y retomar el control. Cuando uno se encuentra en una ciudad que no conoce percibe inmediatamente cuando se acerca a una zona peligrosa. El desorden indica que el ambiente es desfavorable. El delincuente peligroso, no ya el mendigo agresivo o el vendedor instalado en la vereda pública, tiene la misma percepción, pero por supuesto la reacción contraria. Cuanto mayor es la sensación de que el lugar es tierra de nadie, mayor es la posibilidad de que se produzcan crímenes.

Cuando un año atrás se desalojó de la calle Florida a los vendedores ambulantes la cantidad de denuncias por delitos en esa calle disminuyó sensiblemente. No quiere esto decir que los vendedores fueran asaltantes, sino que los criminales percibían descontrol y actuaban en consecuencia.

El Estado debe retomar el control de la calle sin arbitrariedades y con reglas que permitan la mayor libertad para ejercer actividades lícitas, no en nombre de ningún puritanismo porque lo que se haga en el ámbito privado debe quedar a juicio exclusivo de los interesados. De lo que se trata es de que existan reglas para regir lo que es común, mientras sea común, de un modo en que quede claro que el control pertenece a quienes respetan a los demás y actúan pacíficamente.

Esto requiere recurrir al instrumento institucional que se usa en cualquier lugar del mundo y acá por recuerdos de violentos frustrados se persigue: La policía. Esta policía u otra policía. Ocasiones para reformarla sobraron, pero la idea de que puede restablecerse la seguridad sin policía es sencillamente loca.

Necesitan Odiar

Por César Alonso de los Ríos
Para ABC de Madrid



ME preguntaba hace unos días por qué siguen destilando tanto odio los socialistas a pesar de haber ganado las elecciones. La respuesta es cada vez más clara. Por un lado proyectan sobre el PP, ¡sobre el propio vencido!, la mala conciencia que les ha dado acceder a La Moncloa de un modo tan humillante, pero, sobre todo, necesitan al PP para culparle del asesinato de la Patria que ellos preparan. Como esos seres -moralmente nauseabundos e intelectualmente deleznables- que mientras colaboran en la destrucción de España acusan a los que la defienden de que quieren expulsarlos de ella. Sacos de pus, necesitan a los demás para echarles en cara la porquería con la que ellos mismos les mancharán al reventar.

Hasta ahora la dirección del PSOE disimulaba, desde la oposición, su deserción como partido nacional, pero ¿cómo podrá justificarla cuando traicione desde el poder? Porque no pedirá el apoyo del PP en las horas terribles que llegan sino que calificará la oferta patriótica de éste como trampa. El estilo de Aznar, dirán. Así que pactarán con Carod -es un decir- y acusarán al PP.

Estos moratinos antisemitas necesitan el judío. La bestia negra. El chivo expiatorio. Estarán desgarrando el país de norte a sur y en esos mismos momentos estarán echando la culpa de ello al PP. Desde Moncloa seguirán con la misma consigna: ¡todos contra el PP! Y lo más terrible es que muchos militantes de este partido, más que naifs cobardes, a veces dirigentes, pondrán la otra mejilla, lo que no servirá para reblandecerlos. Ni siquiera entonces caerán en la cuenta de que ellos sirven de percha para las culpas de la izquierda. Ésta necesita a Aznar, los genes partidarios de Aznar, los clones de Aznar, para limpiarse las conciencias. Y aun creía ingenuamente éste que su retirada de la política resolvería las cosas. Que muerto él, desaparecería la rabia. Por eso dejó Moncloa y partido. Pero la jauría no abandonó, por ello, la cacería.

NO tienen que ser profetas los perros guardianes de Zapatero para saber lo que va a ocurrir en esta legislatura. Está escrito. Lo hemos descrito. Está implícito en el frente popular «antipopular» y no hay día en que los socios no les recuerdan las obligaciones a los socialistas. Antesdeayer la Galeuzka roja, días antes la Galeuzka azul. Los socialistas saben qué deberes les esperan como se sabía en el PP. Sólo que éstos para rechazarlos y aquéllos para cumplirlos. Terrible mandato. Saben que sus socios les van a obligar a apuñalar al Estado día a día mientras ellos irán acallando las conciencias de los suyos si es que quedan. Cada puñalada irá acompañada de alguna agresión al PP, al responsable, al judío. Cada vez que Zapatero se arrodille ante Carod-Rovira o ante Maragall o ante la consejera de Educación de Cataluña... el coro de periodistas, de constitucionalistas, de intelectuales... imprecará al culpable, a la derecha, a la sombra misma de Aznar.

ZAPATERO será investido presidente con los votos de los secesionistas para que lleve a cabo una de las tareas más negras que se puede pedir a un ser humano, ésto es, la destrucción del Estado-Nación, a la que el asesor de Maragall, Rubert de Ventós, llama «desestructuración» y otros «segunda transición» y no sé cómo la calificarán gentes tan patriotas como Bono y Rodríguez Ibarra (no quiero ni pensar en Paco Vázquez). Desde hace tiempo veníamos anunciando el asalto al Estado y la destrucción de la Nación. Y, por fin, estamos en ello. Están, quiero decir. Algunos todavía confían en que el crimen se aplace, pero a juzgar por el odio que echan a la hoguera me temo que se está acercando la hora. «Expectación de la Revolución Francesa», tituló Lord Acton. Un siglo para aquélla. Otro siglo para este desastre nuestro.

Un subsidio para los futuros dictadores

Por Gustavo Lazzari

El Gobierno anunció formalmente el Sistema Nacional de Medición de Consumos Culturales (SNCC). La intención es realizar un relevamiento cualitativo y cuantitativo de los “gustos culturales de los argentinos…, con el fin de desarrollar políticas en materia de cultura y comunicación”.

La medición será exhaustiva y abarcará todos los rubros de la cultura: música, libros, cine, videos, deportes, cursos de idiomas, religión, Internet, turismo, televisión, radio y medios gráficos.

El funcionario Oscar Tangelman, uno de los responsables del proyecto, destacó: “Queremos tener una visión de la identidad del país, saber quiénes somos para poder vendernos en el exterior”.

Obviamente, al evento asistieron personajes de la cultura y empresarios de los medios regocijados porque recibirán valiosa información en forma gratuita. El costo del proyecto lo paga el Gobierno, y es de $2 millones por año.

La iniciativa del Gobierno es peligrosa, claramente un arma de doble filo. Un refrán reza que “De buenas intenciones está empedrado el camino al Infierno”.

Un gobierno totalitario lo que más necesita es información privada de las personas. El de Néstor Kirchner posiblemente no sea totalitario y, aunque mucho no se note, quizás aborrezca los regímenes de ese tipo. Las simpatías hacia Castro y Chávez siembran dudas en ese sentido. Sin embargo, supuestas buenas y románticas intenciones, como la señalada, son auténticas herramientas que sin duda agradecerá un futuro y eventual dictador.

¿Qué le importa al Gobierno si un número determinado de argentinos prefiere más a Harry Potter que al Señor de los Anillos? ¿Cuál es la utilidad gubernamental de saber si las películas de Olmedo son más graciosas que los gags de Francella? ¿En qué nos beneficia saber si los recitales de Mercedes Sosa son más numerosos que los de Soledad? ¿O si el canal cultural de Mona Moncalvillo y Miguel Bonasso (ATC) tiene menos rating que la repetición de los Pitufos en un canal de cable?

En las democracias abiertas esa información es intrascendente. En las dictaduras es vital. Saber qué prefieren los ciudadanos obnubila a los dictadores. No hay dictador que no haya intentado cambiar la “forma de ser nacional” o los valores del hombre medio.

El Gobierno está financiando una herramienta inútil y costosa para la democracia, pero vital para los dictadores. El destino quiso que esta medida se firmara el 5 de marzo, aniversario de la muerte de uno de los dictadores más terribles del siglo pasado: Josif Stalin. ¿Habrá sido en homenaje a uno de los tantos primos hermanos de Hitler?

Es necesario abortar el Sistema Nacional de Medición de Consumos Culturales (SNCC). Es un papelón menor dar marcha atrás con una idea ridícula que facilitar la tarea de los delirantes que algún día quieran volver a cercenar nuestra libertad.

La bendinización del peronismo patriarcal

Por Plutarco
Urgente 24 (www.urgente24.tv)


Gracias a la estética del maltrato que suele cultivar el presidente Kirchner, probablemente en pocos años la Real Academia Española autorizará la inscripción de un nuevo neologismo, "bendinización". Se trata de un concepto que debiera entenderse como la acción de menoscabar al prójimo, o como un mero sometimiento sin contemplaciones del subordinado, o como una patética y simple humillación del semejante. Entonces podría perfilarse el neologismo como un concepto polifuncional que deleitará a los lingüistas y semióticos de Foucault, y cautivará a los lacanianos de Germán García, puesto que su significante, en sus riquísimas y variadas alternativas, admitirá también su utilización como gerundio, por lo tanto "bendinizando" podría entenderse como la acción obvia de "bendinizar", aunque en todo caso el vocablo aquí funcionaría como verbo infinitivo. Sin embargo, como verbo, "bendinizar" podría también ser de conjugación simple o compuesta, que contemple la totalidad de los tiempos pretéritos que tanto tienen que ver con la memoria, como los indefinidos e imperfectos. Y podrá utilizarse desde el presente del modo subjuntivo (que yo bendinice) hasta el futuro más elemental del indicativo, un "nosotros bendinizaremos". O como participio pasivo, un "bendinizado", como expresión que puede graficar la idea resignada de derrota, o como sustantivo, por ejemplo "bendinizador", sujeto o eje de una construcción gramatical precaria como la inteligencia del estadista que impulsó la necesidad de implantar el neologismo de referencia.

Sin embargo los riesgos se amplifican cuando el presidente, en la vorágine de su temperamento turbulento que suele conducirlo a confrontaciones tan sucesivas como simultáneas, aspira a globalizar el concepto de "bendinización". Y llevarlo, en principio, al plano de la teoría política, y de inmediato a la política práctica, a los efectos de bendinizar implacablemente a los máximos dirigentes del peronismo matriarcal. A tales bendinizados jerarcas corporativos que representan sus respectivos feudos, no se les brinda tan sólo una escalerita para retirar los retratos de Videla y de Bignone. En sus casos es peor, porque implícitamente deben retirar, sin siquiera tener derecho a la nostalgia, los retratos de Evita y de Perón.

Cabe de todos modos aceptar que algunos gobernadores, como un significativo lote de legisladores y ministros, aunque sin haber retirado ningún retrato, se bendinizaron solos, en defensa propia. Como por ejemplo Felipe Solá, quien últimamente recuerda el primer verso del tango "Fangal", porque pobrecito viene en falsa escuadra desde el 1 de marzo, equivocándose a canilla libre y por el borde y a punto de deslizarse definitivamente en el fango de la deslegitimación. O como el intrascendente Insfrán, un pretexto para ocupar una silla, y hasta curiosamente un Busti, que supo de riesgos peores que el improbable aislamiento, o el propio Fellner, cuya presidencia histórica del peronismo se limitó apenas a la emotividad de un discurso olvidable y a aceptar la bendinización posterior con resignación cristiana.

Todos estos próceres del Billiken del futuro pusieron sus renuncias a disposición del Gran Bendinizador. Porque las reclamaba, después de menoscabar al congreso menos violento y más ridículo de la historia de un peronismo indiscutiblemente a la deriva, desde junio de 1974. Un peronismo felizmente matriarcal. Porque, como todo espacio de cultura supuestamente machista que busca su lugar más en la farsa que en la tragedia, debería reconocerse la existencia de un matriarcado que por lo menos sostiene la caricatura del actual peronismo, y cuyas raices deberían rastrearse en la mitología que condecora a Eva Perón y simultáneamente ningunea a la señora María Estela Martínez.

Entonces el máximo error retórico de la Primera Ciudadana no consistió en embestir con la palabra para defender, con la arrogancia de su pose desafiante, al bendinizado gobernador Acevedo. Consistió en confundir a los congresales sin identidad, al despotricar contra las mujeres que son portadoras de marido, cuando en realidad hoy son aquellos devaluados maridos los que debieran definirse como vergonzantes portadores de mujeres. Téngase en cuenta que ellas, con mayor frontalidad y menor tendencia al cinismo, resultan infinitamente más interesantes que sus hombres, entre otros motivos porque son las encargadas de poner sin reparos los ovarios cuando corresponde en la confrontación, mientras sus conyugues sinuosos tratan después de componer la enojosa situación generada por las damas de superior capacidad y energía, mientras ellos, escasamente viriles y dominados, se encargan de lavar los platos del grotesco y decidir arbitrariamente que aquí no ha pasado nada.

De todas maneras, Kirchner, el Gran Bendinizador, no se conforma y va por más bendinizados. Porque se lanza a bendinizar, con la prepotencia que le brinda su chequera, a un ciertamente experimentado De la Sota. Justamente a quien, estimulado por su propia perversidad, se decidió a lanzar la memoria del cadáver agujereado de Rucchi entre las tensiones contenidas del congreso de Parque Norte. Ocurre, en el fondo, que De la Sota ya se siente muy grandecito para permitir que lo bendinicen por la espalda. Desde atrás y en forma violentamente contranatural, indigna y sucia entre supuestos compañeros, camaradas de feudos apenas unificados por la marchita que despaciosamente se olvida. Mientras tanto, desde el poder central se le lanza el oxígeno de partidas sustanciosas a un humorista transversal como el señor Juez, para que desaloje a De la Sota de la gobernación con sus ocurrencias imitadas al Cacho Buenaventura, y que resultaron eficaces para ganar la alcaldía de Córdoba pero que se rebelan como insuficientes para gobernar. Aunque, por ahora, Juez sigue las enseñanzas tácitas y el ejemplo del Gran Bendinizador, y puede justificar su incompetencia para gestionar con la culpabilización del diabolizado poder provincial y el descalabro de la "herencia recibida".

Tampoco el Gran Bendinizador consiguió bendinizar tan fácilmente al gobernador de Santa Fe, quien pudo representar al peronismo de las regionales. Ocurre que Obeid no puede ser bendinizado desde la izquierda, a través del mismo mecanismo de Juez en Córdoba, pero con la efectiva transversalidad de Binner. Porque, cuando era chico y creía en la revolución social, Obeid fue un montonero de verdad, y de ningún modo se trató de un perejil de aquellos como Virolita, quien en la misma epopeya de Kunkel solían en las manifestaciones gritarle a Rucchi “¡traidor¡”, justamente cuando le anticipaban a coro y de manera macabra al dirigente sindical que le iba a pasar lo mismo que a Vandor, es decir que iban a asesinarlo. Y por supuesto que con Rucchi cumplieron, como cuarenta balazos en aquellos celebrados tiempos en que la izquierda, con su ingreso masivo y juvenil al Movimiento Peronista, apostaba a que podía utilizar a Perón para hacer la revolución socialista, sin siquiera calcular que Perón lícitamente los utilizaba a ellos apenas como cubiertos descartables para retomar el poder. Treinta años atrás, el viejo sabio ya descontaba que la izquierda sólo podía servirle para llegar, y nunca para gobernar, y menos aún para mantenerse. Y si duró apenas ocho meses la recuperación de su gloria no fue porque le faltó capacidad. Le faltó tiempo. El viejo compañero de su cuerpo estaba virtualmente estragado, y en adelante caería sobre la Argentina, implacablemente, la noche del fracaso.

Kirchner supone que a Duhalde, en cambio, perfectamente también lo puede bendinizar. Y en principio lo somete a la humillación de la impotencia por no poder evitar el retiro del retrato de Juárez, su máximo aliado incondicional en la lucha contra su enemigo Menem, y repentinamente entregado hoy al escarnio de la intervención y la prisión domiciliaria.
En definitiva, el obstáculo de Kirchner para bendinizar con eficacia a la Buenos Aires que silenciosamente se arrepiente de haberlo catapultado hacia la presidencia, lo representa hoy la señora Hilda González. Porque a ella tampoco puede bendinizarla con un escueto "proceda". Y felizmente no se la ve nada predispuesta a desprenderse de ningún retrato que haya contribuido a forjar su identidad.

En el fondo, Kirchner y Duhalde son rehenes recíprocos. Corresponsables del eventual fracaso que irreparablemente otra vez se avecina sobre el maltratado país, con situaciones distintas de deterioro pero con la misma irresponsabilidad de hace tres décadas. Y cuando el Gran Bendinizador se desbarranque pesadamente desde las encuestas artificiales de Artemio, el pobre Duhalde descuenta que se puede caer con él. Y entonces en la Argentina oscilante de agravios pendulares, llegarán nuevos diabolizadores, y cambiarán los inquilinos transitorios de determinados pabellones, y los colaboracionistas de los desatinos de hoy tratarán de adaptarse exitosamente con la flamante sintonía.