lunes, diciembre 29, 2003

El disidente de vacaciones

Esperamos que nuestros lectores sepan disculpar esta medida aparentemente laboralista, casi socialista que hemos tomado en El disidente, de cerrar por vacaciones hasta el quince de enero.
Pero créannos, no lo hacemos por obediencia a ese estatuto contra el progreso que es la legislación laboral, sino por propio beneficio.
Hasta la vuelta y gracias por seguir acompañándonos.

KULTURA PINGÜINERA

El recientemente electo gobernador de la Provincia de Buenos Aires consideró que 1300 delitos (que él llama “irregularidades”) detectados en la distribución de subsidios llamados “planes jefes y jefas” a través de los municipios del conurbano no son gran cosa. Esto es lo que se vio forzado a admitir después de que el gobierno nacional descubriera de repente que esos municipios no tienen los papeles muy ordenados en la materia, al mismo tiempo que se lanzaba la precandidatura a gobernadora de Cristina Kirchner.
Lo que el matrimonio K hubiera tenido que explicar en un país medianamente en pie, sería por qué hace menos de un mes, sus más leales diputados del denominado “Grupo Talcahuano” presentaron un proyecto de amnistía para todo tipo de delitos cometidos en el contexto de un piquete (sólo el mal santifica en la Argentina), entre los cuales, en el artículo 2, inciso L, incluía los fraudes cometidos en la distribución de “planes”.
Esto no lo explica sólo la permanente contradicción oficial. Hay algo más.
Se decía que durante la década del noventa había una “cultura menemista” caracterizada por mujeres rubias operadas y otras características de la misma profundidad que solían destacar intelectuales profundos que militan hoy en la obsecuencia oficialista. Desde una perspectiva más resentida se incluía también a la “ostentación de riqueza”.
Hoy vivimos en cambio lo que podríamos caracterizar como una “cultura pingüinera” que nada tiene que ver con el gusto que la cónyuge presidencial está tomando por las fotografías en revistas livianas, sino que es un verdadero fenómeno político. El hecho de que exhiba atuendos muy caros se compensa inclusive con la mediocridad del modo de vestir de su marido. Es cierto también que han demostrado cuánto dinero se puede ganar ejerciendo la profesión de abogado en Santa Cruz (mientras tantos abogados penan en la capital, ellos juntaron pesito a pesito nada menos que seis millones de dólares en bastante poco tiempo). Pero es una riqueza “no ostentada”. Mal distribuida dirían si fuera de otros, pero ostentada no.
Además siendo de izquierda no es pecado ser rico según parece.
Lo que caracteriza a la cultura pingüinera es otra cosa. Se trata de la exhibición obscena de la arbitrariedad. Al de enfrente se le aplica una regla y al propio otra. O lo que es válido perdonar en un momento, es útil investigar un mes después. Este ejercicio no se hace de manera escondida, sino abierta. Se ostenta poder, se demuestra blanco sobre negro la capacidad de arbitrar caprichosamente sobre la realidad y sobre las personas, reafirmando que la voluntad del mandamás es la única norma. La cultura pingüinera en alza se resume en “nosotros sí, ustedes no”.
Cuando el gobernador minimiza un escándalo mayúsculo, como es haber detectado sin demasiado esmero nada menos que 1300 trampas en el otorgamiento de “planes” antisociales (a pesar de que preferiría mirar para otro lado por lo que es probable que sean muchos más), no hace más que copiar el argumento con el cual el gobierno insistió con la candidatura de Eugenio Zaffaroni a juez de la Corte Suprema (a la que pronto se cambiará el nombre por Corte del Supremo) a pesar de haber omitido declarar una cuenta en el exterior en sus declaraciones juradas: “no tiene importancia”, dijeron; “fue un error”. Esas cosas sólo importan cuando las cometen los enemigos, entonces Carlos Menem resulta ser procesado por otra cuenta en el exterior no declarada, por designio del tribunal más oficialista del país: la Kámara Federal de la capital (en rigor responde a absolutamente todos los deseos de Horacio Verbitsky, el Rasputín presidencial).
A un abogado de un militar meramente imputado en una causa de derechos humanos se lo expulsa de la Procuración del Tesoro, de lo que resulta una triple arbitrariedad: la de sancionar a un abogado por la conducta de su cliente, la de afectar el derecho de defensa de ese militar y la de condenarlo anticipadamente fuera del ámbito natural para hacerlo. Al señor Eduardo Duhalde (el otro) que fue defensor de terroristas condenados del ERP y además apologista abierto de esa organización declarada múltiples veces asociación ilícita, se lo pone a cargo de la secretaría de derechos humanos.
En el medio de una crisis de seguridad sin precedentes, el matrimonio mandamás orquestó una feroz ofensiva sobre un flamante Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Su pecado: haber sostenido en su oportunidad otro candidato distinto al señor K para que sea bendecido por el ex presidente Duhalde.
Sobran los ejemplos de arbitrariedad y crudo poder para-institucional ostentado sin pudor por el huracán K. Empezando por la expulsión de la Corte, la “orden” de detención de María Julia Alsogaray que el gobierno exhibe como “mérito propio”, el trato preferencial a algunas “privatizadas” amigas y el destrato a otras.
Al mejor estilo Luis XIV el señor K nos comunica permanentemente que el Estado es él.
Su próximo paso es demostrárselo a Duhalde. Un político acostumbrado al ejercicio descarnado del poder, pero un verdadero aprendiz al lado de su discípulo.

Help Daddy help!

A veces pareciera que las convicciones que el presidente prometió al asumir no dejar en la puerta de la Casa Rosada, fueron olvidadas en la puerta de la Casa Blanca. Una de esas veces es hoy, cuando el Jefe de Gabinete y adulador presidencial Alberto Fernández, invocó la bendición norteamericana, otra vez, en la discusión planteada con el Fondo Monetario Internacional.
Semanas atrás el gobierno se jactaba de haber doblegado al león monetario. Eran el primero, el único gobierno que lo había conseguido domar. No hablaban de la oportuna intervención de George Bush, hasta hace poco el jefe de todos los ogros para la progresía argentina, sino de la firmeza presidencial, que tuvo como resultado el compromiso del gobierno de pagar al FMI el ciento por ciento de la deuda, mientras se quería imponer una quita del 75% al resto de los acreedores, entre otros, los futuros jubilados.
Un nuevo desplante del FMI que pretende revisar lo acordado indignó a Alberto Fernández. Tal vez en privado le recuerden en estos días todas las modificaciones a lo acordado a lo largo de la relación con el Fondo en que ha incurrido la Argentina. Le va ser difícil al jefe de gabinete encontrar un ejemplo de cumplimiento estricto de los pactos por parte de la Argentina.
Pero con Daddy también hay que portarse bien, porque no es como las “privatizadas” o como algunos de los otrora valientes medios de comunicación argentinos, que dependen de su dedo para perder más o perder menos. Daddy es un señor muy independiente en ese sentido, y tal vez recuerde la forma en que la Argentina pagó su gesto de apoyo la última vez: negándose a dar inmunidad a los soldados norteamericanos para participar en operativos militares conjuntos, coqueteando con el totalitarismo marxista en Cuba, con el golpe de estado “indigenista” en Bolivia, y con el payasismo político en Venezuela.

Arresto al estilo pingüinero

El contralmirante (r) Horacio Mayorga fue sancionado con 45 días de arresto por el discurso que pronunciara en la comida anual de los aviadores navales.
Como no podía ser de otro modo, la sanción parece estar motivada en que el señor contralmirante tiene razón. El doctor Néstor Nicolás Gómez nos hizo llegar el texto del discurso publicado por Nueva Provincia. Los párrafos de Mayorga que molestaron al gobierno y ocasionaron la reacción del Almirante Godoy fueron estos:
“…Estas Fuerzas Armadas, esta Armada, esta Aviación Naval sólo tiene un tesoro que no puede perder: su personal y su espíritu militar.
Se puede vivir con sueldos paupérrimos, se puede operar menos que precariamente, se puede llegar a ver más turbia la meta hacia la cual se dirigen los esfuerzos, pero no se puede perder lo más valioso que tenemos: nuestra gente y su espíritu militar.
Y son ustedes los que tendrán que sacar esta especie de pueblo aeronaval al que pertenecemos, de un Egipto disociador para llevarlo a través del desierto a la tierra prometida.
Esta tarea lleva la determinación de toda una generación que se sacrificará en ella, que no tiene brillo, que no tiene premios, que tiene escarnios y acusaciones, que tendrá infinidad de momentos tristes y apenas la esperanza de la última compensación: preservar el espíritu de la gente que mandan, alentarlos a ser fuertes en la paz y valientes en la guerra, en no dejar que se pierdan o pongan en duda los valores humanos que tienen, necesarios para la Armada en cuanto poder ser lo que debe ser en un país que lucha para vivir en paz y democracia.
En las oportunidades que la Patria llamó a sus hombres al combate la Aviación Naval demostró su valía.
Se unió a otros enfrentando la guerrilla que asoló el país, regando con sangre noble su suelo para evitar caer de rodillas ante la subversión, que tiene líderes libres, mientras nuestros hombres están presos.
…No nos pueden decir, no podemos aceptar que nos llamen hijos y nietos de las madres de Plaza de Mayo porque no somos asesinos como fueron ellos, no de 30.000 desaparecidos, que no lo fueron, sino de 684 hombres, mujeres y adolescentes argentinos, que sí perdieron la vida a manos de los guerrilleros durante la guerra sucia.
Nosotros los retirados peleamos, no sé si bien o mal, para que no nos robaran el país. Hoy ustedes pelean para alcanzar un futuro en el que las Fuerzas Armadas tengan su lugar para cimentar la grandeza que nuestra Patria aspira a tener. Fuerzas Armadas que dejaron de lado las dañinas irrupciones en la política, Fuerzas Armadas que saben y aceptan que su presupuesto sea mínimo, porque no se puede tener más de lo que el país puede repartir”.

Vergüenza

Nuestro revoleador de bastones de mando se hizo tiempo para asistir al programa de Tinelli. ¿Qué presidente se perdería semejante programa? Es probable que sea parte de la política de terminar con la frivolidad del pasado.
Pero no sólo fue al programa sino que se dio el lujo de burlarse del ex presidente de la Rua. Nosotros no defendemos a de la Rua, ni lo defendimos nunca por su gestión horrorosa, pero un presidente burlándose de un antecesor es un espectáculo bochornoso. El hecho generó la crítica de un diario que tampoco fue nunca un defensor de de la Rua, como sí lo fueron muchos de sus más acérrimos atacantes de hoy. No queremos violar derechos de copyright, pero les informamos el link para conocer este editorial contundente al que adherimos:

http://www.lanuevaprovincia.com.ar/03/12/28/3cs111.sht

lunes, diciembre 22, 2003

Un gobierno borrado de la historia

La apertura de la caja de Pontaquarto colocó de nuevo en el tapete político a la figura de Fernando de la Rúa, autor del milagro de transformar un 70% de popularidad, en un 86% de impopularidad en tan sólo 2 años.
El fenómeno fue perturbador, porque en los últimos tiempos el gobierno de la Alianza parecía que no hubiera existido jamás.
Los medios han ignorado la figura del “Chupete” desde el 20 de diciembre hasta aquí como si al son de una ficción oficial implícita, se considerara que ese fatídico día (para algunos de festejo), hubiera colapsado “la década del 90” y no el gobierno de la Alianza.
La mayoría de la gente se sentía cómoda con esa fantasía. Si la Alianza no existió, tampoco existieron sus votantes, lo que ayuda a confirmar el diagnóstico equivocado sobre la década anterior que provocó la conjunción entre el radicalismo y el Frepaso, en lugar de revisar dónde estuvo el error.
El fracaso no enseña por sí solo. Pero es huérfano, como se ha dicho muchas veces. Por eso no quedan hoy votantes conocidos de Fernando de la Rúa. Para el votante la cosa es fácil porque el voto es secreto. El problema mayor lo tienen sus antiguos promotores, que desde los medios lo vendían, como diría Bernardo Neustadt, alto, rubio y de ojos celestes.
Se puede recorrer los programas de televisión, radio o los diarios y descubrir que cada chupamedias del gobierno del señor K, fue primero chupamedias de Fernando de la Rúa y de la Alianza en general. Ampliando aún más el punto de vista se puede decir inclusive que durante el único gobierno en el que nuestro periodismo de cabotaje no fue ultra oficialista, fue el de Carlos Menem. El resto de la historia fue conseguir publicidad oficial a costa de genuflexión.
De la mano de Alberto Fernandez, el gobierno jugó a la reivindicación de Chacho Alvarez. Es un misterio cuáles son las virtudes que le atribuyen. Ni siquiera es un gran izquierdista (condición que para la visión oficialista equivale a la posesión de un título de nobleza), después de haber sido el promotor de la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de Economía para desalojar a Ricardo López Murphy en marzo de 2001.
Cuando Fernández dice: “se demostró que Chacho tenía razón”, demuestra a su vez que el gobierno es una continuación de la Alianza; de lo que llamarían “lo mejor de la Alianza”.
El punto central de la motivación de esa coalición de tristísima memoria para acceder al poder era el aumento del reparto, lo que requiere gasto público. Lo quisieron hacer intentando superar los problemas fiscales con un impuestazo que barrió las posibilidades de crecer y a la postre provocó el colapso del 2001.
El gobierno actual sí puede aumentar el gasto y hablar de que no va a tomar medidas que impliquen empeorar “la cuestión social” porque previamente se provocó una megadevaluación que esquilmó la población y elevó los niveles de pobreza a lo más alto de la historia argentina. No quedó mucho por romper después de esa hecatombe. Pero si Néstor Kirchner y sus veleidades montoneras hubieran accedido al gobierno en noviembre de 1999 haciendo lo que está haciendo en este momento, estaría hoy rezando para tener el nivel de impopularidad del que goza Fernando de la Rúa, porque el de él hubiera sido peor.
De la Rua fue un elefante en un bazar. Kirchner es un elefante en un bazar donde todos los platos ya fueron rotos.
Mientras Fernando de la Rúa trataba de encontrar la salida al estudio de Videomatch, el Frepaso, junto con Alfonsín y éste a su vez con Duhalde, se movían en sus sombras para impedir que el gasto público bajara. Menem, puede decirse, los había hecho dependientes totales de ese gasto, en lo político y en lo personal. El Banco Provincia fue un peso muerto para el sistema bancario, pero Machinea le seguía haciendo obsequios de dinero a Buenos Aires a espaldas del propio de la Rúa. Los “buenos” a los ojos de este gobierno, querían eliminar la deuda y el déficit, pero no gastando menos, sino esquilmando a la gallina de los huevos de oro que es el sector privado.
La lección que tendría que aprender la jungla K, es sobre la popularidad que el oficialismo juega como su principal elemento de dominación. De la Rua llegó al poder con 70% de imagen positiva y toda la prensa a favor. Durante los primeros 100 días de su mandato mantuvo inalterado ese porcentaje de aceptación.
La moraleja es que la popularidad no es un premio sino una expectativa. Toda expectativa requiere satisfacción, y cuando no ocurre viene la decepción. La popularidad no es un premio, sino un crédito que se le da al gobierno, pero que inexorablemente se paga. Tal vez sea la única deuda que se paga siempre en la Argentina. Y así como al momento de pagar un crédito de nada sirven las sonrisas al gerente del banco, poco aportará al sostenimiento del oficialismo el intento de complacer a la gente con otra cosa que no sean resultados.

Doble estándar jurídico

Para el éxito de un país hay pocas cosas que estén tan claras como la necesidad de contar con un sistema jurídico. Y para que ese sistema jurídico sea un elemento de convivencia hay un principio que no se puede olvidar, que es el de la igualdad ante la ley.
¿Qué clase de sistema jurídico existe en un país en el que la omisión de declarar la existencia de una cuenta en el exterior puede llevar a una persona a ser procesada y a otra a ser ungida para formar parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues la respuesta es fácil: ninguno.
Carlos Menem acaba de ser procesado por la “Kamara Federal”, que hace años que es una extensión judicial de Página 12, por “omisión maliciosa”, al no declarar a la AFIP la cuenta en Suiza que en rigor no está a su nombre (por lo que no tiene por qué estar en su declaración), sino de Zulema Yoma y la hija de ambos. Al mismo tiempo, Eugenio Zaffaroni fue designado Juez de la Corte Suprema de Justicia, habiendo omitido declarar una cuenta en el exterior, a su propio nombre. En este caso, teniendo en cuenta que el señor es izquierdista, protegido de Horacio Verbitsky y del señor K, se consideró que había sido un error del que puede ser víctima cualquiera.
Lo que sucede cuando una parte de la sociedad le dice a la otra que las leyes son relativas de acuerdo a la postura política de aquél a quien se le aplica, el resultado es que no existe la ley, que por definición es general. Tampoco existen normas de convivencia entre sectores antagónicos y la civilización le deja paso a la resolución de los conflictos por otras vías. Algo que la izquierda argentina parece añorar todo el tiempo.
El sistema jurídico es el mínimo común indispensable para convivir. Y si lo pensaran un poco nuestros neo montoneros repararían en que nadie más que ellos necesita que exista algo parecido a una derecha; de otro modo no tendrán a quién atribuirles sus propios fracasos.

Se dijo:

"Si hay algún muerto, vamos a responder con otro muerto"

Raúl Castells
Piquetero profesional



Sobre las bombas de estruendo que detonaron en la manifestación piquetera del 20 de diciembre:

"No me extraña que sea una especie de autoatentado" y que detrás de "tanta cosa esté metido el aparato duhaldista". "El duhaldismo es una caterva mafiosa que hay en el interior de la coalición de gobierno y que hay que exterminar"

Luis D´Elía
Piquetero del Estado,
Vocero eventual del Presidente



"Es una torpeza pensar que el Gobierno tiene algo que ver. Si nosotros sacamos nuestro beneficio de no reprimir, qué beneficio nos puede dar un daño semejante".

Anibal Fernandez
Ministro del Interior



En respuesta a la afirmación de Néstor Pitrola (Piquetero profesional), Fernández precisó que "en la actualidad hay cerca de 2,2 millones de planes sociales, más el Plan Remediar. Y el trabajo que está haciendo (la ministra de Desarrollo Social) Alicia Kirchner es ejemplar"… "Qué me están hablando de que no atendemos la política social".

Anibal Fernandez
Ministro del Interior


"Quieren que todos seamos jefas y jefes de familia para tenernos marcados, para hacernos votar lo que ellos quieren y perpetuarse en el poder… Tenemos que volver a reconstruir el trabajo, porque es la única garantía de dignidad, y la forma de superar estos planes sociales que nos condenan a la miseria".


Néstor Kirchner
Presidente de la Nación
27.7.2002

lunes, diciembre 15, 2003

Metro Goldwyn K

La remake del espectáculo de las coimas en el senado con la aparición de ese personaje de García Márquez llamado “Pontaquarto” en pleno diciembre caliente, es la gran apuesta oficial del momento. Es indudable que la imaginación llegó al poder después de todo.
Al gobierno del señor K le falta algo de producción y tal vez un coreógrafo para convertirse en la compañía de espectáculos más importante de Latinoamérica (sabemos, claro, que aspiran a más). Tal vez nunca solucionen nada, pero nos entretienen como pocos gobiernos.
Esta obra cuenta un hecho verídico, pero el montaje y el copamiento de la discusión pública por encima del próximo piquete nacional del 20 de diciembre, el robo de 850 kilos de explosivos en Río Negro y el resto de los enormes problemas del país que no se discuten desde hace 7 meses, son dignos de Steven Spielberg.
La oportunidad no pudo ser mejor. La semana pasada se produjo el recambio en el Congreso. El gobierno apuró el nombramiento de Zaffaroni y la destitución de Moliné O'Connor antes de esa fecha, porque tenía mayor control sobre el senado saliente (el más involucrado) que sobre el entrante. Ya no necesita tanto a los “senadores del viejo régimen”. De plantear este asunto que el gobierno maneja hace tiempo, cuando necesitaba de unos cuantos coimeros para sus propósitos políticos, ni hablar.

Coimas malas, coimas buenas
Siempre hay partes del guión que quedan algo flojas. Es el caso de los propios favores de este gobierno al senado para lograr asaltar al poder judicial de la nación. El caso más notorio fue el de la senadora riojana Ada Maza, que no habrá recibido dinero para sus gastos personales, pero negoció su voto a cambio del envío retrasado de 189 millones de pesos mensuales que la Nación estaba comprometida a mandar a La Rioja y por esas cosas de las preferencias transversales no mandaba. “Coima más extorsión” le decían antes cuando existía el derecho y se aplicaba a todos.
Este fue sólo un caso. Pero un senado rendido a los pies de un gobierno (de cualquier gobierno), se explica por razones más concretas que el carisma presidencial. El propio Chacho Alvarez dijo que no sabía si el sistema de coimas no estaba aún en pie.

Desde el jardín
Esto, por supuesto, no quiere decir que el ex presidente de la Rúa no esté muy comprometido en este caso o sea un santo. Nunca lo fue. Cuando Chacho Alvarez se juntó con él para proponerse al país como los salvadores para la limpieza nacional, tampoco lo era.
Una semana antes de las elecciones en las que de la Rúa resultó electo presidente (por el voto de vaya uno a saber quién, porque nadie lo reconoce), las oficinas de la secretaría de hacienda municipal del gobierno de la ciudad, a cargo del “Chupete”, eran allanadas por negocios municipales poco claros. De la Rua ya tenía jardinero provisto por el municipio en su quinta de Villa Rosa, su mujer había viajado a Miami con sus amigas invitada por un importante contratista municipal y sus hijos, en ese momento venerados por todo el periodismo oficialista (que es el mismo periodismo oficialista de ahora, dicho sea de paso), habían sido sorprendidos “manejando” sus propias notas en la facultad aprovechando las influencias paternas.
Que se le diera tratamiento de santo cuando era aliado, o porque se lo veía como el Kerensky del proyecto revolucionario era una cosa. Que lo fuera era otra.

Frankenstein
La Alianza llegó al poder inaugurando una metodología política de la que de la Rúa se arrepentirá toda la vida, y que tendrá un costo institucional muy grande para el país por muchos años: la del mantenimiento del poder a costa de la persecución a “casos emblemáticos de corrupción”, es decir, a sujetos odiados por el público, que el público consideraba que eran culpables de cualquier cosa de la que se los acusara, previamente “demonizados” por el aparato de prensa revolucionario. Metodología que viola el artículo 109 de la Constitución nacional, como veremos más adelante.
Para ese trabajito recurrieron a los mismos jueces que antes habían descalificado por formar parte de la servilleta de Corach, e inauguraron una dependencia oficial de investigación con la facultad de decidir qué casos era importante investigar y cuáles no. Desde su creación, la Oficina Anticorrupción decide siempre que “casos importantes” son los referidos a gobiernos anteriores. Durante el gobierno de la Alianza el papel de la Oficina Anticorrupción en el caso PAMI y en el de las coimas en el senado fue vergonzoso, sobre todo en comparación con el celo y los criterios autoritarios aplicados respecto de funcionarios salientes.
Este andamiaje de entregar para el sacrificio público a los personajes más odiados, en la medida en que no provocaran inconvenientes políticos serios, como forma de sustentar el poder, hará de la política un negocio exclusivo de bandidos, aún más de lo que ha sido hasta ahora, por muchos años. Son pocos los que están dispuestos a soportar el oprobio mediático interesado, luego confirmado por jueces obedientes.
Ahora la criatura parece estar comiéndose a su creador. Y se comerá a unos cuantos de sus usufructuarios actuales.

La molesta Constitución
El Jefe de Gabinete Alberto Fernandez, maestro de ceremonias de esta puesta en escena, no es de los que se detiene en detalles tales como las prohibiciones constitucionales. Por eso toma el protagonismo que toma y no tiene empacho en mostrar cómo el Poder Ejecutivo es el director del espectáculo.
Algún lector de la Constitución podría recordarle lo que dice el artículo 109: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. A lo mejor nuestros constituyentes no tuvieron en cuenta que desde la Alianza hasta ahora, la Argentina iba a inaugurar “nuevas formas de hacer política” que no necesitaran de control, ni de reglas, ni de división de poderes.
Por eso es que, siguiendo con la vieja tradición de violar la Constitución para una (invocada) emergencia y después violarla para todos los casos, ya hay genios que están pensando en que el Congreso “anule” las reformas laborales supuestamente logradas mediante coimas al senado. Y los mismos que se habían dado cuenta antes que el Congreso no puede anular nada (cuando se hablaba de las leyes de obediencia debida y punto final) porque eso es una función judicial, ahora no se oponen. La razón es obvia: argentinitis aguda. Los procedimientos son o no reprochables en la Argentina de acuerdo a qué se piense del fin. “El príncipe” bolilla uno, punto uno. Un mal del cien por ciento de la población.

Chacho recargado
Chacho Alvarez hasta hace un par de meses atrás no podía salir de su casa. Hasta los ultraoficialisitas noteros de CQC le tomaban el pelo. Había huido de su responsabilidad, además de haber sido el causante de la crisis política que terminó con la caída de de la Rúa.
La aparición del señor Pontaquarto, nada agrega a las culpas chachistas. Ya se daba por cierto lo que había ocurrido en el senado. El problema era que Chacho Alvarez eligió huir de su responsabilidad cuando el escándalo se le fue de las manos y por temor a quedar manchado, en lugar de resolver el problema.
Los dichos de Cafiero del fin de semana, inclusive siembran dudas respecto al conocimiento que Alvarez pudo haber tenido de los repartos de dinero a cambio de manos levantadas. El ex senador contó que cuando puso en conocimiento de Alvarez lo que estaba investigando, el ex vicepresidente le dijo que ése no era un asunto suyo. Alvarez estaba ocupándose de los empleados ñoquis y al enterarse de lo que estaba ocurriendo y cuando el caso le estalló en las manos, hizo la denuncia y se fue a tomar café a Varela Varelita. No hizo nada serio para esclarecer el caso y los legisladores del Frepaso terminaron votando en contra del juicio político al ex ministro Flamarique.
Dicho sea de paso, nunca supe que pasó con el pedido de juicio político que hice yo mismo contra el señor de la Rúa, Chacho Alvarez y los ministros involucrados por este caso. “La nueva política” no dio ninguna respuesta al respecto. Soplaban otros vientos y aún cuando parecía haber habido coimas en el senado, en el tratamiento mediático del problema parecía que habían ocurrido sin que existieran coimeadores.

Coimas en la Justicia

La investigación del senado puede tener derivaciones más graves aún que las ya vistas. El testigo Pontaquarto confirmó que el dinero de las coimas fue retirado del Banco Nación por él para su distribución entre los senadores.
En el año 2000, cuándo estalló este escándalo, Rafael Bielsa era titular de la SIGEN. Como tal le correspondía controlar a la administración pública y lo hacía con mayor seriedad que los aliancistas militantes de franja morada de la Oficina Anticorrupción (la mayoría de los cuales aún están ahí), hacia los cuales el gobierno de de la Rúa (y el propio Chacho Alvarez, como se verá) trataban de desviar la investigación. Bielsa descubrió dos cheques cobrados por ventanilla del Banco Nación, por un total de 6,5 millones de pesos, el 11 y 13 de abril de 2000, veinte días antes de la votación que se dice viciada por incentivos “efectivos”.
El juez Liporaci, entonces a cargo de la causa, había dictado la falta de mérito de 8 senadores al no encontrar elementos para incriminarlos. Pero como consecuencia de la aparición de estos cheques, dictó el procesamiento de Santibáñez, titular de la SIDE en el momento de los acontecimientos y mano derecha presidencial y Flamarique, ministro de Trabajo puesto por el Frepaso, acusado de promover las coimas para lograr la sanción de la ley.
Liporaci renunció al poco tiempo ante la posibilidad de ser juzgado por enriquecimiento ilícito. Juez de la servilleta, no había sido cuestionado hasta entonces por el gobierno de la Alianza, porque estos jueces cuanto más vulnerables en su conducta eran, más dispuestos estaban a complacer los deseos del poder. Pero en este caso, no estaba actuando como los nuevos cruzados de la honestidad esperaban que lo hiciera. Se fue entonces a su casa, por sus pecados viejos.
La causa pasó entonces al Juez Gabriel Cavallo. Otro juez de la servilleta, pero ya para entonces bancado por la cofradía judicial protegida por Horacio Verbisky (Cavallo fue el primero en declarar inconstitucional las leyes de obediencia debida y punto final).
Cavallo dispuso una auditoría sobre el destino de los fondos retirados el 11 y 13 de abril, pero curiosamente le quitó el trabajo a la SIGEN (que había hecho la investigación) con la excusa de que Rafael Bielsa había intercambiado denuncias con de Santibáñez. Una excusa absurda, porque las denuncias tenían origen en el caso y si fuera ésta una causal legítima para deshacerse de un acusador, a cualquier procesado le bastaría levantar el tono contra su fiscal para conseguir apartarlo de la causa.
Cavallo en cambio encargó la auditoría a (nada menos que) la Oficina Anticorrupción a la que el gobierno quería dar exclusividad sobre la cuestión. Las conclusiones de la Oficina fueron, como no podía ser de otra manera, que el destino de ese dinero estaba perfectamente justificado. Para que no quedaran dudas, el propio titular de la Oficina Anticorrupción José Massoni salió a decir que las cuentas de la SIDE estaban en perfecto orden y que el dinero no pudo haber salido de ahí. Resulta que las declaraciones de Pontaquarto terminan ahora por desmentir las conclusiones de la OA.
Para que no queden dudas de la inspiración de las conclusiones de semejante estudio, el ex presidente de la Rúa acaba de afirmar que él mismo comprobó que el dinero no pudo haber salido de la SIDE. Al identificar la “comprobación” de la OA consigo mismo, no hace más que demostrar que el estudio era dirigido por quien debía ser investigado y que el pase que el doctor Cavallo había hecho de la SIGEN a la OA tenía un sentido político claro.
El juez Cavallo, ante las terminantes conclusiones del estudio de la OA sobreseyó a los funcionarios imputados. Poco tiempo después fue ascendido a Juez de Cámara, con el padrinazgo de Horacio Verbitsky.
Esta es la investigación que debería seguir en la Argentina. El reparto de ascensos a cambio de favores en investigaciones penales. El modo en que se produjo el ascenso de Gabriel Cavallo a Juez de la Cámara Federal es un escándalo mayúsculo aparte. La separación de Rafael Bielsa de la investigación y el papel determinante en la maniobra que tuvo la Oficina Anticorrupción son otro capítulo de este bochorno paralelo.
Ante esta remake de “coimas en el senado” todo el mundo da por sentado que la investigación de Bielsa era correcta. Sin embargo nadie recuerda el modo en que fue tapada y los protagonistas de esa maniobra; algo que le sigue como consecuencia natural.
Desgraciadamente en la Argentina, donde nada cambió, es probable que antes se considere la conveniencia de abrir esa caja de Pandora.

Se dijo:

El senador Jorge Yoma había planteado la citación al Congreso del ex presidente de la Rúa por el caso de las coimas en el senado. El gobierno quería derivar la investigación a su propia policía política, es decir, la Oficina Anticorrupción, sin hacer denuncia judicial alguna. Veamos las derivaciones.

"El Presidente planteó que los funcionarios que tuvieron que ver con el tema voluntariamente tendrían que ir a la OA mostrando toda la predisposición y la voluntad de presentarse en cualquier instancia… Lo de Yoma, de convocar al Presidente, es una chicana absurda, porque es como decir que si se avanza en la investigación él va a hacer hincapié en la figura presidencial. Y el Gobierno tiene que demostrar que es el más interesado en que este tema se esclarezca".

Carlos "Chacho" Alvarez
Ex vicepresidente de la nación



"Si el caso de las coimas en el senado es cierto, yo me retiro de la política"

Raúl Alfonsín
Ex presidente de la nación



"Se trata simplemente de una versión dañina que trata de ser utilizada también políticamente, donde se cruzan algunas internas del propio Senado entre sectores que buscan la reelección en el mismo distrito"

Federico Storani
Ex ministro del interior

martes, diciembre 09, 2003

Golpe de estado contra la Corte Suprema

La peor violación a la independencia del Poder Judicial de toda la historia argentina fue cometida esta semana por el señor K y su mayoría automática en el senado de la nación, con la destitución de Eduardo Moliné O´Connor como Juez de la Corte Suprema de Justicia.
Unida a las renuncias forzadas de los jueces Nazareno y López y al ahora iniciado juicio político contra Adolfo Vázquez de previsible final, los nuevos puestos kirchneristas en el Máximo Tribunal serán cuatro, entre nueve. Pero a eso debe sumarse el alineamiento incondicional del antes demonizado y atemorizado (ahora protegido) doctor Boggiano y de otros miembros pro K del Tribunal como el doctor Petracchi, para completar la nueva Corte obediente en la Argentina.
El bochornoso procedimiento contra Moliné O´Connor conducido por la todopoderosa cónyuge presidencial, fue nada más que la puesta en escena de una condena decidida de antemano.
Como la historia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha estado contaminada por la lucha política y eso en la Argentina significa una guerra de propaganda a través del aparato mediático, al que el poder judicial no tiene acceso por sí, es útil hacer un breve repaso de algunas realidades referidas al Máximo Tribunal.
Cuando Alfonsín llegó al poder el 10 de diciembre de 1983 se encontró con una Corte Suprema de Justicia en pleno funcionamiento, pero que carecía de acuerdo del senado. No eran militares, ni interventores, ni se trataba de designaciones políticas, sino de magistrados con carrera judicial, pero Alfonsín tenía la alternativa de desconocer sus nombramientos e instalar una Corte amiga. De hecho, muchos otros miembros del Poder Judicial que ejercían la magistratura en otras instancias, carecían del acuerdo necesario (caso del actual ministro Zaffaroni) y fueron confirmados por Alfonsín en sus designaciones a través del mecanismo constitucional.
Se trataba en realidad de un caso no previsto por la Constitución, porque si bien desde el plano formal no había posibilidad de que hubiera ministros de la Corte que no tuvieran acuerdo del senado, el mecanismo de designación de jueces vitalicios tampoco permitía a ningún presidente llenar todos los cargos de la Corte y tener pleno dominio del poder judicial colocando al sistema republicano, en lo sustancial, en severo riesgo.
Por supuesto, Alfonsín eligió tener su propia Corte. De ese período podemos recordar que la Corte convalidó criterios revolucionarios y antiliberales en materia penal, como la responsabilidad mediata de los miembros de las juntas militares por los actos de sus subordinados, criterios que hasta el día de hoy permiten perseguir a miembros de las fuerzas armadas por hechos de los que no pudieron haber tenido conocimiento, la convalidación de la constitución de tribunales especiales prohibidos expresamente por la Constitución y la detención de diez personas por orden del Poder Ejecutivo invocando una conspiración jamás probada o intentada probar.
Alfonsín tuvo que pactar para lograr este objetivo con Leónidas Saadi que en aquellos tiempos lideraba al justicialismo en el senado. Hubo un intercambio de figuritas y el catamarqueño obtuvo muchos nombramientos en tribunales de primera instancia y cámaras.
Así y todo como Alfonsín acariciaba sueños hegemónicos sobre la mitad de su mandato, no creyó suficientemente alfonsinista a la Corte y mandó al Congreso un primer proyecto de llevar el número de sus miembros a nueve, que no pudo imponer.
Al llegar Carlos Menem al gobierno, se encontró con una Corte con acuerdo del senado pero enteramente alfonsinista. Situación que la Constitución tampoco prevé. Podría haber tomado la determinación de no intervenir y dejar que el paso de los años y varios períodos presidenciales normalizaran la Corte. Pero Menem tenía entre manos una serie de transformaciones en el Estado con su política de privatizaciones y desregulación que chocaba no con la Constitución, pero sí con buena parte de la legislación anticonstitucional, no declarada así por décadas de sentencias judiciales antiliberales, y entonces decidió retomar el proyecto de Alfonsín y proponer elevar el número de miembros a nueve. Menem, al contrario que Alfonsín, obtuvo lo que se propuso.
Pero Menem no fue el único que hizo suyo el plan alfonsinista. Nestor Kirchner también amplió el número de miembros del Supremo Tribunal de su provincia, instalando una Corte amiga.
En esa época se produce la importación de la doctrina del “per saltum” que permite a la Corte abocarse al conocimiento de cualquier causa en la que esté en juego una grave cuestión institucional, lo que permite a Menem librarse de medidas cautelares que no le hubieran dejado avanzar en su política de privatización.
El siguiente acontecimiento que marca la historia de la Corte del último período democrático fue el pacto de Olivos. El malestar de la oposición por el resultado de la ampliación del número de miembros de la Corte con estos cuatro nuevos miembros que en los asuntos de interés del gobierno votaban generalmente juntos, sirvió de figurita de cambio a la hora de pactar con Alfonsín la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional.
Fue así que en 1994 se puso fin a cualquier “mayoría automática” y se forzaron las renuncias de los jueces más cercanos a Menem, quienes no opusieron ninguna resistencia, y se los cambió por otros propuestos por la oposición. En 1994, la cuestión del aumento de miembros de la Corte hecha a medida de Carlos Menem, se había dado por terminada.
Un estudio reciente del instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, demostró que en todo el período que va desde 1983 hasta la fecha Carlos Menem soportó más declaraciones de inconstitucionalidad que cualquier otro presidente y que la “mayoría automática” no había votado en el mismo sentido más que en unos pocos casos. Alfonsín, por supuesto, fue el que menos cuestionamientos constitucionales recibió de su Corte.
Lo que demostró este estudio es que la existencia de una “mayoría automática” era un mito político, que siguió corriendo luego de la “normalización” de la Corte en 1994, sólo porque era útil para atacar a Menem y porque la izquierda que fogoneaba causas contra viejos enemigos a costa de todos los principios de derecho conocidos, notaba que sus disparatados criterios eran convalidados en primera instancia y también en la Cámara Federal, que actúa como el brazo judicial de Horacio Verbitsky, pero no conseguían ser convalidados en la Corte Suprema. Y este obstáculo contra los planes de venganza de la izquierda revolucionaria no se debía a la oposición simplemente de los jueces nombrados en la época de Menem, sino la de todos los miembros del Alto Tribunal. De hecho, el voto que sirvió para declarar constitucional las leyes de obediencia debida y punto final, en pleno gobierno de Alfonsín con la Corte de cinco miembros, fue el de Enrique Petracchi.
El verdadero daño que hizo Menem al sistema Judicial estuvo dado con el nombramiento de Jueces Federales enteramente politizados y que (esperaba) le fueran fieles. Para eso desplazó mediante ascensos a otros que ocupaban esos lugares cuando llegó al poder.
Pero la estrategia terminó jugándole en contra años después, porque los jueces amigos tenían una colección de trapos que esconder más allá de su alineamiento político, y buscaron protección por dos vías igualmente perversas que se volvieron contra Menem. La primera dando rienda suelta al festival izquierdista de perseguir militares y mantener viva la década del 70. Ese sólo mecanismo les aseguraba la protección o el silencio de una prensa cada vez más agresiva y cada vez más volcada al socialismo revolucionario. Doña María Romilda Servini de Cubría pasó de ser “Servil que cubría” en palabras de Horacio Verbitsky, a una respetabilísima juez cuando decidió detener a una veintena de oficiales por ser parte presuntamente de un complot para robar niños, todos los cuales fueron puestos más tarde en libertad.
La segunda línea de protección que tomaron estos jueces fue soslayar todos los principios jurídicos para permitir al gobierno de la Alianza tener detenidos a “personajes emblemáticos del menemismo” (ex funcionarios de Menem que carecieran de la protección del partido justicialista). De esa época y de esos jueces menemistas, son las detenciones con criterios jurídicos aberrantes y a pedido de un órgano del Poder Ejecutivo nuevo denominado “Oficina Anticorrupción”, como la de Cavallo, Balza, Erman González, Alderete y el propio Carlos Menem, recurriendo a figuras forzadas como la “responsabilidad mediata” ya “creada” políticamente en la época de Alfonsín, la “asociación ilícita”, las “falsificaciones de decretos”, todas rechazadas por las opiniones jurídicas más autorizadas. Aquello fue un verdadero circo.
Estas dos líneas de protección que buscaron los jueces federales más deshonestos eran simpáticas, sin embargo, a los ojos del público. Y lo eran porque el público miraba todos los acontecimientos del país bajo el tamiz de la izquierda revolucionaria con presencia hegemónica en los medios de comunicación.
Sin embargo, el único eslabón que la izquierda no lograba dominar, era precisamente, la Corte Suprema de Justicia, que se mantenía haciendo respetar los criterios liberales tradicionales del derecho penal y, en general no convalidaba ninguna de las arbitrariedades que se proponían desde instancias anteriores. De nuevo, no eran los jueces nombrados en la época de Menem los que daban vuelta estos fallos arbitrarios, sino todos ellos.
El más resonante de esos casos fue el impecable voto de Carlos Belluscio en el caso Emir Yoma, que posibilitó la libertad de Carlos Menem en el disparatado caso “armas”, en el que acusaba al Juez Urso de haber invertido el silogismo de la sentencia, buscando una figura que permitiera la prisión preventiva para luego tratar de deducir cómo era que el imputado había incurrido en la conducta en cuestión. Se ocupó también Belluscio de castigar la conducta de jueces que ganaban en tranquilidad respondiendo a los criterios políticos que se imponían en los medios de comunicación y alejándose del derecho.
Pero un fallo que debió ser tomado como ejemplo de restablecimiento del orden jurídico, fue luego utilizado para atacar a la Corte. Curiosamente no fue invocado contra el doctor Moliné O´Connor en el simulacro de juicio político al que fue sometido.
En esas condiciones llegamos al colapso de la Alianza en diciembre de 2001. El fracaso del gobierno de de la Rúa abría la posibilidad de la vuelta de Carlos Menem al poder, algo que por cierto no querían quienes habían organizado las revueltas que forzaron la renuncia del presidente. Parte del plan político de la entente bonaerense Duhalde – Alfonsín que desplazó a de la Rua era promover una mega devaluación y una agresiva política intervencionista. Eso requería una Corte dispuesta a hacer la venia a las transgresiones constitucionales que esa política traía consigo. Durante los acontecimientos del 20 de diciembre, por los distintos móviles de los canales de televisión aparecían carteles prolijamente impresos pidiendo que se fuera la Corte Suprema de Justicia en pleno. Los revoltosos se distribuían prolijamente para crear el clima contra el Tribunal en un hecho sin precedentes.
Las presiones duhaldistas para deshacerse de la Corte, tanto de la “mayoría automática” como de la “minoría automática” fueron enormes, nunca vistas, sin otro fundamento que su poder patoteril. Pensó inclusive en sacarlos por un acto de fuerza, pero no contó con el apoyo de las fuerzas armadas para hacerlo. Optó entonces por encargar a la Secretaría de Inteligencia del Estado la realización de una dura campaña de desprestigio que fue exitosa y la organización de “espontáneos escraches” contra los jueces. Consiguió volcar a una enardecida, confundida y golpeada opinión pública, contra el Máximo Tribunal, aún cuando la gente no sabía quienes eran, ni qué habían hecho, ni mucho menos cuáles eran sus funciones. Entre las opiniones de ese entonces se escuchaban sandeces tales como que la Corte había instaurado el llamado “corralito”.
Sin embargo Duhalde fracasó, sólo consiguió la renuncia de uno de los jueces (al que llenaron de elogios pese a que su desempeño había sido muy pobre), y recibió presiones internacionales para detener su ataque a la Corte, porque en la Argentina no había ciudadanos con conciencia suficiente para oponerse a la ola de odio revolucionario que se vivía en ese entonces.
En realidad la categoría “ciudadano con conciencia” es algo de lo que la Argentina carece desde hace mucho más tiempo. Nadie quería dejar de pronunciar la frase hecha del momento: “la Corte adicta”. Adicta hubiera sido a un gobierno que no estaba en el poder y por lo tanto no podía ser un obstáculo al funcionamiento de la república. Pero pensar obligaba en esa época a pelearse con mucha gente. En la Argentina no se defiende ninguna causa que “quede mal”. Nadie se desprestigia por ser tibio; es casi una virtud.
Duhalde tuvo finalmente que frenar a sus lugartenientes. Le costó más con los de Santa Cruz, porque si bien formaban parte de su coalición, tenían algunas cuentas pendientes con la Corte que querían zanjar. Era el caso del fallo de la Suprema Corte que reponía en el cargo al Procurador General ante el Supremo Tribunal de Santa Cruz al que el gobernador Kirchner había depuesto, seguramente por no ser su esclavo; fallo que nunca fue cumplido. El señor K, no perdona a quienes lo contradicen.
Los últimos acontecimientos son conocidos. Un presidente que tiene prohibido constitucionalmente inmiscuirse en temas judiciales, que no tiene función alguna que cumplir en materia de remoción de jueces, se ocupó personalmente de eliminar los elementos discordantes del Poder Judicial, bajándoles el pulgar a través de la cadena nacional de televisión. Así forzó las renuncias de Nazareno y López y destituyó a Moliné O´Connor, quien con toda dignidad y perdiendo su derecho a jubilarse, soportó el simulacro de juicio político hasta sus últimas consecuencias.
Esta es tal vez la mayor disidencia entre todas nuestras disidencias. Porque no es una protesta contra un gobierno despótico y su caterva de patoteros parlamentarios, sino la protesta contra una sociedad anómica que fue testigo mudo de una aberración constitucional y humana sin precedentes y continúa en sus actividades privadas queriendo creer que ninguno de los crímenes que se están cometiendo tienen influencia sobre su propio futuro.
La Argentina se divide entre un grupo de abusadores del poder y una mayoría que siempre está a la espera de la llegada de la caballería. En otras épocas llegaba justo a tiempo. Pero la última vez, esa mayoría se dio vuelta para sacrificarla cuando había terminado su trabajo. Tal vez y sólo tal vez, la sociedad argentina se vea ahora enfrentada con su propia inconducta y obligada a afirmarse o desaparecer.

Se dijo:

I. ¡Qué valor!: “Si alguien pretende asustarnos con esto, está equivocado. Trabajaremos como siempre. Para detenernos, nos tendrán que matar”
Norberto Quantin
Secretario de Seguridad Interior


El doctor Quantin se refería al supuesto complot con el que el gobierno trata de quitarse la responsabilidad por los últimos hechos delictivos ocurridos en la Capital Federal. Claro, quién no se anima a desafiar a unos complotados tan imaginarios. Lo que no queda claro si es una amenaza contra los delincuentes o una invitación a seguir actuando es la parte en que el señor secretario dice: “Trabajaremos como siempre”.

II. Jueces remisos: El ministro de Justicia Gustavo Beliz acaba de “denunciar” que el problema de seguridad es debido a jueces que “son remisos a detener delincuentes y realizar procedimientos”.
Por supuesto que no es propio de un ministro del Poder Ejecutivo decirle a los jueces lo que tienen que hacer, pero no nos vamos a ocupar de este tema porque las cuestiones constitucionales son muy noventistas y no es época para eso.
Lo que nos preocupa es que gente tan santa sea incapaz de advertir la contradicción entre hacer esta afirmación y haber promovido al padre intelectual de todos los jueces, fiscales y doctrinarios “remisos a la detención de delincuentes”, doctor Eugenio Zaffaroni, al cargo de ministro de la Corte Suprema de la Nación. Propuesta que salió del ministerio del propio señor Beliz.
Zaffaroni, está lejos de acercarse a las ideas de Beliz (las de la última semana) sobre lo que deberían hacer los jueces y acaba de expresar su beneplácito por el fallo de la sala primera de la Cámara del Crimen que declara inconstitucional el mínimo legal para conceder excarcelaciones.
Todo indica que mientras Beliz siga en el cargo, habrá cada vez más jueces remisos a causar problemas a los delincuentes y cada vez más declaraciones rimbombantes.

lunes, diciembre 01, 2003

El club

Aunque parezca extraño quién mejor puso en su lugar al ex aspirante a piquetero Eduardo Duhalde respecto de sus declaraciones del fin de semana criticando la política que llamó de “mano suave” del kirchnerismo con el caos piquetero que sufre el país, fue un dirigente de la agrupación extremista Quebracho. En el programa de Chiche Gelblung, donde recordó que Duhalde fue el creador del sistema.
En efecto lo fue, porque aunque diga ahora que se han formado verdaderas PYMES piqueteras, son en realidad empresas del estado y él es uno de los grandes responsables de su existencia (ver “Piqueteros sociedad del estado” más abajo).
Los piqueteros fueron PYMES cuando “trabajaban” de punteros y fue el estado, en tiempos de Duhalde el que los convirtió en empresas públicas. Son personas habituadas a lucrar a costa de la pobreza, siempre con alguna mano oficial. Algunos, como Luís D´Elía han hecho el cursus honorum propio de todo político mediocre hasta que descubrieron una actividad más lucrativa. Fue concejal, ahora es diputado por una ínfima cantidad de votos y oráculo presidencial. Lavó su imagen y pasó de ser un típico calienta sillas político a líder moral extorsionando al poder en las calles en nombre de la pobreza, enarbolando banderas marxistas y recurriendo a la dialéctica como arma política fundamental.

¿Y los ñoquis dónde están?
Una sociedad amoral, perdida, culposa, llena de crímenes y traiciones, es el ámbito adecuado para que un atorrante reciba un sitial de honor. Con lo cual la acción del estado para provocar y potenciar esta locura piquetera es en realidad el último eslabón en una cadena del espanto, en una sociedad que es capaz de repudiar a ñoquis, punteros y delincuentes que lucran con la pobreza cuando la televisión se los señala, pero que no bien se cambian de ropaje y sacan viejos panfletos marxistas alienados, se trasforman a sus ojos en “dirigentes sociales” con “reivindicaciones justas”.
Sin embargo no es justa la comparación de los ñoquis de ayer con estos piqueteros de hoy, tan pobres unos como otros. Los ñoquis cobraban sin trabajar, pero no alteraban el funcionamiento de todo el país, no ejercían violencia, ni decían tener derecho a esquilmar al país. Se escondían, tenían vergüenza. No sabían manipular.

El club
Cuándo era presidente Duhalde decía que quería ser piquetero. En realidad lo fue siempre a su manera. Sería una ingenuidad creer que ha cambiado de opinión; lo que han cambiado son sus intereses. Dirime las cuestiones de poder con el señor K a través de los problemas más graves que tiene el país, sin resolverlos ni proponer soluciones. No le interesan. Los utiliza.
Este reciclaje que ha beneficiado a lo peor de la Argentina es lo que se conoce como “nueva política”, “país en serio” (donde hasta Ramoncito Saadi regresa al senado). Por un lado los punteros, hoy piqueteros, por el otro lado los dirigentes políticos más corruptos e ineptos, los diputados y senadores más comprables y más vendibles, los que cambian de línea en cuanto vira el poder, los dirigentes sindicales más estatistas, los empresarios más cosechadores de privilegios y protecciones. Un gran club. ¿Pero es el club que la gente pedía al grito de que se vayan todos? Tal vez no, pero es el club al que la gente escuchó e invocó mientras se “antinoventizaba” estúpidamente.
Lo paradójico es que este esquema se produjo verdaderamente en los años noventa. Salvo algunos empresarios que estuvieron años lamentando perder sus privilegios y protecciones y vieron con “el nuevo modelo” la oportunidad de volver a enriquecerse a costa de los demás, el resto del club vivió de un estado que sobrevivió gracias al aporte de todo lo que ellos dicen odiar: los ingresos por privatizaciones y la deuda externa.

Beneficiados de los 90
El señor K se preocupa mucho por perjudicar a todos aquellos que él crea que se beneficiaron en los noventa (excluido él por supuesto). Pues los tiene frente a sus ojos. No hubo beneficiado mayor en esa década que el Estado, porque todos los cambios que se hicieron en ese tiempo, algunos muy positivos, beneficiaron en primer lugar al sector público, del que mama el club de los atorrantes en la Argentina.
Pero es difícil que el señor K advierta semejante cosa. A él no le molestan los que se benefician sin merecerlo, sino los que lo hacen por sí mismos que son los que generan envidia.
Además tendría que madurar bastante. Hace una semana sus adláteres salían a “amenazar con el código penal” (en la Argentina utilizar el Código Penal se ha convertido en una amenaza) a los piqueteros. Pero basta que Duhalde pida que el estado haga algo para frenar a los piqueteros para que el oficialismo salga a reaccionar contra la “represión”. Nuestro señor K es igual que un chico al que se le dice que no tome la sopa, como una forma de impulsarlo a que lo haga.
Duhalde conoce el perfil psicológico del señor K. Por eso llamó a la línea oficial en materia de piqueteros “mano suave”. Y es falso que haya mano suave con los piqueteros; no hay ni siquiera eso, sino que se los premia.
El gobierno probó comprándolos. Pudo adquirir dos a un precio muy alto, y ahora se asombra de tener una cola de aspirantes a piqueteros oficiales esperándolo. Se han convertido para la orquesta K en los nuevos “estúpidos que gritan”.

Piqueteros Sociedad del Estado

Por José Benegas para Ambito Financiero (publicado en octubre de 2002)

Durante los últimos años se puso de moda explicar el crecimiento de la violencia o el delito como la consecuencia de una “falta de distribución social de la riqueza”, y como siempre hay más voluntarios para repartir los bienes de otro que para producir, esta tendencia fue ganando adeptos con gran velocidad. Lo que nunca explicaron es por qué la pobreza que se ve en el campo desde siempre, no produce ni asaltantes ni piquetes.
Para la izquierda el crimen se convirtió en un sustituto posmoderno del levantamiento proletario y para el populismo clásico en una forma de justificar la dádiva que es la única manera de manejar los asuntos políticos que conocen.
Para algunos inclusive el “reparto” cumpliría el papel de una suerte de “protección? mafiosa para resolver el peligro de lo que llaman un “estallido social”. Para esta posición la solución para no ser asaltados es entregar el botín de manera voluntaria (salida ésta que se parece mucho a la que el dicho popular sobre cuál era la solución frente a una violación inevitable).
Pero el movimiento piquetero y la situación de la seguridad en el conurbano bonaerense parecen arrojar conclusiones opuestas y desmentir todas estas ideas y subterfugios. El conurbano bonaerense ha sido en los últimos diez años el mayor beneficiario de planes de reparto estatales y de demagogia de todo tipo y no sólo es el lugar donde se concentra la mayor inseguridad y la cuna de la violencia piquetera que sufrimos el pasado miércoles, sino que es también el lugar donde la pobreza crece a ritmo más acelerado.
Podría parecer una paradoja, pero no lo es. En gran medida la pobreza es hija de los desaguisados económicos en general que cometen los gobiernos, pero también lo es, y sobre todo la marginalidad peligrosa y los grupos políticos que viven de ella, de ese sistema de fomento oficial de la mendacidad improductiva denominado “distribución de la riqueza?.
Cuando el Estado con su capacidad de compra, limitada nada más que por su poder de exprimir al mercado, se dedica a adquirir determinados bienes o servicios fomenta su producción. Si compra muchas máquinas de hacer café, la producción de máquinas de café para proveer esa demanda tiende a crecer. Si adquiere asfalto para reparar calles, aumenta la rentabilidad de la producción de ese producto. Por el mismo motivo cuando el Estado entrega en masa dinero o beneficios a cambio de nada o sólo por protestar, fomenta pues la nada y la protesta. Cuando lo hace por muchos años el negocio tiende a institucionalizarse.
La caridad privada nunca cometería esos errores. Esta siempre va acompañada de buenos valores tendientes a la auto superación del beneficiario y a la defensa de un sentido de rectitud en la vida. Lo contrario a los valores que fomenta un Estado repartidor indiscriminado que tiende a beneficiar al más agresivo o al más eficaz como puntero.
Si el Estado reparte dinero, bajo cualquier título (planes “trabajar” y “jefes de familia”) o bienes o servicios a los pobres a gran escala y por un largo tiempo, lo que tiende a crecer en el mediano y largo plazo es la pobreza. Recordemos también los varios cientos de millones de dólares con que la Nación proveía a la Provincia en tiempos de Menem presidente y Duhalde Gobernador, todos los cuales fueron usados para el reparto. El Estado no solo destruye así a sus “contribuyentes” que produjeron esa riqueza, sino que también agrava la situación cuando transforma esos recursos en demanda de pobreza.
Esto es lo que ocurrió en la Argentina. El reparto a mansalva empezó cuando el problema de seguridad y el problema económico del conurbano bonaerense eran mucho menores. El resultado fue la multiplicación exponencial de la cuestión.
Los piqueteros están lejos de ser un movimiento marxista espontáneo. Nacieron y sobreviven al calor oficial. Empezaron su actividad concentrando el reparto de los llamados “planes trabajar”. De manera natural crecieron desde adentro líderes más aptos para reclamar mayores recursos y también se incorporaron al sistema políticos marginales expertos en punterismo político. El reparto oficial de dinero se convirtió en un negocio grande para los empresarios de la dádiva y en una salida fácil para desocupados y gente con situaciones económicas dramáticas. Mucha de esa desesperación era consecuencia a su vez del exceso de gasto público y la presión tributaria que ahogaba a las empresas para proveer a ese mismo Estado repartidor, generándose así un círculo vicioso imparable. La disminución del flujo de recursos sobre ese sistema perverso, o el favoritismo con algunas organizaciones y la exclusión de otras es lo que genera las tensiones que están a la vista y no la pobreza. El sistema se convierte por esa vía en una hoguera imposible de dejar de alimentar.
El gobierno es quien provee el combustible de esa hoguera. Los piqueteros son hoy la principal empresa Estatal y la más conflictiva.
Los cabecillas de estas organizaciones paraestatales se dieron cuenta de que una combinación infalible para tener éxito en el mundo del negocio piquetero era exacerbar la culpa en la sociedad y producir hechos ilegales presentándolos como el último recurso para que “alguien” los escuchara en sus reclamos. Años de alimentar el complejo del Estado represor dieron sus frutos porque los funcionarios terminaron renunciando a utilizar la fuerza para defender a la sociedad, de manera que la Argentina se convirtió en zona liberada para el piquete, la privación de la libertad ambulatoria y hasta el peaje privado de los piqueteros. La única vía de control que quedaba era negociar con los empresarios piqueteros; negociación que se circunscribía a reparto de dinero, alimentándose de ese modo el incentivo para el próximo piquete.
El marxismo que enarbolan los piqueteros comenzó siendo una cobertura ideológica al viejo y conocido punterismo político (demasiado desprestigiado como para darle el mismo sustento teórico) ahora institucionalizado como brazo del propio Estado. Las organizaciones de Piqueteros están formadas por verdaderos “ñoquis” que cobran por y para hacer manifestaciones callejeras y cuyo éxito depende de la capacidad que tengan de asustar a la sociedad y a los funcionarios.
Entonces si los piqueteros son en realidad empleados públicos, la máxima irracionalidad consiste en que los hechos de violencia que estamos viviendo son una puja que se produce dentro mismo del Estado entre una fuerza formada para defender la ley y otra fuerza financiada para violarla.
Por un lado el Estado es productor de pobreza y luego demandante masivo de ella. A continuación forma un ejército de protestones públicos, con un presupuesto cuya magnitud depende de su capacidad de agresión y va en aumento. Por último recurre cuando se ve sobrepasado a su fuerza tradicional policial para tratar de limitar un poco las consecuencias de sus errores. Dicen que esto es una pelea de “pobres contra pobres” (como si fueran las únicas peleas que importaran por otra parte). A mí me parece más bien una pelea del Estado contra el Estado.
Para colmo de males el gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado cuál de esas dos fuerzas es en realidad la fuerza oficial. Sus favoritos no son las fuerzas legales del Estado sino las ilegales. Nos encontramos de esa manera al borde de poder considerar a los grupos violentos como un método de amedrentamiento de público que bien podría caer bajo la calificación de una forma remozada de terrorismo de Estado.
En otras épocas la violencia política buscaba financiamiento en el exterior, pero el colapso del mundo que quieren ahora construir para nosotros ya no lo hace posible. En algunos casos consiguieron financiarse asociándose al narcotráfico. En la Argentina, la violencia política es financiada por el Estado de forma directa.
La historia argentina es suficiente como lección para siempre de lo que los gobiernos no deben hacer. Si el ser humano se ha dado cuenta de cosas más complicadas, es posible que advierta de una vez gracias a nosotros que la pobreza no se soluciona sino que se agrava con “reparto social”, que la clave es la creación de un ambiente favorable a la producción con la combinación de propiedad privada y seguridad y que la respuesta a los delincuentes es el Derecho y no el dinero.

Se dijo:

"La historia del clientelismo es la historia de los hijos de puta... Siempre dije que el que mancilla la dignidad humana porque tiene una ayuda del gobierno es un hijo de puta"

Eduardo Duhalde
Ex presidente de la Nación


(¿mensaje anticipatorio del día de la madre?)