lunes, octubre 27, 2003

El miedo


“Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo”.

Octavio Paz

La preocupación instalada por la revista Noticias sobre el “apriete” oficial a la prensa no necesita otra prueba que el silencio que se impusieron sobre el tema los grandes medios. La autocensura es palpable y el único origen de la autocensura es el miedo.
Nunca antes declaraciones tan escandalosas como las emitidas por Elisa Carrió, que solía ser una especie de apéndice de la prensa argentina, en particular del grupo Clarín, merecieron una indiferencia mayor.
La diputada antes estrella se ocupó sólo de los aprietes que le molestan a sus amigos habituales en la prensa. Aquellos a los que el gobierno considera aliados naturales por identificación ideológica (sumada a la propensión a las operaciones) y que trata como “amigos que se portan mal” cuando no son genuflexos al cien por cien. Algo que no podría hacer con quienes no hubieran dado muestras previas de complicidad.
Lo que el oficialismo entiende es que ser favorito de la publicidad oficial tiene un precio, pero de ningún modo se les puede endilgar ser pecadores unilaterales. Que una prostituta conserve cierta ética para su actividad, no hace que sea menos prostituta. El trato con “los amigos” de este gobierno tal vez sea algo más descarnado, porque no disfraza de dádiva lo que es una compra o arrendamiento. Pero eso es todo.
El problema es más grave con la prensa independiente (cualquiera sea su ideología), cuando en un país arrasado el único anunciante firme es el estado y quienes reparten la pauta oficial carecen de escrúpulos. También cuando el gobierno ha dado muestras de manejar la economía con puño de hierro y arremeter agresivamente contra cualquier empresario que ose no obedecer ciegamente y la actividad privada empieza a dar muestras de no querer poner publicidad en medios o programas enfrentados al poder por temor real o ficticio a represalias.
Más aún cuando la Corte Suprema de Justicia ha sido arrasada y el Congreso obedece al poder Ejecutivo ciegamente porque éste es el que reparte el dinero y se sabe que solo lo reparte a los que se portan “bien”. Si el vice-presidente de la nación puede ser silenciado por la fuerza y el más mínimo cuestionamiento o resistencia a la agresión desatada desde el poder es interpretada como “extorsión”, la sociedad con todos esos elementos actuando al unísono, empieza a ser gobernada por el miedo.
El miedo “construye poder” más rápidamente que cualquier pacto o sutileza estratégica. La obediencia empieza a ser la única vía de supervivencia de muchos sectores de la sociedad. Sobre todo porque el miedo unido al manejo del dinero público de una patria clientelísitica no deja resquicio para la oposición.
El miedo posee un efecto inercial. Las personas prefieren convencerse de que están de acuerdo con la ola, antes que hacerse cargo de sus desacuerdos y quedar a merced de la ira de los poderosos.
En los primeros meses del gobierno del señor Duhalde las encuestas mostraban a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas como las instituciones que gozaban del mayor nivel de confianza por parte de la población. Un año y algo más después, cuando el señor K arremetió con una purga en las tres fuerzas e inició una política de revancha montonera, las encuestas dan un margen abrumadoramente mayoritario de apoyo a su embestida. La única explicación de esta paradoja aparente es el miedo. Y ni siquiera puede saberse si en aquél verano del 2002, los encuestados no estaban dominados por el miedo a la posibilidad de un nuevo golpe de estado que nunca se dio.
Si vemos temblar a diputados y senadores, a empresarios, a jueces, a supuestos postulantes a opositores escondidos bajo la cama, a un vicepresidente que osó expresar una diferencia, a periodistas que parecían tan valientes con gobiernos inofensivos ¿qué le queda a la población general?
El Disidente no es más que un intento por encender una vela en el medio de gran un apagón que nada tiene que ver con las tarifas. Sin embargo una de las preguntas más frecuentes que recibo es ¿no tenés miedo? La percepción es que debería tenerlo por reprobar al gobierno. Tengo más miedo a que ciertas cosas que considero obvias no sean dichas.
En la Argentina eso puede pasar. Tal vez nadie diría nunca que un señor que corta una ruta para sacarle plata al estado es un delincuente, que un presidente que destruye a la Corte Suprema de Justicia es un tirano, que un Congreso que obedece ciegamente a cualquier presidente a lo largo de todo el espectro ideológico, es una banda de corruptos e ineptos aunque no se queden con un centavo (y tal vez lo único que demuestren con eso sea su cobardía pero no su honestidad), que anular leyes de amnistía es una forma de condenar al país a no volver a tener un sistema jurídico ni garantías elementales, que tener un gobierno que dispone la prisión de las personas y se jacta de dar órdenes a los jueces nos retrotrae a la edad media, que convocar a la ciudadanía a pronunciarse sobre un candidato a juez de la Corte, para después ignorar las objeciones y perseguir a los objetores, es una muestra de hipocresía y despotismo como no habíamos visto en décadas. Da miedo lo que el miedo puede hacer con un país que fue alguna vez ejemplo para el mundo.
En la política argentina hay una regla de oro: el que actúa bien, pierde. En el mundo nos ven como si estuviéramos locos y tal vez lo estemos. Pero también existe la posibilidad de se trate de una sociedad enferma de miedo.
La táctica del terrorismo de las décadas de los sesenta y setenta puede que no haya terminado nunca; incluso que se haya perfeccionado. Los mesiánicos que querían dominar al país atemorizándolo, nunca dejaron de actuar con la misma estrategia. Periodistas, artistas, políticos, jueces, fiscales, todos tuvieron temor al ataque de la izquierda en las décadas del 80 y 90. El mejor negocio fue seguir la marea en lugar de remar contra ella. Parecía convicción lo que era cobardía.
Aprendieron eso si que existen métodos más eficaces, más sutiles pero más efectivos que las bombas, los secuestros y los asesinatos. La gente le teme a otras cosas casi tanto como a la pérdida de la vida. Perder el prestigio, el qué dirán, el quedar fuera del opresivo catálogo de lo políticamente correcto. Nada que una buena campaña de prensa no pueda poner en peligro. El falso manual de lo correcto que hay detrás de este nuevo terrorismo no repara en medios y los cobardes disfrazan así su cobardía de ética.
Se teme hasta quedar en minoría en una reunión social, porque cualquier mayoría lograda en temas triviales se ha vuelto agresiva y facciosa.
El quedar sin trabajo genera también temor. Ser periodista y no ser de izquierda es meterse en problemas, ser artista y no ser de izquierda significa sufrir el escarnio del medio. El terrorismo de hoy tiene armas que ni las peores bombas podrían superar. El resto del pánico lo provee el gobierno con cada una de sus acciones.
A partir del golpe de estado contra de la Rua ese estilo atemorizante tomó un impulso inusitado, con el manejo de los fondos públicos y los resortes ilimitados del poder ejercido por los “compañeros” del conurbano bonaerense.
Todo el mundo quiere pensar como piensa el poderoso. Si es necesario se forzarán las interpretaciones para demostrar que el mandamás se acerca al propio ideal y que toda actitud que contradiga esa creencia (a veces todas las actitudes conocidas) es en realidad una puesta en escena “para la gilada". Aunque más no sea se encontrará algo en lo que se está de acuerdo y se lo convertirá en un absoluto. Las opiniones distintas o cualquiera que se atreva a decir que piensa igual que antes, “como en los 90” actúa como una amenaza en la psicología de los acobardados. Los discordantes son relegados y presionados a callarse, no tanto por los déspotas sino por sus aduladores.

La fuerza

“Lo que distingue a la civilización de la barbarie es que en la primera las personas basan sus relaciones humanas en la persuasión y en la segunda las basan en la fuerza”.
Mark Skousen

La pretensión de “no criminalizar la protesta social” encierra bajo un sofisma el deseo de otorgar impunidad al uso de la fuerza por las organizaciones de izquierda. No existe criminalización alguna de ninguna protesta en el derecho penal. Si en cambio están penalizados el robo, el daño, la extorsión, la intimidación pública, la privación ilegítima de la libertad y la interrupción de los servicios públicos. Hasta ahora gozan de una impunidad de hecho, pero no les conforma y pretenden una impunidad de derecho.
Ahora bien, si la acción política de los grupos de izquierda incluye habitualmente un cocktail de todos esos delitos, el problema no es que se encuentre criminalizada la protesta social, sino los procedimientos criminales de quienes se oponen a la existencia de un sistema jurídico (pacífico) de convivencia y quieren someter a sus semejantes a sus designios.
Organismos de “derechos humanos” internacionales, incluidos los oficiales, han comenzado a reprochar a la Argentina por las pocas veces en que los jueces (jamás el gobierno que es cómplice) actúan frente al delito de los grupos piqueteros y extorsionadores en general. Una de las características más sobresalientes de las “políticas de derechos humanos” ha sido justamente la de pretender que la izquierda tiene derecho a cometer delitos y que la sociedad que los impide es genocida.
Cuando ese ejercicio de la violencia es tolerado y además fomentado por el gobierno con subsidios, la llamada “protesta social” se transforma en una forma solapada de violencia oficial, una suerte de policía política del poder de turno.
Como consecuencia del copamiento del ministerio de trabajo al que el oficialismo llamó “privación ilegítima de la libertad” (cuando el ministro ni hizo, ni fue autorizado a hacer nada, ni recibió auxilio para salir del edificio), el gobierno anunció la formación de una “brigada especial” para actuar en caso de piquetes.
No utilizarán la fuerza sino la persuasión según se anunció. Una especie de junta de psicólogos. El ideal de los derechos humanos tal y como son entendidos por la izquierda.
Si la justificación del estado es el ejercicio del monopolio de la fuerza, es hora de disolverlo, porque está visto que no la utilizará contra los violentos sino a lo sumo para cobrar impuestos para entregarle dinero a los violentos. Desde ya que los piqueteros son mucho más baratos que el resto del gobierno.
Pero esta política comprensiva con los criminales con marketing marxista, contrasta con la intolerancia oficial contra las empresas, aquellos egoístas que quieren ganar plata (la plata para el nuevo sistema de valores imperante debe ser obtenida con palos, con impuestos, con devaluaciones y con subsidios, nunca trabajando, comerciando e invirtiendo), con militares que en Latinoamérica se están convirtiendo en los únicos defensores convencidos de la democracia, o contra cualquiera que haya estado cerca del menemismo, salvo los que se le suman como Alberto Fernández, Gustavo Beliz, Antonio Boggiano, el “chueco” Mazzón, etc, etc. Sucumbir santifica. En realidad no es este un gobierno que esté contra los menemistas o contra los procesistas, sino sólo contra aquellos que no se le subordinan.
El que solo sabe hacerse respetar por la fuerza, respeta sólo a los que se le pueden oponer por el mismo medio, mientras desprecia a los débiles.
Los empresarios son débiles. Pese al paradigma mítico del derecho laboral, la riqueza no encierra fuerza, sino virtud, trabajo acumulado. La formación del capital implica confianza de quién lo acumuló y lo invirtió, en que el resto (que juntos son más poderosos), lo respetarán. La acumulación de riqueza y su aplicación para la producción requiere ese ámbito pacífico sin el cual cada uno viviría al día para no correr el riesgo de ser despojado por las hordas.
El “derecho laboral” ha sido construido a favor de los fuertes contra los débiles y su único efecto es atentar contra la formación de riqueza. Ahora la Argentina ha universalizado el error, con violentos que son premiados y emprendedores que son castigados.
El caso de Carrefour es sintomático. Ese mismo derecho laboral que actúa contra los formadores de riqueza establece que los empleados de Carrefour deberían “pertenecer” al sindicato del señor Cavalieri por ser el comercio la principal actividad del empleador. Un derecho, como hemos dicho que convalida el abuso en lugar de impedirlo, pero que ni aún así es respetado. La tolerancia y simpatía del gobierno con la acción violenta de Moyano para “apoderarse” de esos empleados muestra que aún esa versión tan particular del derecho sucumbe ante la fuerza bruta.
Lo que tenemos es una sociedad sin normas donde domina la intimidación, con varios zorros sueltos en un gallinero progre.

Ahora o nunca

Por Oscar Laje Poviña


Atónitos presenciamos la incubación de un problema en el que terminarán pagando los platos rotos TODOS los argentinos. El Gobierno es el que debe actuar. Dije actuar y no mediar. Es tradicional que el Ministerio de Trabajo no se expida en un caso de encuadramiento gremial. Históricamente son escasas las veces que lo hizo, ya que debió hacerlo en miles de oportunidades. Pero a ningún Ministro de Trabajo le gusta darle la razón a un sindicalista en detrimento de otro, para no ganarse el enemigo. El caso CARREFOUR, es el momento de mostrar “Un país en serio”.
El Gobierno debe decir CARREFOUR no es para ninguno de los dos. Los empleados de Carrefour tienen que decidir que quieren un gremio propio, sin pertenecer a Comercio ni a Camioneros.
Este es el momento de cambiar las cosas que expresaban las voluntades del “Que se vayan todos” de Diciembre de 2001.
Quién mejor que los empleados, van a ser los intérpretes de las necesidades que tienen sus ámbitos de trabajo o de mejorar sus propias condiciones de vida. Terminemos con eso de que otros nos manejan nuestras vidas mejor que nosotros mismos.
Con esto vamos a evitar paros nacionales, peleas diplomáticas con sus consecuentes deterioros y mil problemas más sentando las bases para que seudos caudillos dejen de usar a todos los argentinos para sus intereses personales.
Espero que esto sea un aporte.

18 años

Numerosas notas se dedicaron a celebrar lo que se llamó el aniversario número 20 del retorno a la democracia.
Sin embargo el proceso institucional que se inauguró un 10 de diciembre de 1983, fue interrumpido el 20 de diciembre de 2001.
Lamentamos no poder sumarnos al festejo, pero significaría hacernos cómplices del quebranto institucional producido en esa fecha para la mega devaluación con pesificación asimétrica y confiscación general de depósitos que sufrió la Argentina. Los avances de este gobierno sobre la Corte Suprema y demás transgresiones constitucionales que viene denunciando El Disidente.ar, nos impiden considerar que el orden institucional haya sido reestablecido.

lunes, octubre 20, 2003

Narcogolpismo boliviano

Se empieza a entender de otro modo el enojo del señor K con Gustavo Beliz por sus manifestaciones acerca de la “narcodemocracia”. Las palabras de alabanza del presidente a la rebelión cocalera en Bolivia parecen contrastar con las preocupaciones del ministro de justicia expresadas la semana anterior.
Aunque no tiene por qué sorprender esta simpatía; después de todo es tradicional ya la vinculación entre el narcotráfico y la izquierda revolucionaria en Latinoamérica. Esto se ha dado en Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, etc.
Y es probable inclusive que los dichos de Beliz le hayan sonado al señor K como un elogio al menemismo, teniendo en cuenta que hablaba al menos de una democracia, porque en el caso de Bolivia, cuyo levantamiento está tan cercano a los sentimientos presidenciales, estamos en realidad frente a un “narcogolpismo”.
La metodología piquetera es una nueva forma de golpe de estado, inaugurada en la Argentina el 19 y 20 de diciembre de 2001 y perfeccionada ahora en Bolivia, dónde la posibilidad de aislar a la capital y sitiarla, le otorga a agrupaciones violentas, sin respaldo electoral, la posibilidad de voltear a gobiernos electos y condicionarlos.
Ni la venta de gas (hecha por el estatismo Boliviano y no por empresas privadas), ni el experimento de ingeniería social que Estados Unidos quiere hacer en Bolivia reemplazando la actividad de cultivo de coca de cientos de miles de bolivianos, tienen nada de capitalistas. Son dos Estados juntos interviniendo dónde no deben. El problema de los rebeldes bolivianos, es que quieren solucionar los problemas del socialismo con más socialismo.
Felipe Quispe, el líder del “movimiento indigenista” Pachacutis, una agrupación racial (y por tanto colectivista) que enmascara un proyecto político trotskysta, le daba 90 días de vida al nuevo Gobierno del señor Carlos Mesa Gisbert. Evo Morales para don Quispe, es un “zonzo que no entiende nada”.
El nuevo presidente Mesa parece tener vocación de Kerensky. Quiere resolver las encrucijadas vitales que se le presentan a su país con un gobierno “políticamente correcto”.
Las democracias latinoamericanas están en una seria crisis otra vez, pero no porque las amenacen los militares, que se han convertido en sus últimos defensores paradójicamente. Se encuentran condicionadas en la época actual por grupos violentos civiles de inspiración marxista que ya ni siquiera creen que puedan instalar paraíso alguno.
Cuando estos grupos, con metodologías más violentas aún, en las décadas de los 60 y 70 operaban en la zona, la Unión Soviética se encontraba en plena expansión. Los marxistas podían creer en una revolución mundial que acabara con cosas tan molestas como la necesidad de trabajar para comer, o tan egoístas como la idea de que el trabajo de uno puede ser utilizado en provecho propio.
¿Pero a dónde quieren llegar ahora? El neomarxismo parece ser sólo una reacción resentida y violenta contra la riqueza que no nos presenta ningún libreto idílico como opción. Se han quedado con la mera destrucción de lo que existe, pero no como antes para construir una utopía. Tampoco creen más en la utopía.
Se conforman con destruir todo. Pero después de todo tal vez ese haya sido ese siempre el único propósito.

¿Estos tipos son comunistas?

Carlos Menem volvió al ruedo para decir que “no queremos comunismo” en alusión a las tendencias del gobierno y anunciando que peleará por el liderazgo del Partido Justicialista representando una tendencia “sana” de esa parcialidad política.
De inmediato Anibal Fernández salió a retrucarlo, “sorprendido” porque nada en él hay parecido a un comunista. Ningún otro funcionario del gobierno lo siguió en esta toma de distancia. No les molestará tal vez.
¿Pero es comunista el neomontonerismo transversal del huracán K?
No es fácil distinguir a los atorrantes de los marxistas en la Argentina. De hecho para trabajar de extorsionador mediático el mejor disfraz es el de marxista. Para funcionar como una horda de delincuentes que le saca plata al Estado por la fuerza, enarbolar la “revolución socialista” es la mejor cobertura. Hasta es una eximente del pago de impuestos y aportes previsionales. Es la mejor santificación que puede utilizar un parricida y sirve para hacerse millonario como nuestro presidente, sin que se le pidan cuentas como a otros personajes.
Pero más allá de la realidad, que en la Argentina es una anécdota, el gobierno de K reivindica de manera permanente a los movimientos revolucionarios marxistas de la década del setenta. Tiene a varios ex convictos por esas luchas entre sus filas, sus asesores e ideólogos son declarados marxistas.
El régimen favorito de la nueva “Karpa” es la tiranía totalitaria de Cuba. La señora de Bonafini (declarada madre de los argentinos), más marxista que el propio Carlos Marx, es una de las “patas morales” de éste gobierno y hasta el piquetero oficial Carlos D´Elía aprueba al gobierno “porque el comandante Chávez” le dijo que “la revolución socialista” en la Argentina estaba encarnada en Néstor Kirchner.
La demonización de todo lo que sea “derecha”, la presión sobre las “privatizadas”, la protección y apoyo de los medios más radicalizadamente izquierdistas son señales que van en la misma dirección.
Anibal Fernández tiene sus pruritos. El es un “peronista de la provincia de Buenos Aires”, un supuesto anticomunista. ¿Un facho? ¿Cómo es que siendo el peronismo el remedio al comunismo le van a decir a él que forma parte de un gobierno comunista?
Disculpen ustedes que vuelva a la realidad un momento, pero el peronismo del que habla don Aníbal es un peronismo sin escrúpulos. Ellos no son comunistas, pero si el negocio está en fomentar a los comunistas no dudarán en hacerlo. Claro, creerán algunos, pero si les gustan los negocios no son comunistas. Ese es un prejuicio que no se compadece ni siquiera con la historia del comunismo, pero el problema en este caso es que los negocios que les gustan son gangsteriles y relacionados con el Estado, nunca con el trabajo, la inversión y el riesgo. Por qué se tomarían la molestia de seguir ese camino si hasta buena parte de la iglesia dice que es “salvaje” y poco sensible.
Los atorrantes creen que el comunismo los hace mejores. Le tienen temor reverencial. Expian sus culpas a costa de la gente honesta que trabaja y es perseguida con regulaciones, impuestos y asaltos estatales al producto de su trabajo. Robar con socialismo es ser bueno en la Argentina.
¿Pero dónde está el socialismo? Todo lo que fue privatizado en los 90 hoy marcha al ritmo marcial que le impone el poder político. No hace falta expropiar los medios de producción para que haya socialismo. Es todo lo que se anima a hacer por ahora.
La división de poderes es una risa, tanto el Congreso como el Poder Judicial le hacen la venia al gran mandamás.
Reunido con medios del interior del país, un alto funcionario del gobierno, de los más cercanos al señor K, los conminó a alinearse o desaparecer. “Nadie puede quedar afuera”.
Por supuesto, los comunistas del siglo XXI no tendrían un modelo a seguir. El mundo comunista colapsó, solo les queda un par de raídas tiranías a las cuales mimar. Entonces llegados al poder ¿adónde van? Parecerán sin plan. O directamente no lo tendrán.
Tal vez inclusive un país pueda funcionar ante la parálisis oficial, cuya única actividad estará dada por la agresión a los malos, es decir, los que no cortan rutas, ni ponen bombas, ni son vagos de comité. Un gobierno que no sabe que locura hacer es un gobierno que no hace locuras y el país sobrevive.
Ahora bien, con tantas señales, ¿es o no es comunista el gobierno del señor K? La alternativa sería que se tratara de un grupo que hace una permanente pantomima del marxismo por frivolidad. Es decir, o son comunistas o son idiotas. Y como optimista que soy, prefiero pensar que son comunistas, porque del comunismo han vuelto muchos, pero la estupidez no tiene remedio.

Se dijo:

Se dijo I

"Al Gobierno no lo presiona nadie: queremos creer que es casualidad".

Alberto Fernandez
Jefe de Gabinete


El Jefe de Gabinete se refería al corte de luz ocurrido en Buenos Aires la semana pasada. También agregó que le parecía “raro” que en este momento ocurriera ese desperfecto, cuando se están discutiendo las tarifas para el sector.
Por un lado no es cierto que al gobierno no lo presione nadie. Lo presionan los piqueteros y le sacan muchos millones de pesos. Lo presiona la señora Carloto y por ella desalojan del avión presidencial al Edecán Naval o expulsan al Procurador del Tesoro. Lo presiona Bonafini y se suspenden ejercicios militares comprometidos en convenios internacionales adquiridos por el país como el Aguila III.
Lo que debió decir don Fernández es: Al gobierno no lo presiona ningún débil, nadie que no tenga poder ofensivo, ningún inerme inversor cuyo único mérito sea invertir, dar servicios y dar de comer a mucha gente. Todo eso está fuera del sistema de valores de este gobierno y además no asusta a nadie.
Un jefe de gabinete debería preguntarse al menos, si el procedimiento correcto es lanzar una sospecha y después investigar o al revés. Pero bueno, tal vez le estamos pidiendo peras al olmo.


Se dijo II

"Los impugnadores de Zaffaroni son grandes estudios formados sólo para impugnarlo, no son entidades obreras ni organizaciones piqueteras, y las agrupaciones que lo apoyan son las Madres de Plaza de Mayo. Acá no está en juego el garantismo, sino la posibilidad concreta de que la Argentina tenga una justicia independiente".

Jorge Busti, senador (PJ, Entre Ríos)

Muy acorde con el sistema de valores del “país en serio”.
Formar parte de un gran estudio jurídico, es decir una organización que trabaja con el orden legal que es creado desde el mismo Congreso del que forma parte este sujeto es descalificante.
Lo que daría autoridad para la protesta es ser un sindicato, de esos que medran con el trabajo de los argentinos y que todos conocemos, o de organizaciones delictivas como los piqueteros, o asociaciones que fomentan el terrorismo mundial como las Madres de Plaza de Mayo. Las puertas de las cárceles deben modificarse. La cerradura debe estar del otro lado.

Control de armas de fuego en los Estados Unidos

Por Eneas Biglione (*)

“Cuiden con recelo sus libertades públicas. Sospechen de cualquiera que se acerque a dichas joyas. Desafortunadamente, nada podrá preservarlas mejor que el uso de la fuerza. Apenas cese esa presión, estarán arruinados… El mayor de los objetivos es que todo hombre este armado… que todo hombre que tenga la posibilidad, tenga un arma de fuego”.

Patrick Henry

La masacre de alumnos y personal de la escuela secundaria Columbine y los tiroteos en Atlanta, han hecho que las personas renueven sus fuerzas para presionar en favor del control de armas de fuego en los Estados Unidos. Lamentablemente, estos argumentos emocionales que buscan desarmar a los delincuentes, terminarán teniendo consecuencias opuestas a las buscadas. No hay dudas que las armas de fuego son peligrosas, pero no son tan peligrosas como mucha gente cree. Existen tres veces más posibilidades de que una persona resulte herida en un accidente vinculado con fuego a que lo sea por un arma de fuego. La cantidad de personas que mueren en accidentes vinculados a armas de fuego es igual a un tercio de la cantidad que mueren ahogadas. Los accidentes relacionados con el uso de bicicletas matan muchos más niños que los accidentes vinculados al uso de armas de fuego. El vehículo de motor promedio tiene doce veces más posibilidades de causar la muerte de una persona que el arma de fuego promedio.
Un criminal que está dispuesto a violar la ley haciendo uso de un arma de fuego, no tendrá ningún miramiento al momento de violarla para obtener un arma. En suma, el único efecto real del control de armas es desarmar a aquellas personas que tienen respeto por la ley, y es eso mismo lo que busca confirmar una carta abierta al Congreso de los Estados Unidos, firmada por 287 economistas, profesores de derecho y demás académicos de las ciencias sociales, en cuanto a la legislación que busca obtener el control de armas.
Resulta útil comprender que el control gubernamental es verdaderamente imposible. En el improbable caso de que la totalidad de las armas de fuego de los Estados Unidos desaparecieran mágicamente, los delincuentes podrían reabastecerse muy rápida y fácilmente. De la misma manera que logran importar una enorme cantidad de drogas ilegales, podrían importar un mínimo de 20 millones de revólveres en el lapso de un año. Por otra parte, resulta sorprendente saber que la fabricación casera de armas de fuego no requiere más herramientas que las que cualquier americano tiene en su garage; para armar un revólver casero tan sólo se requiere: un tubo plástico, cinta de embalaje, un alfiler, una llave, un poco de madera tallada con cuchillo y algunas banditas de goma.
En muchos casos, y lejos de lo que pudiera pensarse, la utilización de armas de fuego tiene grandes beneficios. Un muy buen ejemplo de los efectos positivos de la libertad de adquirir y portar armas de fuego es el explicado por David B. Kopel del Cato Institute en su publicación Trust the People: The Case Against Gun Control, donde nos dice: “En 1966 la policía de Orlando, Florida, decidió responder a una fuerte ola de violaciones, promocionando en todos los medios locales un programa de entrenamiento en el uso de armas de fuego destinado a unas 2.500 mujeres. Al año de realizado el entrenamiento, la tasa de violaciones disminuyó el 88% y los robos cayeron el 25% en Orlando. Ninguna de las 2.500 mujeres entrenadas tuvo la necesidad de disparar su arma en ningún momento, pero el efecto de la publicidad fue suficiente para disuadir a los delincuentes. Cinco años más tarde, la tasa de violaciones en Orlando se mantiene 13% más baja que antes del inicio del programa de entrenamiento, mientras que en las áreas que rodean la zona metropolitana, la tasa ha crecido un 308%”. Las armas de fuego no sólo permiten que los ciudadanos se defiendan, sino que además proveen protección a aquellos individuos que deciden no poseer armas de fuego, ya que los delincuentes no tienen la posibilidad de saber quienes están armados y quienes no, antes de llevar acabo un acto criminal.
Si el gobierno no permite a la gente utilizar armas de fuego haciendo uso de su libertad, entonces esta violando la segunda enmienda de la constitución americana que garantiza el derecho de las personas de tener y portar armas de fuego. Es importante recordar que la única vía con que cuenta el gobierno para ejercer un efectivo control de armas es la violación de libertades individuales, tales como el derecho a la defensa propia y la irrupción en la intimidad de nuestros hogares. Por medio de procedimientos de inspección e incautación, el gobierno estaría violando una vez más la ley (la cuarta enmienda a la constitución nacional en este último caso). En consecuencia, el control de armas y la declaración de derechos de la constitución de Estados Unidos, no son compatibles.
Finalmente, ¿Por qué deben las personas defender sus propias vidas? Porque el gobierno no cumple con el objetivo de proveer un entorno seguro donde vivir, la que quizás sea su función mas importante. ¿Qué solución da el gobierno a este último problema? Se limita a prohibirle a la gente el derecho de protegerse. Si realmente nos interesa salvar vidas, debemos preocuparnos por ver no sólo los eventos desafortunados que se muestran en las noticias sino también las cosas horrendas que no ocurren gracias a que la gente puede defenderse. No existen entonces razones para que el gobierno deba escuchar argumentos puramente emocionales para desarmar a sus ciudadanos.

(*) Fellow de la Atlas Economic Research Foundation de Fairfax, Virginia. www.hacer.org

martes, octubre 14, 2003

Los narcofantasmas

El ministro de Justicia logró su objetivo al lanzar sus explosivas declaraciones referidas a una “narcodemocracia” vigente en el país durante la década del 90.
Consiguió sacar del centro de la escena al comisario Giacomino para que todo el mundo dejara de preguntarse qué era lo que sabía el ex jefe policial sobre él, que no quería decir.
Se habla de una causa en la Aduana por la que habría intercedido Beliz, pero lo que es seguro es que Giacomino recibió el pedido del ministro de Justicia de frenar la orden judicial de desalojo de la fábrica Brukman, entre otros episodios de respaldo oficial a los delitos “sociales”, que es como se le llama en estos tiempos a la atorrantada política.
Enarbolar “narcodemocracias”, “mafias”, “conspiraciones para privarnos del agua”, da siempre resultado en un país que adora agarrarse de fantasías para explicar sus fracasos. El truco es obvio, pero muy exitoso.
Los Fernandez del gobierno, Anibal y Alberto salieron a castigar a Beliz a pedido del señor K. Más allá de que los exabruptos del ministro de Justicia le causen problemas al presidente en el Congreso, la molestia mayor es que le roben cámaras y protagonismo al marido de la “senadora más linda del mundo” a la hora de castigar. El es el golpeador, y sólo él.
Tanto que el diario La Nación en un editorial lo compra sin problemas, señalando que no hay que quedarse con el tono desmedido de las declaraciones de Beliz, sino preocuparse por el crecimiento del narcotráfico en el país.
Claro, Beliz no hablaba de narcotráfico, sino de “narcodemocracia”, es decir un sistema político de traficantes de drogas. El error en el que no hay que caer es el de distraerse tanto con el tono como con las críticas al tono, porque el fondo es insostenible.
Es probable que el narcotráfico haya crecido en el país, pero Beliz califica al sistema político como condicionado por esa actividad como si la Argentina fuera Colombia. Salvo que con “narcodemocracia” intente explicar el resultado de las últimas elecciones, que puede llevar a pensar que existe alguna sustancia en el agua que altera el discernimiento de los votantes.
Pero sabemos que no es ese el sentido. Elisa Carrió en el año 1999 también recurrió al fantasma del narcotráfico para servir a la estrategia del gobierno de la Alianza para echar a Pedro Pou del Banco Central. En ese entonces se hablaba de “lavado” y se presentaba a la Argentina como la capital internacional del blanqueo de capitales proveniente del tráfico ilegal de drogas.
Inclusive promovió una comisión parlamentaria que anunció el descubrimiento de la “matriz de la corrupción en la Argentina”. Esa matriz por supuesto no está en el tráfico de ninguna cosa sino en el Estado del que la ex diputada es una firme defensora, pero el hecho es que de esa gran convulsión que alteró el ánimo de los argentinos, causó la salida del presidente del Banco Central, posibilitó el debilitamiento de la convertibilidad por Cavallo y generó una profunda desconfianza en el sistema financiero que sabemos cómo terminó, no quedó nada. Fue humo, humo demagógico agitando fantasmas muy redituables en la opinión pública.
No somos un país en serio si un ministro de justicia (no un denunciante compulsivo o un reportero amarillo de poca monta), lanza una especie escandalosa de ese tenor, y todo el mundo da por sentado que se puede esperar de un funcionario de su jerarquía el hacer afirmaciones tan irreales como para que ni se investigue ni se le pidan explicaciones.
El día que la Argentina sea una “narcodemocracia” en la que sus funcionarios y representantes naden en el éter de la intoxicación, tal vez inclusive mejoremos. Si concientes y en uso de sus facultades dicen lo que dicen, un tanto beodos puede que hagan las cosas algo mejor. Peor que esto imposible.
Gustavo Beliz fue designado como ministro sobre todo para sacarlo del paso de las aspiraciones de Anibal Ibarra a la reelección. Cumplido ese rol, las acciones de Beliz en el gobierno bajan. Lo sabe muy bien y por eso hacer declaraciones como las que hizo le dan un tiempo de respiro. El señor K no querrá expulsarlo quedando como defensor de los “narcodemócratas”.
En estos días se recordaron las distintas amistades políticas que cosechó Beliz en su trayectoria. Empezando por el propio Menem, siguiendo por Octavio Bordón, Domingo Cavallo y hasta Carlos Ruckauf. Faltó recordar que su casamiento se hizo en la quinta presidencial de Olivos (eran tiempos de otros huracanes y nadie se preguntaba si era legítimo y legal utilizar un lugar público para una fiesta privada), actuando Carlos Menem cómo padrino y con la presencia de cuanto “narcodemócrata” anduviera suelto.
Estos recuerdos no son casuales. Los regímenes autoritarios tienen por característica aceptar la pleitesía inicial de quienes se pasan de vereda en su favor, pero rápidamente se deshacen de ellos cuando ya dejaron de ser redituables.
En un reportaje que le hace Alejandro Margulis para La Nación en enero de 1996, le preguntan a Beliz si se consideraba el San Juan Bautista de la Política. El ahora ministro K respondió: “Espero que no. A San Juan Bautista si mal no recuerdo le terminaron cortando la cabeza”. Tal parece que si sigue irritando al señor K, lo único que cree que lo diferencia de San Juan Bautista, será en realidad su única similitud.

Arbitrariedad descarada

El Partido Justicialista impuso su número y sólo su número para suspender a Eduardo Moliné O´Connor. Carente por completo de fundamentos, la resolución del senado fue sancionada en indebida obediencia a las órdenes impartidas por el presidente de la nación.
Muchos de los senadores que hacen la venia ahora al nuevo poder asaltando la república de manera oprobiosa, fueron también serviles con otros mandamases anteriores, inclusive al más antagónico de todos ellos respecto del actual: Carlos Menem.
¿Y cómo llegamos a esto?
Raúl Alfonsín tuvo su corte “adicta” al llegar al poder. Con la excusa de que la Corte anterior había sido designada sin acuerdo del senado, forzó una renovación total. Podría haber elegido dar el acuerdo a esa Corte y asegurar la independencia del Poder Judicial hacia el futuro, dado que los entonces ministros del supremo tribunal carecían de cuestionamientos.
Pero Alfonsín tenía que llevar a cabo su plan respecto de la revisión de la década del 70 y para eso debía pasar por encima de varios preceptos constitucionales, de manera que optó por nombrar su Corte a medida. Aún así, fue el primero que quiso llevar el número de sus miembros a 9, no conforme con el grado de oficialismo logrado con el Tribunal.
Menem tuvo la excusa de su política de privatizaciones y desregulación que tenía resistencias en un poder judicial alfonsinista. A diferencia de Alfonsín que no reunió el respaldo suficiente, Menem si pudo ampliar el número de miembros de Corte y se aseguró la mayoría.
Esta situación duró hasta 1994, en que se convino en el pacto de Olivos una redistribución de fuerzas y una “normalización de la Corte” con un intercambio de ministros que puso fin a los cuestionamientos de la oposición.
El problema fue que años después, una Justicia muy politizada e ideologizada pero no en su cabeza sino en su base, empezó a acoger teorías disparatas jurídicamente pero que daban de comer a la izquierda más irracional del la Argentina, sobre la década del 70. A veces no eran ni siquiera jueces de izquierda sino simplemente jueces sobre cuyas cabezas pendían espadas de Damocles por sus conductas, su patrimonio injustificable o los procesos de destitución pendientes en su contra. Como esas acusaciones provenían de la izquierda, les terminaban rindiéndole tributos exagerados a ese sector.
El antimilitarismo se convirtió, a costa del derecho, en una credencial de honestidad, valentía y sentido de Justicia. Ese fue el contexto en el que se cuestionó la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y se restableció judicialmente una potestad punitiva del Estado a la que éste había renunciado. Si la anulación de esas leyes en el Congreso fue un dislate jurídico, su inconstitucionalidad seguida sin mayores consideraciones por la reapertura de procesos que habían sido objeto de perdón fue aún peor.
Esos dislates llegaron a la Corte. Ya la Corte de cinco miembros de Alfonsín había declarado que las leyes de obediencia debida y punto final eran formas encubiertas de amnistías y por tanto perfectamente constitucionales. Igual los jueces que buscaban protección del sistema político siguieron adelante, pero todo requería una segunda revisión por el más alto tribunal, ya en su composición de 9 miembros.
Horacio Verbitsky había acuñado el término “mayoría automática” para referirse a determinados jueces que quedó demostrado por una investigación de la Universidad de Buenos Aries que sólo votaron en el mismo sentido contra el resto de los jueces en unos pocos casos. Pero la influencia de Horacio Verbitsky sobre la prensa es inmensa, y la influencia de la prensa sobre la sociedad es aún mayor.
Durante la campaña del año 1999 las plataformas electorales no incluían ningún proyecto de promover cambios en la Corte. Todas contenían críticas, pero nadie consideraba que hubiera causales de remoción. Así fue que durante todo el gobierno de de la Rua no hubo pedidos de renuncia ni se iniciaron pedidos de juicio político.
La Alianza era muy crítica en cambio de los jueces federales, a los que se atribuía formar parte de una lista puesta en una servilleta por el ex ministro del interior Carlos Corach. Pecado que fue olvidado no bien esos mismos jueces constituyeron la embestida política de ese gobierno contra los llamados “casos emblemáticos de corrupción”. Un cambio de servilleta fue suficiente para que nunca más se hablara del tema. La Corte, para no sufrir el embate del sistema político debía convalidar esas persecuciones, pero no lo hizo.
Uno de los miembros del Tribunal acusado de formar una “mayoría automática”, Antonio Boggiano, decidió seguir el ejemplo de algunos jueces federales. Optó por cambiar de servilleta y se colocó al calor del poder respecto de la constitucionalidad de la dolarización. Le dio resultado inmediato. A partir de ahí, todos sus pecados quedaron salvados con solo responder al amo adecuado.
La Corte enfrentó al gobierno de Santa Cruz que había destituido al Fiscal de Estado de la provincia no teniendo facultades para hacerlo. Kirchner había ampliado el número de miembros de la Corte provincial y nunca acató el fallo de la Corte Suprema.
Caído de la Rua, el Duhaldismo tenía en sus planes una masiva violación de derechos con una megadevaluación y una “pesificación automática”. Necesitaba también una venia de la Corte. Aquí empezaron los problemas en serio y se inauguró la andanada feroz de la clase política contra la Corte. Así lo confesó un senador por San Juan según el diario La Nación: "A Moliné lo tenemos que suspender ahora porque fue el turro que nos tuvo agarrados de las bolas con el corralito durante el gobierno de Duhalde (Eduardo)". A confesión de parte relevo de prueba. Es la independencia de la Corte el problema y no su falta de independencia respecto de un gobierno que ya no está en el poder.
El veinte de diciembre y durante las manifestaciones posteriores, en los móviles de los canales de televisión, aparecían carteles prolijamente impresos contra la Corte. De repente apareció una desconocida “Asociación de Abogados Laboralistas”, reclamando la renuncia de la Corte en pleno y una prensa fundida y dependiente del favor oficial cargó duramente desde entonces contra el máximo tribunal. Un masivo apoyo de idiotas útiles les siguió, repitiendo eslóganes oficiales.
Esta alianza múltiple entre izquierda setentista, devaluadores pesificadores, y denunciadores crónicos, consituyen el verdadero motor del descabezamiento del Poder Judicial, cuyo último capítulo es la suspensión del doctor Moliné O´Connor, sin otro fundamento real que la imposición del número.
El mismo número será utilizado para convalidar la designación de Zaffaroni, haciendo trizas el pretendido decreto de autolimitación del gobierno que demostró ser un mero acto de propaganda. Las únicas presentaciones que interesan al oficialismo son los elogios. Ignora por completo las críticas.
El Congreso obedece al Poder Ejecutivo cayendo claramente muchos de los legisladores en la conducta que la Constitución define como “traición a la patria” en el artículo 29. Los legisladores están esperando la orden del presidente para comenzar otro simulacro de Juicio político contra los doctores López y Vázquez. La Corte va camino a ser un apéndice del huracán K. La república empieza a convertirse en una cáscara sin contenido, donde las libertades y el patrimonio de los argentinos están a disposición de las jaurías políticas de turno.
Quienes contribuyeron con su apoyo, su silencio o su complicidad a la instalación de una dictadura civil en la Argentina, deberán hacer un profundo examen de conciencia acerca de las consecuencias de sus acciones.

Se dijo:

Ana María Figueroa es mencionada insistentemente como posible candidata a ministro de la Corte Suprema de Justicia del gobierno. Durante una charla-coloquio organizada por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos en Madrid, en febrero de 2003 la doctora Figueroa se refirió a la situación actual de los derechos humanos en la Argentina.
La abogada aspirante a ocupar un sitial en el máximo tribunal del país, afirmó que la Argentina hay vigente "un aparato represivo aún no desmantelado" que permite que se lleven a cabo "impunemente" multitud de programas de violación de los Derechos Humanos, en los que se incluyen ejecuciones sumarias, torturas y asesinatos "por gatillo fácil".
"Argentina es el país donde se llevan a cabo abiertamente más prácticas mafiosas con mayor impunidad". El "momento culmine" de las ejecuciones sumarias se dio durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando, tras las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno de Fernando de la Rúa, que provocaron su renuncia, se llevaron a cabo "un total de 31 ejecuciones sumarias en Argentina en un lapso de 24 horas".

"El día 4 de enero, se le remitió un comunicado, que yo redacté, a Naciones Unidas para informar sobre la violación de los Derechos Humanos y la violación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos",
También se ocupó de Carlos Rutemann: "El gobernador Reutemann, que a ojos del mundo parece un peronista honrado, se dio el lujo de cargarse a siete muertos en una sola jornada", denunció la abogada, quien pidió también la comparecencia del gobernador "para que declare sobre estos sucesos".

martes, octubre 07, 2003

La Justicia al servicio del poder

El gobierno está poniendo en práctica la tan anunciada política de “justa distribución de la riqueza” que consiste en transferir recursos de los futuros jubilados al Estado, arremetiendo contra los fondos capitalizados.
El torniquete sobre el sistema semi privado de previsión incluye, a la luz del día, una apretada judicial sobre los directivos de las AFJP. Los voceros habituales del gobierno en los medios fogonean una “investigación” que tape el crimen que desde el poder está cometiendo contra los aportantes y que quiere profundizar estatizando los aportes. Para eso el oficialismo se vale de figuras penales retorcidas como la de la asociación ilícita, que en otros tiempos políticos una sociedad incivilizada festejaba que fueran usados contra “casos emblemáticos de corrupción” (traducido: condenados sin juicio).
Ahora esa misma sociedad asistirá impávida a la utilización de esos mismos métodos contra “civiles” que nada tienen que ver con la política pero que son responsabilizados de otros “crímenes contrarrevolucionarios”. Nada es gratis.
La utilización del aparato judicial en función de objetivos políticos es propio de países bananeros. Nosotros lo somos como pocos, y tenemos un gobierno profundamente bananero que para colmo de males se dice “serio” y es tratado como tal.
Y la utilización de aparato judicial para perseguir inocentes, no es sólo bananero, es repugnante, aunque no tanto como una sociedad que asiste silenciosa a semejante espectáculo.
Si los halcones de K se salen con la suya terminará teniendo razón Lavagna: La oferta de quita del 75% era la más conveniente, porque la otra alternativa es la quita del 100%, cuando los fondos capitalizados se expropien en nombre de la defensa de los jubilados y una cacería judicial.
Es interesante el estudio hecho por Artemio López utilizado a favor del propósito oficial de quedarse con los fondos de las AFJP, que publica La Nación de hoy. En sólo siete años más, es decir, en el 2010, cuatro de cada diez personas de 65 años o más no tendrán acceso ni a una jubilación ni a una pensión. De ellas, el 80% vivirá en hogares pobres.
Cuando el Estado decidió que tenía que ocuparse de que las personas hicieran previsiones para su vejez, lo hizo suponiendo la irresponsabilidad de “algunos” que no tomaran los recaudos suficientes para tener recursos durante la edad en que no pudieran producir. El resultado de esa idea que habrá tranquilizado a muchos inquietos es que el problema de previsión de la vejez ya no es de algunos, sino que es generalizado y que los que no tienen ninguna cobertura son cuatro de cada diez personas.
Es importante ver el peso y las consecuencias de los mitos estatistas. El Estado protector fue y es el principal asaltante de los fondos que se obliga a “ahorrar” a la población y que en manos de sus dueños hubieran dado rendimientos infinitamente superiores. El problema masivo de jubilaciones es una consecuencia del Estado benefactor.
Pero no es la única batalla infame de un gobierno que arrasa con el derecho en el medio de una caterva de chupa medias y distraídos. El ministro de Justicia anuncia a quién quiera oírlo que Barrionuevo irá preso en diciembre en cuanto pierda sus fueros parlamentarios. Por supuesto, la “figura a utilizar” será la de “organizador de una asociación ilícita”, en este caso de Barrabravas. El juez que “investiga” el caso, Mariano Berges, es el mismo que después del corralito comenzó a citar banqueros bajo la excusa de una “subversión económica”, desligando a los políticos por el colapso de diciembre de 2001.
Barrionuevo es el enemigo público número uno. Y lo es por los resortes que el Estado le otorga, tanto por la ley de asociaciones profesionales, como por la de obras sociales. A los barrionuevos de la Argentina se los termina fácil eliminando los privilegios que esas leyes les otorgan, salvo que se tenga la intensión de mantener el sistema en beneficio de los bandoleros propios.
En cambio, la mejor forma de tapar esa corrupción real, económicamente relevante, institucionalmente grave, es buscar episodios de baja monta, que no se relacionen con la fuente de ingresos ilegítimos de Barrionuevo, con el objeto de mantener esa fuente intacta para los amigos.
Barrionuevo irá preso entonces por sus tratos con barrabravas del fútbol y por orden del emperador K. El agujero negro sindical seguirá ahí para provecho de sus sucesores.
Ahora bien, Barrionuevo y los barrabravas son niños de pecho al lado del gobierno. Mucho más peligroso es un gobierno que maneja jueces para encarcelar personas, que se convierte en ideólogo de un derecho penal de inspiración nacional socialista convertido en un chicle funcional a las necesidades persecutorias del poder. Y más peligrosa aún es una sociedad que justifica ese procedimiento creyendo que no le afectará nunca el resquebrajamiento de principios elementales de civilización en función de pasionales venganzas públicas. ¿Cuántos banqueros o gerentes de AFJP habrán festejado la política de utilización de la figura de la asociación ilícita contra casos “emblemáticos de corrupción”?
La actuación del ministro Beliz se caracteriza por su disposición a realizar todos los trabajos sucios que se propone el gobierno. Y no son pocos. Desde la agresión a la Corte Suprema de Justicia con metodologías de una bajeza política jamás vista, hasta la proposición de un indigerible candidato a ministro de este Tribunal, la puesta en marcha de un hipócrita sistema de “autolimitación” de las facultades presidenciales para la designación de jueces, que se aplica ignorando los cuestionamientos al candidato y haciendo un balance cuantitativo mal calculado de las presentaciones efectuadas.
El auto proclamado restaurador de la ética política tampoco tuvo muchos conflictos internos siendo cómplice con su silencio de la candidatura de Anibal Ibarra, contra quién había llenado los tribunales de denuncias. Delicias del “país en serio”.

Derechos humanos para liberales

Durante la última parte del siglo XX la noción de ?derechos humanos? causó problemas entre los liberales. Por un lado se los definía en tratados internacionales de manera muy vaga y por otro quedaban ligados con una ola de llamados ?derechos sociales? logrados a costa de atropellos antisociales hacia derechos individuales.
Pero esto no causaba mayores inconvenientes porque esos derechos humanos no salían del terreno de la declamación diplomática. No se establecían tanto para hacerlos operativos como para lavar la conciencia de los países que trataban con gobiernos que aplastaban a su propia población.
El problema que en realidad traía más conflictos con quienes defendían el estado de derecho fue que los comenzaron a esgrimir terroristas que como tales carecían de límites a la hora de destruir y matar, para cuestionar a quienes los combatieron. El ?mundo libre?, el único dónde regían derechos de las personas, era cuestionado en sus procedimientos por salvajes partidarios del totalitarismo. Algo no cerraba bien.
El terrorismo como fenómeno constituía, y constituye aún, una amenaza para la cual no existe un manual de combate, ni una estrategia de represión legal. Su metodología desafía la concepción de un estado que actúa bajo la ley para impedir que agresores internos y externos conculquen derechos individuales.
Mientras el estado se había planteado dos campos de batalla definidos: el interno y el externo; y cuenta con doctrinas legales para ambos supuestos, el terrorismo le propone un campo confuso que lo desafía a quebrantar la ley o perecer. Estados Unidos y su guerra antiterrorista bastante más atropellada que la vivida en Latinoamérica de hace treinta años, vive hoy esta encrucijada, sin saber del todo que la padece.
La incomodidad fue resuelta a la larga, porque los cuestionamientos a los militares se hicieron unánimes. El conflicto se había superado, sobre todo por el hecho de que el terrorismo había sido derrotado, los militares ya no estaban el poder, y el costo de saltear algunos dilemas era muy bajo.
Muchos liberales en ese contexto optaron por la salida más fácil que fue la de aceptar, sin más que los militares habían actuado como una banda de criminales. Algunos incluso esgrimen argumentos de un crudo utilitarismo tales como que no se debe permitir a los socialistas ?robarnos banderas?. Como a su vez lo más fácil y lo más útil aparecía como lo más valiente, el negocio era perfecto.
Treinta años después, cuando un gobierno que se manifiesta sin tapujos simpatizante de las bandas terroristas asume el poder rodeado de varios personajes que ensangrentaron en aquella época al país y que ahora desde los resortes del estado, arrasan la ley para perseguir a los militares, cuando ni siquiera se encuentran ante la encrucijada de un grupo armado que les presenta un campo de batalla confuso, lo que se ve es que nada se resolvió y que la alfombra bajo la cual la sociedad argentina tapó su pasado, no da más.

Terrorismo de estado

La idea de derechos humanos está íntimamente relacionada a la de ?terrorismo de estado?, aunque en verdad no existe terrorismo que no esté asociado a un estado o al poder aunque sea informal, porque no es un fenómeno comercial, sino político y siempre afecta la vida y los derechos de las personas.
Pero la alusión a terrorismo de estado tiene que ver más bien con el ejercicio del terror unido a los resortes del gobierno. El terror constituye en un mero método para mantener y acrecentar el poder. Fue inaugurado de manera sistemática en la Revolución Francesa a través del partido de los jacobinos y sus herederos en el siglo XX fueron los países socialistas, tanto en sus variantes comunistas como fascistas o nacionalistas.
Luego de las grandes guerras, los gobiernos de los países civilizados buscaron universalizar la libertad de manera ingenua a través de tratados internacionales. De ahí viene el término ?humanos? adherido a ?derechos?, como una forma de afirmar que no se trataba sólo de beneficios propios de los norteamericanos, los ingleses o del mundo libre, sino que se extendían traspasando todas las fronteras. No se quería hacer una distinción respecto de ?derechos animales o vegetales?, como a veces se cree, sino llevar el paradigma más allá de los sistemas jurídico-políticos que en definitiva lo garantizaba.
El problema fue que los países que habían conquistado la libertad compartían los organismos internacionales donde se negociaban los tratados de derechos humanos, con otros países que practicaban todo tipo de salvajismos políticos y dominaban gran parte del mundo, con particular preeminencia del socialismo del entonces enorme bloque soviético. Estos países trataban de demostrar que en el mundo libre había ?otros derechos? que no se respetaban, incorporando en las negociaciones todo tipo de aspiraciones que ellos querían alcanzar (y de las que se alejaban cada vez más) como si fueran derechos, que se conocen como ?sociales?.
El resultado no podía ser otro que términos y definiciones crípticos como los que contienen esos tratados, que al compararlos con las declaraciones de derechos y garantías de los países que por sí mismos los habían definido, como la Argentina, representaban una profunda involución.
Tampoco sirvieron para proteger a los individuos de países totalitarios que se multiplicaban y se sentaban en los mismos foros de los que participaban los defensores (en términos generales) del mundo libre.
La Unión Soviética extendió su reino del terror sin ningún problema a todo su éjido de influencia, siendo miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras el resto del mundo hacía la vista gorda en función de compromisos políticos o comerciales y realizaba proclamas al estilo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
Los tratados de derechos humanos funcionaron así, más que como un mecanismo favorable a la libertad de las personas, como un medio de convalidación o blanqueo del terror de Estado. Para el mundo libre no eran importantes, de manera que sólo se ocuparon de ellos los socialistas, pero no para liberar del yugo a sus súbditos, sino para cuestionar la falta de ?políticas sociales? del mundo civilizado.

Argentina en la década del 70

El caso de la Argentina en la década del 70 ha sido tratado como terrorismo de estado, pero más allá del entusiasmo puesto por los involucrados y por más que se repita esta caracterización es difícil de sostener. Si bien el Estado operó contra población interna, su fin no era el ejercicio del terror para el mantenimiento del poder, sino responder a una agresión armada. En lo que tenía de legal e ilegal, esa represión era una respuesta y no una metodología política afirmativa tendiente a la dominación.
Por otra parte, si bien el terrorismo de los años setenta estaba compuesto sobre todo por población local, respondía a una estrategia general de revolución universal, promovida desde el bloque soviético en los términos de esa guerra fría que en esta zona fue caliente. El fenómeno se dio en buena parte de América del Sur, por lo que no puede tratárselo seriamente cómo un asunto meramente doméstico.
Sin embargo, si bien el terrorismo de estado está relacionado a la idea de derechos humanos históricamente, eso no quiere decir que ese caso extremo sea necesario para que exista una cuestión de derechos humanos. Siempre que se verifique una indefensión del individuo frente al Estado y violaciones a derechos o garantías elementales reconocidas más o menos universalmente, estaremos en presencia de una cuestión de derechos humanos. Y en nuestro caso, en tanto la declaración de derechos y garantías que la constitución argentina contiene es mucho más precisa y liberal que ningún tratado jamás suscripto, no haría falta invocar derechos humanos porque bastaría y sobraría con aplicar nuestro sistema jurídico.
La preocupación en materia de derechos humanos entonces, es la de la debilidad del individuo frente al poder del Estado. El problema desde este ángulo, nunca puede ser como se pregona casi siempre en la actualidad, el de ?poner fin a la impunidad? (es decir facilitarle al Estado los instrumentos para castigar), sino el de cuidar la legalidad (cuidar los medios) y limitar al gobierno.
En la década del 80 en la Argentina esto estaba claro. Cuando comenzó a revisarse lo ocurrido en la década anterior, algunas argumentaciones tendían a la compensación, entre crímenes terroristas y crímenes de los agentes del Estado. Otras, que prevalecieron, señalaban con acierto que una cosa era el problema de seguridad y otro el de derechos humanos.
No es que el problema de seguridad no exista y que no deba resolverse. Tampoco esta distinción santifica al terrorismo ni quiere presentarlo como un conjunto de idealistas perseguidos por su forma de pensar como pretenden hacer sus apologistas. De lo que se trata es de distinguir la exigencia al Estado de que cumpla su rol y la cuestión de hasta donde puede llegar en el cumplimiento de ese cometido. Es este último punto el que atañe a los derechos humanos.


La confusión y los roles invertidos

Como señalé al inicio, el terrorismo sigue constituyendo un desafío no resuelto para la legalidad. Pero como conflicto sólo se da cuando está operativo. Mientras la sociedad vive en paz, no hay un contexto en el que se pueda entender, aunque no justificar, un quebrantamiento de derechos desde el poder.
Esa es la situación en la que nos encontramos hoy. La lucha antiterrorista forma parte del pasado en la Argentina. Los atentados de la década del 90, no implicaron la instalación permanente de bandas operativas.
Pero existe además otra particularidad y es que los roles se han invertido. Quienes tuvieron el papel de dirigir o participar en el conflicto desde el lado oficial, ya no están en el poder, sino que son sujetos pasivos del aparato punitivo estatal. El gobierno argentino simpatiza con las organizaciones terroristas que en aquellas épocas se encontraban, por así decirlo, del otro lado del mostrador.
El problema de los derechos humanos debe ser analizado hoy en ese contexto, para proteger los de aquellos que están en peligro de ser tratados despóticamente. El tratar los derechos humanos como un tema histórico vinculado a una época anterior, conlleva el riesgo de violar los de los imputados actuales en función de vengar víctimas del pasado.
Es obvio que aunque todos los militares se consideraran de manera previa (y violatoria de sus derechos humanos) como culpables de torturas por ejemplo, ellos mismos no podrían ser torturados sin transgredir la norma que manda que toda persona deba respetarse como un principio universal y aplicable a cualquier clase de individuo.
Ese era el motivo por el que había que resguardar aún a un terrorista capaz de cometer crímenes horrendos como colocar la bomba puesta en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal en la que murieron veinte personas en un instante. No importaba en ese sentido siquiera que ese terrorista luchara para imponer una organización política basada en el terrorismo de estado. El estado de derecho es una característica del estado que lo juzga, y no necesariamente del individuo juzgado.
La regla general para la existencia de derechos humanos es la existencia de un debido proceso. No sólo debido en sentido positivo por responder a las leyes formales del país, sino en cuanto a asegurar un derecho de defensa amplio y sin interferencias, a permitir un debate adecuado, a estar basado en la presunción de inocencia del imputado y ser conducido por un juez imparcial, sin influencias políticas, ni del gobierno, ni de partidos políticos, ni de ONGs u otras organizaciones privadas, ni de presiones mediáticas. A riesgo de ser reiterativo vuelvo a decir que este principio que debiera regir de manera universal, es patrimonio de cualquier persona, con o sin uniforme.
Una vez que hayamos aceptado que hay derechos aplicables a todos, estaremos en condiciones de decir que hay derechos humanos. Mientras algún sector se crea con derechos que no se reconocen a otros, estaremos disfrazando despotismo de humanitarismo.
Pero estamos lejos de ese final deseado. El Estado argentino hoy, con la complicidad de innumerables organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos pero en realidad defienden intereses políticos de los remedos del socialismo en el mundo, viola sistemáticamente los derechos humanos de militares en actividad y retirados, al no reconocerles prerrogativas básicas como la de gozar de jueces naturales, ni el principio de legalidad para los delitos que se les imputan, ni un debido proceso establecido antes de los hechos y al no acatar la presunción de inocencia, ni otorgarles el beneficio de la cosa juzgada, ni asegurarles jueces imparciales no politizados, etc.
La creencia general parece responder a la idea de que cualquier forma es lícita para perseguir a quienes se consideran responsables de violaciones a los derechos humanos, incluidos aquellos que nunca han sido juzgados, lo cual constituye una enorme contradicción. Como también es una contradicción que no haya organismos de derechos humanos que los defiendan pese a que están en la mira no de uno sino de varios estados.
Si el caníbal se comió al caníbal en los setenta, ahora es otro caníbal el que se lo come a él.


El universalismo y el liberalismo

La tendencia general en el mundo también parece desorientada. Tiende a fortalecer el poder punitivo, por ejemplo cuando se aplaude que un juez farandulero traspase jurisdicciones y viole todas las normas existentes para perseguir a los militares argentinos, o cuando se instala un Tribunal Penal Internacional que no tiene límites precisos ni otros poderes que lo controlen, que se rige por un tratado internacional que contiene definiciones de delitos mediante tipologías ambiguas, conocidas como abiertas, que permiten ser aplicadas con extrema laxitud y arbitrariedad; característica que comparte, curiosamente, con el derecho penal del Nacional Socialismo.
El peligro de la instalación de un gobierno mundial es creciente, con el riesgo que ello conlleva para la humanidad. Tal vez no de manera tradicional, pero si mediante poderes punitivos que no reconocen fronteras ni límites. Los individuos se ven sometidos a persecuciones desde cualquier sistema jurídico, por jueces que no pueden controlar, que poseen una autoridad que ni de manera remota ni ficticia procede de ellos.
La ?globalización?, como fenómeno político, al contrario que cuando abarca aspectos comerciales, constituye una dilución de los límites del poder. Los controles que se dan en lo interno, desaparecen en lo externo. Mientras que el ideal de protección de los individuos es la existencia de múltiples estados con fronteras que contengan al poder pero dejen pasar a las mercaderías y las personas, el universalismo político sigue la línea opuesta.
Así se da la paradoja de que el estado español o el francés impiden a un extranjero radicarse en su territorio y mucho más formar parte de su sistema político, pero se permiten extender el poder de sus jueces más allá de sus fronteras.
En una república el poder judicial es a la vez el más débil políticamente y el más fuerte jurídicamente. Tiene la potestad de resolver sobre la libertad y el patrimonio de las personas, pero posee el contrapeso de un poder legislativo y otro ejecutivo que desde el punto de vista político lo superan. En países como la Argentina o los Estados Unidos, todos ellos están sometidos a una constitución que ampara los derechos de los individuos.
Ninguno de esos límites existe para este Tribunal Penal Internacional, ni para jueces que bajo la moda universalista se salen de sus fronteras para incursionar en un terreno en el que no son contrapesados ni controlados. Sólo se le pueden oponer remotas protestas diplomáticas que no son eficaces en función de la justicia que las anime, sino del poder político del país que las realice.
El poder judicial, como los otros dos, es solo aceptable, sobre todo para liberales, en el marco de un gobierno limitado. Marco en el que no se encuentran estos fenómenos universalistas que ni siquiera consideran el problema. Un poder judicial que es útil a la defensa de los derechos en el contexto de un estado limitado, constituye una amenaza tiránica fuera de ese ámbito.
La corriente dominante en la materia se inclina a considerar todo como ?delito de lesa humanidad?, algo que nadie se preocupa mucho por definir, pero que termina siendo una caracterización sólo útil para la persecución arbitraria.
La pretensión de instaurar la no prescriptibilidad de delitos también es un refuerzo a la capacidad represiva del Estado a un punto intolerable. Y no se puede pretender llamar a una línea de acción que conduce a potenciar el rigor del castigo salteando etapas indispensables de reaseguros contra la arbitrariedad, como defensora de los derechos humanos. Por cierto no es, como se la llamaría en la Argentina, en absoluto garantista.
Medio siglo de esfuerzo para trabajar en función de los derechos de las personas en todo el mundo y tal parece que no hemos aprendido nada, porque aún a la hora de juzgar a imputados de violar derechos humanos se actúa con igual despotismo que aquel de que se acusa a los imputados.

Conclusión

Una visión liberal del problema debe apuntar a fortalecer los límites al estado. A cualquier estado y con más razón a varios estados actuando en conjunto. Una mirada histórica que requiera utilizar mecanismos punitivos, sea por violaciones a los derechos o por cualquier otro crimen, tiene que poner el acento en el debido proceso tendiente a establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad individual, no colectiva, de aquellos a quienes se les atribuyen los hechos.
La posición políticamente cómoda de colocarse contra los militares cuando están en el banquillo de los acusados y no en el poder ya no es posible, al menos desde un punto de vista liberal.
A nivel internacional el liberalismo debe bregar por impedir la formación de estructuras de poder sin control y sin un límite preciso.

Se dijo:

Bielsa I

“Con respecto a la Corte Suprema, creo en una relación de comunicación sin cohabitación. En toda la maquinaria de remoción de un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer; la acusación es un resorte de una de las cámaras del Congreso y el juicio, de la otra. Tampoco me parece bien como Gobierno confrontar públicamente en función del contenido de los fallos: no puede ser que cuando la Justicia nos favorezca sea considerada correcta y cuando nos perjudique sea menemista o adicta”.
Rafael Bielsa
La Nación 11 de mayo de 2003



Durante la campaña presidencial, el kirchnerismo no mostraba la cara de Gustavo Beliz para cuestiones de la Justicia, sino la de Rafael Bielsa. Cuando el presidente se percató de que el ahora canciller no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas, para las que no tiene problema en anotarse “zapatitos blancos”, los ministerios fueron asignados de otra forma.
Bielsa hablaba como miembro del equipo judicial del entonces candidato Kirchner, de manera que lo que él decía era tomado como el programa de gobierno en la materia. Mentiras, engaños o “marketing político” como lo llama Chacho Alvarez cuando se emiten desde la izquierda.


Bielsa II

El canciller también habló y mucho sobre las leyes de obediencia debida y punto final. Lo que reproducimos acá son las partes sobresalientes de un reportaje publicado por la revista La Maga el 28 de enero de 1998, cuando se debatía la derogación de esas leyes, sin llegar a la aberración luego cometida de anularlas. Estas declaraciones también explican por qué el Canciller es Canciller y alguien más flexible fue puesto a cargo de la cartera de Justicia. Lo que no explica tanto es por qué acepta formar parte de un gobierno que tiene una línea de conducta tan opuesta a sus principios declamados. El título de la nota extraído de palabras de Bielsa es "Derogar estas leyes es abrir la Caja de Pandora"
Veamos:

“¿Qué diferencias hay entre la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida?

Las diferencias surgen claramente cuando se revisan los hechos tal cual pasaron. Cuando (Raúl) Alfonsín hizo campaña, sólo tenía en su cabeza la idea de juzgar a las juntas militares. Después, un poco por el fervor democrático, por ese espejo deformante que hizo que toda la sociedad argentina se creyera más derecha y más humana de lo que era, se precipitaron las cosas y, como decían, si tirabas de un teniente coronel del otro lado salía un colimba. Cuando empezaron a verse involucrados una cantidad enorme de personas, se dictó la primera ley, la del Punto Final, cuya clave está en el artículo primero, que establece la extinción de la acción penal hacia toda persona por su presunta participación en cualquier grado en estos delitos de los que hablamos, que no estuviese prófugo o declarado en rebeldía o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria por un tribunal antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la ley. Esto era como decir: “Los que están procesados hasta aquí van a seguir procesados, pero nadie más".

¿Es posible hablar técnica y fríamente acerca de unas leyes que afectaron significativamente a los argentinos?
Es muy difícil hablar de las razones por las cuales es posible derogar o no estas leyes sin hacer algunas salvedades previas. Resulta un poco humillante y desconsiderado hablar de cuestiones técnicas fríamente. Yo siempre detesté la expresión "Yo soy un técnico", como diciendo “Soy un individuo aséptico", cuando está de por medio el legítimo dolor de tanta gente que se vio privada de seres queridos, de gente que tiene que ir en el mes de julio a tirarles llores marchitas a sus parientes, porque no saben dónde han ido a parar sus cuerpos. De modo que no quiero separar las opiniones técnicas que voy a dar de mi solidaridad y de mi simpatía respecto de todas esas manifestaciones de justicia. Porque precisamente, creo que se puede hacer una distinción entre derecho y justicia. Lo segundo queme parece importante decir es que, en términos objetivos y desde mi punto de vista, la derogación de la Ley de Punto Final -23.492- y de la Ley de Obediencia Debida -23.521- a mí me parece que complicaría la gobernabilidad global del país, en los dos años que le quedan a Menem y aún más si la Alianza gana las próximas elecciones, ya que un sector de la Alianza ha impulsado esta idea derogatoria.

¿En qué sentido complicarían la gobernabilidad?

No me preocupa tanto el sector castrense como factor de perturbación, porque, sin dejar de ser un grupo de presión y una corporación, desde el 3 de diciembre de 1990 ha dejado de ser un factor de poder. La frase “ir a golpear las puertas de los cuarteles" carece de significación. Lo que sí me preocupa es la posible reacción del establishment, el statu quo. La Argentina no es un país de víctimas, hubo algunas víctimas y el resto del país fue gente que iba ocupando un lugar de opinión, pero no de compromiso, según iban cambiando las situaciones políticas. La misma gente que entre el 76 y el 83 decía "en algo andarían", en el 83 vivó a Alfonsín y se emocionó con la lectura del Preámbulo, en el 85 miró por televisión los juicios sin voz a las juntas militares y se alegró con las condenas a las cúpulas. Es la misma gente que en el 89 le bajó el pulgar a Alfonsín y en el 91, en el auge de la convertibilidad, disfrutó de ese dinero producto de la estabilidad monetaria. Entonces me parece que la Argentina es un país que todavía no dio muestras de su compromiso democrático. Nosotros, los argentinos, no conquistamos la democracia. La democracia vino por una derrota militar, por una debacle interna del Ejército y de las Fuerzas Armadas. El establishment -que ha hecho negocios durante la dictadura, durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de Menem- vería con mucho resquemor la derogación de estas dos leyes, porque sería como una vuelta atrás en un tema tan sensible que habilitaría luego volver atrás en otros temas sensibles, como las privatizaciones de aerolíneas, de teléfonos; procesos que han dejado agujeros negros que no se han investigado o se han investigado mal. Yo creo que la derogación complicaría la necesaria confianza que tiene que tener la gente de dinero para poner el dinero en su propio país.

¿Esto implicaría no revisar el pasado?

Para nada. Una cosa es revisar los defectos jurídicos de dos leyes y otra cosa es discutir el pasado. A mí me parece que el pasado hay que discutirlo y discutirlo en serio; la discusión sobre los 70 en la Argentina está aún pendiente. Aquí no se ha dado un debate sin prejuicios acerca de los motivos por los cuales una cantidad de jóvenes eligieron la violencia como camino. Esto no tiene nada que ver con esta imbecilidad, esta cretinada de la teoría de los dos demonios. Y cuando digo esto, digo que me parece tan mortificante que lo corran a Firmenich a carterazos cuando pretendía ir al homenaje del padre Mujica como la terrible confusión que hay en la sociedad entre el símbolo que es Astiz y lo que simboliza Astiz. Astiz no es lo único malo del 76 al 83. Es malo, hizo daño, pero pretender que Astiz exorcizará los fantasmas del pasado es un error. Y te vas a dar cuenta muy rápidamente. En cuanto insistan con demoler la Esma va a quedar claro que este debate está pendiente y que la verdad siempre sobre flota; la podés mandar un poquito para abajo, pero va a volver a salir a la superficie.

¿La democracia se construye sobre la base de renunciamientos y de injusticias?

En cierta medida, sí. Churchill decía que la democracia es el menos peor de los malos sistemas. Y es una planta muy frágil y muy cara. Porque la falta de Constitución no se arregla con desvíos y con atajos. La democracia es una cosa que se va fortaleciendo en la medida en que la gente va comprendiendo que aceptar las normas del estado de derecho le da más beneficios que transgredirlas.

¿Cuáles son los argumentos a favor de la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida?

Los argumentos sobre los cuales uno puede apoyarse lógica y jurídicamente para estar de acuerdo con la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida son varios. En primer lugar, a mí me parece que, como dijo algún ministro de la Corte Suprema que votó en disidencia en aquel momento, la Ley de Obediencia Debida fue básicamente una sentencia del Poder Legislativo. Esa es una definición muy importante porque la injerencia del Congreso en las atribuciones del Poder Judicial, mediante la Ley de Obediencia Debida, fue como si los legisladores les hubieran ordenado a los jueces "no hagan más lo que están haciendo". Además sucedió otra cosa. Al final del artículo uno de la Ley de Obediencia Debida, se establece que se considerará que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia. En este caso, la Ley de Obediencia Debida impidió que los jueces probaran en cada caso si, efectivamente, estas condiciones de obediencia debida habían existido. Porque podrían no haber existido. Podría haber pasado que los tipos que salían a matar lo hacían alegremente.
El segundo argumento, muy vinculado con el anterior, es que la labor de los Parlamentos es, por lo general, la de dictar normas generales y abstractas, destinadas a regir a toda la población, a cubrir todas las situaciones. En este caso, no se trató de una norma general sino de una norma parcial, dirigida a un grupo mínimo de ochocientas personas.
La tercera razón, que yo considero bastante fuerte y que daría pie a la derogación, es que es que la Ley de Obediencia Debida es una ley discriminatoria en los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional, en el que se establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Evidentemente, esta norma hizo que algunos habitantes sean menos iguales ante la ley y pudieran salir, a pesar de los delitos cometidos.

¿Qué se necesita para que una ley pueda ser declarada anticonstitucional?

Para que una ley sea declarada inconstitucional debe haber una persona con un perjuicio concreto que reclame ante el Poder Judicial, que es el encargado de establecer si una ley es anticonstitucional. No la liquida sino que la declara anticonstitucional para el caso. La ley sigue vigente, pero todo el mundo se empieza a apartar del uso de la cláusula que es considerada anticonstitucional, porque se sabe que si la Corte Suprema ya la declaró anticonstitucional, así se va a seguir declarando. Finalmente, el Poder Legislativo la reforma. Pero una ley puede ser absolutamente imperfecta.

¿Cuáles son los argumentos en contra de la derogación?

No sería aconsejable, porque si se asimilan las leyes de Punto de Final y Obediencia Debida con una amnistía, significaría que el Poder Legislativo actuó de conformidad con el artículo 75, según el cual es facultad de este poder conceder amnistías generales. Esto si aceptáramos que estas leyes fueron de amnistía. A mí me parece que lo han sido en un sentido material, pero no en un sentido formal. Porque una ley de amnistía en sentido formal se llama Ley de Amnistía. Acá no, acá se buscaron ciertos recovecos jurídicos para no llamarlas "de amnistía". Entonces, si se tratara efectivamente de una amnistía, no corresponde al Poder Judicial, porque esta esfera corresponde al Poder Legislativo.
Otro de los argumentos en contra es que la ley restablece la situación de inocencia preexistente respecto de quienes tenían un proceso abierto al momento de dictarse la ley. Después de la Ley de Obediencia Debida, esta gente pasa a tener un estatus equiparable al de la sentencia definitiva. Si se derogaran y estas personas volvieran a ser juzgadas, se incurriría en una vulneración de un principio jurídico que significa volver a juzgar por la misma causa a una persona. Esta práctica está expresamente condenada por el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8.
Por otro lado, si aceptáramos que se trata de una amnistía y se derogara, estaríamos en un problema. Una amnistía es una ley de carácter excepcional. Si se vuelve a presentar la situación excepcional y hay que recurrir de nuevo a una ley de estas características, se perdería mucho valor disuasorio lleva implícita, porque ¿cómo se puede disuadir a unos tipos alzados en armas a que depongan las armas con el argumento de que serán amnistiados cuando una ley similar fue derogada?
Por último, existe otro argumento discutible, que es el siguiente: vamos a suponer que se deroga las dos leyes que habían declarado muerta la acción penal. Pero ¿dónde está escrito que derogar las leyes que hicieron fenecer la acción penal revive a la acción penal?

¿Si tuviera que evaluar todos estos argumentos y expedirse con una opinión, ¿usted qué posición adoptaría?

En términos jurídicos, me gustaría defender la posición de que hay que derogar la Ley de Obediencia Debida. Técnicamente, estas leyes pueden ser derogadas. Cualquier ley puede ser derogada por una ley posterior. Lo que sucede es que creo que no es conveniente., porque la Argentina es un país que tiene muy poca práctica de obedecer al derecho; tiene más bien una práctica conceder a los poderes momentáneos. En la Revolución del 30, la Corte permitió remover a jueces; en la del 43, se le permitió al Ejecutivo tener funciones legislativas; en la del 55, se le permitió tener funciones constitucionales; en la del 76, se le permitió la creación de actas y estatutos con el mismo rango de la Constitución Nacional. Eso demuestra que la concesión en términos jurídicos siempre implica una barbarie mayor. En el caso de estas leyes, en un determinado momento, la sociedad argentina representada por todo el espectro político, resolvió algo. No dudo de que esta resolución haya sido injusta. Ortega y Gasset señalaba una paradoja, en la época de la República española, entre la justicia y el derecho: la justicia está asesinando al derecho porque el afán de hacer justicia le quita al derecho lo más importante que tiene, que es su estabilidad, que es la posibilidad de reducir conflictos sociales planificando la conducta.
Puede ser muy justo que si te secuestran un hijo salgas con un arma a la calle y le vueles los sesos al secuestrador, pero no es jurídico. Este conflicto en el que ¡ajusticia se mezcla con el derecho debe ser resuelto con sabiduría por un gobernante prudente para poder zanjarlos en función de los menores costos sociales.



jueves, octubre 02, 2003

El origen del carisma presidencial

El elenco K ha superado la primera etapa de su gobierno acrecentando visiblemente su poder. El presidente del 22% (en gran medida regalado), después de vencer en Misiones a su propio mentor Eduardo Duhalde a sólo cinco meses de que éste lo ungiera, se convirtió en la nueva estrella del firmamento justicialista.
Como de costumbre se escribirán páginas y páginas para explicar los motivos de este rápido paso del presidente débil al presidente hegemónico. ¿Será su habilidad? ¿Será su poder de “comunicación”? ¿Acaso su visión política, su “muñeca” o su carisma? ¿Será su mirada?
El principal sorprendido puede ser el propio Eduardo Duhalde. Cómo es posible que siendo el dueño del peronismo después de conseguir inventar a un presidente, en tan poco tiempo se vea superado por su pupilo. Por algo Maquiavelo aconsejaba al príncipe no ayudar a nadie a llegar al poder. El beneficiado no resistiría la presencia de alguien a quién le debiera en alguna medida su investidura y lo eliminaría antes que a nadie.
En ese sentido el señor K es de una ortodoxia maquiavélica impecable. Nadie ha seguido el consejo de dividir para reinar con mayor entusiasmo y rapidez. Nadie se ha ocupado más, al mismo tiempo, de que lo amen por un lado y le teman por el otro.
Cuando en el llano se percibe gente que quiere interpretar favorablemente cualquier gesto presidencial, o se los minimiza como productos para “la gilada”, como es el caso del horripilante discurso que dio en la Asamblea de la ONU, se ve el resultado de esta política. Cada sector interpreta que “el presidente real” es como le gusta. Parece más digno que el presidente nos guste a que no nos atrevamos a cuestionarlo.
Es cierto que el libreto para la concentración del poder del presidente es hasta viejo, pero por si solo no alcanza para explicar el fenómeno. En realidad para entender lo que pasa hay que tener en cuenta que hasta Duhalde fue una estrella fugaz que pasó del casi ostracismo político a desplazar a Carlos Menem, quien hasta entonces era un ganador invicto del peronismo y convertirse en una figura cuasi monárquica de la Argentina.
Duhalde manejaba los resortes del aparato clientelístico del conurbano bonaerense pero carecía de aceptación ante la opinión pública que lo despreciaba. También se fue en poco tiempo interpretado como un hombre hábil, talentoso e indiscutido.
La única explicación posible a esta maquinaria de producir políticos imbatibles que se ven tan rápidamente abatidos es esta: dinero. En la Argentina paupérrima post 2001, quién se apodera de la caja es el dueño del país. Duhalde inventó el sistema por el que se puede imponer a cualquiera como presidente y ahora le está jugando en contra. La sola conciencia de todos los participantes, incluida la opinión pública, de que esto es así, le otorga a Kirchner una ventaja estratégica crucial. Nadie quiere enfrentarse al poder.
El dueño de la caja de la felicidad es el “distribuidor de riqueza” y ese sistema a la vez bandido y comprador de voluntades, goza encima de bendición moral. Hasta la propia Iglesia local ha comprado al Estado distribucionista como una forma de combate de la pobreza, alternativa a la única conocida que es la producción.
Duhalde y Kirchner no son inventos de ningún estratega sino del presupuesto nacional. Rodriguez Saa lo hubiera sido si le hubieran dado el tiempo suficiente.
El aumento en cien millones de dólares de los gastos reservados de la secretaría de inteligencia del Estado, sobre el que no se escucharán muchos comentarios, tiene su significado clientelístico. De hecho, los “sobres” revelan mucho más el motivo del oficialismo que caracteriza a la mayoría de la prensa, que las lecturas que los abundantes “progresistas” periodísticos hayan hecho de El Capital.

La misma piedra, otra vez

Cuando nuestros brillantes legisladores aplaudieron la declaración del default por el efímero ex presidente Rodriguez Saa, estaban festejando el asalto a buena parte de los argentinos tenedores de títulos públicos y en particular a los que habían hecho sus aportes a las AFJP.
Pero lo más triste es que tal vez muchos de los que disfrutaron este exabrupto desde sus casas creían que se trataba de un atraco a George Bush y en realidad era el Estado quedándose con su futuro. La demagogia asume que hay un público complacido. En este caso complacido con su propia destrucción.
Al señor K le molesta que a Rodriguez Saa lo hayan aplaudido y a él le recuerden que su oferta de pagar sólo el 25 por ciento del valor de esos títulos, perjudica sobre todo a los futuros jubilados de la Argentina.
Lo cierto es que una cosa conduce a la otra, pero el propio Kirchner estuvo de acuerdo con la declaración del default y su mujer lo aplaudió. El presidente tenía una visión tan optimista del discurso inaugural de Rodriguez Saa que de inmediato se atrevió a vaticinar que en esos días se abriría el corralito y la gente podría retirar libremente sus ahorros.
Ahora el gobierno con el mismo grado de seriedad nos dice que son las AFJP las perjudicadas por la monumental quita que se anunció en Dubai. Pero las AFJP no manejan fondos propios, sino los de los aportantes. Y los manejan además, porque es el Estado quién obliga a la gente a aportar.
Un juego parecido hizo el aparato político con el corralito. Mientras el estado había esquilmado al sector privado y había llenado los bancos con títulos públicos, con un manejo de prensa que no se había visto ni con gobiernos militares, desvió la atención hacia los bancos, haciéndolos responsables de la incautación de fondos de diciembre de 2001. No es que los bancos no tuvieran sus responsabilidades y complicidades, pero sin el poder del Estado y sin su abultado gasto público y endeudamiento, ese cataclismo no se hubiera producido. Y además el Estado había efectuado una bancarización compulsiva monumental semanas antes del corralito.
La caza de brujas resultó eficaz con ayuda de algunos de esos jueces tan solícitos como escasos de escrúpulos a la hora de privar de la libertad a los “malos” mediáticos. Esos jueces creativos recurrieron a una interpretación caprichosa de la nefasta figura de la “subversión económica”. Después los legisladores, a la vez responsables del colapso y beneficiarios directos de este pase mágico, se negaban a derogar esa perversa figura, nada menos que por “principios”.
Sin duda aparecerá ese juez “justiciero” también en esta oportunidad a encarcelar a algún titular de una AFJP para repetir el mismo número. En la Argentina que santifica a los patanes, ese es un vaticinio fácil de hacer.
Cómo respuesta a que a las AFJP no les cae bien que el gobierno rapiñe de ese modo los fondos que tienen a su cargo, el gobierno ha lanzado toda su furia contra ellas. Uno de los argumentos más absurdos es que las Administradoras no debieron haber adquirido títulos públicos atraídos por sus tasas de interés.
El argumento no tiene asidero por venir del propio emisor de esos títulos, pero además ¿Qué actividad en la Argentina, además de la política, se salvó de la hecatombe de 2001? El Estado hizo primero colapsar al sector privado y después colapsó él mismo. El Estado también limitó a un porcentaje ínfimo la cantidad de dinero de esos fondos que podían ser invertidos en el exterior. Las AFJP no podían, como pudo la provincia de Santa Cruz, huir de la Argentina con los dólares.
Pero lo que hace más ruin el argumento es la conducta del gobierno, porque así como critica la compra de títulos públicos por las AFJP, anunció en Dubai, junto con las moneditas con las que atenderá su deuda, que las administradoras serían obligadas en los próximos 15 años a invertir la mitad de sus carteras en títulos públicos. Tal parece que a la Argentina que se endeudaba en los 90, le seguirá una Argentina (un Estado argentino para ser más precisos) que también sobrevivirá de deudas en esta y en la próxima década. Deudas con futuros jubilados frustrados.
Y ni siquiera será la única fuente de endeudamiento, porque en la medida en que se intente ahora volcar más aportes al sistema de reparto, aliviando las arcas del Tesoro sin generarse compromisos firmes como los de las AFJP, lo que se estará generando es una deuda creciente a futuro con más jubilados, en un sistema que ya se sabe que no cierra económicamente. ¿Dónde está el cambio hacia el país serio?
Si al gobierno le preocupa el modo en que se invierten los fondos de los aportantes tiene dos caminos claros a seguir: uno, dar libertad a las AFJP para invertir los fondos fuera del país y, dos, prohibirles la compra de títulos públicos. El no tomar ninguna de estas alternativas mostrará la verdadera naturaleza de su argumentación contra las administradoras: una mera argucia para apoderarse de los fondos de los jubilados.
La ilusión del Estado protector, sin el cual la gente no se ocuparía de su futuro y que en reemplazo de la irresponsabilidad de los particulares, los obligaría a ahorrar para la vejez, se ha caído una vez más. Ese Estado no ha hecho más que rapiñar esos fondos una y otra vez. Que esa ilusión sobreviva es algo digno de estudio, no ya por la ciencia política, sino por la psicología.
Lo cierto es que la seguridad de nuestros ahorros más que depender de dónde los colocamos, requiere que no seamos obligados en nombre de nuestra propia protección a colocarlos en ninguna parte. Que el Estado se retire, no toque nuestro dinero y se ocupe de lo que se tiene que ocupar.
Alberdi lo enseñó hace demasiado tiempo cómo para que no lo hayamos aprendido: “El ladrón privado es la amenaza más inocente contra el derecho de propiedad”.
Al menos seamos concientes de a qué se referían los sedicentes progresistas argentinos cuando hablaban de “justa distribución de la riqueza”: a esta monumental transferencia del dinero de los jubilados al Estado.

"Fuck you Argentina"

Por Edgar Mainhard (*)


Que el planteo del Gobierno argentino resulte tan ilógico no sorprende tanto como que los banqueros, empresarios y periodistas no expliquen qué está ocurriendo. Por ejemplo, que la Argentina está desapareciendo de los mapas de flujos globales de inversión.
Cuando las generaciones que vienen, le pregunten a sus antecesores por qué les dejaron esa Argentina, alejada del mundo, más parecida a África ecuatorial que a Chile, no quiero ser de los que guardarán un silencio culpable, y por eso me siento a la PC y escribo.
¿Qué responderá Mario Vicens, el cobarde presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), cuando esas generaciones venideras lo interroguen acerca de por qué se llamó a silencio frente al absurdo planteo del gobierno argentino en materia de deuda pública externa? Bueno... Vicens es un empleado, contratado para defender los intereses de Citibank y BankBoston pero... ¿dónde vivirán sus vástagos? ¿Serán aceptados en la pródiga Costa Este, o soportarán las viscisitudes del río de la Plata?

¿Qué responderá Jorge Brito, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), quien especula con recibir la bendita compensación por la pesificación asimétrica que, cree él, si protesta mucho podría no aprobarse en los términos en que se lo prometió Alfonso de Prat-Gay, titular de la autoridad monetaria? El hombre (Brito) llevó a una hija al altar con pompa y honor pero no es capaz de velar por el país en que vivirán sus futuros nietos.
¿Cómo es que Miguel Kiguel mira hacia otro lado cuando él conoce lo que está ocurriendo porque él es un gran responsable del endeudamiento público externo? ¿O es que él y Eduardo Elsztain son quienes le prometen al presidente Néstor Kirchner apoyo en la banca judía internacional para esta propuesta de reestructuración, siempre que ocurran algunas otras "compensaciones"?

De la Unión Industrial Argentina hace mucho que no puede esperarse nada inteligente... y encima siguen admitiendo en sus mitines al inefable José Ignacio de Mendiguren. Pero... los periodistas y la mayoría de los empresarios de medios de comunicación han decidido convalidar, por un puñado de publicidad gubernamental, semejante tontería. Julio Ramos tituló en Ámbito Financiero: "La Argentina propuso quita de 75% y fijó duras condiciones". ¿Qué le pasó a quien en el pasado le fascinaba denunciar las desviaciones del capitalismo? ¿Habrá comenzado a creerle al mendocino Claudio Loser, ex funcionario del FMI, quien acaba de reiterar: "La propuesta está bien y los inversionistas no tienen mucha capacidad de protesta". Loser fue el director para el Hemisferio Occidental del FMI cuando ocurrió gran parte del desastre y por eso Anne Krueger le pidió la renuncia mientras murmuraba algo que no se entendió si era "Infeliz" o "Incapaz".

En medio del aquelarre, no hay oposición pública hoy que diga con exactitud qué está ocurriendo en la Argentina.
El fantasma de la Guerra de Malvinas ha regresado y una sociedad escasa de lucidez, o quizá tan sólo sea una carencia de valentía, asiste hasta con alegría a la incineración colectiva.

Al menos Urgente24 no participará de esta locura. Quizá porque siempre fascinó en la redacción aquella frase que Henrik Ibsen puso en boca del protagonista de El Enemigo del Pueblo: "El hombre más fuerte es el que está más solo".
Antes que nada, no es serio presentar un programa de reestructuración de las obligaciones públicos anticipado durante meses con el título Lineamiento de la Reestructuración de la Deuda Soberana.
¿Cómo que son Lineamientos? Durante meses la Argentina dijo que, durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), difundiría su plan, y resulta que no hay tal plan sino un trabajo tentativo, estimado, impreciso, indefinido, incompleto, irresponsable.

Ya con esto, la Argentina desaparece del mapa de los flujos financieros; hace 24 horas un economista -Daniel Sticco- dijo que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se ha frenado la fuga de capitales. Pamplinas. Lo que ocurre es que la mayor cantidad de dinero que hay en la economía no es registrada por el INdEC. ¿A quién se le ocurre que con estas novedades habrá flujo positivo de capitales? Además, muchos de los damnificados por el anuncio argentino son propietarios de capitales pequeños, medianos o grandes, ¿ellos olvidarán lo que ocurre?

Luego, los Lineamientos difundidos por la Argentina son proyecciones subjetivas; con trabajos similares de estimación de flujos futuros traídos a valor presente, el Nasdaq infló una burbuja que, cuando explotó, mató a la Nueva Economía. ¿A quién se le ocurre plantear como eje de la discusión un superávit anual fiscal equivalente a 3 puntos porcentuales del PBI cuando la Argentina no hay antecedentes superiores a 0,5 punto porcentual del PBI?
La Argentina va a un incumplimiento de sus propias previsiones macroeconómicas, y es uno de los motivos más importantes que tienen los bonistas, como dice Lavagna, para adoptar sus recaudos frente a los Lineamientos.

También hay que mencionar la quita del capital adeudado, que para unos será de 75% y para otros llegará a 80% (porque Economía informó un porcentaje y el vocero presidencial, Miguel Nuñez, le manifestó algo diferente a la agencia AFP). Tan sólo sumándole los intereses devengados desde el día en que Adolfo Rodríguez Saá declaró el default formal, o desde el día en que Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo dejaron de pagar, hay una cantidad de miles de millones que adicionar a los montos que estimó el Gobierno.

La pregunta es quién corregirá la propuesta de la Argentina, a partir de octubre. ¿Es el rol que se reserva el presidente Néstor Kirchner? ¿Puede el ministro Roberto Lavagna convivir con una permanente desautorización del jefe del Ejecutivo Nacional?

Además, más allá de la autoridad que inspira en términos políticos el Presidente, ¿quién sabe de deuda soberana en el Ejecutivo Nacional? Porque el gran problema de la propuesta es que fue redactada desde la carencia de conocimiento profundo sobre el tema.

En los manuales de negociación, se enseña que las claves de un proceso negociador depende de resolver positivamente algunas variables. Por ejemplo, el tiempo.

Es probable que la Argentina considere que el tiempo juega a su favor porque no se paga nada mientras se negocia y hay una balanza comercial muy superavitaria gracias a que los precios internacionales de los cereales y oleaginosas son excelentes. Pero la Argentina no forma el precio de esos commodities, por lo que el manejo del tiempo es relativo.

Otro elemento importante en una negociación es el lugar. ¿Quién marca el lugar en este caso? Guillermo Nielsen, el negociador-jefe del gobierno argentino, reconoció que sólo un 15% de la deuda se encuentra emitida sobre los tribunales locales; el 85% es deuda sobre tribunales extranjeros, que es el lugar donde se dirimirán las cuitas.

Luego, todo proceso negociador tiene una pregunta: ¿Quién tiene el poder? La Argentina tiene el poder de no pagar y de especular con que es limitada la capacidad de activos a embargarle. Pero eso no es poder porque equivale a suponer que quien no paga un préstamo hipotecario nunca será expulsado de la vivienda que ocupa.

Hay otras cuestiones de fondo en lo que le ocurre a la Argentina. De pronto, una porción mayoritaria de la sociedad ha decidido que la culpa de sus pesares es de otros, por lo tanto encerrarse no es malo y castigar a los otros con el no-pago es una venganza digna. Entonces, la confrontación es patriótica y es popular.

Resulta una tontería por donde se lo mire, pero es un concepto muy en boga, y los funcionarios del Ejecutivo Nacional especulan con obtener beneficios -medidos en términos de imagen positiva- siguiendo esta corriente de opinión.
Cerrar la economía y no pagarle a nadie se presenta como "el modelo" que permitirá que quienes no trabajan, consigan empleo; que quienes no se alimentan adecuadamente, consigan las calorías y proteínas que precisan; que quienes han caído por debajo de la pobreza, recuperen sus aspiraciones de clase media en un fantástico renacer de la movilidad social.
Y los empresarios... Enrique Eskenazi no abre la boca porque, en el interín, se quedó con el Banco de Santa Fe y sigue haciendo buenos negocios de obra pública en Santa Cruz. Paolo Rocca aplaude porque en este escenario podrá quedarse con varias concesiones de servicios públicos, que abandonarán empresas extranjeras espantadas. Manuel Sacerdote está en otra cosa, porque el BankBoston tiene su operación local en venta. Etc. etc. etc.
Un país no es más serio ante la comunidad internacional porque confronta. Una nación no es más digna porque enfrenta a sus acreedores, especialmente cuando hay tantos argentinos involucrados, especialmente a través de las AFJPs. ¿Acaso es respetable quedarse con el dinero que particulares destinaban a su jubilación? Esto ha comenzado muy mal, y ojalá no se cumpla la Ley de Murphy...

(*) Urgente24, Ciudad de Buenos Aires (www.urgente24.tv)