domingo, agosto 31, 2003

Disiento

El ejercicio de disentir ha sido siempre peligroso a lo largo de la historia. El poder tiende a manipular la realidad a su antojo para justificarse. La tolerancia es una adquisición reciente de la humanidad, que coincide, no por casualidad, con su época de mayor progreso y libertad.
Pero quien crea que la historia es lineal y que la evolución es siempre positiva, debiera conocer más sobre la Argentina. Aquí los déspotas pasan, pero el despotismo queda, porque es patrimonio de la sociedad en sí.
Tuvimos nuestra pequeña primavera. Durante el gobierno de Alfonsín, se empezó a alcanzar cierta tolerancia hacia ideas ajenas. El gobierno no la practicó tanto como la sociedad. Los medios se encontraban bajo control del Estado y acostumbran a ser serviles con el poder.
Los diarios y revistas que no eran estatales, igual dependían de la publicidad oficial o del suministro de papel por parte de Papel Prensa, sociedad mixta formada por el Estado y los diarios Clarín y La Nación.
Con Menem hubo un avance muy pronunciado. Los medios se privatizaron y el estado empresario se redujo a su mínima expresión. El Estado por primera vez en muchas décadas perdió el control del suministro de información y opinión publicada.
Sin embargo el Estado siguió controlando algo más importante: la educación. Las universidades estatales, autónomas del gobierno, se convirtieron en medios de adiestramiento de ideas socialistas muertas. Los estudiantes salían a un país que empezaba a ser amigable al capital, el trabajo y el progreso, con ideas divorciadas por completo de esa realidad y del rumbo que tomaba el mundo.
Las nuevas generaciones no habían conocido la mediocridad de la Argentina socialista previa y no veían relación entre las ideas capitalistas de las que renegaban y el bienestar del que disfrutaban y aspiraban a acrecentar.
Unido ese proceso a la inversión del orden familiar, donde los más jóvenes pasan a dominar a los más viejos, produjo un cimbronazo ideológico, cuyas consecuencias vivimos en la actualidad.
Ese sistema educativo, de alcance mucho más profundo que el de los medios cuyo vuelco a la izquierda fue una consecuencia, borró la historia del capítulo latinoamericano de guerra fría (que en esta zona fue caliente) y convirtió a las organizaciones insurrectas que recurrieron al homicidio, los secuestros y el asesinato en masa como metodología para acceder al poder e imponer un régimen totalitario, en idealistas perseguidos por su pensamiento por un gobierno militar, entre cuyos fines dicen que figuraba robar niños. El cuento de Hansel y Gretel, versión argentina, comprado por toda una generación y adquirido sin mayor remordimiento por generaciones que vivieron esos años, pero al considerar alejado definitivamente el peligro, se entregaron a aceptar la falsedad por comodidad, o a ser militantes de su construcción y difusión en busca de poder y dinero.
La verdad era que tanto el terrorismo, abiertamente fomentado por las dictaduras cubana y soviética, como la metodología ilegal para combatirlo, fueron fenómenos civiles que involucraron fundamentalmente a los dos grandes partidos políticos tradicionales y al que las fuerzas armadas se sumaron tardíamente para cerrar el capítulo. Por eso los grandes partidos fueron cómplices de la reescritura de esa historia que los involucraba tanto en el inicio de la violencia como en la forma irregular de responderle que utilizó el Estado.
Esa experiencia sirvió para otras falsedades. La desaparición virtual de la historia del gobierno de la Alianza se hizo con suma facilidad, una vez adquirida la tecnología de supresión de la realidad practicada con los militares. Los mismos que fueron responsables del colapso de diciembre de 2001 y de chupar las medias del gobierno inepto de Fernando de la Rua, constituyen hoy el amplio espectro del oficialismo furibundo pro-montonero que aplaude cada exabrupto presidencial.
Finalmente, a partir de diciembre de 2001, reeditamos el oscurantismo habitual. Los medios endeudados, dependientes por completo de la publicidad oficial, la caída abrupta de la actividad privada y la militancia recalcitrante de ideas antiliberales del periodismo estrella, hicieron que el gobierno de Duhalde y el actual, manejaran a su antojo la información y pudieran reinaugurar prácticas persecutorias y antidemocráticas.
La Argentina cambia la historia reciente, hace desaparecer gobiernos, convierte asesinos en idealistas y héroes en genocidas, inútiles en hombres de estado, y hombres de estado en patanes. Sabemos que nada es verdad, pero no importa. Un nuevo código de valores torna impunes las verdades de izquierda. Un fuero personal protege a los izquierdistas contra el alcance de la ley. Cuando Hebe de Bonafini llama a la lucha armada, es sobreseída de inmediato. Cuando Elena Cruz dice que la Argentina hubo una guerra (sin llamar a nadie a tocar una arma) se le impide ejercer un cargo electivo, se hacen manifestaciones multitudinarias y se le realizan autoritarios “escarches”. Cuando un hijo mata a sus padres, se convierte en inspirador moral con solo adscribir al comunismo. La sociedad civil impuso, y no un gobierno, que la izquierda otorga inmunidad, y la derecha no tiene derecho a la justicia. Porque el mal llamado “garantismo” que las teorías negadoras de la responsabilidad individual difunden, no es para todo el mundo. La derecha (la liberal, porque el nazismo, como todo socialismo, es izquierda) no tiene siquiera “derechos humanos”.
No hubo nada que se opusiera a esta tendencia, de la cual el señor K y sus matones no son más que la última consecuencia. Al avance descarado de la izquierda sobre la verdad, las instituciones y el derecho, sólo se le oponen los típicos “centristas” argentinos, que reniegan de que se hable de “derechas o izquierdas” y en pleno descalabro moral, reducen los dilemas éticos vitales al conflicto entre las listas sábana y la representación uninominal.
Hemos hecho de la tibieza la máxima virtud. Que a los tibios los vomite Dios, es la mejor prueba de que no es argentino. Un argentino “centrista” típico jamás defiende algo que quede mal, aunque sea justo y es capaz de sumarse a cualquier salvajismo con imagen de políticamente correcto. La jauría incivilizada que arremetió contra el corazón de la institucionalidad política del país como es la Corte Suprema de Justicia, desde diciembre de 2001 hasta la fecha, y la ausencia de defensores, es una de las mejores pruebas. Otra es la tolerancia escandalosa de las aberraciones jurídicas hechas en la revisión judicial de la llamada “guerra sucia” desde 1983.
En este esquema, lo más molesto es la existencia de disidentes. Quienes abrigan sentimientos de culpa por sus acciones, no pueden tolerarlos. Tanto los enemigos abiertos de la libertad, que sueñan con volver a los infiernos estalinistas en pleno siglo XXI, como los que no se animan a enfrentarlos, sienten un profundo rechazo hacia toda disidencia real.
Puede haber transgresores. De hecho, como toda sociedad oprimida (en este caso por si misma), hasta se construyen transgresores funcionales a la ficción oficial, que cuestionen tonterías. Protestones, pelilargos, vulgares, y, sobre todo insolentes (en fin, como CQC), pero que no osen cuestionar la novela del pueblo argentino víctima de la dictadura y del FMI.
La Argentina pidió mucho tiempo tener un gobierno como el del señor K. Un aspirante a tirano que concentre el poder embistiendo contra la independencia de los otros poderes del Estado, haciendo trizas la Constitución frente a nuestros ojos, en nombre de la “calidad institucional”. Alguien que haga “justicia”, pero no justicia como se entiende en los países civilizados, como un proceso tendiente a conocer la verdad y eventualmente castigar delitos previamente establecidos como tales. No, esa, que es la única que la Constitución contempla, no le interesa a la Argentina profunda. Le parece lenta y corrupta. Lo que quiere la Argentina es un baño de sangre, hecho con las cabezas de los réprobos del sistema que los medios ideologizados salvajemente construyeron a gusto y placer.
Pero qué nos puede asombrar. También la Argentina simpatizó con los crímenes políticos de los terroristas de la década del 70 cuando los estaban cometiendo (como ahora) y posteriormente lo hizo con los que desde la Triple A y desde organizaciones paramilitares le contestaron con los mismos códigos.
Hay algunas personas asombradas, pero si lo que se entendía como “calidad institucional” en la década del 90 era atacar las privatizaciones, cuestionar la resistencia civil a la opresión impositiva, confundir lucro con corrupción o enarbolar el derecho humano a matar en nombre del socialismo, nadie puede seriamente sostener, que la cara real de la izquierda montonera no se estaba mostrando desde hace años con absoluta claridad.
Si el noventismo es un estigma parecido a ser judío en la Alemania nazi. Si los voceros del presidente y el presidente mismo, utilizan lenguaje agresivo y violento contra quienes piensan distinto o los cuestionan o los consideran obstáculos, si la Corte Suprema se va descabezando de a poco por orden presidencial, si el oficialismo impone su número para aplastar el derecho a la defensa de los jueces imputados de “contrarrevolucionarios”, si los amigos del gobierno reciben toneladas de dinero de apoyo publicitario. Todo eso ocurre, no por la mala suerte del gobierno que nos ha tocado en suerte, sino por la actitud del argentino medio hacia la política y hacia la historia.
No hay pueblos libres y cobardes a la vez. El silencio o la complicidad no resultaron gratis. Todo tuvo finalmente un costo. Viviremos ahora el fruto de nuestros actos como sociedad.
Por eso rescato el valor de disentir, porque solo la disidencia nos sacará de este pozo moral y político en el que estamos. Algo que se hará cada vez más difícil, como es expresar ideas contrarias a los intereses del gobierno montonero, se hace cada vez más vital, cada vez más indispensable.

Buenos Aires, el botín de K

Del entusiasmo que mostraban los políticos en la década del 80 por lograr la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires queda poco. La rutina del intercambio de gobiernos y bancas parece haberlos conformado de sobra y a pocos años de logrado el legendario “estatuto”, la pretenciosa “ciudad autónoma” carece de “política propia” y no es más que un apéndice de las luchas por el poder nacional.
El autonomismo tantas veces enarbolado hasta hace poco tiempo, demostró ser sólo una excusa para lograr para ellos más cantidad de “puestos de trabajo”. Así es que se acepta sin mayores reparos que el presidente de la nación y sus variados voceros nos digan que tenemos que tener un jefe de gobierno que sea útil al “proyecto político” que encarnan (que algún día sabremos cuál es) y no a nuestras necesidades diarias de servicios.
Unas proclamas vacías desplazan a otras proclamas vacías, y la ausencia de significado es substituida por el énfasis. La política local está plagada de exclamaciones tan ocasionales como falsas. Eso sólo es posible con un público sobre-educado en conocimientos formales, e indiferente a aquello que diferencia a los grandes países de las tribus: las ideas.
Los antagonismos huecos, como el actual entre décadas pasadas, son fáciles de imponer en un mercado electoral al que se le inculcó que la Argentina de principios del siglo XX fue grande por la calidad y generosidad de sus políticos, y no por haber sido liberal en su organización institucional, a partir de la Constitución de 1853/60, lo que permitió a su vez que fructificaran las ambiciones de los emprendedores, para bien del conjunto.
La educación en la Argentina es hiper-controlada por el Estado. La privada es nada más que una extensión de la pública, aún cuando cuenta con mejores edificios, porque el contenido es marcado por los burócratas del ministerio de educación, dirigido a su vez por los políticos que tanto rechazo provocan en la población.
Tal vez eso explique los vaivenes electorales de la ciudad con mayores niveles de instrucción, que pasa en poco tiempo de encumbrar proyectos de derecha a proyectos de izquierda, pasando por sus versiones moderadas o extremas, en una ensalada que tiene poco de diversidad y mucho de confusión. La oferta no hace más que adaptarse a la demanda y por eso tenemos los políticos que compramos.
Los sectores de más altos y más bajos ingresos tienden a consagrar en Buenos Aires tendencias (algo vergonzantes) de derecha liberal, mientras que la clase media se vuelca cada vez más a la izquierda. De todo ese espectro, quienes tienen menores ingresos tal vez sean inmunes a la des-educación formal que ofrece el Estado. Pero tienen un elemento en común con los sectores de mayores ingresos y es que se les inculque lo que se les inculque, saben cómo se hace el dinero: no adquiriendo “derechos sociales” o “humanos”, sino trabajando y pensando para que ese trabajo rinda cada vez más.
Tal vez los más ricos sean en algún momento víctimas de la culpa provocada por la moralina izquierdosa dominante (muy difundida en el aparato educativo), pero a los más pobres es difícil que se los pueda convencer de que está mal querer tener más. Ese tipo de manipulación pseudo moralista no los alcanza.
La clase media actual es en cambio el fruto perfecto de la idea de que el Estado todo lo debería proveer y que los ineptos tienen que ser compensados en su ineptitud mediante el castigo a los habilidosos. Es decir, la envidia como sistema y lo que es peor: como virtud.
Cómo no íbamos a tener un país que tiende al pensamiento único, si hace casi un siglo que tenemos una educación única regimentada por el Estado, que atrofia cerebros en masa.
Los constituyentes del 53 elaboraron las bases institucionales del país sabiendo que el problema político por antonomasia es cómo limitar al poder. ¿Es coherente con esa sabia preocupación que a los mismos a quienes se les temía, se les hubiera confiado un papel preponderante nada menos que en la formación de tantas generaciones de argentinos? No parece. Sin embargo cuando se habla de educación, se habla de cantidad o de cómo se financia, algo para lo que se han ofrecido múltiples soluciones. Los resultados están a la vista.
No es de extrañar entonces, que sean tantos en la ciudad más “instruida” de la Argentina, quienes estén dispuestos a relegar la solución de problemas reales como los baches, la seguridad, la limpieza, a disputas políticas nacionales que le son ajenas por completo. El porteño se involucra como si se tratara de una contienda deportiva y prefiere tomar partido en una disputa lejana que tener una administración de mayor calidad.

Se dijo

"Macri no ha nacido a la política en los 90, él se ha vinculado a la política argentina en los 90”.
Alberto Fernández, Jefe de Gabinete; ex Superintendente de Seguros de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem Durante su gestión, como protegido de Domingo Cavallo, llevó a cabo una de las políticas más importantes, y más duras de las reformas de la época: La reestructuración del mercado de seguros - que significó el cierre de varias empresas- y la liquidación del INDER -Instituto Nacional de Reaseguros -; ex titular de Gerenciar, empresa del Grupo Bapro y vicepresidente ejecutivo del Banco Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Eduardo Duhalde que en la misma década bajo la bandera de la no privatización se convirtió pretenciosamente en un “holding”, entre cuyas piezas estaba Gerenciar con Alberto Fernández como soldado, y con el resultado conocido de fundir al Banco con créditos a amigos del poder, lo que a la larga provocó el colapso del sistema financiero argentino.

“Si uno tiene en cuenta el proceso de privatización y liberalización económica que Argentina ha desarrollado a partir de 1990, es lógico suponer que las maniobras no éticas debieron haberse minimizado en su expresión como consecuencia de una mejor gestión (privada) y de una más alta competencia… La liberalización de nuestra economía ha determinado las condiciones o reglas bajo las cuales funcionará la competencia entre los operadores en los diversos mercados. A la vez, con esa mayor competitividad se han acotado los márgenes de ganancias de quienes compiten por imponer bienes o servicios entre los consumidores”.
Alberto Fernández, Jefe de Gabinete (3 de mayo de 1998).

Recuerdos indispensables

¿De qué modelo hablamos?

Por Alberto Fernández para La Nación (9/8/1998)


Ningún país como la Argentina ha logrado sobreponerse a la "década perdida". La apertura económica, sumada al redimensionamiento del Estado y a la estabilidad monetaria, permitieron delinear un cuadro de situación infinitamente más ventajoso que el de aquellos años. El resultado se manifestó en un crecimiento sostenido del que nadie puede dudar. Sin embargo, por encima de los éxitos obtenidos en materia económica asoman problemas de trascendencia social que inducen a pensar y a diseñar herramientas que posibiliten la solución del conflicto.
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Cada vez que esta disyuntiva se pone sobre la mesa de la discusión, de un modo casi maniqueo se denuncia que lo que se está planteando es abandonar el modelo económico. Por esa vía se diluye cualquier alternativa de revisar otros problemas pendientes de solución.
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Pero habrá que admitir que el vértigo que ha caracterizado el cambio en la economía no tuvo un lógico correlato en otras áreas. El acierto que habitualmente atribuimos a las políticas implementadas en esa área no logramos corroborarlo en las desarrolladas en la salud pública, la asistencia social, la educación o la Justicia.
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Al iniciarse los años ´90, el Estado podía ser representado como un obeso y lento gigante. Era el efecto irremediable del modelo intervencionista del Estado de bienestar inaugurado con la posguerra.
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Las medidas económicas articuladas desde entonces buscaron hacerlo más eficaz para atender mejor las necesidades de la población. De esa manera, se lo puso en línea sin dictarse los correctivos necesarios que, además, lo tornaran ágil. A modo de ejemplo, se constituyó este Estado que, aunque rápido para desregular la economía, es lento para evitar monopolios o proteger consumidores y que, aunque promueve el crecimiento no tiene la misma velocidad para articular políticas sociales de contención.
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El debate que debemos darnos gira pues en torno de cuál es el modelo de Estado que los argentinos nos debemos. No hace mucho tiempo, un documento del Banco Mundial presentaba cinco tareas fundamentales a las que calificaba como misiones centrales del Estado: establecimiento de un ordenamiento jurídico básico; mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes; inversión en servicios sociales básicos e infraestructura; protección de grupos vulnerables, y defensa del medio ambiente.
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En realidad, la Argentina exhibe orgullosa la avanzada implementación de la segunda de las tareas detalladas, aunque deberíamos admitir que en el nuevo contexto aún resta fijar más normas claras en favor de la competencia y controles más eficaces sobre los servicios para proteger a los consumidores. Las otras cuatro tareas están pendientes de implementación. Esta Argentina, en la que hasta hace dos semanas se esperaba que el máximo tribunal habilitara una reelección presidencial mediante una extraña interpretación constitucional, vive un "síndrome de ilegalidad" constante que evidencia cuánto queda por hacer en pos de un ordenamiento jurídico claro.
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El mal gasto en la asistencia social y en la atención de la salud, sumado al eterno conflicto que muestra la educación pública, es una realidad que asoma ante nosotros cada vez que el litoral se inunda, que debemos reclamar la asistencia médica del Estado o que observamos el deterioro en la calidad educativa de las nuevas generaciones.
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La simplificación que induce a pensar que el Estado cumple su objetivo en la sociedad moderna con sólo garantizar el crecimiento y la estabilidad económica es claramente peligrosa. Ha quedado demostrado que los mercados (que son hombres y mujeres) se intranquilizan cuando no acceden a la salud, a la educación o a la Justicia.
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Hecha la transformación económica, hemos obtenido el clima mínimo imprescindible para poder pensar en una segunda reingeniería del Estado, que nos permita dibujar el marco en el que el crecimiento y la estabilidad que disfrutamos favorezcan el accionar ético y nos haga pensar en una Justicia más seria, en una mejor salud y en una educación que nos califique en la revolución tecnológica del mundo global que nos envuelve. De eso se trata la discusión del modelo, más allá de lo que los maniqueos de siempre prefieran contar.
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El autor es vicepresidente ejecutivo del grupo Banco Provincia y ex superintendente de Seguros.